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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00784-00

Fecha
6 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00784-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de tutela formulada por la señora Teresa Ordóñez de Bernal contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 13 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00784-00 Accionante: Diana Yulie Bernal Ordoñez como agente oficioso de María Teresa Ordóñez de Bernal Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F TERCERO. De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00784-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00784-001
Accionante : Diana Yulie Bernal Ordoñez como agente oficioso de María
Teresa Ordóñez de Bernal
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F
Vinculados : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Bogotá y Carmen
Adriana Roa Castañeda
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, sustitución pensional
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a decidir la acción de tutela formulada por la señora Teresa
Ordóñez de Bernal, quien actúa por conducto de agente oficioso, contra el fallo del
7 de octubre de 2025, proferido por la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela, y, finalmente, determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

3. La señora Teresa Ordóñez de Bernal, actuando por conducto de agente oficioso,
interpone el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al «DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, así como los derechos

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Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00784-00
Accionante: Diana Yulie Bernal Ordoñez como agente oficioso de María Teresa
Ordóñez de Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F

al MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL, DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD A TENER UNA VEJEZ DIGNA».

4. Por consiguiente, solicita lo siguiente:

[…] se ORDENE a los Magistrados de la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “F”
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que DECLAREN LA
NULIDAD ó DECLAREN SIN VALOR Y EFECTO ALGUNO la SENTENCIA de segunda
instancia proferida el 07 de octubre de 2025 la cual fue notificada a las partes en
diciembre de 2025, por falsa motivación o análisis equivocado de los argumentos de
apelación, esta no se analizó en el punto especifico de inconformidad por parte de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, sino
que dicha Corporación analizó lo atinente a los porcentajes y a la convivencia, cuestión
que no era el motivo de la apelación.

Así mismo solcito que se deje en firme la sentencia que profirió el JUZGADO
VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ, D.C. en la cual, de
acuerdo al material probatorio existente en el expediente analizó todo lo atinente a los
porcentajes, convivencia y demás, máxime si se tiene en cuenta que la demandada
señora CARMEN ADRIANA ROA CASTAÑEDA no presentó apelación frente a la
decisión, por lo que se deduce que está conforme con tal decisión.

1.3. Hechos2

5. Gabriel Alfonso Bernal Zalamea y María Teresa Ordóñez de Bernal son casados
por la iglesia católica y nunca hubo algún acto jurídico para la separación o divorcio
de ellos.

6. Gabriel Alfonso Bernal Zalamea falleció el 27 de febrero de 2021, razón por la
que, María Teresa Ordóñez de Bernal, por medio de apoderada, inició las
reclamaciones pertinentes ante la UGPP con el fin de obtener el reconocimiento
de la pensión de sobreviviente, petición que fue negada, en consideración a que
la que sobre dicha prestación se había presentado, también, solicitud de
reconocimiento por parte de la señora Carmen Adriana Roa Castañeda.

7. Ante tal circunstancia, inició la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado
Veinticinco Administrativo de Bogotá, despacho que, a través de providencia del

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00784-00
Accionante: Diana Yulie Bernal Ordoñez como agente oficioso de María Teresa
Ordóñez de Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F

29 de enero de 2025, ordenó reconocer y pagar la sustitución de la pensión de
vejez a la señora María Teresa Ordóñez de Bernal en un 70 % y a la señora
Carmen Adriana Roa Castañeda en un 30 %.

8. La UGPP recurrió el fallo de primera instancia, en recurso en el que argumentó
que que el juez de primera instancia omitió darle valor a una prueba necesaria y
pertinente en el caso, aportada por la litisconsorte denominada: “Escritura Publica
No 6812 de fecha 21/10/2019 de la Notaria 51 del Círculo de Bogotá donde se
evidencia una compraventa y en dicho documento se hace constar que la sociedad
conyugal entre el causante y la demandante esta LIQUIDADA” y señaló que, el
literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, exige que tanto los cónyuges como
los compañeros permanentes deben acreditar los supuestos de hecho previstos por
el legislador para que se proceda al pago de la prestación, toda vez que acoge un
criterio real o material como es la convivencia al momento de la muerte del
pensionado como el supuesto de hecho para determinar el beneficiario de la
pensión.

9. En atención a ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F mediante sentencia del 7 de octubre de 2025 revocó el
numeral segundo de la providencia recurrida y ordenó reconocer y pagar la
sustitución pensional en favor de la señora Carmen Adriana Roa Castañeda en un
100 %, por lo que negó las pretensiones de la señora María Teresa Ordóñez de
Bernal.

