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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00808-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00808-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Arbith José Torres Losada contra el Tribunal Administrativo del Tolima, acorde con las consideraciones expuestas. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00808-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

12 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00808-00
Demandante: Arbith José Torres Losada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00808-00
Demandante: Arbith José Torres Losada
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho: solicitud de reconocimiento de asignación de retiro. Retiro
por destitución. Requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela: Falta de cumplimiento de requisitos generales.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Arbith José Torres Losada contra el
Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 12 Administrativo Mixto de Ibagué, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de febrero de 2026, el señor Arbith José Torres Losada, por intermedio de
apoderado, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el
Juzgado 12 Administrativo Mixto de Ibagué, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Primera Pretensión: Nulidad de la sentencia del 28 de agosto de 2025

Solicito respetuosamente a ese Honorable juez Constitucional que se declare la nulidad
de la sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
notificada el 5 de septiembre de 2025, dentro del radicado 73001-33-33-012-2020-00262-
01, por haber incurrido en graves vulneraciones los derechos fundamentales del señor
Arbith José Torres Losada al debido proceso, a la igualdad, al principio de favorabilidad y
al derecho de acceso a la administración de justicia.

Segunda Pretensión: Dejar sin efectos la sentencia de primera instancia del 30 de
junio de 2023

Solicito que se deje sin efectos la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el
Juzgado 12 Administrativo Mixto de Ibagué, por haber originado la vulneración que
posteriormente confirmó el Tribunal.

Tercera Pretensión: Orden de dictar una nueva sentencia ajustada a la Constitución
y a la Ley Marco 923 de 2004

Solicito que se ordene a la autoridad judicial competente dictar una nueva sentencia, en la
cual se aplique correctamente el marco normativo correspondiente, privilegiando la Ley
Marco 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, en lugar del Decreto 754 de 2019,
cuyo carácter reglamentario y posterior impide su aplicación retroactiva.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00808-00
Demandante: Arbith José Torres Losada

(…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Situación administrativa que dio origen al medio de control

El señor Arbith José Torres Losada prestó el servicio militar en la Policía Nacional
desde el 29 de enero de 2000 hasta el 24 de enero de 2001 (11 meses y 25 días).

El 12 de marzo de 2001, el señor Torres Losada ingresó al curso como aspirante a
patrullero de la Policía Nacional y obtuvo el grado el 27 de marzo de 2002.

El 31 de julio de 2019, siendo intendente, mediante Resolución 03224 de esa misma
fecha, fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional, con ocasión de una
sanción disciplinaria de destitución. Al momento del retiro contaba con 19 años, 7
meses y 25 días.

Luego de su retiro, el 2 de julio de 2020, el actor solicitó a la Policía Nacional la
modificación de la hoja de servicios y el reconocimiento y pago de los 3 meses de alta
por el cumplimiento de los requisitos. Dicha petición fue negada, por medio de oficio
No. E-2020-039661-DIPON DITAH 1.10 del 3 de noviembre de 2020.

El 20 de octubre de 2020, el tutelante elevó petición ante la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (CASUR), con el fin de solicitar el reconocimiento de la
asignación de retiro desde el 31 de julio de 2019, día de su retiro, en atención a haber
cotizado de manera constante e ininterrumpida por 19 años, 7 meses y 25 días.
Mediante oficio 20202100028661 id 604659 del 28 de octubre de 2020, la entidad
negó lo solicitado.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Torres Losada radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
la finalidad de que se dejara sin efectos los referidos oficios y, en consecuencia, se
ordenara (i) a la Policía Nacional, que le reconociera y pagara al actor los tres meses
de alta, y (ii) a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), que le
reconociera y pagara la asignación de retiro, de conformidad con lo establecido en la
Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990.

Por reparto el asunto le correspondió al Juzgado 12 Administrativo Mixto de Ibagué,
bajo el radicado número 73001-33-33-012-2020-00262-00/01 que, en sentencia del
30 de junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que según
el Decreto 754 de 2019, norma que se encontraba vigente al momento del retiro del
actor, establece que, para acceder a la asignación de retiro, se debe acreditar un
término de 20 años de servicios cuando el retiro se ocasione por destitución. Como el
accionante acreditó 19 años, 7 meses y 25 días y fue retirado por destitución, no
cumplió con los requisitos exigidos.

