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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00775-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00775-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque. SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS la sentencia de segunda instancia dictada el 16 de diciembre del 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 27001-33-33-001- 2020-00130-00/01. En consecuencia, ORDENAR a la autoridad judicial accionada que profiera una sentencia de reemplazo, teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo cual se le concederá el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia. TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela de la referencia respecto de los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución. CUARTO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida digna y a la igualdad de la señora Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque. QUINTO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2026-00775-00 SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SÉPTIMO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00775-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00775-00
Accionante: ROSAGNIA DEL SOCORRO QUESADA PALOMEQUE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial — Ampara el debido
proceso al configurarse el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria del decreto de nombramiento y acta de
posesión frente al reconocimiento de la pensión gracia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Chocó,
Sala Segunda de Decisión. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 9 de febrero del 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 3 de febrero del 20263, por medio de apoderada judicial, la señora
Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque interpuso acción de tutela contra del
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión. Con la solicitud de
amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital,
a la igualdad, a la seguridad social «en pensiones», al debido proceso y a la vida
digna.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la Sala Segunda

de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, y se dispuso la vinculación del Juzgado 6 Administrativo
Oral del Quibdó, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en
virtud del artículo 610 del Código General del Proceso.
3 Índice 2 de Samai.

1
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Accionante: Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque
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2. La accionante le adjudica la transgresión de sus garantías constitucionales
a la sentencia de segunda instancia proferida por la autoridad judicial accionada
el 16 de diciembre del 2025, que revocó la decisión dictada el 28 de junio de 2024
por el Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó, que había accedido parcialmente
a las pretensiones. Ello, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 27001-33-33-001-2020- 00130-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL. PRIMERA: CONCEDER TUTELA
COMO MECANISMO DEFINITIVO, para la protección de los derechos
fundamentales de la Sra. ROSAGNIA DEL SOCORRO QUESADA
PALOMEQUE, al mínimo vital, igualdad, seguridad social en pensiones,
debido proceso y vida digna, en razón a la violación de dichos derechos, de
parte del Tribunal Administrativo del Chocó, con la sentencia No. 199 del 16
de diciembre del 2025, como se detallará en el cuerpo de la acción
constitucional.

DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL. SEGUNDA: ORDENAR AL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, DEJAR SIN EFECTOS, la
referida sentencia No. 199 del 16 de diciembre del 2025, que revocó la
decisión judicial del 28 de junio del 2024, proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Quibdó.

DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL. TERCERA: ORDENAR al Tribunal
Administrativo del Chocó, que en el término de cinco días (05) hábiles,
contados a partir de la notificación de la sentencia de tutela a dictar, emita la
sentencia de segunda instancia, reconociendo la PENSIÓN GRACIA de la
Sra. ROSAGNIA DEL SOCORRO QUESADA PALOMEQUE, conforme a los
artículos 1° de la ley 114 de 1913 y 6° de la ley 116 de 1928, con la orden de
cancelar las mesadas pensionales y adicionales, dejadas de pagar4.

1.2. Hechos

4. Sostuvo que fue docente nacionalizada desde 1978, cumplió 20 años
como docente y que solicitó a la Unidad Administrativa Especial de la Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante,
UGPP) el reconocimiento de la pensión gracia, la cual se le negó porque «en el
certificado de tiempo de servicio como docente de la Secretaría de Educación del
departamento del Chocó, suscrito por el líder administrativo y financiero, aparece
un error grave en lo referente a la vinculación, al marcar con una equis (x) como
nacional». Por tanto, se indicó que al haber sido docente del orden nacional no
hay lugar a reconocer la prestación.

5. Señaló que la subdirectora de Talento Humano del Ministerio de
Educación, mediante oficio del 6 de febrero del 2020, informó que en sus bases
de datos no se encontraba la historia laboral de la accionante.

