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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00779-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00779-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar el amparo solicitado por la señora María Camila Solano Jiménez, por las razones expuestas. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00779-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

26 de marzo de 2026

Radicado 11001-03-15-000-2026-00779-00
Demandante: María Camila Solano Jiménez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00779-00
Demandante: María Camila Solano Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial – Nulidad y restablecimiento
del derecho. Falta de cumplimiento de requisitos generales

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Camila Solano
Jiménez contra el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 2. REVOCAR la decisión tomada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL HUILA SALA SEXTA DE DECISION en sentencia del 25 de
noviembre de 2025 dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
radicado bajo el número 410013333006 2023 00266 01

3. DEJAR SIN EFECTOS todo lo actuado dentro del proceso, a partir de la sentencia del
25 de noviembre de 2025, Inclusive. Además, ordenar al Honorable Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila Sala Sexta de Decisión, que en su lugar, se profiera sentencia de
remplazo observando. haciendo públicos los parámetros y los criterios empleados, pero
en especial aplicando los convenios internacionales de los que hace parte Colombia, en
su calidad de miembro de la Organización Internacional del Trabajo en los que se ha dada
prelación al derecho sustancial sobre las formas y al principio lura novit curia, que impone
al juez la aplicación del derecho que realmente corresponda a las partes, es menester
que el director del proceso se pronuncie respecto de la totalidad de la pretensiones de la
demanda, aun cuando para ello deba realizar un ejercicio interpretativo y se busque el
Imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado, en especial
teniendo en cuenta los principios de equidad, razonabilidad, favorabilidad, debido
proceso, valoración de la prueba e igualdad.[…]»

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Demandante: María Camila Solano Jiménez

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

Hechos dieron origen al medio de control

El señor Gilberto Solano Trujillo (q.e.p.d.) solicitó a la Caja Nacional de Previsión
Social E.I.C.E. el reconocimiento de su pensión de vejez.

Dicha prestación fue concedida inicialmente mediante la Resolución No. 21085 del 4
de mayo de 2006, condicionada a la acreditación del retiro definitivo del servicio oficial.
Posteriormente, al resolver un recurso de reposición, la entidad expidió la Resolución
No. OC 2116 del 10 de septiembre de 2007, mediante la cual revocó el acto anterior
y le reconoció el pago de la pensión mensual vitalicia de vejez a partir del 29 de
diciembre de 2004 en cuantía de $ 722.371,83, según los parámetros de la Ley 100
de 1993 con una tasa de reemplazo del 84.30 %.

Tras el deceso del señor Gilberto Solano Trujillo, la UGPP profirió la Resolución RDP
008229 del 07 de abril de 2021, mediante la cual reconoció la pensión de
sobrevivientes a favor de su hija, la señora María Camila Solano Jiménez, a partir del
13 de julio de 2008.

El 10 de febrero de 2022, la señora Solano Jiménez solicitó a la UGPP la reliquidación
de la pensión de sustitución con los salarios del año 2008 y los factores contemplados
en el Decreto 1158 de 1994.

La anterior petición fue resuelta de manera desfavorable por la UGPP mediante la
Resolución RDP 009093 del 8 de abril de 2022, indicando que el porcentaje del 84.30
% ya reconocido era más favorable y que los factores adicionales solicitados no
estaban descritos taxativamente en la norma. Esa decisión fue confirmada en su
integridad al resolverse el recurso de apelación mediante la Resolución RDP 015927
del 21 de junio de 2022

El 21 de marzo de 2023, la accionante presentó una nueva solicitud ante la UGPP en
la que pidió el ajuste de la pensión de sustitución en virtud del principio de favorabilidad
y exigió la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de 1990)
para que se liquidara con una tasa de reemplazo del 90 %.

La UGPP negó esta nueva solicitud mediante la Resolución RDP 009135 del 24 de
abril de 2023, bajo el argumento de que el Acuerdo 049 de 1990 es una norma
aplicable única y exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales. Dicha negativa fue
confirmada a través de la Resolución RDP 016052 del 20 de junio de 2023.

Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (41001-33-33-
006-2023-00266-00/01)

La demandante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la UGPP. Las pretensiones se dirigieron a
declarar la nulidad de las resoluciones RDP 009093 del 8 de abril de 2022 y RDP
015927 del 21 de junio de 2022 (las cuales negaron la primera solicitud de
reliquidación exigiendo la inclusión de los factores salariales del Decreto 1158 de 1994
y los salarios de 2008), así como de las resoluciones RDP 009135 del 24 de abril de

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2023 y RDP 016052 del 20 de junio de 2023 (que negaron la petición de reajuste por
aplicación del Acuerdo 049 de 1990).

Como consecuencia, solicitó a título de restablecimiento del derecho la liquidación y
el pago de la pensión de sobreviviente, con la aplicación de una tasa de reemplazo
del 90 % al tenor del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de 1990), en
aplicación del principio de favorabilidad.

En el concepto de violación, la parte actora sostuvo que el causante, Gilberto Solano
Trujillo (q.e.p.d.), por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, tenía derecho a que su prestación se liquidara conforme al régimen
anterior, lo que permitía reliquidar post mortem la pensión (hoy sustituida a la
demandante) con una tasa de reemplazo del 90 % del salario base.

Además, señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado reitera que la pensión
debe liquidarse integralmente, sin omitir factores que favorezcan al beneficiario.

De igual forma, fundamentó su petición en la sentencia de unificación SU-317 de 2021
sobre la procedencia de la acumulación de tiempos para acceder al régimen de
transición del Acuerdo 049 de 1990, y en la sentencia SU-273 de 2022 respecto de la
aplicación ultractiva de dicho acuerdo para quienes, siendo beneficiarios del régimen
de transición, no estaban afiliados ni cotizaron al ISS antes del 1º de abril de 1994.

El 20 de mayo de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva negó las
pretensiones de la demanda. Para arribar a esa decisión, advirtió que si bien el
causante era efectivamente beneficiario del régimen de transición (al cumplir con los
requisitos de edad y tiempo de servicio requeridos antes del 1° de abril de 1994), dicho
régimen no opera de forma automática, sino que está sujeto a una valoración
individual por parte de la entidad administradora para determinar cuál normatividad le
resulta más favorable.

Al analizar de fondo la petición de reliquidación con el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado
por el Decreto 758 de 1990), determinó que esta norma no le era aplicable al causante,
porque los destinatarios de dicho estatuto están estrictamente delimitados a
supuestos fácticos concretos: (i) ser trabajador del sector privado cotizante al ISS, (ii)
ser afiliado obligatorio a dicha entidad, o, (iii) de forma excepcional, ser un servidor
público que durante su vinculación hubiese estado afiliado al ISS.

Concluyó que, dado que el señor Solano Trujillo consolidó su estatus pensional
desempeñándose como empleado público y su prestación fue reconocida por
CAJANAL bajo un marco normativo distinto, por lo que no era jurídicamente viable
extender las reglas del ISS al régimen propio de los empleados públicos.

Concluyó que acceder a las pretensiones de la accionante para extraer la tasa de
reemplazo del 90 % de un régimen y mezclarla con otro vulneraría flagrantemente el
principio de inescindibilidad de la ley, el cual exige la aplicación integral de las normas
jurídicas que rigen un asunto concreto sin fraccionarlas.

Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, con fundamento en que, si bien el juez de primera instancia mencionó el
principio de favorabilidad en su providencia, en la práctica no le otorgó el alcance
respectivo, reduciéndolo a un mero formalismo de motivación.
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Destacó que dicha omisión se evidencia en el hecho de que la prestación pensional
reconocida al causante nunca fue ajustada tras su retiro definitivo del servicio, lo cual
generó un evidente desequilibrio y la consecuente pérdida del poder adquisitivo frente
al IPC respecto del salario devengado por el afiliado.