El señor Torres Losada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con fundamento en que se debió inaplicar el Decreto 754 de 2019, por
cuanto, en su criterio, al encontrarse el accionante en servicio activo antes de la
expedición de la Ley 923 de 2004, sus derechos prestacionales debían regirse por los
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Decretos 1212 y 1213 de 1990, los cuales exigen como requisito para el
reconocimiento de la asignación de retiro un tiempo superior a 20 años si el retiro se
produjo por solicitud propia, o un tiempo de servicios de 15 años si el retiro tuvo lugar
por cualquier otra causal como destitución.

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 28 de agosto de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia. Sostuvo que «aunque el señor Torres Losada
hace parte del personal que ingresó al Nivel Ejecutivo por incorporación directa antes del 31 de
diciembre de 2004, su causal de retiro fue la destitución, la cual exige 20 años de servicio, puesto que
acreditó su retiro el 31 de julio de 2019, en vigencia del Decreto 754 de 2019». En ese sentido,
concluyó que debido a que el retiro del señor Torres Losada se produjo con ocasión
de una destitución impuesta en un proceso disciplinario y solamente acreditó 19 años,
7 meses y 25 días de servicios, no cumplió los requisitos exigidos por el Decreto 754
de 2019 para lograr el reconocimiento de la asignación de retiro, por cuanto éste exige
un tiempo de servicios superior para esa causal de retiro.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
siguientes defectos:

• Defecto sustantivo, en tanto consideró que el Tribunal y el Juzgado aplicaron
el Decreto 754 de 2019 retroactivamente y omitieron tener en cuenta lo
dispuesto en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, en
detrimento de la jerarquía normativa constitucional.

• Defecto fáctico, debido a que, en su criterio, la valoración probatoria
realizada por las autoridades judiciales accionadas fue parcial y arbitraria,
pues ignoraron el tiempo real del servicio y la decisión de archivo de la
investigación penal que se adelantó en contra del actor.

• Desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto el Tribunal se
apartó del precedente horizontal, pues señaló que, en casos de supuestos
fácticos y jurídicos similares, falló de manera favorable a las pretensiones.

• Defecto orgánico, comoquiera que las autoridades judiciales accionadas
otorgaron prevalencia normativa al Decreto 754 de 2019 sobre la Ley 923 de
2004 y, a su juicio, esa inversión de la jerarquía normativa afecta la validez de
las providencias aquí cuestionadas.

• Violación directa de la Constitución, porque las sentencias cuestionadas
desconocieron los artículos 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política. En
su criterio, se restringió el acceso a la administración de justicia y se sacrificó
la justicia material sobre aspectos formales.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

El 9 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante, al Tribunal Administrativo del Tolima como demandado, y al
Juzgado 12 Administrativo Mixto de Ibagué, al Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR como
terceros interesados.

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Demandante: Arbith José Torres Losada

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó denegar el amparo solicitado, con
fundamento en los siguientes argumentos:

• El demandante no tiene derecho a la asignación de retiro ni al reconocimiento
de los tres meses de alta en virtud del Decreto 1212 de 1990 o de la Ley 923
de 2004, pues si bien dichas normas establecen un régimen de transición, no
son aplicables al caso concreto.

• El Decreto 754 de 2019 causa efectos jurídicos retrospectivos al momento del
ingreso del señor Torres Losada al escalafón de la Policía Nacional, pues ante
la declaratoria de nulidad de las normas que fueron proferidas para regular la
asignación de retiro (Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012), el actor tenía
una mera expectativa del reconocimiento de la asignación de retiro, derecho
que se consolidó el 31 de julio de 2019, al momento del retiro, cuando se
encontraba en vigencia el Decreto 754 de 2019. En ese sentido, el accionante
debía probar un periodo de servicio equivalente a 20 años, pero solo acreditó
19 años, 7 meses y 25 días de servicios.

• La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es
excepcional, por cuanto se encuentran respaldadas por el principio de
autonomía e independencia judicial. Esa restricción resulta aún más estricta
cuando se cuestionan decisiones que ponen fin al proceso, pues en esos
casos la providencia hace tránsito a cosa juzgada.

El Juzgado 12 Administrativo Mixto de Ibagué envió el enlace del expediente digital
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero guardó
silencio respecto a las pretensiones de la solicitud de tutela.

