Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00802-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00802-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00802-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00802-00
Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00802-00
Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado
Quince Administrativo del Circuito de Cali
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Carlos Alberto Huertas Davey
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Cali.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Carlos Alberto Huertas Davey, en nombre propio, interpuso acción de tutela con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al principio de seguridad
jurídica1, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, con ocasión de las
providencias proferidas el 10 de diciembre2 y 13 de noviembre de 2025,
respectivamente, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado número
76001-33-33-015 2022-00050-00/01/02/03.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F8B007502E908BD2 ADD11D14F2D4ADF7
A181265808177EA3 4DDE57592BD95522.
2 Mediante el cual el juzgado resolvió no reponer el auto del 8 de septiembre de 2025, a través del cual la
autoridad judicial mencionada se pronunció sobre la forma de imputación de pagos para el cumplimiento de la
sentencia ordinario (primero a capital y luego a intereses)
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00802-00
Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
2.1. El señor Carlos Alberto Huertas Davey, a través de apoderado judicial,
promovió proceso ejecutivo en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
con fundamento en la sentencia proferida el 18 de enero de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró la nulidad de las
resoluciones que habían negado la reliquidación de su pensión y, a título de
restablecimiento del derecho, dispuso lo siguiente:
“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA FISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL -UGPP, emita el acto administrativo de reliquidación emita el acto
administrativo de reliquidación de la pensión reconocida al señor CARLOS
ALBERTO HUERTAS, DAVID, para lo cual deberá tomar en cuenta todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios y que fueron
debidamente certificados por la entidad, donde laboró (el salario básico,
incremento por antigüedad, sueldo por encargo, bonificación por servicios,
servicios especiales, primas de vacaciones, de servicios, de navidad y
quinquenio), de conformidad con la parte emotiva de este proveído. El cálculo
deberá efectuarse desde que adquirió el estatus de pensionado, pero sólo está
obligada a pagar los reajustes, no prescritos, esto es, los causados desde el 22
de octubre de 2009, trayéndolo a valor presente, como se explicó en la fórmula
anteriormente consignada”3.
En cumplimiento de lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) expidió la
Resolución RDP 001858 del 19 de enero de 2018, mediante la cual reliquidó la
pensión de vejez reconocida a favor del señor Carlos Alberto Huertas Davey.
Fijando el monto de la prestación en $ 2.247.092, con efectos fiscales a partir del 1º
de noviembre de 2002.
2.2. La parte ejecutante, al presentar la demanda ejecutiva, sostuvo que la entidad
ejecutada dio cumplimiento parcial a los referidos fallos judiciales. En efecto, si bien
dispuso el pago de las diferencias derivadas de la reliquidación, así como de la
indexación y los intereses moratorios correspondientes, ordenó descontar la suma
de $84.339.592.00 por concepto de aportes no cotizados sobre los factores
incluidos en el ajuste de la mesada pensional.
2.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Quince Administrativo del
Circuito de Cali, autoridad judicial que, mediante providencia del 10 de mayo de
2022, libró mandamiento de pago en los siguientes términos:
“1º. Ordenar por la vía ejecutiva a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a
través de su representante legal o quien haga sus veces, pague a favor del
señor Carlos Alberto Huertas Davey, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal del presente auto, las siguientes cantidades de dinero:
3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 0EE212B679C0B2EF 9B1F186DF7A0AB01
5EEC50F3A8465034 B536455DCFF6E6AC.
2
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Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
A. El saldo de capital que resulte de la liquidación de la condena impuesta en la
sentencia No. 02 del 26 de enero de 2016 proferida por este Despacho,
modificada en segunda instancia No. 05 del 18 de enero de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y en las que se condenó a la entidad
demandada reliquidar la pensión del demandante, tomado en cuenta todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios y que fueron
debidamente certificados por la entidad donde laboró (el salario básico,
incremento por antigüedad, sueldo por encargo, bonificación por servicios,
servicios especiales, primas de vacaciones, de servicios, de navidad y
quinquenio). Cálculo que deberá efectuarse desde que adquirió el status de
pensionado, pero solo está obligada a pagar los reajustes no prescritos, esto
es, los causados desde el 22 de octubre de 2009.