Por otra parte, sostuvo que, al ser el señor Gilberto Solano Trujillo (q.e.p.d.)
beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y cumplir con más de 20 años de servicio en calidad de empleado público, el
régimen que le resultaba aplicable era la Ley 33 de 1985.

En consecuencia, exigió que la prestación debía liquidarse con el 75% del salario del
último año de servicios, requiriendo al fallador determinar previamente si esta
liquidación resultaba más beneficiosa que la arrojada por la aplicación del Decreto Ley
758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990).

El 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la
decisión de primera instancia, con fundamento en que los reparos expuestos en el
recurso de apelación resultaban improcedentes, por cuanto introdujeron una
pretensión nueva (la aplicación del régimen pensional de la Ley 33 de 1985) que no
fue planteada en la demanda inicial.

Precisó que el debate jurídico en primera instancia se centró de manera exclusiva en
la solicitud de reliquidación con base en la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990
(aprobado por el Decreto 758 de 1990), por lo que existía una imposibilidad legal para
emitir un pronunciamiento de fondo sobre la nueva citada en la apelación.

Explicó que, en aplicación del artículo 328 del CGP y del principio de congruencia, la
autoridad judicial de segunda instancia advirtió que su competencia estaba delimitada,
y que analizar hechos y normativas radicalmente distintas a las debatidas inicialmente
atentaría contra el debido proceso, cercenando el derecho a la defensa y contradicción
de la entidad demandada (UGPP), ante la imposibilidad material de oponerse a estos
nuevos supuestos en la oportunidad procesal debida.

De modo que, al no existir una confrontación directa y concreta contra los motivos que
llevaron a la negación del derecho en el fallo inicial, determinó que el recurso carecía
de la carga de sustentación idónea, siendo los argumentos ineficaces para obtener
una decisión distinta y viéndose en la obligación forzosa de confirmar la decisión
apelada.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora destacó que en materia laboral es procedente proferir fallos extra y
ultra petita, facultad que encuentra sustento en el artículo 50 del Código Procesal del
Trabajo (CPT) y en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Afirmó que, en virtud del principio iura novit curia, correspondía al juzgador aplicar el
derecho que realmente correspondía a las partes. Bajo este criterio, sostuvo que los
jueces omitieron un estudio del régimen más favorable aplicable, y por el contrario
limitaron el litigio por falta de congruencia, por lo que desconocieron «las facultades
extra y ultra petita del juez en materia laboral, tienen también como límite el principio
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de favorabilidad, pues solo proceden en cuanto lo excedido sea lo más beneficioso
para el trabajador». En consecuencia, a pesar de que buscaba de fondo la mejora de
la liquidación pensional, la exigencia formal de los jueces significó «desconocer la
intención real de la parte demandante» e hizo más gravosa su situación.

Asimismo, fundamentó su reproche en la sentencia C-086 de 2016 de la Corte
Constitucional y en el Código General del Proceso, mediante los cuales advirtió que
el juez, como director del proceso, tiene el deber de garantizar la justicia material frente
a las partes. Al respecto, explicó que esta obligación exige asumir un rol activo para
alcanzar la efectividad de los derechos sustanciales, pues «ello supone abandonar
una visión estrictamente formalista de la posición de las partes en el proceso para
hacer uso de las facultades oficiosas y restablecer el equilibrio o distribuir las cargas
probatorias». De este modo, cuestionó que los jueces de instancia prefirieran una
interpretación eminentemente formalista sobre la prevalencia del derecho sustancial.

Finalmente, argumentó que no se aplicó correctamente el precedente establecido en
la sentencia SL-2557 de 2020 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la
cual reitera que es plenamente viable sumar y acumular los tiempos de servicios
cotizados en entidades públicas y privadas para acceder a los beneficios del Acuerdo
049 de 1990.

Sostuvo que el operador jurídico tenía el deber de seleccionar el régimen pensional
más favorable ante la concurrencia de tiempos en distintos sistemas.