6. A raíz de lo anterior, radicó medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, que conoció el Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó, en el cual

4 Transcripción del escrito de tutela.

2
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se accedió al reconocimiento de la pensión gracia al encontrar que su
nombramiento no fue nacional, pues siempre fungió como docente nacionalizada,
y laboró por un tiempo de 25 años,10 meses y 3 días al servicio de entidades
territoriales. Así mismo, se indicó que la marcación de la casilla como docente
nacional era errada.

7. La UGPP apeló la sentencia y el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Segunda de Decisión, mediante providencia judicial del 16 de diciembre del 2025,
revocó la decisión del a-quo y declaró probadas las excepciones de cobro de lo
no debido e inexistencia de la obligación. Esto, porque el juzgado no tuvo en
cuenta que su vinculación fue como docente nacional y, por ende, no puede optar
por la pensión gracia, es decir, no cumplió con el requisito de acreditar 20 años
de servicio a través de vinculación nacionalizada o territorial.

8. Para tales efectos, explicó que, si bien fue incorporada en propiedad a la
planta del departamento del Chocó mediante el Decreto 1101 del 9 de diciembre
de 1994, dicha vinculación no le otorgaba la calidad de docente territorial ni
nacionalizada, porque la plaza que ocupaba la demandante era financiada con
recursos del situado fiscal –porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación,
cedido directamente a los departamentos y distritos, con el objeto de pagar la
educación a cargo de la Nación–, lo cual evidenciaba que la vinculación
correspondía materialmente a una plaza de carácter nacional. En ese sentido,
indicó que la posterior incorporación de la plaza a la estructura administrativa del
ente territorial no modificó la naturaleza jurídica del vínculo, pues continuó
estando a cargo de la Nación y sometida al régimen propio de los docentes
nacionales.

9. Agregó que no se acreditó que hubiera tenido una vinculación previa como
temporal o contractual con el Ministerio de Educación Nacional antes del 30 de
junio de 1993, circunstancia necesaria para entenderla incorporada como
docente nacionalizada, en los términos del Decreto de nombramiento 1101 del 9
de diciembre de 1994.

10. Con fundamento en lo anterior, concluyó que su vinculación con la
Secretaría de Educación del departamento del Chocó fue como docente nacional,
a pesar de haber fungido como docente nacionalizada del año 1978 a 1980 en la
Secretaría de Educación del departamento de Casanare. Por tanto, señaló que
la accionante no cumplía los presupuestos legales para el reconocimiento de la
pensión gracia.

1.3. Sustento de la vulneración

11. La apoderada de la señora Quesada Palomeque indicó que el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, vulneró sus derechos al
mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social «en pensiones», al debido
proceso y a la vida digna, por haber dictado la sentencia de 16 de diciembre de
2025, mediante la cual le fue revocado el reconocimiento de la pensión gracia.

3
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12. Afirmó que se supera el requisito de relevancia constitucional porque se
cuestiona «la razonabilidad de la sentencia» del tribunal accionado, la cual
desconoce las sentencias de unificación del Consejo de Estado del 21 de junio
del 2018 y 11 de agosto del 2022, pues omitió valorar los actos administrativos
de nombramientos y las actas de posesión y desconoció que el tipo de
vinculación de la accionante es de carácter nacionalizado, por lo que tenía
derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

13. Por tanto, sostuvo que al ser evidente la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora al haberse negado la pensión gracia, el debate no es
meramente legal, sino constitucional. Ello, en atención a la indebida valoración
probatoria, máxime cuando es una persona de la tercera edad al tener 72 años
y, por ende, ser sujeto de especial protección constitucional; teniendo en cuenta
que se plantea una afectación a los derechos al mínimo vital, a la igualdad, a la
seguridad social, al debido proceso y a la vida digna.

14. Por tanto, consideró que el asunto implica revisar si la sentencia
cuestionada desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado y, a su vez, si
resulta contraria a la Constitución. Esto último, por cuanto el tribunal accionado
ordinario omitió su deber de actuar como juez de legalidad, constitucionalidad y
de convencionalidad en el proceso por la actuación arbitraria de la UGPP de
negar el reconocimiento pensional.