10. La accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en defecto procedimental, toda vez que, el recurso de apelación
interpuesto por la UGPP se dirigió a controvertir, exclusivamente, la distribución
de los porcentajes ordenados por el Juzgado respecto de la señora Ordóñez de
Bernal pero no el derecho a dicha prestación.

11. Agrega que, dicha decisión, quebranta sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a tener una vida y vejez digna, puesto que, cuenta con 79 años de edad,
padece hipertensión, hipertiroidismo con presencia de un nódulo benigno en

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Accionante: Diana Yulie Bernal Ordoñez como agente oficioso de María Teresa
Ordóñez de Bernal
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tiroides, artrosis degenerativa, venas varicosas en las piernas y demencia senil, y
depende económicamente de dicha prestación.

1.4. Contestaciones de la acción

12. La UGPP se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, bajo el argumento
que, la inconformidad planteada radica en un tema netamente económico, lo cual
hace inviable la procedencia de la acción de tutela, pues se trata de un mecanismo
excepcional para proteger los derechos fundamentales que en este caso no han
sido violentados porque el actuar de los despachos se ha dado en virtud de sus
obligaciones como jueces directores del proceso es por esto que tienen la dirección
del proceso y la potestad de adoptar medidas para garantizar la celeridad del
trámite.

13. El juez Veinticinco Administrativo de Bogotá señaló que, esa sede judicial,
al proferir sentencia de primera instancia, tuvo en cuenta el marco normativo legal
aplicable al caso concreto, particularmente, las sentencias C-336 de 2014 y T-683
de 2017 proferidas por la Corte Constitucional; del 20 de febrero de 2020 proferida
por el Consejo de Estado (radicado 05001-23-33-000-2017-02535-01) y del 10 de
mayo de 2017 (SL6519-2017) y del 29 de noviembre de 2009 (radicado 32393)
proferidas por la Corte Suprema de Justicia, según las cuales, para el
reconocimiento de la sustitución pensional, se requiere mantener el vínculo
matrimonial hasta el momento de la muerte, sin entrar a distinguir particularidades
respecto de la sociedad conyugal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

14. En virtud de los artículos 323 del Decreto Ley 2591 de 19914 y 255 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 20196 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
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Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

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Ordóñez de Bernal
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2.2. La acción

15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema Jurídico

16. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia
del 7 de octubre de 2025 mediante la cual, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, le negó el reconocimiento de la
pensión sustitutiva a la señora María Teresa Ordóñez de Bernal.

2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

17. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado4, es posible acudir a
la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

18. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

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relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

19. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

20. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

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contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos al mínimo vital, vida digna y debido proceso; (ii) se establecieron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores, (iii) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que no
transcurrieron más de 6 meses, incluso, desde la expedición de la sentencia objeto
de tutela (del 7 de octubre de 2025) y la radicación de la acción (30 de enero de
2026), y (iv) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.

21. Finalmente, en relación con el requisito de subsidiariedad, la Sala debe señalar
que, aunque la demandante, en principio, podría interponer el recurso extraordinario
de revisión contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca aduciendo la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, esto es, la
existencia de una nulidad originada en la sentencia por violación del principio de
congruencia, en este caso, las condiciones particulares de la accionante la ubican
en un plano de especial protección constitucional, debido a su avanzada edad, pues,
en la demanda manifiesta que cuenta con 79 años de edad, y a las condiciones de
salud que padece: hipertensión, hipertiroidismo con presencia de un nódulo benigno
en tiroides, artrosis degenerativa, venas varicosas en las piernas y demencia senil.

22. Estas particularidades, entonces, habilitan al juez constitucional para dar por
superado el requisito general de procedibilidad de la acción de tutela, puesto que,
el mecanismo que la accionante tiene a su alcance no es eficaz, dada la posible
prolongación en el tiempo del recurso extraordinario de revisión.

23. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto procedimental.

2.4.1. Defecto procedimental

24. Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay una
renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales» 6, es decir, se privilegian

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aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso
a la administración de justicia7.

25. La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737
de 2007, ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los
siguientes elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii)
que el defecto procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar
derechos constitucionales fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada, salvo que las propias circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como
consecuencia de lo anterior, se vulneran garantías superiores8; y (v) que no puede
ser atribuible al afectado el desconocimiento del procedimiento que se arguye 9.

26. Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación 10 también ha indicado que
el defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no
observa las formas propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al
autorizado (actúa por fuera de sus competencias), lo que implica exigir trámites o
requisitos que no corresponden, u omite adelantar etapas procesales en
desconocimiento del principio de legalidad y, por ende, del derecho fundamental al
debido proceso de las partes intervinientes.

