Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00797-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00797-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00797-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00797-00
Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad en el medio de
control de reparación directa / Defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Nicolás Gabriel Petro Petro, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Nicolás Gabriel Petro Petro promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 5 de
agosto y el 9 de diciembre de 2025, respectivamente, por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Montería y el Tribunal Administrativo de
Córdoba, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado
23001333300620250013801.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra del departamento de Córdoba con la finalidad de que se le declarara
responsable de los perjuicios causados «con fundamento en la omisión administrativa
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELA_RD_NICOLAS_PE(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
prolongada en el pago de acreencias laborales reconocidas dentro de un Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos – Ley 550 de 1999» [sic].
2.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Montería en
providencia del 5 de agosto de 2025 rechazó el medio de control al concluir que operó
la caducidad, al estimar que el término debía contabilizarse desde el incumplimiento
de la obligación legal, esto es, el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual expiró el
plazo establecido en la modificación del Acuerdo para el pago de las acreencias
laborales. En ese orden, concluyó que el término venció el 31 de diciembre de 2017,
mientras que las solicitudes de conciliación extrajudicial fueron presentadas hasta el
2025, sin lograr interrumpirlo.
2.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba en providencia del 9 de diciembre de
2025 confirmó la decisión del a quo al concluir que, frente al daño alegado por la falta
de pago oportuno de las acreencias laborales, el término de caducidad del medio de
control debía computarse desde el 31 de diciembre de 2015, fecha límite para el
cumplimiento de la obligación. Asimismo, precisó que la omisión en ese momento
constituyó el hecho generador del daño, y no el acto posterior que reconoció un pago
parcial más de 7 años después.
2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo por aplicación irrazonable del artículo 164 del CPACA,
comoquiera que erróneamente consideró que el término de caducidad del medio de
control de reparación directa debía contarse desde el año 2015, fecha en la que
ocurrió una modificación formal del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, con lo
que desconoció la naturaleza del daño alegado y el momento real de consolidación
del daño antijurídico.
2.5. En los casos de omisión administrativa el término de caducidad no se cuenta
de manera automática desde la ocurrencia formal del incumplimiento, sino desde el
momento en que el daño se hace cierto, efectivo, cognoscible y demostrable para el
afectado. En el presente caso, antes del acto administrativo de pago parcial expedido
con corte a junio de 2023, no contaba con un daño cierto y evaluable, sino únicamente
con una expectativa legítima de cumplimiento del acuerdo.
2.6. En desconocimiento del precedente del Consejo de Estado 2 relativo al
cómputo del término de caducidad en los eventos de daño antijurídico derivado de
omisiones administrativas o de los efectos dañosos de actos administrativos válidos,
que ha precisado que el elemento determinante para el cómputo de la caducidad no
es la expedición del acto ni el incumplimiento formal de una obligación, sino la
consolidación real y objetiva del daño antijurídico. Asimismo, de la Corte
Constitucional3 según la cual, una interpretación rígida de la caducidad vulnera el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
2 Al respecto citó: Sección Tercera, 27 de abril de 2006, expediente 16079, CP Ramiro Saavedra
Becerra.
3 Al respecto citó: SU-556 de 2019. MP Alberto Rojas Ríos.
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Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
2.7. En defecto fáctico por omitir valorar que no pudo demostrar la existencia del
daño antes del pago parcial, que durante la vigencia del acuerdo de reestructuración
operó la suspensión de términos conforme a la Ley 550 de 1999, que el perjuicio solo
se materializó y resultó cuantificable con el acto de pago tardío y que no se efectuó
un análisis probatorio integral de la demanda.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] Primero: AMPARAR los derechos fundamentales de la parte accionante tales como,
Derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C.P.), Derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia (art. 229 C.P.), Derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), Principio de
seguridad jurídica y confianza legítima, Principio de prevalencia del derecho sustancial
(art. 228 C.P.).
Segundo: Como consecuencia de la anterior decisión DEJAR SIN EFECTOS, El auto del
05/08/2025 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Montería, y el
auto del 19/12/2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de
Decisión.
Tercero: ORDENAR al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Montería, admitir la
demanda de reparación directa y continuar con su trámite normal, realizando un análisis
de fondo conforme al precedente constitucional y contencioso administrativo. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Montería4 si bien
allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.
