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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00780-00

Fecha
10 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00780-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00780-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Alejandra María Agudelo
González, a nombre propio, en contra del Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de
Medellín.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 30 de enero de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos a la igualdad, debido proceso, dignidad
humana y mínimo vital y acceso a la administración de justicia, que considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, debido a que, afirma, en el
marco del grado jurisdiccional de consulta, revocó una sanción de desacato
impuesta por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín en el marco de
un incidente de desacato contra la Unidad de Atención Integral a las Víctimas
(UARIV).

2. Hechos

2.1. La accionante radicó acción de tutela contra la Unidad de Atención Integral a
las Víctimas (UARIV) ante el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín, con
el fin de obtener respuesta a su solicitud consistente en que se ordene el
reconocimiento y pago con fecha inmediata cierta de una indemnización
administrativa.

1
Índice 2 de SAMAI, certificado EAD20255CEC72C5C 0C8BB72B5B0A8B7F 2315B99363D2EEFF 713ED585EEC4C86F.
2
Formato onedrive, archivo denominado “001 Reparto del pro […]”, carpeta “cuaderno principal”, visible a índice 2 de SAMAI,
certificado 83AE1933A2E578D6 DA8ADE66ACCB1298 0471C938A0DA42CD CEDDB301EBCA857E.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.2. El 1 de octubre de 2025, el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín,
por medio de sentencia de primera instancia, radicado 05001 33 33 023 2025 00336
00, amparó el derecho fundamental de petición en punto a la solicitud de atención
humanitaria y resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. DECLARAR LA CARENCIA DE OBJETO POR HECHO SUPERADO
de manera parcial dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora ALEJANDRA
MARÍA AGUDELO GONZÁLEZ identificada con C.C. 1.077.439.074, respecto a la
solicitud de indemnización administrativa, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

A su vez, TUTELAR el derecho fundamental de PETICIÓN de la accionante, en punto a
la solicitud de Atención Humanitaria, la cual no cuenta con respuesta de fondo a la fecha.
En consecuencia,

SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS que, en el término de cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, si no lo ha hecho, proceda a
resolver de fondo y en forma precisa y congruente la petición elevada por la señora
ALEJANDRA MARÍA AGUDELO GONZÁLEZ el 19 de junio de 2025, tendiente al
reconocimiento de las ayudas humanitarias, en atención a su condición de víctima del
conflicto armado, y de extrema urgencia y vulnerabilidad por vivir con menor de edad y
la discapacidad de su madre. […]”3 (Resaltado original del texto).

2.3. Inconforme con la decisión, la entonces entidad accionada interpuso
impugnación, la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia a través
de sentencia del 7 de noviembre de 2025, en el sentido de confirmar la providencia
censurada.

2.4. A raíz de lo anterior, la actora interpuso incidente de desacato contra la Unidad
de Atención Integral a las Víctimas (UARIV), mediante el cual manifestó que no ha
dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, toda vez que hace 3 meses
no le ha brindado respuesta de fondo a la solicitud del 19 de junio de 2025.

2.5. El Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín, a través de providencia
del 26 de noviembre de 20254, se abstuvo de dar trámite al incidente de desacato
referido.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3
Archivo denominado “006 Sentencia_05 Fallo tutela”, visible a índice 14 de SAMAI, certificado 3118826D94C49A78
446775084CEBDA84 C53FD72A1BE015B5 C680BE39841661C0.
4
Archivo denominado “02 Se abstiene de iniciar trámite”, de la carpeta llamada “16 Incidente noviembre 2025”, visible a índice
15 de SAMAI, certificado 59AFED0A8B94E238 6A827C3F56AB2624 C4A6785333CCC3B1 C08A69A85D11EB87.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3.1. Se transgredió su derecho al debido proceso, porque se pasó por alto su calidad
de madre cabeza de familia desplazada. Asimismo, afirma que se desconocieron
las sentencias T-205 de 2021, T-041 de 2025 y T-004 de 2018, emitidas por la Corte
Constitucional.

