Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00786-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00786-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00786-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00786-00
Accionante: LUZ DARY RAMÍREZ ZULUAGA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTROS
Temas: Derecho fundamental de petición, derecho de acceso a la
administración de justicia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Batallón Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», el
Consejo Superior de la Judicatura y el Tribunal Administrativo de Antioquia. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 6 de febrero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia, y por auto de 23 de febrero de este año, se dictó auto para mejor
proveer3.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Luz Dary Ramírez Zuluaga, por conducto de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Batallón
Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 “Juan del Corral”, el Consejo Superior de
la Judicatura y el Tribunal Administrativo de Antioquia. Con la solicitud de amparo
pretende que se le proteja el derecho fundamental de petición y el acceso a la
información.
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó a los accionados y se
dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3
En este, se ordenó vincular como tercero con interés al Comando General de las Fuerzas
Militares del Ejército Nacional – Grupo de Caballería Juan del Corral, a la dirección de correo
electrónico gmcor@ejercito.mil.co.
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Accionante: Luz Dary Ramírez Zuluaga
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
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2. En concreto, solicitó lo siguiente:
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales de petición y acceso a la
información, en conexidad con el derecho a la verdad, de la señora Luz Dary
Ramírez Zuluaga, los cuales fueron vulnerados por el Batallón Grupo de Caballería
Mecanizado No. 4 “Juan del Corral”.
SEGUNDO. Ordenar al Batallón Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 “Juan del
Corral” que en un término de dos (02) días, suministre de manera completa, clara
y precisa la información solicitada mediante derecho de petición presentado el 26
de noviembre de 2025, teniendo en cuenta que los hechos consultados ocurrieron
hace más de veintiún (21) años, por lo que no se encuentra vigente la reserva
legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014.
TERCERO. En el evento de que la entidad accionada considere que la información
solicitada aún se encuentra sometida a reserva legal, ordenar que dicha negativa
sea debidamente motivada, cumpliendo estrictamente con los requisitos legales y
jurisprudenciales, en especial lo previsto en la Ley 1755 de 2015, la Ley 1712 de
2014 y el Decreto 1081 de 2015, indicando de manera expresa las razones fácticas
y jurídicas que sustenten la reserva invocada.
1.2. Hechos
3. El 26 de noviembre de 2025 la tutelante radicó una petición dirigida al
Comando General de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional, Grupo de
Caballería «Juan del Corral», en la que solicitó:
PRIMERO: Informar qué batallón tenía jurisdicción en los municipios de Marinilla y
El Santuario para el año 2004.
SEGUNDO: Informar si durante el año 2004 se desarrollaron operaciones
militares, patrullajes o actividades de control territorial en las zonas rurales o
urbanas de los municipios de Marinilla y El Santuario, precisando las unidades que
participaron y las fechas aproximadas en las que se llevaron a cabo dichas
actuaciones.
TERCERO: Informar si la Cuarta Brigada cuenta con registros o informes remitidos
a otras autoridades relacionados con hechos de violencia en la zona de Marinilla y
El Santuario durante el año 2004.
CUARTO: Informar que Juzgado Penal Militar contaba con jurisdicción para las
investigaciones derivadas del Batallón o unidades militares para la fecha de los
hechos.
4. Lo anterior, con el fin de obtener información sobre los hechos en los que
falleció Luis Franco Aristizabal el 21 de marzo de 2004, su entonces compañero
permanente.
5. Mediante respuesta PQRSD 126-5191 del 3 de diciembre de 2025, el
referido Comando General dio respuesta, en la que le indicó frente al punto dos,
que lo pedido gozaba de reserva legal «de conformidad a los parámetros
contemplados en el artículo 74 de la Constitución Política, el artículo 27 de la Ley
594 de 2000, el artículo 24 numeral 2 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo».
6. Con ocasión de ello, mediante correo electrónico del 9 de diciembre de
2025, la parte actora interpuso recurso de insistencia, en el que manifestó que,
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de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014 el término máximo de
reserva de documentos relacionados con defensa y seguridad nacional es de 15
años. Así, dado que la información solicitada es de 2004, ya no está sometida a
reserva.