15. Luego, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico y desconocimiento del precedente de la sentencia de unificación del
21 de junio del 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado porque no
valoró adecuadamente los decretos de nombramiento, las actas de posesión y
los certificados de tiempo de servicio, en los que se evidencia de manera clara
que ha sido docente nacionalizada por más de 20 años.

16. Para tales efectos, manifestó que cumplió con los requisitos establecidos
en la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento de la pensión gracia, conforme a
su situación administrativo-laboral5:

Acto Entidad Institución educativa Desde Hasta Tipo de
administrativo nominadora vinculación
Decreto 0010 del Departamento Escuela Rural Del 07/03/1978 09/06/1980 NACIONALIZADO
03 marzo de del Casanare Jordán – Municipio de
1978. Chámeza
Decreto 1101 del Departamento Escuela Rural Mixta de 23/01/1995 30/01/2013 NACIONALIZADO
09 dicbre. de del Chocó Bella Luz (Quibdó)
1994
TOTALES 09 DÍAS 03 MESES 20 AÑOS

17. Sostuvo que el tribunal añadió un requisito para acceder a la pensión
gracia, que no está contemplado en los artículos 1 y 4 de la Ley 114 de 1913 al
señalar que:

5 Cuadro incluido en la tutela.

4
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«[…] a pesar de que fue nombrada al servicio del Departamento del Chocó,
a través del Decreto Nro. 1101 del 09 de diciembre de 1994, adscrita a la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Chocó, como
maestra en propiedad en la Escuela Rural Mixta Bella Luz, Grado 01; al leer
el contenido de dicho acto administrativo, se advierte que los docentes
que iban a ser incorporados a la planta de personal del Departamento
en calidad de "Nacionalizados o territoriales", eran los que venían
prestando el servicio como temporales vinculados por contratos a los
servicios estatales del Ministerio Nacional, antes del 30 de junio de
1993, condición que no se advierte acreditada por la docente» (negrilla
original).

18. Refirió que esta exigencia no es un requisito legal, máxime cuando se
incorporó a la nómina de docentes del departamento del Chocó mediante el
Decreto 1101 del 9 de diciembre de 1994 donde se determinó: (i) acto
administrativo, (ii) entidad nominadora; (iii) institución educativa; (iii) tipo de
vinculación; (iv) nombre del gobernador; (v) secretario de educación; (vi) director
del fondo educativo regional y (vii) se aportó el acta de posesión. Por tanto, indicó
que se configuró el defecto fáctico, porque el tribunal incurrió en un yerro de
interpretación jurídica al dar por probado que la demandante tenía vínculo de
carácter nacional, habiéndose acreditado que su vinculación era como
nacionalizada. Por este motivo, manifestó que la autoridad judicial accionada
interpretó erróneamente los artículos 1 y 4 de la Ley 114 de 1913 al agregar más
exigencias que las establecidas legalmente.

19. Por lo anterior, afirmó que la valoración probatoria que hizo el tribunal
accionando desatendió que la naturaleza jurídica de la vinculación del docente
no se determina por el origen de los recursos destinados para el pago de sus
honorarios y que se «[…] desconoció flagrantemente que, a los docentes
territoriales y nacionalizados, el pago de sus acreencias provenían directamente
de las rentas endógenas de la respectiva entidad territorial, o de las exógenas —
situado fiscal— “…cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y por otra, en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones».

20. Así las cosas, expresó que el tribunal llegó a la conclusión errada de que
era docente nacional a partir de tomar como prueba irrefutable que el Decreto de
nombramiento No. 1101 del 9 de diciembre de 1994 estaba suscrito por el
delegado del Fondo Educativo Regional del Chocó, lo cual demuestra la
inaplicación del precedente del Consejo de Estado.

21. También indicó que se incurrió en los defectos sustantivo y violación
directa de la Constitución. Si bien hace referencia a los mismos cuando enuncia
los yerros, no los desarrolló concretamente en el caso.