3.2. En el marco del grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó una sanción de desacato impuesta por el Juzgado Veintitrés
Administrativo Oral de Medellín, en el marco de un incidente de desacato contra la
Unidad de Atención Integral a las Víctimas (UARIV). En ese sentido, el tribunal “está
vulnerando el derecho fundamental al acceso a la justicia e igualdad, dignidad
humana, mínimo vital y al debido proceso ya que precisamente interpuse derecho
de petición, acción de tutela, incidente de desacato, el juez de primera instancia
sancionó a la unidad de víctimas y el tribunal revocó la sanción sin dar cumplimiento
a lo ordenado por el juez de primera instancia”.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“Con fundamento en los hechos relacionados, la jurisprudencia y la normatividad
aplicable, muy respetuosamente solicito al (la) señor(a) Juez tutelar mi derecho
fundamental del debido proceso previsto en la Constitución Nacional en su Preámbulo y
en el artículo 29, en razón a que ha sido VULNERADOS por parte de JUZGADO
VEINTITRES ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN VINCULADOS
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS
VICTIMAS para que se re abra e incidente de desacato con radicado 2025-00336 o en
el marco de sus competencias emitan la orden que ustedes estimen pertinentes sobre
este caso.”5 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 6 de febrero de 2026, el despacho ponente inadmitió la acción
de tutela con el fin de que la accionante aclarara su escrito introductorio, en el
sentido de i) determinar detalladamente cuáles son las autoridades contra las que
se interpone la acción de tutela; ii) identificar cuáles son los hechos vulneradores
que motivan el ejercicio de la acción constitucional contra aquellas autoridades; iii)

5
Índice 2 de SAMAI, certificado EAD20255CEC72C5C 0C8BB72B5B0A8B7F 2315B99363D2EEFF 713ED585EEC4C86F,
folio 2.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

especificar cuáles son las pretensiones que quiere hacer valer; y iv) detallar clara y
específicamente las providencias judiciales que reprocha.

Lo anterior, teniendo en cuenta que no identificó con claridad el número de radicado
del trámite del incidente de desacato contra la UARIV.

5.2. Mediante memorial, la señora Agudelo González aclaró la acción de tutela en
los siguientes términos:

“[…] acudo muy respetuosamente a su despacho a aclarar el porqué estoy entutelando
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA ya que se me esta vulnerando el
derecho fundamental al acceso a la justicia e igualdad, dignidad humana, mínimo vital y
al debido proceso ya que precisamente interpuse derecho de petición, acción de tutela,
incidente de desacato, el juez de primera instancia sancionó a la unidad de víctimas y el
tribunal revocó la sanción sin dar cumplimiento a lo ordenado por el juez de primera
instancia […]

[…] por lo que solicito al honorable consejo de estado se declare el debido proceso ante
el JUZGADO 23 ADMINISTRATIVO ORAL DE Medellín mediante radicado 2025-00336
teniendo en consideración que este juzgado cumplió con el mandato pero el tribunal
superior en sede de consulta revoco la sanción”6.

5.3. A través de auto del 24 de febrero de 20267, en garantía del derecho de acceso
a la administración de justicia, el despacho ponente admitió la acción de tutela y
vinculó al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y a la Unidad de
Atención Integral a las Víctimas (UARIV). También requirió a la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Antioquia para que informara el número de radicado del
expediente del incidente de desacato presentado por Alejandra María Agudelo
González contra la UARIV; y dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia8 afirmó que, en sede de impugnación,
confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, mediante la cual se tutelaron los derechos invocados por la
accionante Alejandra María Agudelo González, dentro del proceso con radicado
05001 33 33 023 2025 00336 01. Finalmente, señaló que “[r]evisados los registros
del Despacho y del aplicativo SAMAI, se constató que esta Corporación no ha
adelantado actuación alguna en el grado jurisdiccional de consulta respecto del

6
Índice 8 de SAMAI, certificado 81CE9FB7347BC636 7A75BC5A47A64928 45011D3F37B5CE7E 48502CB2748DA766.
7
Índice 10 de SAMAI, certificado BB13B39986D64F25 BE2BD8B9AF703BE4 6623EE50B88F4637 D27D086BCE575896.
8
Índice 14 de SAMAI, certificado 87E140306015F894 B9F935ADA30DFC3A D48B75E29FD2821E 3F6E859770F0E554.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

incidente de desacato mencionado por la accionante, por cuanto a la fecha no se
ha recibido el expediente correspondiente”.

5.5. El Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín9 sostuvo que “no es cierto
que este Despacho haya sancionado a la Unidad de Víctimas y a sus funcionarios
por desacato, ni que el Tribunal Administrativo de Antioquia hubiere revocado dicha
sanción. Se aclara que, este Juzgado conoció de la acción de tutela presentada por
la señora Alejandra María Agudelo González en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV,
a la cual se le asignó el radicado 05001-33-33-023-2025-00336-00”.