7. Además, puso de presente que la respuesta dada no cumple con los
requisitos del artículo 25 de la Ley 1755 de 2015 para invocar reserva legal, toda
vez que la autoridad peticionada «no indicó las disposiciones legales en las
cuales se amparaba la reserva, […] tampoco justificó de que forma la información
solicitada constituye información de inteligencia y contrainteligencia».
1.3. Sustento de la vulneración
8. La accionante sostuvo que se vulneró su derecho fundamental de petición
y el acceso a la información, toda vez que no obtuvo respuesta de fondo sobre lo
solicitado con fundamento en que los datos tienen reserva legal.
9. Indicó que hubo un indebido uso de la reserva legal en contravía de lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014 porque la autoridad se limitó
a mencionar las normas sin sustento, y que no se remitió el recurso de insistencia
para que fuera tramitado por la autoridad judicial competente.
10. Aludió que la respuesta brindada no cumple tampoco los presupuestos del
artículo 25 de la Ley 1755 de 2015, toda vez que no relacionó las disposiciones
en las que soporta la reserva, ni explicó por qué la información pedida hace parte
de los datos de inteligencia y contrainteligencia.
1.4. Intervenciones
11. El Consejo Superior de la Judicatura pidió que se le desvincule de la
tutela, toda vez que no hay prueba ni manifestación alguna relacionada con que
recibió la petición cuya falta de respuesta motivó la solicitud de amparo.
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó ser desvinculado, dado
que no encontró proceso alguno relacionado con los hechos de la tutela, ni en el
que funja como parte procesal Luz Dary Ramírez Zuluaga.
13. El Grupo de Caballería Mediano Nro. 4 «Juan del Corral» solicitó que
se le desvincule por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que ha
adelantado las actuaciones administrativas necesarias para garantizar el derecho
fundamental de petición en los términos indicados por la ley. Aclaró que ha
atendido todas las solicitudes presentadas por el apoderado de la peticionaria y
que los «documentos solicitados» están sujetos a reserva de conformidad con el
artículo 33 de la Ley 1621 de 2013.
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II. CONSIDERACIONES
14. La Sala amparará los derechos fundamentales de petición y de acceso a
la información, por las razones que pasan a exponerse.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
15. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto
2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la
causa por activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la
subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una
condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo4.
16. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
17. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
18. La accionante está legitimada en la causa por activa, al ser quien envió la
petición del 26 de noviembre de 2025, cuya ausencia de respuesta por reserva
legal motivó la presente solicitud de amparo.
19. Por otra parte, se evidencia que el Ministerio de Defensa Nacional –
Batallón Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», está
legitimado en la causa por pasiva porque fue la autoridad que recibió la petición
a cuya falta de respuesta se le atribuye la vulneración del derecho fundamental
de petición y la omisión de remitir el recurso de insistencia presentado por la
tutelante. En ese sentido, se negará su solicitud de desvinculación.
20. Finalmente, se desvinculará al Consejo Superior de la Judicatura y al
Tribunal Administrativo de Antioquia ya que no hay relación alguna entre las
funciones de estas autoridades y los hechos y fundamentos a los que se les
adjudica la vulneración de derechos fundamentales expuesta en la demanda de
tutela, por lo que no hay razón alguna que permita mantenerlos dentro de los
4
Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
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sujetos procesales.
21. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental5.
22. Se cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la interposición
de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual se deriva la
presunta vulneración del derecho fundamental indicado, que consiste en la falta
de respuesta de fondo y el trámite del recurso de insistencia sobre la petición del
26 de noviembre de 2025.
23. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales6: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo7 y eficaz8 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.
24. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que
la parte tutelante no cuenta con otros mecanismos judiciales para solicitar la
protección de su derecho fundamental de petición y el acceso a la información.
Lo anterior, si se considera que a la parte actora le fue negada la información
pedida con base en que está sujeta a reserva legal, sin que se haya tramitado el
recurso de insistencia que presentó con posterioridad.