1.4. Intervenciones

5
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22. La UGPP solicitó su desvinculación, que se declare la improcedencia de
la tutela por falta del requisito de relevancia constitucional y que se nieguen las
pretensiones porque se evidencia que la accionante muestra una inconformidad
con la sentencia de segunda instancia, la cual se basó en las normas y
jurisprudencia aplicable, así como en el análisis probatorio sobre su vinculación
como docente. Por lo que pretende reabrir el debate legal sobre la naturaleza de
la plaza ocupada por la actora.

23. El Tribunal Administrativo del Chocó sostuvo que la decisión se
fundamentó en apego a la normatividad y jurisprudencia del Consejo de Estado
y que se analizó detalladamente el acervo probatorio, de lo que se encontró que
no se configuraron los elementos para otorgar la pensión gracia. Por tanto,
solicitó negar las pretensiones de la tutela.

II. CONSIDERACIONES

24. La Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la parte
actora y negará el amparo del mínimo vital, seguridad social, igualdad y vida
digna. Para ello, estudiará lo siguiente: (i) la superación de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales;
y (ii) el cumplimiento de los elementos establecidos jurisprudencialmente para la
configuración del defecto fáctico.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple parcialmente los requisitos generales
de procedencia de tutela contra providencias judiciales

25. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de

2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto

decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.

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26. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

27. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

28. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

29. La Sala advierte que la señora Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque
está legitimada en la causa por activa porque integró la parte demandante dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la
sentencia que se reprocha mediante esta vía. Por otro lado, se evidencia que el
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión está legitimado en
la causa por pasiva al haber proferido la decisión controvertida dentro del trámite
objeto de la litis.

30. Por último, la UGPP solicitó la desvinculación del presente trámite
constitucional. La Sección negará dicha petición, debido a que le asiste un interés
por haber sido la parte demandada en el proceso ordinario.

31. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

32. En este caso, la parte actora formuló los siguientes cargos contra la
providencia objeto de estudio: (i) defecto fáctico; (ii) desconocimiento del
precedente; (iii) defecto sustantivo y (iv) violación directa de la Constitución.

10 Sentencia SU-215 de 2022.

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33. Primero, frente a los defectos sustantivo y violación directa de la
Constitución, la Sala precisa que no superan el requisito de relevancia
constitucional porque no los desarrolló como reparos concretos pues, a lo largo
del escrito de tutela solo indicó que la controversia gira en torno a la indebida
aplicación de normas jurídicas y que la providencia vulneró sus garantías
constitucionales, sin que mediara algún argumento tendiente a demostrar la
incidencia material en sus derechos fundamentales. Por ende, no cuentan con la
carga argumentativa mínima para ser estudiados de fondo.

34. Segundo, respecto de los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente, esta Sala advierte que plantea una indebida valoración probatoria
del decreto de nombramiento del 9 de diciembre de 1994 y del acta de posesión
como docente ante la Secretaría de Educación del departamento del Chocó,
pues, refiere que estos medios probatorios dan cuenta de que se trata de una
docente nacionalizada por más de 20 años. Por lo que tendría derecho a que se
le reconozca la pensión gracia, contrario al análisis efectuado por el tribunal de
estas pruebas.

35. En esos términos, ambos defectos permiten entrever que se trata de una
controversia por indebida valoración probatoria, que trascienden el ámbito de una
mera inconformidad con la sentencia reprochada, pues ello tiene la potencialidad
de comprometer de manera directa sus derechos fundamentales. A ello se suma
que la accionante es una mujer, que tiene más de 72 años11, lo cual la ubica
como adulto mayor. Bajo este entendido, la Sala precisa que el defecto de
desconocimiento del precedente se tendrá como defecto fáctico, a efectos del
análisis del fondo.