5. La gobernación de Córdoba5 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el demandante, máxime cuando no está facultada para
inmiscuirse en las decisiones, procesos o funciones que tienen las autoridades
judiciales y no se acreditaron los requisitos generales y específicos de procedibilidad.
5.1. De las actuaciones aportadas al proceso se evidenció que, los funcionarios
judiciales aplicaron de forma racional, completa y conforme al ordenamiento jurídico
el artículo 164 del CPACA, pues la jurisprudencia ha establecido que, cuando se
promueve la reparación de un daño derivado de una omisión estatal, el término de
caducidad del medio de control de reparación directa no se extiende de manera
indefinida durante todo el tiempo que perdura la inactividad, sino que se computa
desde el momento en que resultó posible advertir la omisión a partir de la cual se
4
Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «9RECIBEPRUEBAS_23001333300620250013(.zip)
NroActua 12».
5 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «10_MemorialWeb_Respuesta-
ACCIONDETUTELAN(.pdf) NroActua 13».
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produjo el perjuicio reclamado; en ese sentido, el plazo debía contarse desde cuando
surgió el derecho al pago y la administración incumplió dentro del término señalado.
5.2. El apoderado interpretó de manera errónea los artículos 14 y 58 de la Ley 550
de 1999 al intentar extender la suspensión del término de prescripción y de
caducidad, prevista para las acciones sobre créditos a cargo de la entidad territorial,
a los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para el ejercicio del medio de control de reparación
directa cuando se demanda la responsabilidad del Estado por una omisión
administrativa, situaciones que difieren sustancialmente.
6. El Tribunal Administrativo de Córdoba6 requirió que se declarara
improcedente lo pretendido por no acreditar el requisito general de la relevancia
constitucional, pues la verdadera intención es convertir el amparo en una tercera
instancia del proceso contencioso y revivir la discusión que ya fue concluida bajo la
autonomía del juez natural.
6.1. El medio de control de reparación directa promovido se encontraba caducado,
ya que el término legal para su ejercicio no podía trasladarse al 2023, como sostenía
el demandante, sino que debía contarse desde la fecha en que, según el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos y su modificación, venció el plazo para el pago de las
acreencias laborales, es decir, el año 2015.
6.2. Se indicó que la supuesta omisión administrativa no configuró un daño de
carácter continuado, por lo que no era jurídicamente admisible extender el inicio del
término de caducidad hasta el pago parcial efectuado en junio de 2023; el
incumplimiento alegado, de existir, se consolidó desde el vencimiento del plazo
previsto en el acuerdo, sin que actuaciones posteriores de la administración, incluidos
pagos tardíos o parciales, pudieran modificar o reabrir el término para demandar. En
consecuencia, se concluyó que debió ejercer el medio de control dentro de los dos
años siguientes a 2015, y al presentar la demanda en 2025, esta resultó
extemporánea.
6.3. Asimismo, existen varias tutelas promovidas sobre el mismo asunto, todas
dirigidas a impugnar decisiones judiciales adoptadas en el proceso originado por el
rechazo de la demanda de reparación directa contra el departamento de Córdoba.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) falta de legitimación
6
Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado
«15RECIBEPRUEBAS_Memorial_20260079700NicolasGa(.pdf) NroActua 14».
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Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
en la causa por pasiva; iv) procedencia de la tutela contra providencia judicial; v)
determinación del problema jurídico y; vi) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de
abril de 20217 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Córdoba y otro.
2.2. Cuestión previa
9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de
las decisiones proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, se observa que los argumentos
que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.
10. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 5 de agosto de 2025,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Córdoba,
desató el recurso a través de la providencia del 9 de diciembre de 2025, al confirmar
lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo
respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.
2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva
11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
12. La Corte Constitucional en relación con la legitimación en la causa por pasiva
en los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”9 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]»
13. El departamento de Córdoba solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es la autoridad competente
para tramitar las pretensiones del demandante, así como tampoco la señalada de
transgredir los derechos fundamentales invocados.
14. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto
fue en calidad de tercero con interés, al ser la parte demandada dentro del proceso
en cuestión, en aras de garantizarles su derecho de defensa y contradicción, por lo
que se negará tal solicitud.
