Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00787-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00787-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00787-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00787-011
Demandante : Diana Teresa Salazar Correa
Demandado : Tribunal Administrativo de Risaralda
Vinculados : Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Secretaría de
Educación de Risaralda y el departamento de Risaralda
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela
incoada por Diana Teresa Salazar Correa contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
3. La señora Diana Teresa Salazar Correa, quien actúa a través de apoderada
judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00787-01
Demandante: Diana Teresa Salazar Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
4. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 21 de agosto de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la providencia de
19 de diciembre de 2024, en la que el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira
negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el
departamento de Risaralda (expediente 66001-33-33-002-2024-00278-00/02). En
su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión
«[…] con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera
concreta [su] situación particular […] a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria
y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico».
1.3 Hechos2.
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por
la accionante, se puede evidenciar que, el 15 de agosto de 2024 instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el departamento de Risaralda (expediente 66001-33-33-
002-2024-00278-00/02), encaminada a obtener la anulación del oficio sin
radicado del 28 de febrero de 2024 y el Acto Ficto o presunto, proferidos por el
Ministerio de educación Nacional y la Secretaría de Educación de Risaralda
respectivamente; a través de los cuales se negó «[…] en primer lugar, la inaplicación
por ilegalidad del Decreto expedido en el año 2024 que fijó la escala salarial del personal docente;
y, en segundo lugar, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades demandadas. En consecuencia, solicitó se ordenara el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales causadas durante los últimos tres (3) años anteriores a la presentación de
la reclamación administrativa, en virtud de la configuración del fenómeno prescriptivo, así como
de las que se causen hacia el futuro».
6. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Segundo Administrativo de
Pereira que, el 19 de diciembre de 2024 negó las pretensiones, al estimar que
«[f]rente a los fundamentos antes expuestos, podria pensarse que, tal como lo dice el extremo activo
de la litis, para los años 2008, 2009 y 2011 el régimen salarial de los docentes comportó un trato
desigual para cada uno de los escalafones, donde es evidente que la escala salarial anual no fue
fijada de manera unificada; lo que sí habla ocurrido con los Decretos 596 de 2006, en un 5% y 634
de 2007, en 4,5%. En otras palabras, el Gobierno Nacional expidió los decretos para los años
mencionados, fijando los salarios para todos los grupos docentes pertenecientes al Decreto Ley
1272 de 2002, pero lo hace de manera irregular y desigual, afectando la base salarial de los
demandantes […] [p]or otro lado, como se dispuso en la segunda argumentación de la sentencia,
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2
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Demandante: Diana Teresa Salazar Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
no se logró demostrar esa vulneración a la igualdad cuando los docentes demandantes son
comparados con aquellos que se encuentran en condiciones profesionales diferentes, es decir,
parte de comparar un escalafón y grado con otro que desde su creación tiene unos requisitos
diferentes a los primeros, lo que prueba que se tratan de tratos desiguales a situaciones disimiles».
7. Inconforme con esa decisión, la accionante interpuso recurso de apelación,
desatado el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en
el sentido de confirmarla, con fundamento en que «[…] [b]ajo tal panorama, la Sala
encuentra que la parte demandante no probó las causales de nulidad sustancial alegadas en
relación con los aumentos salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y
nivel salarial, para los años 2008, 2009 y 2011, de conformidad con las razones expuestas en las
presentes consideraciones; ya que, como se explicó no se trata de sujetos ubicados en plano de
igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para predicar que existia
la obligación de aumentos iguales ».
8. Sobre la precedente situación, la actora expone que la providencia objeto de
censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002» ; (ii) defecto fáctico, porque, «desestimó las pretensiones de la
demanda sobre la base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha
salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente ni respaldada en los decretos que
ordenaron los incrementos cuestionados, ya que dichos actos administrativos no aludieron en
forma alguna a tal situación […]»; y (iii) desconocimiento del precedente, al omitir «[…]
aplicar […] la sentencia C-1064 de 2001, que exige garantizar la igualdad sustancial en la fijación
de incrementos salariales».
II. TRÁMITE PROCESAL
9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 5 de
febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda; y, (ii) dispuso vincular a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional, departamento de Risaralda y Juzgado
Segundo Administrativo de Pereira, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591
de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
2.1.1 Tribunal Administrativo de Risaralda3 requirió negar las pretensiones de la
acción de tutela, señala que hay falta de relevancia constitucional, ya que los
argumentos expuestos por la accionante ya fueron debatidos y resueltos
adecuadamente en el proceso ordinario. Indica que la sentencia cuestionada
estuvo debidamente motivada bajo normas y jurisprudencia, y que se pretende
emplear la tutela simplemente como una tercera instancia o recurso adiciona.