36. Por ende, se advierte que las razones presentadas no comportan una
simple intención de revivir alguno de los debates legales ya zanjados por el juez
del trámite ordinario. Así las cosas, de conformidad con lo expuesto y dada la
naturaleza del asunto que conoció el juez de lo contencioso administrativo, el
presente litigio reviste relevancia constitucional.

37. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía. Esto, debido a que
sus reproches están dirigidos a cuestionar que Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en una indebida valoración probatoria,
razón por la que la decisión del ad-quem no es susceptible de recurso alguno.
Ello, teniendo en cuenta que tal defecto no se enmarca en alguna de las causales
de los recursos extraordinario de revisión o de unificación de jurisprudencia.

Lo anterior porque, si bien la actora alega el desconocimiento de la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio del 2018 y, en principio sería
procedente el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en el sub

11 Nació el 23 de mayo de 1953.

8
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Accionante: Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00775-00

examine no se analizará si la señora Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque
está en la misma situación que se analizó en dicha providencia. Únicamente se
hará referencia a esta a efectos de determinar si el decreto de nombramiento y
el acta de posesión como docente de la Secretaría de Educación del
departamento del Chocó se analizó correctamente o si, por el contrario, se
incurrió en el defecto fáctico dado que –como se dijo anteriormente–, ambos
yerros cuestionan una indebida valoración probatoria.

38. Inmediatez. También se acredita este requisito sin que sea necesario
constatar la fecha de ejecutoria, pues la sentencia de segunda instancia proferida
por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó fue
notificada el 18 de diciembre del 2025. Es decir, la actora promovió la solicitud
de amparo dentro de los seis meses que estableció la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005, como plazo razonable para ejercer la acción
constitucional.

39. Naturaleza jurídica de la decisión. Se supera este presupuesto ya que
no se controvierten decisiones de tutela. Como viene de verse, la providencia
cuestionada fue expedida al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Asimismo, la decisión judicial sub examine
tampoco corresponde a un fallo de control abstracto de constitucionalidad ni a
una sentencia interpretativa de la Sección de Apelación del Tribunal Especial
para la Paz.

40. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que se le vulneraron sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima argumentativa
sobre las razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió
en una vulneración de las garantías constitucionales.

2.1.2. La providencia cuestionada incurrió en el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria

41. La Corte Constitucional, en sentencia SU-167 del 2024, reiteró que el
defecto fáctico tiene una dimensión positiva y una negativa, así:

[…] la primera surge de las omisiones o descuido de los funcionarios
judiciales en las etapas probatorias, (i) cuando sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales
determinan la solución del caso objeto de análisis; (ii) cuando resuelven el
caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y (iii) cuando
no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas
procesales y constitucionales así lo determinan. Por otra parte, será
relevante la dimensión positiva (i) cuando la decisión se fundamenta en
pruebas ilícitas; o cuando el juez decide (ii) con pruebas que por disposición
de la ley no son demostrativas del hecho objeto de la decisión12.

12 SU-167 del 2024.

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42. En ese entendido, el Máximo Órgano Constitucional13 ha determinado
cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la actuación
reprochada fue arbitraria al evaluar los medios probatorios: (i) evaluar si la
conclusión de las pruebas es «por completo equivocada», caso en el que la
decisión es irracional al ser diametralmente opuesta a la que se desprende del
material probatorio y que puede ser identificada por cualquier persona de juicio
medio; (ii) examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo, sino
en el capricho o voluntad del juez; (iii) determinar si se hizo un análisis integral
del acervo probatorio o, «si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a
alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello» y (iv)
considerar si la conclusión se basa en pruebas impertinentes, inconducentes o
ilícitas.

43. En virtud de lo anterior, los eventos de configuración del defecto fáctico
son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el
asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la
veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o
arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en
pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

44. Por tanto, se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los medios
probatorios, pues fue planteada en el caso concreto. Este cargo, procede cuando
a la luz de los postulados de la sana crítica la apreciación efectuada por el fallador
resulta manifiestamente equivocada y por ello, el peso otorgado a la prueba se
entiende alterado.