B. El valor que corresponda a los intereses a la tasa del DTF causados desde
el 16 de febrero de 2017 hasta el 15 de mayo de 2017, por mandato de lo
prescrito por los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
C. La suma que arroje la liquidación de intereses moratorios desde el 30 de
noviembre de 2017 (fecha en que se radicó la solicitud de pago3) y hasta que
se cancele la totalidad de la obligación y de acuerdo a lo normado por los
artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
D. En caso que la entidad ejecutada hubiere efectuado algún pago por concepto
de la condena impuesta en el fallo antes referido, deberá deducirlo,
advirtiéndole que todo abono se imputa primero a los intereses (Artículo 1653
del Código Civil).
E. Caso de que haya lugar a condena en costas con ocasión de este trámite, el
Juzgado se pronunciará en el momento procesal oportuno.
2º. Notifíquese el contenido del presente auto a la entidad ejecutada Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, a través de su representante legal o quien haga
sus veces, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones
judiciales en la forma y términos del indicados en el artículo 8 del Decreto
Legislativo 806 de 2020 que dispone en lo pertinente: “… La notificación
personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles
siguientes al envío del mensaje…” en armonía con el artículo 48 de la Ley 2080
de 2021.
3º. Advertir a la entidad ejecutada que a partir de la fecha de notificación cuenta
con cinco (5) días para pagar las obligaciones listadas en el numeral anterior
(artículo 431 Código General del Proceso), o en su defecto con diez (10) días
para proponer excepciones, (artículo 442 Ibídem), los cuales corren de manera
simultánea”4.
2.4. Posteriormente, el referido juzgado profirió sentencia del 6 de julio de 2023,
mediante la cual ordenó seguir adelante con la ejecución, en los términos que se
transcriben a continuación:
“Primero: Declarar no probada la excepción de prescripción formulada por la
entidad ejecutada y probada parcialmente la de pago de la obligación por un
4 Ibid.
3
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Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
monto de $161.791.217 que se imputará primeramente a intereses, atendiendo
las razones expuestas en el cuerpo de este proveído.
Segundo: Seguir adelante con la presente ejecución en favor del señor Carlos
Alberto Huertas Davey y en contra de la unidad administrativa especial de
gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social -
U.G.P.P, para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el
mandamiento ejecutivo, conforme a la liquidación consignada en esta
providencia, que arroja los siguientes valores:
Tercero: Condenar en costas a cargo de la parte ejecutada y a favor del
ejecutante. Señalar como agencias en derecho el tres por ciento (3%) del valor
total que arroje la liquidación22. Por Secretaría tásense oportunamente”5.
2.5. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
sentencia del 29 de septiembre de 2023, confirmó la decisión de primera instancia.
2.6. Una vez el proceso regresó al despacho de origen, la parte actora presentó
diversos memoriales mediante los cuales solicitó impulso procesal y puso de
presente que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) no había dado
cumplimiento integral a las órdenes judiciales impartidas en el proceso ejecutivo. En
particular, sostuvo que la entidad no solo retardó el pago de las sumas ordenadas
en la sentencia, sino que además omitió la liquidación y el pago de los intereses
moratorios, los cuales, a su juicio, debían ser satisfechos con anterioridad al capital,
conforme a las reglas sobre imputación de pagos.
2.7. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, a través de providencia
del 8 de septiembre de 2025, se pronunció sobre la imputación de pagos para el
cumplimiento de la sentencia, en los siguientes términos:
“3. Disponer que el pago realizado por la UGPP mediante Resolución SFO 115
del 14 de marzo de 2025 se impute primero a capital y luego a intereses,
conforme a la jurisprudencia vigente. El pago ordenado mediante Resolución
SFO 114 del 14 de marzo de 2025 corresponde a costas procesales.
4. Ordenar el pago de la Resolución RDP 002035 del 20 de marzo de 2025, por
valor de $75.499.242, suma que de igual manera deberá imputarse primero a
capital y luego a intereses”6.
Como fundamento de su decisión, explicó que, si bien en el auto que libró
mandamiento de pago y en la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución
se dispuso que la imputación de los abonos se realizaría conforme a lo previsto en
el artículo 1653 del Código Civil, lo cierto es que dicha regla debía ser objeto de
5 Ibid.
6 Ibid.
4
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Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
ajuste, en la medida en que la interpretación jurisprudencial vigente difiere de la que
existía al momento de proferirse esas providencias.