2.1.2 Ministerio de Educación Nacional4 pidió que se declare improcedente la
acción constitucional y advierte su falta de legitimación en la causa por pasiva;
Argumenta que la controversia recae sobre una providencia judicial que no fue
proferida por el Ministerio de Educación y que la entidad no ha desplegado ninguna
acción u omisión que vulnere los derechos de la accionante. Adicionalmente, alega
que no se cumplen los requisitos excepcionales para que una tutela proceda contra
providencias judiciales y resalta una evidente ausencia de relevancia constitucional,
puesto que el debate planteado es de naturaleza estrictamente económica y legal,
excediendo la competencia del juez de tutela.
2.1.3 Departamento de Risaralda -Secretaría de Educación5 solicitó que se
declare improcedente el amparo o en su defecto se niegue, para ello argumenta
que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la accionante
busca reabrir un debate zanjado simplemente por estar en desacuerdo con la
interpretación que dieron los jueces de primera y segunda instancia, lo que no
constituye una vulneración de derechos ni demuestra un actuar caprichoso.
Sostiene que los decretos salariales acusados son de alcance nacional y expedidos
por el Gobierno, por lo que el Departamento de Risaralda carece de competencia
para expedirlos, modificarlos o anularlos.
1.5 Providencia impugnada6.
10. Mediante sentencia del 26 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A Negó el amparo deprecado, al considerar que «[…] 31. Desde
esa premisa, el Tribunal concluyó que la igualdad constitucional no impone una uniformidad
aritmética en los incrementos, sino una razonabilidad en el trato, de modo que la sola existencia de
porcentajes diferenciados no configura, por sí misma, una vulneración del artículo 13
constitucional».
3
Índice 00011 de Samai.
4
Índice 00014 de Samai.
5
Índice 00017 de Samai.
6
Índice 00022 del expediente de Samai de primera instancia.
4
Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00787-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
1.6 La impugnación7.
11. Inconforme con esa determinación, el tutelante la impugnó, para lo cual insistió
en que la acción de tutela si acreditó la configuración de los defectos alegados, en
tanto logró demostrar que la decisión del Tribunal accionado fue arbitraria.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
12. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
3.2 La acción.
13. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
14. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 21
de agosto de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Risaralda
confirmó la providencia de 19 de diciembre del 2024, en la que el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira negó las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la tutelante contra la Nación
• Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Risaralda (expediente
7
Índice 00026 del expediente de Samai de primera instancia.
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección
o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00787-01
Demandante: Diana Teresa Salazar Correa
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66001-33-33-002-2024-00278-00/02); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
15. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado13, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
16. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
17. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
12
Sentencia C-590 de 2005.
13
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
3.6 Caso concreto.
18. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia emitida en
segunda instancia; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 29
de agosto de 202514 y la solicitud de amparo se presentó el 26 de enero del 2026,
es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
19. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, comoquiera
que, pese a que la actora alegó también desconocimiento del precedente, se
advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada radican, a su
juicio, en una presunta indebida aplicación normativa relacionada con el incremento
14
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 22 de agosto de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 26 de agosto siguiente, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
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salarial del escalafón docente, por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que
señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva
el escrito inicial15, resulta procedente analizar este trámite a partir de la aludida
causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.
3.6.1 Defecto sustantivo.
20. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
21. La jurisprudencia constitucional16 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 17.
22. En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley
1278 de 2002», avalando un trato discriminatorio y desigual entre categorías del
escalafón docente.
23. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura, concluyó:
15
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Ahora bien, se observa que la entidad demandada no vulneró los preceptos
constitucionales que alude la demandante, comoquiera que se estableció la
actualización salarial para los docentes para la vigencia 2008 y 2009, dentro de los
límites y de acuerdo a las competencias que le habían sido conferidas, sin que se
encuentre vulneración al principio de progresividad, toda vez que el mismo fue
realizado en un porcentaje igual o superior al establecido a la variación del IPC para el
año anterior, lo que garantiza la movilidad salarial y la capacidad adquisitiva del mismo;
esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 CP y lo sostenido por la Corte
Constitucional.