45. En ese orden, la Sección considera que la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Chocó, al proferir la sentencia del 16 de diciembre del
2025 incurrió en el defecto aludido. Esto por hacer un análisis irracional del
decreto de nombramiento del 9 de diciembre de 1994 y del acta de posesión del
21 de diciembre 1994, pues, desconoce que, a la luz de la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio del 2018 dictada por esta
Corporación, estas pruebas demuestran que fue docente nacionalizada.

46. En efecto, el decreto de nombramiento del 9 de diciembre de 1994, que
fue proferido por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del
Chocó14 acredita que se la nombró como docente (grado 01 en el escalafón
nacional) en la Escuela Rural Mixta Bella Luz del municipio de Quibdó. Este acto
administrativo fue firmado por el Gobernador del Chocó, por la Secretaría de
Educación del departamento y por el representante del Ministerio de Educación
ante la entidad territorial del Chocó. Adicionalmente, el acta de posesión del 21
de diciembre del 199415 demuestra que, se posesionó como docente ante la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Chocó.

13 SU-167 del 2024. Ver también C-590 del 2005 y SU-215 del 2022.
14 Proceso ordinario, 1ª instancia, Samai índice 005, archivo «1.DEMANDA», págs. 18 a 26.
15 Proceso ordinario, 1ª instancia, Samai índice 005, archivo «1.DEMANDA», pág. 27.

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47. El tribunal accionado realizó una interpretación irracional de estas dos
pruebas, pues concluyó del decreto de nombramiento que los docentes que se
iban a incorporar a la planta de personal del departamento en calidad de
nacionalizados o territoriales eran los que habían sido vinculados por contrato de
servicios estatales del Ministerio de Educación antes del 30 de junio de 1993,
requisito que no cumplía la demandante y que tampoco se acreditó la previa
vinculación contractual con el Ministerio de Educación, condición exigida por ley
para asumir que su vinculación era nacionalizada.

48. Agregó que este decreto no le confirió la calidad de docente departamental
porque su cargo se financiaba con recursos del situado fiscal y no con recursos
propios del departamento. Por tanto, sostuvo que su plaza era de orden nacional
y que se le pagaba con recursos del orden nacional, lo cual se acreditaba también
con los certificados de tiempo de servicios donde se indica que es una docente
nacional. Así las cosas, señaló que, aunque su cargo estuviera incorporado a la
estructura del departamento, este seguía estando a cargo de la Nación y se debía
someter al régimen propio de los docentes nacionales.

49. Bajo ese entendido, el análisis que realizó el tribunal accionado es
irracional, pues es abiertamente contrario a la posición del Consejo de Estado en
sentencia CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio del 2018, donde se estableció que un
docente nacionalizado o territorial no se convierte en uno de carácter nacional
porque (i) el acto de nombramiento esté firmado por el representante de la
entidad territorial y por el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional; así como tampoco cuando (ii) el origen de los recursos del
pago de sus honorarios sean del situado fiscal, dado que, una vez estos recursos
son transferidos a la entidad territorial, se conviertan en recursos de los entes
locales.

50. Así las cosas, se estableció que la prueba de la calidad de docente
territorial son los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que se
pueda establecer que la plaza sea territorial o con la certificación del nominador
en la que se indique inequívocamente que cuenta con vinculación territorial.

51. Esta Sala encuentra acreditada la configuración del defecto fáctico y la
vulneración del derecho al debido proceso, pues, es claro que se desconoció que
las pruebas analizadas dan cuenta de que la señora Rosagnia del Socorro
Quesada Palomeque estuvo vinculada con la Secretaría de Educación y Cultura
del departamento del Chocó como docente nacionalizada, pues no cabe duda de
que, tanto el decreto de nombramiento, como el acta de posesión dan cuenta que
prestó sus servicios en el ente territorial y que, si bien se le pagó con recursos
del situado fiscal, estos son propios de la entidad local cuando le son transferidos
por la Nación. A esto se agrega que, la accionante prestó sus servicios en una
escuela rural en primaria.