2.4. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00797-00
Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
18. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.
20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00797-00
Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
2.5. Problema jurídico
21. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Córdoba, vulneró los derechos fundamentales de Nicolás Gabriel
Petro Petro con ocasión de la providencia del 9 de diciembre de 2025, mediante la
cual confirmó la decisión de rechazar el medio de control de reparación directa por
haber operado el fenómeno de la caducidad, con la que incurrió, presuntamente, en
defectos sustantivo y fáctico y, en desconocimiento del precedente judicial?
2.6. Análisis de la Sala
2.6.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.6.2. Defecto sustantivo
23. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
24. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
25. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
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Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
2.6.3. Defecto fáctico
26. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional14, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»15, «o cuando sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»16. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»17.
27. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.6.4. Desconocimiento del precedente judicial
28. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
29. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
30. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
14 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
15 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
16 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
17 Sentencia T-538 de 1994.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00797-00
Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
31. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.6.5. Sobre el caso concreto
32. Nicolás Gabriel Petro Petro acudió al juez de tutela con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
providencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Córdoba, mediante la cual se confirmó la decisión de rechazar el medio de control de
reparación directa que interpuso, al encontrar configurado el fenómeno jurídico de la
caducidad.
33. Lo anterior, al considerar que se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
en desconocimiento del precedente judicial, al considerar que se realizó un cómputo
de caducidad incorrecto al computarlo desde el 2015, pese a que el daño alegado,
derivado de una omisión administrativa prolongada en el tiempo, consistente en el
retardo injustificado en el pago de acreencias laborales reconocidas dentro del
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, solo se consolidó con el pago parcial
efectuado en junio de 2023.
34. En este punto, se recuerda que el literal i) numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa,
dispuso:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia. […]
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00797-00
Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
25. Con fundamento en la normativa expuesta, el Tribunal Administrativo del
Córdoba, en lo referente a la caducidad en los casos de daños por omisión, de cara
al precedente judicial sentado por el máximo órgano de lo contencioso-administrativo
respecto al momento en que debe empezar a contarse el término en estos casos,
consideró:
«[…] c) Del medio de control de reparación directa – cómputo del término de
caducidad
[…]
Por su parte, en cuanto al daño antijurídico por omisión se ha determinado que el término
se cuenta a partir de su efectividad y de la inobservancia del deber legal que lo produce.
Al respecto, resulta importante hacer referencia al pronunciamiento de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que expresó: (…) “En relación con las omisiones, el término de
caducidad de la acción debe contarse desde el momento en que se incumpla la
obligación legal, siempre que ese incumplimiento coincida con la producción del
daño, pues en caso contrario, el término de caducidad deberá contarse a partir de dicha
existencia o manifestación fáctica del mismo, ya que ésta es la primera condición para la
procedencia de la acción reparatoria. (…) “Aunque la omisión se mantenga en el tiempo
o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de manera indeterminada porque
la misma ley ha previsto que el término de caducidad es de dos años contados a
partir de la omisión18.”
En concordancia con lo anterior, ese mismo órgano se cierre en providencia de 28 de
octubre de 2024, Radicado No. 05001-23-33-000-2014-00624-02 (69072), se pronunció
al respecto señalando:
“(..) para efectos de contabilizar el término de caducidad, esta Corporación ya se ha
referido a la importancia de diferenciar entre el daño y la prolongación de sus efectos, con
la finalidad de aclarar que la extensión o agravación del daño con el paso del tiempo no
le otorga a este el carácter de continuado:
Así mismo, en otras ocasiones se ha afirmado que es posible que el daño se prolongue o
agrave, pero esto “no cambia las reglas a partir de las cuales empieza a computarse el
término para acudir a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de reparación directa
-ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o conocimiento real o presunto del
demandante-, dada la distinción esencial entre la causación del daño y su permanencia
desde el punto de vista temporal. En ese sentido, es claro que la extensión o agravación
del daño con el paso del tiempo no le otorga el carácter de continuado o de tracto
sucesivo”. Desde luego, cuando un daño no se consolida en un momento determinado,
debe tenerse en cuenta que, el solo hecho de que la conducta causante del mismo
permanezca, no implica, de forma necesaria, que exista un daño continuado, dado
que es posible que lo que se prolongue en el tiempo sean sus efectos patrimoniales,
esto es, los perjuicios causados por ese daño, como lo ha establecido esta
Corporación (…)” (negrillas de la Sala)
Posición que fue reiterada en Sentencia de 18 de junio de 202519, así:
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2004, Exp. 25.854, M.P. Ricardo
Hoyos Duque.