Agregó que ni el mandamiento de pago ni la providencia que ordena seguir adelante
con la ejecución constituyen decisiones inmodificables para el juez de la causa,
pues con posterioridad a su expedición puede variarse el monto de las sumas
adeudadas, con el propósito de adoptar una determinación que se corresponda con
la realidad procesal y con el contenido del título ejecutivo.
En ese orden, indicó que se apartaba de la aplicación del artículo 1653 del Código
Civil, en atención a lo dispuesto por el Consejo de Estado de Colombia, Sección
Segunda, en la sentencia de unificación del 30 de mayo de 2024, en la cual se
precisó que la regla de imputación de pagos prevista en dicha disposición no puede
aplicarse de manera automática, a la luz de lo establecido en el artículo 8 de la Ley
153 de 1887, especialmente cuando se trata de obligaciones de naturaleza
pensional.
Finalmente, señaló que en la referida sentencia de unificación se arribó a la
siguiente conclusión:
“184. En concordancia con lo transcrito, para la Sala, la aplicación del artículo
1653 del Código Civil no debe tener como único parámetro la «condición de
igualdad», en primer lugar, porque no es lo mismo cobrar una deuda a un
particular que administra sus propios recursos de acuerdo con sus condiciones
que al Estado y, en segundo lugar, tampoco puede predicarse la vulneración de
derechos fundamentales por la «no aplicación» de ese canon, por el contrario,
cuando la entidad abona primeramente el capital, es decir, el retroactivo y la
indexación, se garantiza el derecho mínimo e irrenunciable como es la pensión
de jubilación. Dicho de otro modo, realizar la imputación del pago parcial primero
a intereses se distancia del objeto que fue examinado en la sentencia
condenatoria, pues la carga principal que se impone a la entidad no es otra que
expedir el acto administrativo por el cual se reconozca o reajuste la mesada y.
por consiguiente, el pago de aquellas vencidas con su indexación.
185. En ese orden de ideas, aplicar el artículo 1653 del Código Civil sin tener
en consideración los aspectos previamente mencionados desconoce el principio
de legalidad y el derecho mismo reconocido. Se podría afirmar que, de cualquier
modo, se garantizará el pago de las mesadas con los «abonos parciales»
aunque la imputación se haga primero a los intereses; no obstante, una
afirmación de tal talante también desconocería el principio de legalidad
concretado en los deberes de la administración de destinar los dineros de la
seguridad social exclusivamente para tal fin.
(…)
208. Por las razones expuesta, esta Subsección concluye que la aplicación del
artículo 1653 deviene incompatible con las normas que rigen los presupuestos
y trámites de las administradoras y, por lo tanto, los pagos por concepto de
mesadas e intereses necesariamente deben dirigirse a esos conceptos, no solo
por la naturaleza de los recursos de la de seguridad social, sino por el
acatamiento del principio de legalidad en materia administrativa y presupuestal”.
5
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Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
Aunado a lo anterior, el juez indicó que el mismo Consejo de Estado7, en sede de
tutela, había señalado que la Corte Constitucional de Colombia ha destacado que
la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones constituyó uno de los
fundamentos que motivaron la unificación de reglas y la eliminación de beneficios
desproporcionados. En ese sentido, precisó que corresponde al Estado garantizar
la sostenibilidad económica de dicho sistema, de manera que las disposiciones
normativas y su interpretación deben orientarse por ese criterio.
En consecuencia, la autoridad judicial de primera instancia explicó que resultaba
procedente ajustar la decisión previamente adoptada, con el propósito de
salvaguardar los recursos públicos y evitar que el pago de las condenas se
prolongue indefinidamente en el tiempo como consecuencia de la acumulación
excesiva de intereses.
En ese orden, resolvió que los pagos efectuados por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) debían imputarse en primer lugar al capital y posteriormente a los intereses.
Asimismo, dispuso dar aplicación a lo ordenado mediante la Resolución RDP
002035 del 20 de marzo de 2025, “por valor de $75.499.242, aplicando dicho monto
de la forma antes establecida” 8.
2.8. Inconforme con la anterior decisión, el ejecutante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación. Señaló que en el auto que libró mandamiento
de pago y en la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución se indicó que
el pago debía imputarse primero a capital y luego a intereses, por lo que ya había
sido un aspecto analizado y modificarlo afectaba la seguridad jurídica.