6. Intervenciones de los terceros con interés

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) sostuvo que la
finalidad de la presente acción de tutela es que se declarara la nulidad de un acto
administrativo que ya fue controvertido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, trámite en el cual se surtieron todas las etapas procesales y se respetó
el debido proceso de las partes, tanto en sede de primera como de segunda instancia.
Por lo anterior, concluyó que la presente acción de tutela resulta improcedente.

Adicionalmente, señaló que la nulidad y restablecimiento del derecho es la vía
ordinaria y suficiente para la protección de los derechos del administrado. Por lo tanto,
la decisión que puso fin al proceso ya hizo tránsito a cosa juzgada y no es posible que
mediante la tutela se reabra un debate de legalidad ya resuelto por la jurisdicción
encargada.

Con base en lo anterior, solicitó que la tutela fuera declarada improcedente, que se
declarara que esa entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor y,
en consecuencia, se ordenara su desvinculación del trámite de tutela.

La Policía Nacional solicitó que se declarara la improcedencia de la presente acción
de tutela, por cuanto el actor pretende convertir esta vía constitucional en una tercera
instancia, en la búsqueda de una decisión favorable. Además, no se advirtió la

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existencia de un perjuicio irremediable que ameritara su procedencia como un
mecanismo transitorio.

Sostuvo que esa entidad no vulneró los derechos fundamentales invocados porque la
negativa del reconocimiento de la asignación de retiro obedeció a que el señor Torres
Losada fue retirado de la institución por destitución. En consecuencia, debía acreditar
20 años de servicio, pero no lo hizo. Tampoco cumplió los requisitos para el
reconocimiento de los tres meses de alta, debido a que su retiro tuvo lugar por
destitución.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Problema jurídico

Previo a plantear el problema jurídico, es necesario resaltar que la parte actora endilga
tanto al Juzgado 12 Administrativo Mixto de Ibagué como al Tribunal Administrativo
del Tolima, la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica, al proferir las sentencias del 30 de junio de 2023 y del
28 de agosto de 2025, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-012-2020-00262-00/01.

No obstante, esta Sección se limitará a analizar la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, comoquiera que fue la que puso fin a la controversia
debatida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

De esta forma, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del
Tolima vulneró los derechos fundamentales invocados en la sentencia del 28 de
agosto de 2025, por incurrir presuntamente en los defectos sustantivo, fáctico,
orgánico, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la
Constitución, al denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho presentada con el fin de dejar sin efectos los actos administrativos que
negaron (i) el reconocimiento y pago de los 3 meses de alta, y (ii) el reconocimiento
de la asignación de retiro.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque no se acreditó
el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, pues el accionante
insiste en los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, lo que
pretende es configurar una instancia adicional.

Para resolver este asunto, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y; (iii) el análisis del caso concreto.

Sin embargo, de manera previa, la Sala deberá referirse a la solicitud de
desvinculación presentada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –
CASUR.

(i) Cuestión previa: Solicitud de desvinculación de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional – CASUR

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR solicitó su
desvinculación del trámite de la presente acción de tutela, por cuanto no ha vulnerado
derecho fundamental alguno del accionante.

Al respecto, la Sala advierte que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
– CASUR se encuentra vinculada al presente trámite constitucional en calidad de
tercero con interés, dado que fue una de las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se emitió la sentencia
cuestionada, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negará la solicitud de
desvinculación.

(ii) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
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El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de
tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para
discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese
tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii)Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o
vulnera los derechos fundamentales.

(iii)Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos
en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales
no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Ibidem.
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decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(iii) Caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

En el caso concreto, la Sala advierte que la parte demandante propone la misma
discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra la Policía Nacional y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR, con el fin de que, en su condición
de intendente retirado de la Policía Nacional se le reconociera y pagara los 3 meses
de alta y la asignación de retiro de conformidad con la Ley 923 de 2004 y los Decretos
1212 y 1213 de 1990.

El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado 12
Administrativo Mixto de Ibagué que, en sentencia del 30 de junio de 2023, declaró
probada la excepción de inexistencia del derecho propuesta por la entidad demandada
y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de la
decisión, el Juzgado señaló que el actor no cumplió con los requisitos exigidos en el
Decreto 754 de 2019, según el cual se debe acreditar un término de 20 años de
servicios cuando el retiro se ocasione por destitución, pero el actor solo acreditó 19
años, 7 meses y 25 días.