2.4.2. Caso concreto

27. De cara a resolver el planteamiento formulado por la accionante en esta sede
constitucional, relativo a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
defecto procedimental porque excedió el marco de la apelación formulada por la
UGPP, en contravía del artículo 328 del CGP, que dispone que el juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, es pertinente verificar el recurso interpuesto, en su momento, por la
referida entidad.

28. Al efecto, en la alzada, la UGPP alegó lo siguiente:

«En el debate probatorio, las mencionadas solicitantes allegaron pruebas
documentales que acreditaban convivencia con el causante señor Gabriel Alfonso
Bernal Zalamea, la demandante en calidad de cónyuge y la Litisconsorte como

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compañera permanente, adicional a ello, de los testigos practicados se evidencia que
existió una convivencia simultanea pero aclarando que fue con la litisconsorte señora
Carmen Roa con quien convivió el causante de forma permanente compartiendo
lecho, techo y mesa durante sus últimos años de vida en la ciudad de Girardot.

Teniendo en cuenta lo anterior, resalto que el juez de primera instancia omitió darle
valor a una prueba necesaria y pertinente en el caso, aportada por la litisconsorte
denominada: “Escritura Publica No 6812 de fecha 21/10/2019 de la Notaria 51 del
Círculo de Bogotá donde se evidencia una compraventa y en dicho documento se
hace constar que la sociedad conyugal entre el causante y la demandante esta
LIQUIDADA”.

Se debe recordar que el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, exige que
tanto los cónyuges como los compañeros permanentes deben acreditar los supuestos
de hecho previstos por el legislador para que se proceda al pago de la prestación,
toda vez que acoge un criterio real o material como es la convivencia al momento de
la muerte del pensionado como el supuesto de hecho para determinar el beneficiario
de la pensión.

Vale la pena recordar que el H. Consejo de Estado precisó que la convivencia efectiva
al momento de la muerte del pensionado constituye el hecho que legitima la
sustitución pensional, además, aclaró que la otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario verificar a cabalidad dicha prueba
documental ya que si existe una disolución y/o liquidación de la sociedad conyugal la
demandante no podría ser beneficiaria de la prestación pensional.

Así las cosas, solicito al H. Tribunal revisar en su totalidad la sentencia proferida y
modificar los porcentajes dispuesto en primera instancia».

29. Teniendo en cuenta los argumentos referidos, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca abordó el análisis de la siguiente forma:

«De lo expuesto, la Sala puntualiza que la inconformidad de la entidad recurrente no
versa sobre el reconocimiento o no de la sustitución pensional, pues nada manifestó
frente a la valoración efectuada en la sentencia recurrida frente al derecho reclamado
por la señora Carmen Adriana Roa Castañeda en su calidad de compañera
permanente. Por el contrario, el recurso versa sobre el derecho reconocido a la señora
María Teresa Ordóñez de Bernal lo cual llevaría a que se acrecentara el porcentaje
reconocido a la demandante en reconvención.

Así las cosas, de conformidad con los limites señalados en precedencia frente al
alcance del recurso de apelación, se tiene que el análisis del caso debe efectuarse
frente al derecho que le asiste a la señora María Teresa Ordóñez de Bernal, por lo
que el estudio debe centrarse en las pruebas aportadas con la demanda principal.

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De acuerdo con lo expuesto, se tiene que en efecto a través de la Escritura Pública
No. 345 del 27 de febrero 1997 perfeccionada en la notaría 17 del círculo de Bogotá,
los señores María Teresa Ordóñez de Bernal y Gabriel Alfonso Bernal Zalamea
liquidaron su sociedad conyugal y asignaron las hijuelas que correspondían a cada
uno, sin que se hiciera alusión alguna al estado de su matrimonio o estado civil, es
decir que en principio se advierte que no disolvieron su vínculo matrimonial y por el
contrario convivieron en forma continua para el periodo comprendido entre los años
1966 hasta 1992, tiempo durante el cual la demandante principal dependió
económicamente del causante debido a que no contaba con un trabajo y su rol en el
matrimonio se desarrolló con ocasión de las labores del hogar, por lo que a pesar de
que la convivencia pudo verse interrumpida desde el año 1992 el demandante
continuó aportando económicamente para la subsistencia de su cónyuge y sus hijos.