2.1.2. Estudio sobre el derecho fundamental de petición
25. Debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 1755 de 2015 el término para dar respuesta a las peticiones es de 15 días.
Además, aquella debe ser resuelta de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. En palabras de la Corte Constitucional:
[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse
libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial
de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego,
este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
5
Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
6
Sentencia T-183 de 2024.
7
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
8
Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial
está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
5
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pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada9.
26. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»10.
27. Con tales apreciaciones, la Sala deberá determinar si el Ministerio de
Defensa Nacional – Batallón Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del
Corral», que fue la autoridad ante la que se radicó la solicitud del 26 de noviembre
de 2025, vulneró el derecho fundamental de petición.
28. Como viene de verse, el 26 de noviembre de 2025, la parte tutelante
presentó una petición ante el Ministerio de Defensa Nacional – Batallón Grupo
de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral» contentiva de 4 puntos, frente
a la que se emitió una respuesta que, desde la perspectiva de la tutelante, no fue
de fondo, principalmente porque le negó el acceso a la información con
fundamento en que los datos pedidos están sometidos a reserva legal, motivo
por el que radicó un recurso de insistencia que aparentemente no fue tramitado.
29. Cabe destacar que, de la revisión del material aportado con el escrito de
tutela, se advirtió que de los 4 puntos relacionados en la petición, solamente fue
respecto del segundo que se negó la información por presuntamente estar
sometida a reserva legal.
30. Ahora bien, la respuesta a la petición del 26 de noviembre de 2025 fue
notificada por correo electrónico del 3 de diciembre de 2025 a la accionante, de
conformidad con el material aportado con el escrito de tutela, por lo que el
requisito de la notificación oportuna se entiende satisfecho teniendo en cuenta la
fecha de presentación de la petición.
31. Así las cosas, se entrará a analizar la respuesta dada por la entidad frente
a los tres puntos sobre los que hubo contestación de fondo, con el fin de evaluar
si se encuentra vulnerado el derecho de petición. Por último, se estudiará si se
remitió el recurso de insistencia presentado por la tutelante relacionado con la
información que se le negó por reserva legal, para establecer si hay lugar al
amparo constitucional reclamado.
32. En ese sentido, la Sala pasará a estudiar si los tres puntos respondidos
cumplen con los criterios del derecho fundamental de petición, o si, por el
contrario, procede el amparo constitucional por ausencia de estos.
9
Sentencia T-149 de 2013.
10
Ibídem.
6
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Solicitud Respuesta
PRIMERO: Informar qué batallón tenía «Para el año 2004, los municipios de
jurisdicción en los municipios de Marinilla Marinilla y El Santuario se encontraban
y El Santuario para el año 2004. bajo la jurisdicción territorial y operacional
del Grupo de Caballería Mecanizado No.
4 Juan del Corral.»
33. La respuesta dada frente al primer cuestionamiento de la parte actora
cumple con los criterios de ser clara, de fondo y congruente con lo pedido, dado
que responde cuál batallón tenía jurisdicción en los municipios de Marinilla y El
Santuario en 2024.
Solicitud Respuesta
TERCERO: Informar si la Cuarta Brigada «Se aclara que el Grupo de Caballería
cuenta con registros o informes remitidos Mediano No 4 Juan del Corral, en su
a otras autoridades relacionados con calidad de unidad táctica, no es la
hechos de violencia en la zona de instancia encargada de consolidar o
Marinilla y El Santuario durante el año custodiar información general sobre
2004. hechos de violencia en la jurisdicción,
función que corresponde a unidades de
nivel superior o a las autoridades
judiciales y administrativas
responsables.»
34. En la mencionada respuesta se dejó en claro que el Grupo de Caballería
Mediano Nro. 4 «Juan del Corral» no cuenta con registros o informes
relacionados con hechos de violencia en la jurisdicción, porque tal actuación es
ajena a sus competencias.