Manifestó que en el marco del trámite incidental se advirtió que, según el informe
presentado por la UARIV el 19 de noviembre de 2025, se evidenció que la entidad, a
través de comunicación Lex 8887874 del 19 de noviembre de 2025, le puso en
conocimiento a la accionante que, luego de realizada la entrevista de
caracterización el día 14 de noviembre de 2025, no presenta carencias en el
componente de alojamiento ni de alimentación. La comunicación señalada fue
enviada al correo electrónico alejandramathias30@gmail.com, el cual coincide con
el buzón digital indicado en el escrito de tutela, el derecho de petición y la solicitud
del trámite incidental.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que la Unidad de Víctimas dio
cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela del 1 de octubre de 2025, por lo que
se abstuvo de dar trámite a la solicitud de incidente invocada por la señora Alejandra
María Agudelo González.

Finalmente, dijo que la acción de tutela es improcedente al no cumplir las causales
genéricas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, máxime
cuando no agotó la impugnación contra el fallo del 1 de octubre de 2025.

5.6. La Unidad de Atención Integral a las Víctimas (UARIV)10 afirmó que se encuentra
acreditada la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad.

9
Índice 15 de SAMAI, certificado F13BF4BAE9C8782C A308227EE378AA8F CEDA5A672DE55064 171BCF79D26AF668.
10
Índice 17 de SAMAI, certificado C69F37E43093C257 36BB7CB102D1921C 940B516EF28F78A2 CB8D73981BED15D5.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa

De conformidad con los informes rendidos por el Tribunal Administrativo de
Antioquia y por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín, la Sala
advierte que no existe decisión de sanción alguna por desacato contra la Unidad de
Atención Integral a las Víctimas (UARIV), ni pronunciamiento de revocatoria de una
posible sanción en el grado jurisdiccional de consulta emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del expediente 0500133 33 023 2025 00336
00/01.

En ese sentido, si bien, con el fin de salvaguardar el derecho de acceso a la
administración de justicia, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cierto es que la presunta decisión que la
actora cuestiona no existe en el ordenamiento jurídico. No obstante, el estudio de
esta acción tuitiva se circunscribirá al auto proferido por el Juzgado Veintitrés
Administrativo Oral de Medellín el 26 de noviembre de 202511, mediante el cual se
abstuvo de dar trámite al incidente de desacato interpuesto por la señora Agudelo
González contra la UARIV dentro del expediente 05001 33 33 023 2025 00336 00/01.

2. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Alejandra
María Agudelo González en contra del Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de
Medellín, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución,
37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

3. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

11
Archivo denominado “02 Se abstiene de iniciar trámite”, de la carpeta llamada “16 Incidente noviembre 2025”, visible a
índice 5 de SAMAI, certificado 59AFED0A8B94E238 6A827C3F56AB2624 C4A6785333CCC3B1 C08A69A85D11EB87.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad12 y de procedencia13 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales adoptadas en el marco del trámite incidental de desacato

La Corte Constitucional precisó que la procedencia de la acción de tutela contra las
providencias dictadas en el trámite de incidente de desacato se circunscribe a los
siguientes requisitos: (i) que la decisión dictada en el trámite de desacato se
encuentre ejecutoriada; (ii) se acrediten los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración de una de las causales específicas (defectos); y (iii) los argumentos
del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él
en el trámite del incidente de desacato, de manera que (a) no debe traer a colación
alegaciones nuevas que dejó de expresar en el incidente de desacato y (b) no puede
solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio14.

En definitiva, la tutela contra la providencia que resuelve el incidente de desacato
tiene por objeto determinar si el juez en cuestión tomó una decisión en el marco del
respeto al debido proceso.

El aludido Tribunal Constitucional determinó, también, la procedencia excepcional
del amparo en contra de actuaciones realizadas en el marco de un trámite
constitucional igual; para lo cual manifestó que ello quedará sujeto a la emisión de

12
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
14
Ver Corte Constitucional, sentencias SU-034 de 2018, T-013 de 2022 y T-170 de 2023.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

la sentencia. Sobre el particular, explicó que si la actuación atacada es previa al
fallo, consiste en la omisión de notificación o vinculación de un tercero y se cumplen
los requisitos generales, la tutela será procedente15; por su parte, si se trata de una
circunstancia posterior y esta tiene relación con el cumplimiento del fallo
constitucional, no procede, salvo que se discuta la vulneración de un derecho
fundamental derivado del incidente de desacato, caso en el que será procedente
siempre que se cumplan los requisitos genéricos16.

6. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

6.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.17

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber18: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202219, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

15
Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
16
Ibidem.
17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
18
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
19
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

6.2. Para la Sala se torna evidente que la acción de tutela no satisface el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis jurídico efectuado por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de
Medellín dentro del incidente de desacato de tutela, como si este mecanismo fuera
una instancia adicional, según se explicará.

6.3. Al verificar los argumentos contenidos en el auto del 26 de noviembre de 2025,
emitido por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín, se observa el
siguiente análisis textual:

“[…] La señora ALEJANDRA MARÍA AGUDELO GONZÁLEZ radica ante este
Despacho solicitud de desacato el 24 de noviembre de 20251, por cuanto afirma que la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS no ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, toda vez
que hace tres meses no le ha brindado respuesta de fondo a la petición del 19 de junio
de 2025.

Ahora bien, mediante informe presentado por la Unidad de Victimas el 19 de noviembre
de 2025, se logra evidenciar que la entidad, a través de Comunicación Lex 8887874 de
19 de noviembre de 2025, le puso en conocimiento a la accionante que, luego de
realizada la entrevista de caracterización el día 14 de noviembre de 2025, se evidenció
por parte de la entidad que la señora Alejandra María Agudelo González no presenta
carencias en el componente de alojamiento ni de alimentación. Por tanto, tuvo como
resultado en la identificación de carencias “No carencias”.

Finalmente, el Despacho constató, que la comunicación señalada fue enviada al correo
electrónico alejandramathias30@gmail.com, el cual coincide con el buzón digital
indicado en el escrito de tutela, el derecho de petición y la solicitud del trámite incidental.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la Unidad de Víctimas dio cabal cumplimiento
a lo ordenado en el fallo de tutela del 1 de octubre de 2025, este Despacho se abstendrá
de dar trámite a la solicitud de incidente, invocada por la señora Alejandra María Agudelo
González.”20 (Resaltado y subrayado original del texto).

6.4. Se advierte que el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín hizo
referencia a las decisiones de primera y segunda instancia emitidas dentro del
expediente de tutela 05001 33 33 023 2025 00336 00/01, que, por un lado,
declararon la carencia de objeto por hecho superado de manera parcial respecto a
la solicitud de indemnización administrativa y, por el otro, ampararon el derecho
fundamental de petición en punto a la solicitud de atención humanitaria, y ordenaron
a la entonces entidad accionada “que, en el término de cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta sentencia, si no lo ha hecho, proceda a resolver
de fondo y en forma precisa y congruente la petición elevada por la señora

20
Archivo denominado “02 Se abstiene de iniciar trámite”, de la carpeta llamada “16 Incidente noviembre 2025”, visible a
índice 15 de SAMAI, certificado 59AFED0A8B94E238 6A827C3F56AB2624 C4A6785333CCC3B1 C08A69A85D11EB87.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

ALEJANDRA MARÍA AGUDELO GONZÁLEZ el 19 de junio de 2025, tendiente al
reconocimiento de las ayudas humanitarias, en atención a su condición de víctima
del conflicto armado, y de extrema urgencia y vulnerabilidad por vivir con menor de
edad y la discapacidad de su madre”.

Y luego de efectuar la valoración del material probatorio, encontró acreditado que la
Unidad de Atención Integral a las Víctimas (UARIV), mediante comunicación Lex
8887874 del 19 de noviembre de 2025, le informó a la accionante que, tras
realizarse la entrevista de caracterización el 14 de noviembre de 2025, no
presentaba carencias en el componente de alojamiento ni de alimentación. Dicho
oficio fue notificado al correo electrónico alejandramathias30@gmail.com.

En consecuencia, determinó que la Unidad de Víctimas cumplió lo ordenado en el
fallo de tutela del 1 de octubre de 2025.

6.5. Bajo esta línea argumentativa, la Sala advierte que los argumentos presentados
por la señora Agudelo González se encaminan a volver sobre una controversia ya
decidida por el juez de conocimiento y reflejan una mera inconformidad con las
resultas del trámite incidental.

Dicho de otro modo, para esta Subsección resulta claro que la parte accionante
pretende utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional,
pues, como se vio, las críticas contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el
debate que tuvo lugar en el trámite incidental de tutela, con lo cual el asunto sale de
la competencia del juez constitucional.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada21; lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario22.

21
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
22
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-00
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al trámite incidental ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.

7. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso, lo que hace que la acción constitucional
resulte improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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