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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00779-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00779-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de marzo del 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora María Camila Solano Jiménez, por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00779-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00779-01
Accionante: MARÍA CAMILA SOLANO JIMÉNEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca negativa y, en su
lugar, declara la improcedencia de la acción por no superar
el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 26 de marzo del 2026 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 9 de febrero de 20262, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante providencia del 17 de abril del 20263 se concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora María Camila Solano Jiménez, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta
de Decisión. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa, de acceso a la administración de
justicia, a la «seguridad jurídica» y a la igualdad.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 25 de noviembre del 2025 por el Tribunal

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 8 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al

Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión. Asimismo, se dispuso la vinculación
del Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
3 Índice 31 Samai.

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Accionante: María Camila Solano Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00779-01

Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, que confirmó la providencia del
20 de mayo del 2024 dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, que
negó las pretensiones. Esto dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-33-33-006-2023-
00266-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO,
DERECHO DE DEFENSA, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD JURIDICA E IGUALDAD, desconocidos a la suscrita MARIA
CAMILA SOLANO JIMENEZ por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL HUILA SALA SEXTA DE DECISION

2. REVOCAR la decisión tomada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL HUILA SALA SEXTA DE DECISION en sentencia
del 25 de noviembre de 2025 dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho radicado bajo el número 410013333006 2023
00266 01

3. DEJAR SIN EFECTOS todo lo actuado dentro del proceso, a partir de la
sentencia del 25 de noviembre de 2025, inclusive. Además, ordenar al
Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Huila - Sala Sexta de
Decisión, que en su lugar, se profiera sentencia de remplazo observando,
haciendo públicos los parámetros y los criterios empleados, pero en especial
aplicando los convenios internacionales de los que hace parte Colombia, en
su calidad de miembro de la Organización Internacional del Trabajo en los
que se ha dada prelación al derecho sustancial sobre las formas y al principio
iura novit curia, que impone al juez la aplicación del derecho que realmente
corresponda a las partes, es menester que el director del proceso se
pronuncie respecto de la totalidad de la pretensiones de la demanda, aun
cuando para ello deba realizar un ejercicio interpretativo y se busque el
imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado; en
especial teniendo en cuenta los principios de equidad, razonabilidad,
favorabilidad, debido proceso, valoración de la prueba e igualdad.

4. Notificar esta determinación de conformidad con lo establecido en el Art.
30 del Decreto 2591 de 19914.

1.2. Hechos

4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, le reconoció en 2022 a
la señora María Camila Solano Jiménez una sustitución de pensión de vejez post
mortem de su padre, el señor Gilberto Solano Trujillo, quien había efectuado
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, en adelante ISS, al Ministerio de
Educación Nacional y a la Universidad Surcolombiana. Dicha pensión de vejez le
fue reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante CAJANAL,
por sus cotizaciones como empleado público del Ministerio de Educación
Nacional.

4 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores.

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5. Narró que en 2023 solicitó la reliquidación de la prestación social en una
tasa de reemplazo del 90% por favorabilidad, de conformidad con el Acuerdo 049
de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de 1990, que se le negó. Por lo
anterior, demandó en nulidad y restablecimiento del derecho a la UGPP, para
que le fuera reconocida dicha tasa de reemplazo.

6. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva no accedió
a las pretensiones mediante sentencia del 20 de mayo del 2024, porque la
pensión de vejez le fue reconocida al señor Gilberto Solano Trujillo por CAJANAL,
entidad sujeta a un régimen pensional diferente al consagrado para los afiliados
al ISS. Esto, habida cuenta de que el régimen de cada uno tiene requisitos
diferentes y no puede pretender que se aplique el régimen del ISS cuando la
pensión se la reconoció CAJANAL. Ello, sin perjuicio de que para el
reconocimiento de la pensión de vejez se le tuvieron en cuenta todos los tiempos
cotizados.

7. Esta decisión fue apelada y el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta
de Decisión la confirmó a través de providencia del 25 de noviembre del 2025 al
considerar que la demandante no presentó verdaderos reparos a la sentencia
adoptada por el a-quo y que introducía una nueva pretensión referente a la
aplicación del régimen pensional de la Ley 33 de 1985, la cual no se incluyó en
la demanda inicial.

1.3. Sustento de la vulneración

8. La accionante afirmó que el juez laboral tiene facultades ultra y extra petita
y también debe aplicar el principio de favorabilidad. En ese sentido, argumentó
que tanto los jueces de primera y segunda instancia incurrieron en una falta de
congruencia entre las pretensiones formuladas, la causa petendi y las sentencias
proferidas. Ello, por cuanto no realizaron un estudio sobre el régimen más
favorable que le es aplicable, lo que hizo más gravosa su situación pensional.