Así, el aumento salarial reconocido a la parte actora se cimentó en circunstancias y
criterios objetivos, de tal manera que el «grado» del escalafón fue un elemento
determinante en su remuneración mensual; luego, para el caso concreto, no puede ser
de recibo que se solicite la aplicación de un incremento superior, pues, se recuerda, la
fijación del incremento de los salarios de quienes conforman el servicio público debe
responder, por mandato de las leyes sobre la materia, a condiciones y contextos reales
de orden social, administrativo y económico, pues en todo caso el alza salarial no tiene
que ser idéntico para todos, en tanto si bien en un Estado Social de Derecho se aboga
por el aumento salarial para todos sus servidores públicos, no debe entenderse que
este aumento deba realizarse en el mismo porcentaje, pues la igualdad se extiende y
se entiende entre iguales.
Aunado a lo anterior, considera la Sala que, como lo reconoció el a quo, no resulta de
recibo la interpretación de la parte actora respecto de la normativa invocada, porque lo
que se buscó con la diferenciación en el porcentaje del incremento al salario, fue, por
un lado, garantizar que el docente que pertenece al escalafón inferior mantenga su
valor adquisitivo y, por el otro, reconocer la formación, capacitación y preparación de
quienes se encuentran en un escalafón superior, cuyo trato diferenciado es justificado
en atención a razones objetivas.
24. De lo expuesto se colige que, de conformidad con el Tribunal, la parte actora
partió de un parámetro de comparación inválido al equiparar grados distintos del
escalafón docente18, por lo que explicó que el principio de igualdad salarial solo es
aplicable entre pares del mismo grado y nivel, ya que cada uno exige distintos
requisitos de formación académica, ingreso y evaluación, además, la decisión
resalta que la parte demandante no cumplió con la carga de probar la
inconstitucionalidad de los decretos, ni demostró que los incrementos salariales
diferenciados vulneraran el estándar de remuneración mínima, vital y móvil o que
hubieran sido inferiores al Índice de Precios al Consumidor de los años
cuestionados.
25. Contrario a lo indicado por el tutelante, el Tribunal aplicó un análisis razonado
del Decreto Ley 1278 de 2002 para sustentar su fallo al estudiar la normativa,
específicamente los artículos 20 y 21 del mencionado decreto, el Tribunal
argumentó que la diversidad en el escalafón docente responde a un objetivo
legítimo de profesionalización, por ello concluyó que el tratamiento diferenciado
aplicado por el Gobierno Nacional está justificado constitucionalmente, pues
reconoce las distintas exigencias de cualificación y progresión profesional de cada
18
3AM frente a 3DM.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
grado, operando dentro del margen de configuración discrecional, mas no arbitrario,
que otorga la ley para dignificar la carrera docente.
26. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio
fijado por esta subsección en un asunto de miliares contornos19, según el cual, «[…]
El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional propio del juicio
de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al
desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente.
Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de
un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia
constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la
aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos». (Énfasis propio).
27. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo de Risaralda ya había resuelto
con suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de 19 de diciembre de 2024, en el que el
Juzgado Segundo Administrativo de Pereira negó las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación
• Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Risaralda (expediente
66001-33-33-002-2024-00278-00/02), la cual reiteró en esta acción de tutela (para
lo cual invocó las causales de defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento
del precedente), lo que denota que su intención, más allá de manifestar la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.
28. En consecuencia, no se configuró el defecto sustantivo alegado por la
accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente
fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las pruebas y
postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.
3.5.2 Defecto fáctico.
29. Sea lo primero anotar, que una providencia judicial se encuentra viciada por el
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »20.
19
Expediente 25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
20
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00787-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
30. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra21.
31. La docente Diana Teresa Salazar Correa reprochó que el Tribunal Administrativo
del Risaralda omitió exigir y valorar pruebas que justificaran el incremento salarial
desigual en los siguientes términos: «el Tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria respecto del debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa, resulta
imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan
inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto»
32. Frente al defecto fáctico, la Sala denegará el amparo por considerar que la
demandante no enunció ningún medio de convicción que el juez colegiado debiera
haber examinado para demostrar que la actora no tenía derecho a la nivelación
salarial pretendida, ello es así, porque el Tribunal Administrativo no requirió analizar
material probatorio para sustentar su providencia, debido a que resolvió un estricto
punto de derecho frente a la aplicación de los decretos salariales.
33. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
IV. DECISIÓN
18. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la
actora demostró que el asunto superaba los requisitos de procedibilidad de este
tipo de controversias, pero no acreditó que la providencia del 21 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, hubiere incurrido en defecto
sustantivo o fáctico. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.
21
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
11
Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00787-01
Demandante: Diana Teresa Salazar Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
19. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 26 de febrero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró improcedente el
amparo de los derechos fundamentales debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por el señor Diana
Teresa Salazar Correa y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la
demanda conforme a la motivación de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección
B de esta Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
12
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