En este punto, la Sala aclara, que no es posible confundir los efectos que tiene el
divorcio o la separación de cuerpos con la liquidación de la sociedad conyugal, pues
estas figuras no tienen la misma relevancia en el momento de analizar el estado civil
de las personas y los requisitos para ser beneficiario de una pensión de
sobrevivientes. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-041 de 2021
analizó el impacto que la liquidación de la sociedad conyugal puede tener en el
momento de solicitar el reconocimiento de una sustitución pensional, en los siguientes
términos:

(…)

De lo anterior se concluye que, si bien no se aportaron pruebas suficientes que
rebatieran la permanencia del vínculo marital existente entre la señora María Teresa
Ordóñez de Bernal y el causante, no se demostró en forma inequívoca que la
convivencia y el apoyo mutuo se haya extendido hasta los últimos 5 años de vida del
señor Bernal Zalamea, pues a pesar de que la demandante y sus hijas manifestaron
que la disolución de la sociedad conyugal se trató de un acto simulado para proteger
los bienes de la familia ante una posible condena penal en contra del causante
(situación que no se probó con un documento idóneo que permita desvirtuar la validez
de dicho acto), no debe perderse de vista que esta figura imponía a la cónyuge
demostrar su convivencia efectiva durante el referido periodo de tiempo para ser
beneficiaria de la prestación pretendida. Al respecto, se resalta que los testimonios
no fueron claros en cuanto a la forma en que efectivamente se materializó esta
situación, pues para este periodo el causante residía en Girardot y los encuentros
familiares resultaban ocasionales en sedes vacacionales de COMFACUNDI, sin que
les constara las condiciones en las que vivía el actor en dicha ciudad, pues, todos
fueron coincidentes en que nunca visitaron el lugar donde residía. Adicionalmente, de
las afirmaciones realizadas, se extrae que, en los últimos 5 años, el señor Bernal
Zalamea, se desplazó a la ciudad de Bogotá principalmente por razones de salud y
eran sus hijas y yerno quienes se en principio se hacían cargo de él, sin que se hayan
aportado pruebas del apoyo mutuo y afectivo que se predicaban como pareja con la
señora Teresa Ordóñez de Bernal para ese periodo específico de tiempo, fuera del
trato normal derivado del vínculo familiar que aun persistía y las obligaciones
económicas que habían pactado. en este sentido, se destacan las siguientes
afirmaciones extraídas de lo dicho por la demandante en el interrogatorio rendido:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00784-00
Accionante: Diana Yulie Bernal Ordoñez como agente oficioso de María Teresa
Ordóñez de Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F

• Conocía al causante desde que tenía doce (12) años, dado que eran primos, además
contrajeron matrimonio y permanecieron casados durante cincuenta y cinco (55)
años, hasta su fallecimiento.

• Al causante le gustaba leer, practicar yoga y meditar, actividades que realizaba en
un cuarto destinado a ello.

• Existía cercanía con sus padres y hermanas, con quienes convivieron durante una
época.

• Residieron en Girardot, lugar al cual se trasladaron debido a que el causante
trabajaba en la “entidad de impuestos nacionales”. Allí adquirieron una casa que
permaneció a nombre del señor Bernal Zalamea. Posteriormente, cuando los hijos
culminaron sus estudios de bachillerato, la demandante se trasladó a Bogotá para
acompañarlos durante la etapa universitaria, circunstancia que fue acordada con el
causante.

• Durante ese tiempo vivió en arriendo en Bogotá, mientras el señor Bernal Zalamea
respondía económicamente por los estudios de las hijas, quienes lograron terminar
sus carreras profesionales.

– El causante permaneció en Girardot en la casa adquirida, aunque más adelante la
vendieron y él se trasladó a diversos lugares, realizando viajes ocasionales en
compañía de su familia.

• Afirmó no haber conocido a ninguna compañera permanente del causante, salvo
hasta el momento de su fallecimiento.

• En determinado momento el causante arrendó una pieza donde residía con una
persona que le colaboraba en el trabajo de declaraciones de renta.

• Una vez los hijos culminaron su formación académica, el causante no regresó a
Bogotá porque no soportaba el clima frío, mientras que ella se quedó en la ciudad
para estar pendiente de sus hijas. Indicó que todos los hijos conformaron hogares
independientes.

• Sobre las visitas, narró que el causante viajaba a Bogotá y se quedaba durante una
temporada, mientras que ella solo acudía a verlo cuando sus hijas la llevaban.

– Aseguró que nunca trabajó y que el sostenimiento de la casa dependía de la pensión
del causante, quien además ayudaba económicamente a las hijas. - Explicó que, al
pensionarse, el causante instaló una oficina donde realizaba declaraciones de renta.