35. Se resalta que la solicitud acá relacionada se limitó a indagar sobre los
registros o informes existentes en la Cuarta Brigada relacionados con hechos de
violencia en los municipios de Marinilla y El Santuario, por lo que, ante la
inexistencia de estos en el referido cuerpo militar, la respuesta dada por la entidad
está directamente relacionada con lo pedido sin que haya lugar a que se indague
al respecto en otros batallones o brigadas y se entiende que fue clara, de fondo
y congruente.
Solicitud Respuesta
CUARTO: Informar qué Juzgado Penal «se precisa que conforme al artículo 221
Militar contaba con jurisdicción para las de la Constitución Política y la normativa
investigaciones derivadas del Batallón o vigente en esa época, la Justicia Penal
unidades militares para la fecha de los Militar solo conoce de hechos atribuibles
hechos. a miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo y relacionados
directamente con el servicio. Dado que los
hechos narrados en la solicitud refieren
actuaciones de grupos paramilitares, la
competencia recae exclusivamente en la
jurisdicción penal ordinaria, como lo
asumió la Fiscalía Seccional 111 de
Marinilla, que adelantó la investigación
previa 5055, archivada el 19 de
noviembre de 2004.»
7
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36. En este punto, la solicitud de la actora tiene como objeto conocer el
organismo judicial con competencia para investigar penalmente los hechos en los
que estuviera involucrado el Batallón o las unidades militares que operaban en el
municipio de Marinilla en 2004.
37. En cuanto a la respuesta dada, se observa que la entidad le informó que,
de acuerdo con los supuestos fácticos de la petición, es la jurisdicción ordinaria
la encargada de adelantar la investigación penal respecto de los actos endilgados
a grupos paramilitares, y que, en particular el hecho lo asumió la Fiscalía
Seccional 111 de Marinilla.
38. En ese sentido, la respuesta analizada es de fondo y congruente con lo
solicitado, en la medida en que le permitió saber a la accionante que la
investigación penal sobre los hechos que indaga es de competencia de la
jurisdicción ordinaria, aunque se investigue penalmente por ello al Batallón o a
las Unidades Militares.
39. En conclusión, en lo que atañe a los 3 puntos hasta acá analizados se
encuentra que la autoridad peticionada emitió una respuesta de fondo, clara y
congruente con lo solicitado; y la notificó dentro de la oportunidad legal, por lo
que no es procedente acceder al amparo del derecho de petición.
2.1.3. Sobre la información respecto de la que se alegó reserva legal
40. Ahora bien, en relación con el segundo punto de la petición, se advierte
que la vulneración adjudicada por la parte actora radica en que la autoridad le
negó la información con fundamento en que estaba sujeta a reserva legal, pero
no atendió lo que dispone el artículo 25 de la Ley 1755 de 2015 cuando se invoca
dicha excepción, aunado a que no remitió su recurso de insistencia ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Solicitud Respuesta
SEGUNDO: Informar si «se encuentras amparado bajo RESERVA LEGAL de
durante el año 2004 se conformidad a los parámetros contemplados en el
desarrollaron operaciones artículo 74 de la Constitución Política, el artículo 27 de
militares, patrullajes o la Ley 594 de 2000, el artículo 24 numeral 2 del
actividades de control [CPACA] y su decreto reglamentario 857 de 2014 […];
territorial en las zonas rurales sin embargo, cabe aclarar que la le Ley 1437 de 2011,
o urbanas de los municipios modificada por la Ley 1755 de 2015, también ha
de Marinilla y El Santuario, establecido que la reserva aquí indicada no es
precisando las unidades que oponible a las autoridades judiciales y por lo tanto si
participaron y las fechas en desarrollo de un proceso judicial o administrativo
aproximadas en las que se es solicitado como prueba, este deberá ser remitido
llevaron a cabo dichas como lo contempla el artículo 27 […].
actuaciones.
Adicionalmente, es pertinente aclarar que la solicitud
relacionada con las unidades militares que
presuntamente desarrollaron operaciones en el sector
no es concreta ni guarda relación con los hechos
descritos en la PQRS, toda vez que el relato
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presentado por la peticionaria refiere acciones
atribuidas a grupos armados organizados al margen
de la ley […]. En consecuencia, no es procedente
emitir información táctica o identificar unidades
militares sobre hechos que no corresponden a
operaciones del Ejército Nacional ni están
relacionados con el servicio.»