Agregó que existe un defecto material o sustantivo por aplicación de un precedente
inexistente, debido a que la sentencia del Consejo de Estado en la que se
fundamentó la decisión del juzgado resolvió un caso particular.
2.9. A través de auto del 13 de noviembre de 2025 el juzgado no repuso la
providencia recurrida al considerar que la imputación del pago era una cuestión
accesoria propia de la etapa de ejecución, por lo que el juez podía adoptar
decisiones que garantizaran la efectividad del pago sin modificar la condena
principal. En consecuencia, concedió la apelación.
2.10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por auto del 10 de diciembre
de 2025 confirmó la decisión de primera instancia. Coincidió con la razón del
juzgado para modificar la imputación del pago, dado que aplicó el criterio
jurisprudencial actual en materia de obligaciones relacionadas con derechos
pensionales.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de tutela del 8 de abril de 2022, Exp. 11001-
03-15-000-2022-01426-00.
8 Ibid.
6
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3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al
principio de seguridad jurídica. En consecuencia, pidió dejar sin efectos las
providencias del 13 de noviembre y 10 de diciembre de 2025, proferidas por el
Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, respectivamente.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se mantuviera incólume lo resuelto
en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado número 76001-33-33-015-2022-00050-01.
En sustento de sus pretensiones, afirmó que las decisiones cuestionadas incurrieron
en los siguientes defectos:
(i) Violación directa de la Constitución, por desconocimiento del principio de
seguridad jurídica, del derecho de acceso a la administración de justicia y del
principio de cosa juzgada. Sostuvo que, en las providencias objeto de
cuestionamiento constitucional, las autoridades judiciales accionadas señalaron que
la liquidación de intereses y la imputación de pagos constituían asuntos propios de
la etapa de liquidación dentro del proceso ejecutivo, sin precisar el fundamento
normativo o jurisprudencial que su stentara dicha afirmación.
Para respaldar su postura, citó la Sentencia C-548 de 1997 de la Corte
Constitucional de Colombia, y concluyó que la modificación de providencias
ejecutoriadas mediante autos resulta contraria al ordenamiento jurídico, por cuanto
vulnera gravemente el principio de seguridad jurídica.
Asimismo, adujo que las autoridades accionadas excedieron sus facultades
jurisdiccionales e invadieron competencias propias de la administración pública,
particularmente en materia de ordenación del gasto público.
En ese sentido, indicó que al disponer que los pagos efectuados por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en cumplimiento de la Resolución núm. 115 del 14 de
marzo de 2025 se imputaran primero al capital y luego a los intereses, los despachos
judiciales accionados interfirieron en la órbita propia de la administración, en la
medida en que alteraron la destinación de recursos que, según afirmó, habían sido
autorizados para el pago de intereses moratorios. A su juicio, dicha actuación
desconoce el principio de separación de poderes (art. 113 de la Constitución
Política), vulnera la competencia exclusiva de la administración en materia
presupuestal y afecta el principio de legalidad del gasto público.
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Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
(ii) Defecto procedimental, por cuanto, según sostuvo, las autoridades judiciales
accionadas alteraron el curso regular del proceso, al modificar una sentencia
ejecutoriada sin observar las garantías procesales previstas en la ley.
(iii) Defecto sustantivo, en tanto, a su juicio, las decisiones cuestionadas aplicaron
un precedente inexistente al momento de proferirse la sentencia del 29 de
septiembre de 2023. Señaló que el fundamento jurídico de las providencias
cuestionadas fue una sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado de Colombia, en la cual se decidió no aplicar las
reglas de imputación de pagos previstas en el artículo 1653 del Código Civil.
Por lo tanto, afirmó que la aplicación de un precedente posterior a un caso en el que
ya se había proferido sentencia vulnera los principios de seguridad jurídica e
irretroactividad.
(iv) Defecto orgánico, en la medida en que, según indicó los “jueces administrativos
no tienen facultades para reabrir el debate jurídico ni modificar el fallo de fondo
mediante auto, menos aún con base en un precedente que no existía al momento
de la decisión. Tal actuación excede los límites funcionales del juez y contraviene el
debido proceso” 9.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 5 de febrero de 2026 10, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela y dispuso vincular, en calidad de tercera con interés, a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Asimismo, solicitó a las autoridades judiciales accionadas remitir el expediente
objeto de amparo, ordenó notificar la presente actuación a las partes e intervinientes
y suspendió los términos del proceso.