De modo que, al omitir ese estudio, las providencias incurrieron en defecto sustantivo
por error en la interpretación de las normas, lo que generó una afectación a sus
derechos fundamentales invocados.

4. Trámite previo

Mediante auto de 9 de febrero de 2026, el despacho admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión en calidad de
demandado y al Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP en condición de terceros con interés.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Huila guardó silencio.

6. Intervención de los terceros con interés

El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva remitió el enlace de acceso al expediente
41001-33-33-006-2023-00266-00/01, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin hacer referencia a los hechos que dieron origen a la
acción de tutela.

La UGPP expuso que la accionante pretendía, a través de la tutela, revocar decisiones
judiciales ya adoptadas y confirmadas en doble instancia, desconociendo la
independencia judicial y el principio de subsidiariedad. Señaló que el proceso ordinario
había surtido todas las etapas legales ante el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva
y el Tribunal Administrativo del Huila, y que la tutela no podía utilizarse como una

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tercera instancia ni para reabrir mecanismos judiciales ya agotados. Afirmó además
que, de considerar que existían errores jurídicos, la vía idónea habría sido acudir a los
recursos extraordinarios de casación o revisión, no a la acción constitucional.

La entidad también manifestó que no existía vínculo entre su actuación y la presunta
vulneración alegada por la tutelante, pues la UGPP no era responsable de las
decisiones del Tribunal ni había incurrido en conducta alguna que afectara derechos
fundamentales. Igualmente invocó la falta de legitimación por pasiva, debido a que la
tutela se dirigía contra decisiones judiciales y no contra actos atribuibles a la UGPP.

Finalmente, indicó que las decisiones cuestionadas no habían incurrido en defectos
sustantivos, fácticos, procedimentales ni orgánicos, y que los jueces del proceso
ordinario habían actuado dentro del marco jurídico, respetando el debido proceso, el
acceso a la justicia y el derecho de defensa de la accionante. Sostuvo que tampoco
se evidenciaba perjuicio irremediable ni afectación real a derechos fundamentales, por
lo que la tutela resultaba improcedente.

En consecuencia, solicitó negar el amparo y ordenar el archivo del expediente,
reiterando que la acción de tutela no era el medio adecuado para controvertir
sentencias firmes ni para obtener un reconocimiento o reliquidación pensional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto». Esta acción procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción, la parte demandante cuestiona la
sentencia del 25 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, que confirmó la decisión de primera instancia en la que se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 41001-33-33-
006-2023-00266-01.

La Sala anticipa que negará el amparo solicitado al considerar que el Tribunal
demandado no incurrió en un defecto sustantivo, dado que aplicó de manera
correcta el artículo 320 del Código General del Proceso al establecer que la
demandante no discutió en primera instancia los argumentos expuestos en el recurso
de apelación propuestos contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda
dentro del proceso 41001-33-33-006-2023-00266-00, como se pasará a explicar.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos; (i) del
requisito de relevancia constitucional; (ii) el caso concreto.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al debido proceso, a la
defensa, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad
porque las autoridades judiciales accionadas no aplicaron el régimen pensional más
favorable ni ejercieron sus facultades extra y ultra petita, pese a que en materia
administrativa laboral estas proceden cuando benefician al empleado.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se afectarían los derechos fundamentales de la parte
actora, en la medida en que se trata de un asunto donde se cuestiona la legalidad de
actos administrativos por medio de los cuales se negaron reajustes de una pensión
sustitutiva.

Se cumple con el (ii) requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. (iii) frente al requisito general de inmediatez se advierte que la sentencia

2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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de segunda instancia fue proferida el 25 de noviembre de 2025, y el ejercicio de acción
de tutela tuvo lugar el 3 de febrero de 2026, es decir, se promovió, dentro de los 6
meses siguientes a la notificación, lo que satisface el requisito previsto por la Corte
Constitucional para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

La Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en
cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto
determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte
actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi)
no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura el defecto invocado.

