Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00780-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00780-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00780-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-01
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 10 de abril de 2026 por la Sección Tercera, Subsección C
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 29 de enero de 2026, Alejandra María Agudelo González instauró acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, dignidad humana y mínimo vital.
2. Como sustento fáctico, relató que, en el marco del proceso de tutela con radicado
No. “2025-00336”, promovió incidente de desacato en contra de la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), por la presunta desatención
de la orden de amparo.
3.Indicó que el Juzgado 23 Administrativo Oral del Circuito de Medellin resolvió
sancionar por desacato a dicha entidad. Señaló que la referida sanción fue revocada
por el Tribunal accionado en grado jurisdiccional de consulta.
4. Sostuvo que, al revocar la sanción, el Tribunal no valoró su condición de madre
cabeza de familia en situación de desplazamiento, ni el hecho de que la UARIV
únicamente se pronunció sobre las ayudas humanitarias, pese a que lo solicitado
correspondía al pago de la indemnización administrativa previamente reconocida.
5. Afirmó que esa omisión la mantiene en un estado de incertidumbre, pues no tiene
certeza sobre la fecha en que recibirá la ayuda humanitaria ni sobre la
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-01
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
materialización del pago de las indemnizaciones reconocidas. Agregó que no se dio
cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias T-004 de
2018, T-205 de 2021 y T-041 de 2025.
B. Sentencia de primera instancia
6. A través del fallo de 10 de abril de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera de
esta Corporación declaró la improcedencia de la acción de tutela, por estimar que no
satisface el requisito general de relevancia constitucional.
7. Señaló que si bien la parte actora cuestionó una decisión que, presuntamente,
revocó una sanción en grado jurisdiccional de consulta, de los informes rendidos
durante el trámite de tutela se constató que no existió decisión alguna que hubiera
sancionado por desacato a la UARIV, ni pronunciamiento del Tribunal Administrativo
de Antioquia que hubiera revocado una eventual sanción dentro del grado
jurisdiccional de consulta, dentro del expediente con radicado número 05001-33-33-
023-2025-00336-00/01.
8. En ese orden, precisó que el estudio del asunto se circunscribiría al auto proferido
por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín el 26 de noviembre de
2025, mediante el cual se abstuvo de dar trámite al incidente de desacato promovido
por la accionante contra la UARIV, en el marco del aludido proceso de tutela.
9. Delimitado el problema jurídico, concluyó que los argumentos que fundamentaron
la vulneración alegada tenían por objeto reabrir la discusión ya zanjada en el trámite
incidental objeto de reproche, esto es, determinar si se había dado cumplimiento a
las órdenes impartidas por el juez de tutela, cuando lo cierto es que el mecanismo
de amparo no fue concebido como una tercera instancia.
C. Impugnación
10. La parte accionante argumentó que la presente acción se originó porque “el juez
archivó su caso sin dar cumplimiento a la parte resolutiva en el fallo de tutela”.
Sostuvo que la respuesta emitida por la UARIV es genérica y evasiva, en tanto no
resuelve de fondo lo solicitado en la petición objeto de amparo, ya que no indica la
fecha cierta o aproximada del pago de la indemnización administrativa.
11. Afirmó que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la UARIV tiene el
deber constitucional de informar a las víctimas sobre el pago de la indemnización
administrativa y, en caso de no poder indicar una fecha exacta por limitaciones
presupuestales, deben informar las condiciones de modo, tiempo y lugar del pago,
conforme lo previsto en el Decreto 1084 del 2015.
12. Señaló que no resulta razonable concluir que se configuró un hecho superado,
por el solo hecho de que la unidad hubiese emitido una respuesta frente a la petición,
sin verificar si esta resolvía de manera efectiva los requerimientos formulados.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-01
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
13. Agregó que el fallo no tuvo en cuenta los estándares internacionales de protección
a las víctimas del conflicto armado, obviando aplicar el enfoque diferencial que exige
priorizar la atención de las víctimas en condición de vulnerabilidad, en
desconocimiento de los criterios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias
T-025 de 2004, T-205 de 2021, T-041 y T-084 de 2025.