9. Indica que se incurrió en un defecto sustantivo «en las decisiones
judiciales y puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce un grave error en la interpretación de las normas constitucionales o
legales pertinentes» y realizó consideraciones sobre la definición de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y
citó algunos extractos de providencias judiciales, sin hacer consideraciones
particulares frente a estas.

1.4. Intervenciones

10. La UGPP afirmó que no tiene legitimación en la causa por pasiva al no ser
la entidad encargada de resolver lo pedido en la tutela. Solicitó que se desestimen
las pretensiones y se declare la improcedencia de la acción ya que pretende

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usarla como una tercera instancia e indicó que no vulneró los derechos
fundamentales de la actora y que no se supera el requisito de subsidiariedad en
tanto no agotó el recurso extraordinario de revisión.

11. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva remitió
el expediente digital.

1.5. Sentencia de primera instancia

12. Mediante fallo del 26 de marzo del 2026, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado negó el amparo solicitado al considerar que el tribunal accionado no
incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que se interpretó adecuadamente el
artículo 320 del Código General del Proceso al momento de establecer que la
actora no discutió en primera instancia los argumentos que expuso en el recurso
de apelación contra esta, referentes a la aplicación de la Ley 33 de 1985. Por tal
motivo, el juez de segunda instancia no podía analizarlo.

13. También expuso que, si bien la parte accionante fundó su reproche en el
artículo 50 del Código Procesal del Trabajo, que se refiere a la facultad de proferir
sentencias extra y ultra petita en materia laboral, esta no aplica en la jurisdicción
contencioso-administrativa que se rige por el principio de justicia rogada y por las
reglas de congruencia previstas en el artículo 187 del CPACA y, supletoriamente,
en el artículo 281 del Código General del Proceso. En consecuencia, advirtió que
no se le puede exigir al juez contencioso administrativo la aplicación de facultades
que la ley le atribuye de manera exclusiva al juez laboral ordinario, ni tampoco
configurar un defecto sustantivo por la inaplicación de una norma que no es
aplicable al régimen procesal de la actuación ordinaria.

1.6. Impugnación5

14. Manifestó que el a-quo se enfocó en tecnicismos jurídicos y desconoció
sus derechos, ya que busca que le sea reconocida una prestación social justa y
equitativa para garantizar su mínimo vital. En ese sentido, solicitó que no se
analicen las actuaciones judiciales bajo el principio de justicia rogada, pues, lo
que discute es un incremento a la mesada pensional del salario mínimo que, con
el descuento por concepto de salud, percibe menos.

15. Por lo anterior, pidió que se analicen las normas que, por principio de
favorabilidad, se deben aplicar en su beneficio como madre soltera cabeza de
familia, que pretende el reconocimiento de sus derechos mínimos, de tal manera
que pueda continuar con sus estudios y tener una vida digna.

5 La sentencia proferida por el a-quo el 26 de marzo del 2026 fue notificada por correo electrónico

el 6 de abril. La impugnación se presentó el 8 de abril, la cual fue concedida mediante auto del
17 del mismo mes.
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II. CONSIDERACIONES

16. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo
solicitado y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela
presentada por la parte actora, motivo por el cual se demostrará que en el asunto
no se supera el requisito general de relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

17. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

18. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

19. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

20. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

21. La Sala advierte que la señora María Camila Solano Jiménez está
legitimada en la causa por activa porque fungió como parte demandante dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por otro lado, se evidencia
que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión está legitimado
en la causa por pasiva al haber proferido la decisión cuestionada a través del
presente trámite.

22. Adicionalmente, se observa que la UGPP pidió que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva por no ser la entidad encargada de resolver
lo pedido en la acción de tutela, petición frente a la cual el a-quo no se pronunció.
En ese sentido, se negará tal solicitud al encontrar que dicha entidad fungió como
demandada en el proceso ordinario y, por ende, le asiste un interés en las
resultas del presente trámite constitucional.

23. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

24. Como se expuso previamente, la accionante consideró que el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa, de acceso a la administración de
justicia, a la «seguridad jurídica» y a la igualdad toda vez que, en la sentencia de
segunda instancia se limitó a confirmar la decisión del a-quo al encontrar que en
el recurso de apelación no presentaron verdaderos cargos contra la providencia
que cuestionó y que añadió otros que no fueron planteados en la demanda.

25. Sostuvo que no se resolvió de fondo la controversia y que el tribunal
accionado no utilizó las facultades ultra y extra petita, así como el principio de
favorabilidad, para establecer que le aplicaría la tasa de reemplazo del 90%,
establecida en el Acuerdo 049 de de 1990. En consecuencia, señaló que se
incurrió en un defecto sustantivo porque se produjo un «grave error en la
interpretación de las normas constitucionales o legales pertinentes».