Del defecto sustantivo4 en el caso concreto

A juicio de la parte actora, la providencia del 25 de noviembre de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Huila vulneró sus derechos fundamentales, pues, a su
juicio, el juez puede proferir fallos extra petita y pronunciarse sobre el pago de
remuneraciones salariales con el objeto de que se aplique el principio de favorabilidad
y se aumente la base de liquidación de la pensión sustituida a su favor.

En el presente asunto, la accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de las
resoluciones por medio de las cuales negaron la primera solicitud de reliquidación
exigiendo la inclusión de los factores salariales del Decreto 1158 de 1994 y los salarios
de 2008 y la petición de reajuste por aplicación del Acuerdo 049 de 1990.

El 20 de mayo de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva negó las
pretensiones de la demanda. En particular, el despacho señaló que, aunque el
causante sí era beneficiario del régimen de transición (pues cumplía los requisitos de
edad y tiempo de servicios antes del 1.º de abril de 1994), ello no implica que dicho
régimen se aplique de manera automática. Por el contrario, requiere que la entidad
administradora evalúe individualmente cuál normativa resulta más beneficiosa para el
afiliado.

Al estudiar la solicitud de reliquidación con base en el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado
por el Decreto 758 de 1990), concluyó que dicho régimen no podía aplicarse al
causante, dado que sus beneficiarios están claramente definidos: (i) trabajadores del
sector privado que cotizaban al ISS, (ii) afiliados obligatorios al Instituto, o (iii) en casos
excepcionales, servidores públicos que hubiesen estado vinculados al ISS durante su
relación laboral.

4Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el

denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al
caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política). Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable
al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en
el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
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Radicado 11001-03-15-000-2026-00779-00
Demandante: María Camila Solano Jiménez

Determinó que, como el señor Solano Trujillo cumplió los requisitos pensionales como
empleado público y su pensión fue otorgada por CAJANAL conforme a una
normatividad distinta, no era jurídicamente posible trasladar o extender las reglas del
ISS al régimen propio del sector público.

Asimismo, señaló que acceder a lo solicitado por la accionante (tomar la tasa de
reemplazo del 90 % de un régimen y combinarla con otro) quebrantaría el principio de
inescindibilidad de la ley, que exige aplicar el conjunto normativo de forma íntegra, sin
fragmentarlo o mezclar disposiciones de sistemas diferentes.

Esa sentencia fue objeto de recurso de apelación por parte de la tutelante, quien
cuestionó el fallo de primera instancia con fundamento en que, aunque el juez
mencionó el principio de favorabilidad, en realidad no le otorgó un efecto material.

Indicó que esa falta de aplicación efectiva se evidencia en que la pensión reconocida
al causante no fue recalculada tras su retiro definitivo, lo que produjo un desbalance
evidente y una pérdida del poder adquisitivo frente al IPC en relación con el salario
que él percibía.

Además, expuso que, dado que Gilberto Solano Trujillo (q.e.p.d.) era beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y contaba con más de 20
años de servicio como empleado público, el régimen aplicable debía ser el previsto en
la Ley 33 de 1985. Bajo esa normatividad, la pensión debía liquidarse con el 75 % del
salario del último año trabajado. Por ello, consideró que el juez estaba obligado a
verificar si esta fórmula era más favorable que la resultante de aplicar el Decreto Ley
758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990), antes de descartar su aplicación.

El Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión de primera instancia al
considerar que los argumentos presentados en el recurso de apelación eran
improcedentes, porque introducían una pretensión nueva (la aplicación del régimen
pensional de la Ley 33 de 1985) que no fue incluida en la demanda inicial. Aclaró que
el debate en primera instancia se limitó estrictamente a la solicitud de reliquidación
con fundamento en la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de
1990), por lo que no era jurídicamente posible pronunciarse sobre una normativa que
no había sido parte del litigio original.