• Señaló que nunca se separaron y que las celebraciones familiares, como los
cumpleaños, se realizaban en Comfacundi, sin asistir a la vivienda donde él residía,
ya que, según sus palabras, esta consistía en “una pieza”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00784-00
Accionante: Diana Yulie Bernal Ordoñez como agente oficioso de María Teresa
Ordóñez de Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F

• Respecto de la salud del causante, refirió que padeció de cálculos en la vesícula y
fue operado en la Clínica Colombia, donde ella lo acompañó durante la
hospitalización, aunque aclaró que nunca se quedó en la clínica durante las noches.

• Narró que, finalmente, el causante contrajo COVID-19 en Girardot, fue remitido a
Bogotá y falleció a causa de la enfermedad. Indicó que fue cremado en Girardot en
marzo de 2021. y no asistió a las exequias porque estaba delicada de salud, aunque
sí lo hicieron los hijos y un nieto.

• Precisó que la sucesión del causante no arrojó bienes, salvo la pensión, y agregó
que reside en Bogotá desde hace quince (15) o veinte (20) años, aunque no recordó
con exactitud la fecha, y que actualmente habita un apartamento de dos habitaciones.

• Finalmente, manifestó que es propietaria de una casa ubicada en la Carrera 83 A
No. 75-50, casa 24, la cual adquirió después del fallecimiento del causante,
compraventa que se realizó con recursos obtenidos de la venta de la vivienda que
habían tenido inicialmente, y que el inmueble se registró a su nombre por voluntad
del causante.”

De lo expuesto, la Sala mayoritaria reitera que, si bien, en las controversias entre
compañera permanente y cónyuge, esta última se encuentra facultada para acreditar
una convivencia de 5 años en cualquier momento, dicha situación varía cuando la
sociedad conyugal se disuelve (como ocurrió en el asunto bajo estudio), pues en este
caso, la convivencia debe extenderse hasta los 5 últimos años de vida del causante,
por lo que al no encontrarse acreditado en el plenario tal situación, es claro que no le
asiste derecho alguno a la señora María Teresa Ordóñez de Bernal frente a la
prestación reclamada. Esto, por cuanto a pesar de haber convivido durante un periodo
con el señor Bernal Zalamea y mantener su vínculo marital vigente, no desvirtuó la
legalidad de la disolución atrás referida y por esta razón se encontraba obligada a
demostrar en forma inequívoca la condición de tiempo anotada, lo cual no ocurrió
pues a pesar del apoyo económico que manifestó recibir y la afiliación a la EPS, como
beneficiaria, esta situación por si sola no suplen las condiciones de convivencia
requeridas.

Así las cosas, para la Sala Mayoritaria es claro que la valoración efectuada por el a
quo no fue acertada por cuanto no tuvo en cuenta la carga probatoria que la figura de
disolución de la sociedad conyugal le imponía a la señora María Teresa Ordóñez de
Bernal, específicamente en cuanto al periodo de convivencia y en este sentido será
revocado el fallo impugnado.»

30. En el contexto descrito, es claro para esta Sala de Subsección que, contrario a
lo que se afirma en la demanda de tutela, el Tribunal no excedió el marco de la
apelación propuesta por la UGPP puesto que, dicha entidad, en su escrito, solicitó
concretamente valorar la prueba aportada al proceso relacionada con la posible
disolución de la sociedad conyugal entre el causante y la hoy accionante.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00784-00
Accionante: Diana Yulie Bernal Ordoñez como agente oficioso de María Teresa
Ordóñez de Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F

31. Así las cosas, debe recordarse que aun cuando la prueba relacionada con la
liquidación de la sociedad conyugal hubiere sido aportada por la compañera
permanente del causante, una vez fue decretada e incorporada al plenario, pasó a
pertenecer al proceso y no a la parte que la adujo, en virtud del principio de
comunidad de la prueba. Por tanto, el hecho que aquella no presentara recurso de
apelación para que se tuviera en cuenta dicho elemento, no le impedía a la UGPP
solicitar la valoración de la misma pues, se trata de un elemento de convicción que
fue debidamente incorporado al proceso y sobre lo cual, no se plantea irregularidad
alguna en esta sede constitucional.

32. Así las cosas, la Sala descarta la vulneración del principio de congruencia, en
tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre el reproche
formulado por la UGPP, como apelante de la sentencia de primera instancia.

III. DECISIÓN

33. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, no se
acredita la vulneración ius fundamental alegada, por lo que, se negará el amparo
constitucional deprecado por la señora María Teresa Ordónez de Bernal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de tutela formulada por la señora Teresa Ordóñez
de Bernal contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00784-00
Accionante: Diana Yulie Bernal Ordoñez como agente oficioso de María Teresa
Ordóñez de Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F

TERCERO. De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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