14. Aseveró que tampoco se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas para
acreditar su condición de víctima y la afectación grave y actual de sus derechos
fundamentales.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
15. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
16. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras estimar que la solicitud de
amparo no acredita el cumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, pero por las razones que se exponen a continuación.
17. Respecto a la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones adelantadas
en un trámite de la misma naturaleza, la Corte Constitucional 1 ha precisado que el
análisis debe partir de la identificación de la providencia objeto de reproche. Si la
demanda se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la
sentencia, es necesario identificar si aquellas ocurrieron con anterioridad o con
posterioridad al fallo.
18. En caso de que la controversia recaiga sobre actuaciones posteriores a la
sentencia, debe distinguirse el objeto de la solicitud de amparo. Si lo que se persigue
es el cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez de tutela no es procedente.
En cambio, cuando su finalidad sea la protección de un derecho fundamental
presuntamente vulnerado en el trámite del incidente de desacato o en el trámite de
impugnación hay lugar a su procedencia, pero, de forma excepcional, siempre y
cuando se acredite el cumplimiento de los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial.
19. En el caso bajo estudio, aunque tanto en la demanda inicial como en el escrito de
subsanación, la parte actora dirigió sus reproches contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, al considerar que dicha autoridad había revocado, en sede de
1
En sentencia SU-627 de 2015, reiterada en la sentencia SU-387 de 2022.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-01
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
consulta, una sanción por desacato que supuestamente había sido impuesta por el
Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín en el marco del trámite incidental
que promovió contra la UARIV, dentro del expediente 05001-33-33-023-2025-
00336-00/01, de los elementos de juicio obrantes en el plenario se constató que
dicha actuación nunca ocurrió, pues no existe providencia alguna mediante la cual
se hubiera impuesto sanción por desacato a la referida entidad ni, por consiguiente,
decisión posterior que la hubiera revocado.
20. Según se verificó en el expediente cuestionado, la señora Agudelo González
presentó acción de tutela contra la UARIV, invocando la protección de su derecho
fundamental de petición, con ocasión la presunta falta de respuesta de fondo a la
solicitud que elevó el 19 de junio de 2025. A través de dicha petición requirió
información relacionada con el pago de la indemnización administrativa reconocida
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Igualmente, solicitó
información concreta sobre el procedimiento previsto para hacer efectiva la medida
de reparación administrativa a su favor, así como la reactivación de las ayudas
humanitarias y la realización de una nueva medición de carencias, en atención a las
condiciones de vulnerabilidad que afirmó atravesar.
21. El conocimiento de ese asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Medellin. Mediante sentencia del 1° de octubre de
2025, ese despacho declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en
relación con la solicitud de indemnización administrativa. En cuanto a la petición
orientada al reconocimiento de ayudas humanitarias, concluyó que la respuesta
emitida por la UARIV no constituía un pronunciamiento de fondo. En consecuencia,
amparó el derecho fundamental de petición de la tutelante y ordenó a la entidad
accionada que, en el término allí previsto, emitiera una respuesta de fondo frente a
ese aspecto específico.
22. Contra la decisión anterior, la UARIV interpuso recurso de impugnación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia a través de fallo del 7 de
noviembre de 2025, en el sentido de confirmar la decisión de primera instancia.
23. El 24 de noviembre de 2025, la accionante promovió incidente de desacato contra
la UARIV por el presunto incumplimiento de la orden impartida por el juez de tutela.
24. Por medio de auto del 26 de noviembre de 2025, el Juzgado 23 Administrativo del
Circuito de Medellín se abstuvo de dar trámite al incidente de desacato. La autoridad
judicial estimó que la UARIV dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia
del 1° de octubre de 2025, a través de la Comunicación Lex 8887874 del 19 de
noviembre de esa misma anualidad.