19 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C.
Consejo Ponente: William Barrera Muñoz, 18 de junio de 2025. Radicado No. 25000-23-36-000-2018-
00693-01 (65591).
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Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
“Ahora, cuando se trata del medio de control de reparación directa, el artículo 164, numeral
2, literal i del CPACA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de
caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la
interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que
se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación
administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no
hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe
contar desde que tuvo conocimiento de este. Así, aunque los efectos del daño perduren
en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se
produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del daño si fue en fecha posterior”.
De lo anterior se concluye que en los casos en que se pretenda el resarcimiento de
perjuicios derivados de una omisión por parte de la administración, conforme la
jurisprudencia del alto tribunal de lo contencioso administrativo, la permanencia de la
omisión o la prolongación de sus efectos no convierte el daño en continuado ni amplía
indefinidamente el plazo, pues la ley establece un límite temporal estricto.
[…]
En el caso bajo examen, se observa que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Montería, mediante auto proferido el 5 de agosto de 2025, dispuso el rechazo
de la demanda al considerar configurado el fenómeno de la caducidad del medio de control
ejercido. Para el despacho de primera instancia, el cómputo del término de caducidad
debía iniciarse el 31 de diciembre de 2015, fecha establecida en la modificación del
Acuerdo de Reestructuración como límite para el pago de las acreencias laborales allí
reconocidas.
El apelante controvierte dicha decisión, al estimar que el término de caducidad debía
contabilizarse a partir del acto administrativo que declaró el pago de la acreencia laboral,
por cuanto —a su juicio— dicho acto constituye la manifestación de la omisión
administrativa que dio lugar al daño reclamado.
En ese orden de ideas, se advierte que, conforme el libelo demandatorio, la pretensión de
la parte actora se orienta a que se declare la responsabilidad patrimonial del
Departamento de Córdoba por los perjuicios ocasionados como consecuencia del
incumplimiento del deber objetivo de cuidado que le asistía, consistente en garantizar el
pago oportuno de las acreencias laborales dentro del término previsto en el Acuerdo de
Reestructuración celebrado el 23 de noviembre de 2009, el cual fue objeto de modificación
el 23 de julio de 2015. El apoderado de la parte actora precisó que no se cuestiona la
legalidad del acto que reconoció parcialmente el pago, sino la prolongación indebida en el
tiempo del cumplimiento de la obligación, que generó los perjuicios cuya reparación se
persigue.
Ahora bien, del análisis del Acuerdo de Reestructuración de 23 de noviembre de 2009, se
evidencia que el Departamento de Córdoba y sus acreedores definieron las condiciones
para el pago de las acreencias en las cláusulas novena a decimocuarta. Igualmente, obra
en el expediente la modificación al referido acuerdo, motivada en la declaratoria de
invalidez de las cláusulas 11 y 12 por parte de la Superintendencia de Sociedades, lo cual
condujo a su ajuste. En dicha modificación se estableció, en la cláusula décima, que las
acreencias laborales serían canceladas dentro de la vigencia fiscal de 2015.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el daño alegado se fundamenta exclusivamente en
el incumplimiento del pago oportuno de las acreencias laborales por parte del ente
territorial, y que el propio actor afirma que el perjuicio y el nexo causal se acreditan con la
demora en el cumplimiento de una obligación administrativa, resulta claro que el momento
a partir del cual debe computarse el término de caducidad del medio de control de
reparación directa es el 31 de diciembre de 2015, esto es, la fecha límite fijada para el
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pago de dichas acreencias. La falta de materialización del pago en ese momento
constituye la omisión generadora del daño que se reprocha, y no el acto posterior
mediante el cual se reconoció tardíamente un pago parcial, esto es, más de 7 años
posteriores al plazo pactado.
