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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00781-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00781-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela para la protección del derecho de petición, por las razones anteriormente expuestas. SEGUNDO: NEGAR en los demás la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación:11001-03-15-000-2026-00781-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00781-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Libardo Andrés Álvarez Cortina.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Bolívar.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00781-00.
Asunto: Tutela contra autoridad judicial. Improcedencia de la protección
del derecho de petición cuando el asunto involucra un pronunciamiento
judicial. Inexistencia de la mora judicial alegada.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Libardo Andrés Álvarez Cortina en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió demanda
contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el fin de que le fuese reconocida la bonificación judicial como
factor salarial y, en consecuencia, se ordenara la reliquidación y pago de
sus prestaciones sociales con la inclusión de dicho emolumento.

1.2. El 28 de agosto de 2024, el Juzgado 404 Administrativo Transitorio
del Circuito de Cartagena dictó sentencia de primera instancia, la cual fue
apelada por la parte demandada.

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1.3. El 27 de noviembre de 2024, el expediente fue remitido al Tribunal
Administrativo de Bolívar para resolver la segunda instancia.

1.4. El 10 de diciembre de 2024, el magistrado Edgar Alexi Vásquez
Contreras manifestó impedimento para conocer del asunto.

1.5. El 10 de marzo de 2025, la parte aquí actora presentó apelación
adhesiva.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales porque “[…] desde el reparto del expediente en segunda
instancia, ocurrido el 27 de noviembre de 2024, hasta la fecha de hoy 3 de
febrero de 2026, han transcurrido más de catorce (14) meses, sin que se haya
adoptado decisión alguna sobre la admisión y trámite del recurso de apelación,
lo cual evidencia una mora judicial grave e injustificada […]”.

Comentó que el 10 de julio de 2025 se registró proyecto en sala de decisión;
sin embargo, hasta la fecha no se le ha notificado pese a que han transcurrido
más de siete meses.

Aseguró “[…] que en el presente caso se configura una MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA, pues han transcurrido más de 14 meses desde el reparto
del proceso en segunda instancia sin que se haya adoptado decisión alguna
sobre la admisión del recurso de apelación, más de 13 meses sin resolverse
el impedimento manifestado, y cerca de 7 meses desde el registro del
proyecto en sala sin que se haya notificado pronunciamiento alguno […]”.
[Negrillas originales del texto]

Finalmente, refirió que debido a la situación de mora judicial presentó solicitud
de vigilancia judicial, sin que haya podido obtener el impulso que requiere su
proceso.

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3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO. AMPARAR mis derechos fundamentales de PETICIÓN,
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SEGUNDO. ORDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL que, por
intermedio del despacho competente del Tribunal Administrativo de
Bolívar, adopte de manera inmediata las decisiones pendientes dentro del
proceso identificado con radicado 13001-33-33-015-2023-00110-01, en
especial las relacionadas con el impedimento y la admisión del recurso de
apelación […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. El 4 de febrero de 2026, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Cartagena remitió por competencia el presente expediente a esta Corporación.

2. Mediante auto de 16 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en calidad de tercero con interés directo en el
resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó negar las pretensiones de
amparo dado que no existió la vulneración de los derechos fundamentales
alegados por el actor.

Explicó el trámite interno de aprobación de las decisiones por parte de esa
corporación, a partir del cual refirió que el proceso objeto de la presente acción
constitucional fue estudiado en sala del 9 de julio de 2025 junto con otros 30
procesos que guardaban similitud al asunto debatido.

Comentó que la inclusión conjunta de todos los impedimentos en una misma
sala de decisión obedece al objetivo de que sean estudiadas por los

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magistrados en bloque, facilitando la revisión de asuntos similares,
especialmente en lo referente a temas como los impedimentos
correspondientes a la bonificación judicial de que trata el artículo 1 del Decreto
383 del 2013.

Refirió “[…] que internamente se realiza una organización de los proyectos que
retornan con aprobación, luego de discutirse aquellos en los que los demás
magistrados presenten observaciones, dudas o discrepancias. Solo una vez
culminada esta etapa, se determina qué proyectos fueron aprobados sin
observaciones y cuáles requieren aclaraciones, salvamentos de voto o
presentaron derrotas de ponencia, implicando trámites adicionales conforme a
dicha situación […]”.