Indicó que, en aplicación del artículo 328 del CGP y del principio de congruencia, la
competencia del juez de segunda instancia estaba restringida a los aspectos
discutidos en el fallo apelado. Analizar hechos o normas totalmente ajenos al debate
inicial habría vulnerado el debido proceso y afectado el derecho de defensa y
contradicción de la UGPP, que no tuvo la oportunidad procesal de controvertir esas
nuevas pretensiones.

Por lo anterior, afirmó que, al no existir una crítica concreta frente a las razones que
motivaron la negativa en primera instancia, el recurso no cumplía con la carga
argumentativa mínima. Por tanto, los planteamientos de la apelación resultaban
ineficaces para modificar la decisión y el despacho se vio obligado a confirmar
integralmente la sentencia recurrida.

La Sala, tras efectuar una lectura integral de la demanda de tutela, la demanda
presentada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y la sentencia de

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primera instancia constata que no se advierte que la parte actora hubiese planteado
oportunamente el debate jurídico respecto de la aplicación de la Ley 33 de 1985.

Por el contrario, el estudio conjunto de todas las actuaciones revela que la pretensión
que la accionante afirma como omitida no fue propuesta en la primera instancia, lo
que impide exigir al juez de segunda instancia su análisis posterior. Esta conclusión
se confirma al contrastar lo afirmado por la demandante con el contenido de la
sentencia del Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, la cual explicó que, si bien el
causante cumplía las condiciones del régimen de transición, ello no conllevaba la
aplicación automática de cualquier normatividad anterior, pues debía establecerse si
el régimen alegado le era realmente aplicable.

Tras ese estudio, el juez determinó que el Acuerdo 049 de 1990 no podía aplicarse al
señor Solano Trujillo porque él nunca perteneció al régimen del ISS ni cumplía los
supuestos fácticos exigidos por dicho estatuto, dado que consolidó su derecho como
empleado público y su pensión fue reconocida por Cajanal. A partir de ello, concluyó
que no era jurídicamente posible trasladar reglas de un régimen al cual el causante
no perteneció ni mezclar disposiciones incompatibles, pues ello vulneraría el principio
de inescindibilidad de la ley.

Frente a esta motivación, la accionante afirma en su recurso que el juez no aplicó
realmente el principio de favorabilidad y que debió comparar la Ley 33 de 1985 con el
régimen del ISS. Sin embargo, tal como lo sostuvo el Tribunal Administrativo del Huila,
tal afirmación no guarda correspondencia con la estructura argumentativa del fallo ni
constituye un reproche dirigido a la razón jurídica que condujo a la decisión.

Adicionalmente, la Sala advierte que la parte actora fundamenta su reproche en el
artículo 50 del Código Procesal del Trabajo, norma que confiere al juez laboral de la
jurisdicción ordinaria la facultad de proferir sentencias extra y ultra petita.

Sin embargo, dicha disposición no es aplicable en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la cual se rige por el principio de justicia rogada y por las reglas de
congruencia previstas en el artículo 187 del CPACA y, supletoriamente, en el artículo
281 del Código General del Proceso. Por tanto, no es posible exigir al juez contencioso
administrativo el ejercicio de facultades que el ordenamiento le atribuye
exclusivamente al juez laboral ordinario, ni configurar un defecto sustantivo a partir de
la inaplicación de una norma que resulta ajena al régimen procesal que gobernó la
actuación cuestionada.

En cuanto a la sentencia SL-2557 de 2020 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, invocada por la accionante como precedente desconocido, la
Sala precisa que dicha providencia fue proferida por una autoridad de la jurisdicción
ordinaria laboral y no constituye precedente vinculante para la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

En consecuencia, la Sala observa que tal como lo concluyó el Tribunal Administrativo
del Huila, el recurso de apelación carece de congruencia, puesto que la parte
recurrente no formuló reparos concretos, precisos ni dirigidos a las motivaciones de la
providencia apelada. Ante esta ausencia de crítica, el Juez de segunda instancia no
cuenta con un objeto jurídico sobre el cual pronunciarse, ya que el recurso no cumple
con su función esencial de controvertir la providencia apelada.