En consecuencia, el término de caducidad comenzó a correr el 1º de enero de 2016, por
lo que la parte actora contaba hasta el 1º de enero de 2018 para acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa. Dado que la demanda fue presentada sólo hasta el año 2025,
resulta evidente su extemporaneidad. A ello se suma que de los hechos narrados en la
demanda se desprende que el actor tenía pleno conocimiento tanto del acuerdo inicial
como de su modificación, y por ende estaba al tanto del plazo establecido para el pago de
las acreencias laborales.
De otra parte, aunque la conducta generadora del daño alegado se extendió en el tiempo,
ello no implica que el daño pueda calificarse como continuado. En efecto, lo que se
prolonga son los efectos económicos del incumplimiento, es decir, los perjuicios, mas no
el hecho dañino en sí mismo. Sobre este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha sido reiterada en señalar que la prolongación indefinida de los efectos perjudiciales no
tiene la virtualidad de impedir el inicio del cómputo del término de caducidad, el cual opera
de pleno derecho, pues no puede supeditarse su inicio a la cesación de los perjuicios
reclamados. […]» [sic].
26. Lo anterior guarda concordancia con las pretensiones invocadas en la
demanda del medio de control, así:
27. Como se observa, la autoridad judicial demandada acató lo dispuesto en el
CPACA, a efectos de declarar probada la excepción de caducidad de cara con las
circunstancias que rodeaban el caso particular de Nicolás Gabriel Petro Petro, en ese
sentido, desestimó la tesis del apelante de que el daño se configuró de manera
continuada, y se alineó con la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece
que, en los casos de responsabilidad del Estado por incumplimiento de obligaciones
administrativas, el cómputo del término de caducidad se inicia desde la omisión
generadora del daño y no desde la prolongación de los efectos económicos del
incumplimiento.
28. En concordancia con lo anterior, contrario al decir de la parte demandante, el
Tribunal fue enfático en indicar que, la alegada omisión administrativa no constituye
un daño de carácter continuado, por lo que no resulta jurídicamente admisible retrasar
el inicio del término de caducidad hasta el pago parcial efectuado por la
administración en junio de 2023. Por el contrario, determinó que el incumplimiento
denunciado, de existir, se consolidó desde el vencimiento del plazo fijado en el
acuerdo, sin que actuaciones posteriores de la administración, incluidos pagos
tardíos o parciales, tuvieran la capacidad de modificar o reabrir el término para
presentar la demanda.
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Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
29. Así, la posición adoptada en la providencia enjuiciada se fundamentó en que
el cómputo del término de caducidad no depende de la percepción subjetiva del
afectado ni del momento en que este considere consolidado el daño, sino del
vencimiento objetivo del plazo de pago acordado, que en el presente caso quedó
establecido en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y su modificación,
determinando como hito temporal relevante el año 2015.
30. A juicio de la Sala, resulta ajustado a derecho que el Tribunal Administrativo
de Córdoba contara el término de caducidad a partir a partir del 1º de enero de 2016,
día siguiente a la fecha límite establecida en la modificación del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos para el pago de las acreencias laborales (31 de
diciembre de 2015), por lo que tenía hasta el 1º de enero de 2018 para acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativa; no obstante, solo presentó la solicitud
de conciliación extrajudicial en el 2025, cuando ya había finiquitado el término legal
para ello.
31. Como se observa, la autoridad judicial demandada analizó la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso, de conformidad con las circunstancias en las que se
encontraba Nicolás Gabriel Petro Petro, diferente es, que no se le otorgara la entidad
ni el alcance por él pretendido, pues, independientemente de que los efectos
económicos del incumplimiento de las acreencias laborales se prolongaran en el
tiempo, «el actor tenía pleno conocimiento tanto del acuerdo inicial como de su modificación,
y por ende estaba al tanto del plazo establecido para el pago de las acreencias laborales».
Razón por la cual, el cómputo del término de caducidad comenzó a operar legalmente
desde esa fecha.
32. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de la
solicitud de tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión fue
proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial,
apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la
interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.
33. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
34. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
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Demandante: Nicolás Gabriel Petro Petro
3. Conclusión
35. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Nicolás Gabriel Petro Petro, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Montería.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del departamento de Córdoba.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Nicolás Gabriel Petro
Petro, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Córdoba y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Montería.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/ LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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