Sostuvo que el impedimento fue declarado fundado mediante auto de 9 de julio
de 2025 y notificado el 19 de febrero de 2026.

Al respecto, señaló que si bien “[…] la deliberación superó el término normal
establecido por el Tribunal Administrativo, debido a que, en diferentes
decisiones, el Consejo de Estado ha improbado o aprobado los impedimentos
sometidos a su consideración, lo que ha generado la necesidad de realizar
diversas reuniones internas que permitieran concertar una decisión armónica
frente a lo pretendido […]”.

2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cartagena solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva dado que no
son las responsables del agravio alegado por el actor.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de

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conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) La procedencia de la protección del derecho petición ante
autoridades judiciales.

B) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales de
la parte actora con ocasión de la presunta mora judicial en el marco
del proceso con radicado 13001-33-33-015-2023-00110-01.

3. Caso concreto

3.1. De la protección del derecho de petición

En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, la Sala2 ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta
procedente por vía de acción de tutela cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues
para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido.

De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de
determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de diciembre de 2020, expediente número 11001-03-15-000-2020-04855-00. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre
de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00. Entre otras.

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judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

En el caso objeto de estudio, el actor solicitó la protección del derecho de
petición sin indicar la solicitud respecto de la cual se predica dicha vulneración;
sin embargo, si la misma deviene por la falta de pronunciamiento por parte del
Tribunal Administrativo de Bolívar respecto de la admisión del recurso de
apelación y de la apelación adhesiva el mecanismo de amparo resulta
improcedente para pretender la protección de dicho derecho fundamental por
cuanto involucra un asunto de índole judicial.

3.2. De la mora judicial alegada por el actor

La mora judicial ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”3 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la
administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones
procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios
a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

La Corte Constitucional4 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos
procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los
derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la
autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable,
también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no
sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para determinar
si esta es justificada o no, dado que es necesario que concurran determinadas
circunstancias para tenerla como injustificada5.

3 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017,

M.P.: María Victoria Calle Correa.
4 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
5 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017,

M.P.: María Victoria Calle Correa.

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Para establecer si el desconocimiento de los términos procesales, en un
asunto particular, conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el
debido proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible a la falta
de diligencia del funcionario encargado de la resolución del litigio.

Precisado lo anterior, se procede a examinar las actuaciones procesales
adelantadas dentro del expediente con radicación 13001-33-33-015-2023-
00110-01, en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los
presupuestos que configuran la mora judicial injustificada. Veamos:

• El 27 de noviembre de 2024, le correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Bolívar conocer del trámite de segunda instancia del
proceso promovido por el aquí actor.

• El 10 de diciembre de 2024, el doctor Edgar Alexi Vásquez Contreras
manifestó impedimento para conocer en segunda instancia del proceso
promovido por el aquí actor.

• Debido a la anterior manifestación de impedimento el expediente pasó
al despacho del doctor Jean Paul Vásquez Gómez el 11 de abril de 2025.

• Mediante auto de 9 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Bolívar declaró fundado el impedimento presentado por el doctor Edgar
Alexi Vásquez Contreras. En esa misma decisión el magistrado Jean
Paul Vásquez Gómez manifestó impedimento.

• La decisión anterior fue notificada el 19 de febrero de 2026.

Del anterior recuento procesal, la Sala advierte que no se ha configurado la
mora judicial alegada por la parte actora. Por el contrario, se observa que,
desde que el proceso le fue asignado en segunda instancia al Tribunal

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Administrativo de Bolívar se han adelantado las actuaciones correspondientes
dentro de un término razonable.
Por lo anterior, la Sala no advierte “[…] falta de diligencia y omisión sistemática
de los deberes del funcionario judicial […]”, ya que el proceso se le ha
impartido el trámite correspondiente.

De ahí que, si bien es cierto a la fecha no se ha resuelto sobre la admisión del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y de
la apelación adhesiva, ello no obedece a una mora judicial y mucho menos a
la desidia o negligencia de la autoridad judicial accionada, sino a las distintas
manifestaciones de impedimentos que se han presentado en el marco del
proceso objeto de cuestionamiento por esta vía constitucional.

Así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que la
autoridad judicial accionada no ha incurrido en mora judicial injustificada, razón
por la cual se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela para la
protección del derecho de petición, por las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: NEGAR en los demás la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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