10 Sentencia SU-215 de 2022.

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26. Esta sala advierte que la señora María Camila Solano Jiménez no cumplió
con la carga argumentativa mínima requerida para superar el presupuesto de
relevancia constitucional, toda vez que la Corte Constitucional, en sentencia SU-
259 del 2021 explicó que, una autoridad judicial incurre en el defecto sustantivo
cuando:

(i) La decisión que adoptó tiene como fundamento una norma que no es aplicable,
porque: (a) no es pertinente, (b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (c)
es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o (e) no se adecúa
a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador […];

(ii) A pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma que
realizó en el caso concreto: (a) no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable, (b) es inaceptable por tratarse de una hermenéutica
contraevidente o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes, o (c) no es sistemática por omitir el análisis de otras disposiciones aplicables
al asunto […]11.

27. Sin embargo, del escrito de tutela no se advierte que los argumentos
presentados por la accionante se enmarquen en los requisitos establecidos por
la Corte Constitucional para que, eventualmente, procediera un análisis de fondo
del defecto sustantivo a efectos de determinar si se configuró o no.

28. A ello se agrega que, sus argumentos están dirigidos a buscar una
instancia adicional del trámite y, con ello, reabrir la discusión en materia de
interpretación legal sobre la adecuada argumentación del recurso de apelación,
la cual ya fue zanjada y decidida por el juez natural de la causa. Esto, porque se
observa que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión en la
sentencia cuestionada con la presente acción constitucional, explicó lo que
resolvió el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva en primera instancia y los
reproches que presentó la accionante en el recurso de apelación así:

El a quo negó las pretensiones precisando que no es aplicable la
normatividad invocada por la parte actora, por cuanto no se acredita ninguno
de los supuestos previstos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de 1990, cuyos preceptos no pueden ser extendidos a personas
diferentes a sus destinatarios, esto, acorde al principio de inescindibilidad
que supone la aplicación integral de las normas jurídicas bajo las que se rige
un asunto concreto.

La parte actora recurre tal decisión, argumentando que debe aplicarse el
principio de favorabilidad, pues la prestación reconocida al causante nunca
fue ajustada por retiro definitivo a fin de evitar el desequilibrio por la pérdida
del poder adquisitivo del IPC frente al salario devengado por el afiliado, y
porque el señor Gilberto Solano Trujillo es beneficiario de la transición
consagrada en el art. 36 de la Ley 100 de 1993 y cumple con más de 20 años
de servicio como empleado público, por lo que le es aplicable la Ley 33 de
1985 y por ello, que dicha prestación debe ser liquidada con el 75 % del
salario del último año, no sin antes determinar que la misma es más
beneficiosa que la liquidación que arroja la aplicación del Decreto Ley 758
de 1990.

11 Sentencia SU-354 de 2020.

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29. De lo anterior, el tribunal accionado concluyó que confirmaría la
providencia de primera instancia, toda vez que sus argumentos no representaban
un verdadero reproche a la decisión adoptada y que también solicitó el análisis
de la Ley 33 de 1985, cargo que no planteó en la demanda y, en consecuencia,
no le era permitido pronunciarse sobre ellos, como se observa:

Al respecto […] se advierte que estos únicamente apuntan a que se reliquide
la pensión de jubilación post-mortem de la que es titular […] con la tasa de
reemplazo del 90% al tenor del Acuerdo 049 de 1190, aprobado por el Decreto
758 de 1990, por ser esta normativa más favorable, esto es, desde la demanda
no se aludió al régimen establecido en la Ley 33 de 1985 y tampoco se acreditó
que la liquidación de tal pensión, en los términos del Decreto 758 de 1990 le
era más favorable.

En ese orden, al examinar los reproches -argumentos- esbozados por la parte
actora frente a la sentencia de primera instancia, se observa que se refieren a
un tema totalmente distinto y ajeno a lo pedido en la demanda y lo resuelto,
pues indica que pretende que se le aplique el régimen pensional establecido
en la Ley 33 de 1985, debido a que el causante fue beneficiario del régimen de
transición, siendo que la demanda se enfocó en la reliquidación pensional en
los términos establecidos en la Ley 71 de 1988 y conforme al Acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

[…] En conclusión, resulta forzoso confirmar la sentencia de primera instancia,
en tanto que, la falta de argumentos, reparos o fundamentos del recurrente,
esto es, no presentarse razones de disenso respecto de la sentencia objetada,
no permite analizar, estudiar la sentencia recurrida, pues, en lugar de
contraponerse a la excepción de oficio decretada, esgrimió argumentos de otra
índole que no buscan formular inconformidades con las razones que tuvo el
juez para llegar a tal conclusión.

30. En ese orden, se evidencia que la accionante, más allá de proponer un
debate que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía constitucional,
en realidad, expone su discrepancia con lo decidido por el tribunal accionado y
pretende utilizar la tutela como una instancia adicional.

31. Finalmente, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius-fundamental.

2.2. Conclusión

32. Así las cosas, la Sala revocará la decisión que negó el amparo y, en su
lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de marzo del 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR LA
IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora María Camila
Solano Jiménez, por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

9
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