41. Frente al primer reproche, se advierte que el artículo 25 de la Ley 1755 de
2015 indica que «[t]oda decisión que rechace la petición de informaciones o
documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales
que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá
notificarse al peticionario.».
42. De la revisión de la respuesta dada por la autoridad peticionada se
encuentra que indicó las normas en las que sustenta la reserva legal de la
información solicitada.
43. Por otra parte, la peticionaria radicó mediante correo electrónico del 9 de
diciembre de 2025, en el mismo mensaje de datos a través del que le fue
notificada la respuesta a su petición, la siguiente solicitud de insistencia:
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44. Cabe destacar que el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 regula la figura
de «insistencia del solicitante en caso de reserva», sobre la que tiene
competencia en este caso el Tribunal Administrativo de Antioquia, al ser la
autoridad peticionada del orden nacional. Además, de conformidad con la norma
en mención, el recurso se tramita por parte del funcionario respectivo con el envío
de la documentación a la autoridad judicial competente para que lo resuelva
dentro de los diez días siguientes.
45. Sobre el recurso de insistencia se pronunció la Corte Constitucional en el
sentido de indicar que es un procedimiento constitucional y sumario «para hacer
efectivo el derecho a la información»11, cuando quien interpone la petición
considera que la administración no lo satisfizo, además de ser el mecanismo
judicial procedente e idóneo por ser «el proceso de única instancia a través del
cual se decide de manera definitiva sobre la validez de la restricción al acceso de
los documentos públicos»12.
46. Así las cosas, el único mecanismo judicial para obtener la información que
le fue negada a la actora por presunta reserva legal, con el que cuenta, en caso
de tener derecho de acceder a esta y del que hizo uso, es el recurso de
insistencia, frente al cual no se manifestó de forma alguna el Grupo de Caballería
Mediano Nro. 4 «Juan del Corral».
47. Al respecto, a partir del material obrante en el expediente se extrae que se
vulneró el derecho de acceso a la información de Luz Dary Ramírez Zuluaga, al
no haber prueba que constate el envío efectivo de su recurso de insistencia ante
el Tribunal Administrativo de Antioquia por parte del Ministerio de Defensa
Nacional – Batallón Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral»,
pese a que la accionante lo radicó dentro del término que dispone el artículo 26
del CPACA.
48. Por ende, se amparará el derecho de acceso a la administración de justicia
de la actora, el cual para el caso solamente se satisface con el envío del recurso
de insistencia que presentó ante el Ministerio de Defensa Nacional – Batallón
Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», en procura de que se
determine si lo que pidió en el punto 2 de su petición goza de reserva legal como
lo indicó la autoridad peticionada.
2.1.4. Conclusión
49. Se negará el derecho de petición de Luz Dary Rodríguez Zuluaga, toda
vez que la respuesta dada a su petición frente a los puntos 1, 3 y 4 fue de fondo,
clara y congruente con lo solicitado, aunado a que se le notificó dentro de la
oportunidad legal correspondiente.
11
Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014.
12
Corte Constitucional, sentencia T-043 de 2022.
10
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00786-00
50. No obstante, amparará el derecho de acceso a la administración de
justicia, por lo que se le otorgan cuarenta y ocho (48) horas al Ministerio de
Defensa Nacional – Batallón Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del
Corral», para que remita el recurso de insistencia presentado por la actora, al
Tribunal Administrativo de Antioquia – reparto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de Luz Dary Ramírez Zuluaga. En consecuencia, ORDENAR al Ministerio
de Defensa Nacional – Batallón Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan
del Corral», que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión remita el recurso de insistencia presentado por Luz
Dary Ramírez Zuluaga al Tribunal Administrativo de Antioquia – reparto, para lo
de su competencia.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: DESVINCULAR del trámite constitucional al Consejo Superior de la
Judicatura y al Tribunal Administrativo de Antioquia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Luz Dary Ramírez Zuluaga
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00786-00
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
12
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