Una vez efectuadas las notificaciones correspondientes, se recibieron los siguientes
informes:
4.1. La UGPP11 al oponerse al amparo, solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, al estimar que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que la pretensión del accionante persigue un interés
eminentemente económico.
9 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F8B007502E908BD2 ADD11D14F2D4ADF7
A181265808177EA3 4DDE57592BD95522.
10 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 52AA5628A137B661 A4DB15140473E7EC
7F3B886A5B6517DF F040694DA343B21C.
11 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado FA2EFF0B1648270D 623B8AB4611D29E4
FC6AB5C4D7CF8CAE BCDCCAC66BF21760.
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Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
Sostuvo que no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, pues de la
revisión del trámite del proceso ejecutivo se advierte que a la parte actora se le
garantizaron plenamente los derechos de defensa y contradicción.
Añadió que, en el asunto objeto de análisis, existe un criterio jurisprudencial
orientado a salvaguardar la destinación específica de los recursos del Sistema
General de Pensiones, el cual, a su juicio, es desconocido por el accionante al
formular la solicitud de amparo.
Finalmente, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que
carece de competencia para modificar las decisiones judiciales cuestionadas.
4.2. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali12 allegó copia digital
del expediente ordinario y presentó un recuento de las actuaciones surtidas dentro
del proceso. Señaló que durante el trámite judicial se garantizó plenamente el
derecho al debido proceso, toda vez que las actuaciones se adelantaron conforme
a las etapas procesales previstas en la ley, con observancia de los principios de
legalidad, contradicción y publicidad.
Asimismo, indicó que las decisiones cuestionadas no modificaron la condena ni
alteraron la base de liquidación fijada en la sentencia del 6 de julio de 2023, ni
tampoco lo resuelto por el ad quem en el fallo del 29 de septiembre de 2023,
decisiones que, según afirmó, permanecen incólumes. Explicó que lo analizado en
las providencias posteriores fue la forma en que debían imputarse los pagos
realizados con posterioridad por la administración, a la luz de la jurisprudencia
vigente del Consejo de Estado de Colombia en materia de obligaciones pensionales.
Agregó que la decisión cuestionada se fundamentó en la sentencia proferida el 30
de mayo de 2024 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se
precisó que las reglas de imputación de pagos previstas en el artículo 1653 del
Código Civil no pueden aplicarse automáticamente, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, especialmente cuando se trata de
obligaciones pensionales.
De igual manera, sostuvo que no resulta acertado afirmar que el despacho actuó
sin competencia o incurrió en exceso de atribuciones, pues de conformidad con el
artículo 446 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
juez puede aprobar o modificar las liquidaciones, incluso de oficio. En ese orden,
consideró que la decisión cuestionada se adoptó dentro del marco de las facultades
ordinarias del juez de conocimiento.
En relación con el defecto sustantivo alegado, indicó que el auto del 13 de
noviembre de 2025 contiene una motivación suficiente, razonable y proporcional, en
12 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 5447A2894AADD654 FA240D35BD1420A7
E166609672A72304 3EF658C896F57AEB.
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Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
la que se exponen las razones jurídicas que sustentan la decisión adoptada. Explicó
que en dicha providencia se señaló que la imputación de pagos al capital se
fundamentaba en un criterio jurisprudencial consolidado en materia pensional,
relevante dada la naturaleza de la obligación objeto de ejecución.
Concluyó que el accionante no identifica una verdadera omisión de motivación, sino
que manifiesta su desacuerdo con la interpretación jurídica adoptada por el juez
natural, circunstancia que no convierte la decisión en arbitraria ni habilita el uso de
la acción de tutela como un mecanismo sustitutivo de los recursos ordinarios.
Finalmente, recordó que la Corte Constitucional de Colombia ha señalado de
manera reiterada que la acción de tutela, por regla general, no procede para
satisfacer pretensiones de naturaleza eminentemente económica.