25. Visto lo anterior, la Sala advierte que si bien la decisión a la que la accionante
atribuyó la vulneración de sus derechos no existe en el ordenamiento jurídico, en
aplicación del principio pro actione y en aras de garantizar el acceso a la
administración de justicia, la demanda debe interpretarse de acuerdo a su verdadero
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-01
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
alcance y no únicamente a partir de la denominación que le otorgó la promotora del
mecanismo de amparo a la actuación cuestionada.
26. Así las cosas, se entiende que la inconformidad de la parte accionante en realidad
no se dirige contra una decisión inexistente del Tribunal Administrativo de Antioquia,
sino contra el auto proferido el 26 de noviembre de 2025 por el Juzgado 23
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante el cual se abstuvo de iniciar
el trámite del incidente de desacato.
27. Por consiguiente, el análisis de la Sala se concentrará en dicha decisión, al ser la
actuación que motivó el reproche constitucional.
28. Como fundamento de la vulneración alegada, la parte actora sostuvo que la
UARIV no ha dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de tutela, en tanto no
brindó una respuesta de fondo frente a la petición relacionada con la fecha cierta
para el pago de la indemnización administrativa que le fue reconocida. En ese orden,
se infiere que, en su criterio, el Juzgado 23 Administrativo Oral del Circuito de
Medellín no debió abstenerse de iniciar el trámite incidental, sino adoptar las
medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la orden de amparo.
29. Tales planteamientos resultan insuficientes para revelar, por sí mismos, la
existencia de un yerro en la providencia acusada, susceptible de comprometer los
derechos fundamentales que se invocan, por cuanto la discusión propuesta se
edificó sobre un entendimiento errado del contenido y el alcance de la orden de
amparo impartida en el proceso de tutela en cuestión.
30. Como se anotó, la sentencia de tutela cuyo cumplimiento se reclamaba delimitó
expresamente el objeto de la protección constitucional concedida. El juez de
conocimiento declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de
la pretensión relacionada con la indemnización administrativa, al considerar
satisfecho ese aspecto de la controversia en el curso del proceso. Así, el amparo
fue concedido únicamente en relación con la solicitud de ayudas humanitarias, frente
a la cual se evidenció la ausencia de una respuesta de fondo. Por esa razón, la
orden impartida a la UARIV se circunscribió exclusivamente a emitir una
contestación de fondo respecto de dicho asunto.
31. De esta manera, la valoración efectuada por el juzgador al abstenerse de iniciar
el incidente de desacato se fundó en la verificación del cumplimiento de la obligación
concreta impuesta en la sentencia de tutela, esto es, la relacionada con las ayudas
humanitarias, mas no con el pago de la indemnización administrativa.
32. En las condiciones anotadas, los cuestionamientos formulados por la tutelante no
tienen la entidad suficiente para evidenciar un defecto ostensible en la providencia
objeto de reproche que amerite protección constitucional.
33. El trámite incidental tiene por finalidad verificar el cumplimiento de las órdenes
efectivamente impartidas en la sentencia de tutela. De modo que si el aspecto
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
relacionado con el pago de la indemnización administrativa no fue objeto de
protección ni dio lugar a una orden específica a cargo de la entidad accionada, su
presunta insatisfacción no constituye, por sí sola, una razón válida para cuestionar
la decisión de abstenerse de aperturar el incidente de desacato.
34. Los planteamientos expuestos por la accionante no atacan propiamente la
conclusión a la que arribó el juez respecto del cumplimiento de la orden realmente
impartida. Así, se advierte que su propósito, en realidad, es extender el alcance de
la orden de tutela a aspectos que no fueron objeto de protección en la sentencia
respectiva, particularmente aquellos relacionados con la indemnización
administrativa.
35. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que la accionante no cumplió con la
carga argumentativa exigida para cuestionar una providencia judicial en sede de
tutela, lo que impone confirmar la sentencia del 10 de abril de 2026, a través de la
cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo, dada su falta de relevancia constitucional.
36. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 10 de abril 2026 por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado, conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE2
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
2
VF
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00780-01
Accionante: Alejandra María Agudelo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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