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52. Tanto así, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-014 del 2020,
donde unificó su jurisprudencia respecto de la pensión gracia y su estándar
probatorio, estableció:

Se reitera que la circunstancia de que un acto de nombramiento esté
suscrito por la autoridad territorial (actuando en representación del
FER) y el delegado del Ministerio de Educación Nacional, no representa
inexorablemente la categoría nacional del educador. Así mismo, el hecho
de que los recursos para su sostenimiento tengan origen o fuente en la
Nación no condiciona la categorización docente. (Negrillas de la Corte).

53. En ese sentido, la interpretación realizada de las pruebas enjuiciadas tiene
la virtualidad suficiente para afectar el sentido del fallo, pues, si se hubieran
valorado de manera correcta conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional, probablemente se habría concluido que prestó sus
servicios por más de 20 años como docente nacionalizada y se le habría
reconocido la pensión gracia. Esto porque la docente señala que tuvo otras
vinculaciones como nacionalizada desde 1978, las cuales deben analizarse
integralmente por el Tribunal a efectos de determinar si supera o no el requisito
de haber prestado sus servicios por más de 20 años como docente nacionalizada
o territorial, para así determinar si tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia.

54. Ahora bien, frente a los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida digna, la Corte Constitucional ha indicado que el
reconocimiento de la pensión gracia no tiene incidencia en estos porque se
concibió como «una compensación o retribución a favor de los docentes
territoriales que tenían una diferencia salarial frente a los maestros de carácter
nacional. Por tanto, su reconocimiento es directo e independiente de cualquier
otra situación ordinaria»16. Por esta razón, se negará su amparo.

55. Por último, frente al derecho a la igualdad, se advierte que la actora se
limitó a enunciarlo, pero no explicó por qué considera que se le vulneró este
derecho. En consecuencia, también se negará su amparo.

2.2. Conclusión

56. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, incurrió
en un defecto fáctico por la irracional valoración del decreto de nombramiento y
acta de posesión de la señora Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque como
docente de la Secretaría de Educación del departamento del Chocó, de
conformidad con las consideraciones expuestas. En ese orden se amparará su
derecho fundamental al debido proceso.

57. Adicionalmente, se negará el amparo a sus derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad y se declara la

16 T-411 del 2016; SU-014 del 2020.

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improcedencia de la tutela por falta de relevancia constitucional frente a los
defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, por lo anteriormente
expuesto.

58. Así las cosas, se dejará sin efectos la sentencia del 16 de diciembre del
2025 dictada por la autoridad judicial accionada y se ordenará proferir una
decisión de reemplazo, en la que se valoren adecuadamente los decretos de
nombramientos y actas de posesión, a efectos de determinar si la actora fue
vinculada como docente nacional, nacionalizada o territorial de cara a establecer
si tiene derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia.

59. Finalmente, resulta pertinente precisar que el amparo acá concedido no
implica automáticamente una decisión favorable a la demandante del proceso
ordinario, sino que se realice una valoración probatoria adecuada, a efectos de
determinar si es procedente la nulidad y restablecimiento del derecho pretendido,
a efectos de que se le reconozca o no la pensión gracia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Rosagnia del Socorro Quesada Palomeque.

SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS la sentencia de segunda
instancia dictada el 16 de diciembre del 2025 por la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo del Chocó al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 27001-33-33-001-
2020-00130-00/01. En consecuencia, ORDENAR a la autoridad judicial
accionada que profiera una sentencia de reemplazo, teniendo en cuenta el
análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo cual se le concederá
el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la
presente providencia.

TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela de la
referencia respecto de los defectos sustantivo y violación directa de la
Constitución.

CUARTO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a
la seguridad social, a la vida digna y a la igualdad de la señora Rosagnia del
Socorro Quesada Palomeque.

QUINTO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00775-00

SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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