4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pese haber sido notificado,
guardó silencio durante el trámite de la presente acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Carlos Alberto Huertas Davey es el titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas, en su condición de demandante dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado núm. 76001-33-33-015 2022-00050-
00/01/02/03.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca fueron las autoridades que profirieron las decisiones que, según el
tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.
2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis al auto del 10 de
diciembre de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
cuanto fue la providencia que puso fin a la actuación.
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Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200513 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 14 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.
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Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”17.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
17 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto18.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte que la parte actora cuestiona el auto
del 10 de diciembre de 2025, al considerar que dicha providencia incurrió en los
siguientes defectos: (i) violación directa de la Constitución, por desconocimiento de
los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y separación de poderes, al
estimar que las autoridades judiciales accionadas habrían modificado, mediante
autos, la imputación de pagos fijada en una sentencia ejecutoriada e interf erido en
competencias propias de la administración pública; (ii) defecto procedimental, al
haberse alterado, según afirma, el curso regular del proceso mediante la
modificación de una sentencia ejecutoriada sin observar las garantías procesales
previstas en la ley; (iii) defecto sustantivo, por cuanto, a su juicio, se habría aplicado
un precedente jurisprudencial posterior al fallo cuestionado, en contravía de los
principios de seguridad jurídica e irretroactividad; y (iv) defecto orgánico, en la
medida en que los jueces habrían excedido el ámbito de sus competencias al reabrir
el debate jurídico y modificar el contenido del fallo mediante auto.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la providencia
cuestionada, se advierte que, en el auto del 10 de diciembre de 2025, proferido por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se arribó a las siguientes
conclusiones:
“16. Como lo indicó el juzgado, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado se refirió a la forma en la que debe imputarse el pago cuando
la obligación relacionada con derechos pensionales en los siguientes términos:
La aplicación del artículo 1653 del Código Civil no debe tener como único
parámetro la «condición de igualdad», en primer lugar, porque no es lo
mismo cobrar una deuda a un particular que administra sus propios recursos
de acuerdo con sus condiciones que al Estado y, en segundo lugar, tampoco
18 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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puede predicarse la vulneración de derechos fundamentales por la «no
aplicación» de ese canon, por el contrario, cuando la entidad abona
primeramente el capital, es decir, el retroactivo y la indexación, se garantiza
el derecho mínimo e irrenunciable como es la pensión de jubilación. Dicho
de otro modo, realizar la imputación del pago parcial primero a intereses se
distancia del objeto que fue examinado en la sentencia condenatoria, pues
la carga principal que se impone a la entidad no es otra que expedir el acto
administrativo por el cual se reconozca o reajuste la mesada y, por
consiguiente, el pago de aquellas vencidas con su indexación.
(…)
[S]e insiste, si el derecho protegido en la sentencia es el pensional y el
«abono» se hace primeramente con recursos del FOPEP, es al concepto de
retroactivo e indexación que debe dirigirse el pago, pues en caso de
atenderse el artículo 1653 del Código Civil, se incurriría, incluso, en un
enriquecimiento sin justa causa, en razón a que siempre quedaría un
remanente de capital que sigue causando intereses, aun cuando la entidad
pretendió dar cumplimiento al objeto principal de la condena: reconocer o
reliquidar la pensión. Esto, además, conllevaría a que, por los trámites
presupuestales y administrativos, la deuda se extendiera indefinidamente en
el tiempo, en perjuicio del patrimonio público y el interés general.
En suma, considera la Sala que si bien es cierto que uno de los principios
fundantes del Estado Social de Derecho es la protección de las garantías
fundamentales y que la estabilidad financiera no puede menoscabarlos,
también lo es que, en aras de proteger el interés general, deben aplicarse
los principios de planificación y anualidad del presupuesto, así como los
mandatos para su ejecución.
Por las razones expuestas, esta Subsección concluye que la aplicación del
artículo 1653 deviene incompatible con las normas que rigen los
presupuestos y trámites de las administradoras y, por lo tanto, los pagos por
concepto de mesadas e intereses necesariamente deben dirigirse a esos
conceptos, no solo por la naturaleza de los recursos de la de seguridad
social, sino por el acatamiento del principio de legalidad en materia
administrativa y presupuestal”19.
Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada señaló que esa
misma postura había sido acogida por la Sala en la sentencia del 29 de septiembre
de 2025, en la cual se indicó20:
“Ahora bien, el a quo consideró que en el presente caso era aplicable el artículo
1653 del Código Civil, por lo cual la imputación de los pagos debería hacerse
primero a capital y luego a intereses.
Al respecto, la Sección Segunda, Subdirección B del Consejo de Estado
mediante sentencia de segunda instancia del 30 de mayo de 2024 consideró lo
siguiente:
(…)
Postura que acoge esta Sala y debido a ello encuentra que la imputación de
pagos debe realizarse primero a capital y luego a intereses.
19 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 0EE212B679C0B2EF 9B1F186DF7A0AB01
5EEC50F3A8465034 B536455DCFF6E6AC.
20 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Exp. 76111333399229219993701, M.P. Katia Alexandra
Domínguez Garcés [cita textual].
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En consecuencia, se realizará nuevamente la liquidación del crédito, para no
dar aplicación al artículo 1653 del Código Civil de conformidad con lo expuesto
anteriormente, es decir que los pagos serán abonados primero a capital y
posterior a ello a los intereses” 21.
Con fundamento en lo anterior, el tribunal sostuvo que compartía la decisión
adoptada por el juzgado de modificar la imputación del pago, en la medida en que
dicha determinación se sustentó en un criterio jurisprudencial vigente en materia de
obligaciones relacionadas con derechos pensionales, como ocurre en el presente
caso. Ello, por cuanto en la sentencia proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho se ordenó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) reliquidar la pensión del señor Carlos Alberto Huertas Davey.
Por otra parte, el tribunal accionado indicó que no advertía vulneración del “principio
de seguridad jurídica, entendido como”22:
“De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la sentencia es inmodificable
por el juez que la dictó, quien una vez profiere la decisión judicial pierde la
competencia respecto del asunto por él resuelto, quedando únicamente
facultado, y de manera excepcional, para aclararla, corregirla y adicionarla en
los precisos términos de los artículos 309, 310 y 311 del Código de
Procedimiento Civil” 23.
5.3. Se advierte entonces que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca explicó
los motivos por los cuales la decisión no modificaba la sentencia emitida en el
proceso ejecutivo, en la medida en que el valor de la obligación era el mismo
establecido allí y solo se afectó el modo en el que se debía realizar el pago.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
5.4. Ahora bien, lo que sí se observa es que la parte actora se relevó de exponer
sus reparos constitucionales en función de los defectos y de cara a las
consideraciones esbozadas en la decisión censurada, lo que a todas luces
demuestra que su discrepancia se limita a un asunto de mera legalidad, sin que
exista un esfuerzo en demostrar la vulneración de una garantía fundamental.
21 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 0EE212B679C0B2EF 9B1F186DF7A0AB01
5EEC50F3A8465034 B536455DCFF6E6AC.
22Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, Rad.
20001233100019990106301 (30872), auto del 22 de noviembre de 2021.
23 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 0EE212B679C0B2EF 9B1F186DF7A0AB01
5EEC50F3A8465034 B536455DCFF6E6AC.
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Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 24.
5.5. En cuanto al cargo relativo a la aplicación indebida del precedente, se colige
que, la accionante no tuvo en cuenta que la autoridad judicial cuestionada citó
jurisprudencia del Consejo de Estado en su decisión en la que se refirió al principio
de la seguridad jurídica y no presentó reparo alguno sobre la manera en que la
interpretó, situación que hace que el cargo carezca de relevancia constitucional en
la medida en que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en asuntos que
atañen a la autonomía del juez del proceso ordinario, porque esto invadiría su órbita
y propendería al mal uso de esta acción constitucional.
5.6. Aunado a lo expuesto, esta judicatura resalta qu e los cargos esbozados en la
acción tuitiva son una reproducción de los presentados por la accionante en el
recurso de apelación interpuesto en el trámite ejecutiva y frente a los cuales la
autoridad judicial se pronunció, razón adicional para concluir que el convocante
pretende utilizar el trámite constitucional como si se tratara de una instancia
adicional.
5.7.Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco
de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental
invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del
juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio
de autonomía judicial.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
24 Sentencia SU215 de 2022.
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Accionantes: Carlos Alberto Huertas Davey
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 25, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario26.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Carlos Alberto Huertas Davey contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali por no superar el requisito
de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
25 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
26 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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