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La Sala recuerda que, así como el juez debe fundar sus decisiones en los hechos y
pruebas debidamente aportados para resolver los problemas jurídicos efectivamente
planteados, también las partes están obligadas a que sus escritos y recursos se
ajusten al marco del litigio. De modo que, al no existir dichos reparos en el caso
concreto, el citado Tribunal no estaba habilitado para reabrir asuntos no discutidos en
primera instancia.

Esto es, que acorde con el artículo 320 del CGP, la apelación tiene por finalidad que
el superior examine la decisión únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante. En esta medida, la sustentación del recurso constituye el
instrumento procesal mediante el cual se expresan las razones de discrepancia; si
estas no se formulan o no guardan relación con la decisión del a quo, el recurso queda
sin objeto.

Por su parte, el artículo 328 del CGP refuerza esta limitación al establecer que la
competencia del superior, al resolver la apelación, se extiende solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante. De ello se deriva que introducir un debate
nuevo en esa etapa (máxime cuando no fue propuesto en la primera instancia)
contraviene principios estructurales como la congruencia, la contradicción, el debido
proceso y la no reformatio in pejus.

Aunado a lo anterior, la Sala debe señalar que, el principio de congruencia se
encuentra consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, norma
aplicable supletoriamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Conforme con esta disposición, las providencias deben guardar coherencia y
correspondencia con las pretensiones y las excepciones formuladas, de modo que el
juez no puede pronunciarse ultra, extra o citra petita, esto es, más allá de lo pedido,
sobre asuntos no sometidos a su consideración o desconociendo los límites fijados
por las partes.

Sobre la congruencia se ha señalado lo siguiente:

«En efecto, el campo de la controversia jurídica y de la decisión del juez, encuentra su límite en las
pretensiones y hechos aducidos en la demanda y en los exceptivos alegados por el demandado; por
tanto no le es dable ni al juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del señalamiento
extemporáneo de nuevos hechos, o a través de una sutil modificación de las pretensiones en una
oportunidad diferente a la legalmente prevista para la modificación, adición o corrección de la
demanda, respectivamente, so pena de incurrir en la violación al principio de congruencia. El actor
sólo cuenta con dos oportunidades para precisar la extensión, contenido y alcance de la controversia
que propone, es decir para presentar el relato histórico de los hechos que originan la reclamación y
para formular las pretensiones correspondientes: la demanda y la corrección o adición de la misma,
de acuerdo con dispuesto en los artículos 137, 143, 170 y 208 del Código Contencioso
Administrativo.»5

A ello se suma que, tratándose de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la
misma opera bajo el principio de justicia rogada, lo que exige que las causales de
nulidad y los reproches formulados contra los actos administrativos sean planteados
desde el inicio del proceso. Este principio impide que el juez examine de oficio nuevas
causas de nulidad no propuestas por la parte actora en la demanda, y mucho menos
que se introduzcan por primera vez en la segunda instancia o, como ocurre en este
asunto, a través de una acción de tutela.

5
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 15.898.
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Por lo anterior, la Sala concluye que la parte actora pretende utilizar la tutela para
subsanar su propia omisión al no haber planteado oportunamente el régimen jurídico
que invocó en su apelación.

Así, la Sala determina que el recurso de apelación careció de sustento adecuado y
que la actuación del juez de primera y segunda instancia fue jurídicamente correcta al
ceñirse a los límites fijados por la propia parte recurrente. No existe, entonces,
vulneración alguna atribuible a un indebido entendimiento del recurso, sino una
consecuencia directa del incumplimiento de las cargas procesales por parte de quien
ahora acude al amparo, y el fallo cuestionado respondió conforme al marco normativo
aplicable, a los hechos probados y a los principios que rigen la función jurisdiccional.

Por lo anterior, no se advierte que la autoridad judicial demandada haya adoptado una
decisión arbitraria, ni trasgresora de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí
se reclama.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA
1. Negar el amparo solicitado por la señora María Camila Solano Jiménez, por las
razones expuestas.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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