Contra la anterior decisión el ahora tutelante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, al considerar que se debió inaplicar Decreto 754 de
2019, pues, a su juicio, los derechos prestacionales del actor debían regirse por los
Decretos 1212 y 1213 de 1990, por cuanto se encontraba en servicio activo antes de
la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004. Los decretos en mención exigen como
requisito 20 años de servicio si el retiro se produjo por solicitud propia y 15 años de
servicio si el retiro tuvo lugar por cualquier otra causal como destitución.

Por su parte, en el escrito de tutela, el actor aduce que la autoridad judicial demandada
incurrió en defectos sustantivo, fáctico, orgánico, desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución, básicamente con el argumento
de que el Tribunal aplicó indebidamente el Decreto 754 de 2019, cuando correspondía
aplicar Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, en atención al principio
de jerarquía normativa y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades.
De tal manera que, para el reconocimiento de la asignación de retiro del actor, se le
debe exigir 15 años de servicio activo, sin perjuicio de la causa de su retiro de la
institución.

A partir de lo anterior, la Sala observa que el actor plantea nuevamente la misma
discusión jurídica que ya fue objeto de análisis en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual también actuó como demandante. En esta
ocasión, reitera los argumentos expuestos en el trámite ordinario, fundamentándose
en la presunta configuración de defectos sustantivo, fáctico, orgánico,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución,
sin que ello modifique sustancialmente el núcleo del debate ya resuelto por las

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00808-00
Demandante: Arbith José Torres Losada

autoridades judiciales competentes, lo cual evidencia que lo que pretende la parte
actora es hacer uso de la presente solicitud de amparo como una instancia adicional.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
actora ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia del 28
de agosto de 2025, que, en lo que interesa, consideró:

«Sobre el particular, este Tribunal comparte el criterio del Juzgado de Primera Instancia al concluir
que el demandante no tiene derecho a la asignación de retiro o al reconocimiento de los 3 meses de
alta bajo el Decreto 1212 de 1990 o la Ley 923 de 2004, afirmación que no desconoce que las
precitadas normas establecieron un régimen de transición, que, sin embargo, no es la aplicable al
caso concreto, pues, para esta Sala, el Decreto 754 causa efectos jurídicos retrospectivos en la
situación jurídica del señor Torres Losada al momento de su ingreso al escalafón de la Policía
Nacional, porque ante la declaratoria de nulidad de las normas que fueron proferidas para regular la
asignación de retiro (Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012), tenía el demandante una mera
expectativa sobre su derecho al reconocimiento de la asignación de retiro, el cual se consolidó
únicamente al momento de su retiro, es decir: el 31 de julio de 2019, en vigencia del Decreto 754 de
2019.

Esta interpretación encuentra fundamento en la tesis del Consejo de Estado, sentencia No. 11001-
03-15-000-2019-04658-00, calendado el día 25 de noviembre de 2019, en la que se estudió si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto procedimental al aplicar erradamente
el Decreto 754 de 2019 de manera retrospectiva, frente a lo cual afirmó que “en efecto, al verificar
lo previsto en el artículo 1 del Decreto 754 de 2019, es dable concluir que el legislador dio efectos
retrospectivos a lo allí dispuesto, por lo que el Tribunal, en apego a la Ley, aplicó tales parámetros
fijados en esa normativa para denegar la asignación de retiro del actor”.

La anterior tesis fue reiterada por el órgano de cierre, en sentencia del 21 de enero de 2021, proferida
por la Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado interno 2349-
2019 en la que, en un caso de contornos jurídicos similares, concluyó:

“66. Esto, en atención de los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del parágrafo 2. del
artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y del artículo 2. del Decreto 1858 de 2012, lo que
conducía a aplicar la transición señalada en el artículo 3., ordinal 3. 1. inciso 2. de la Ley 923
de 2004, toda vez que el único condicionamiento es que al momento de la entrada en vigencia
de la Ley 923 de 2004 la persona se encuentre en servicio activo de la Fuerza Pública.

67. Sin embargo, advierte la Sala que en este caso no es posible aplicar el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990 que exige 15 años de servicios cuando el retiro se produzca por causa
distinta a la voluntad propia, toda vez que con la expedición del Decreto 754 de 30 de abril
de 2019 «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004», se estableció como requisito para acceder a la asignación de retiro para
ese personal, el acreditar veinte (20) años de servicio, cuando el retiro se produzca por
destitución, norma que se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 3.,
ordinal 3. 1. inciso 2. de la Ley 923 de 2004:

(…)

A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de
la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo
de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de
esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el
retiro se produzca por cualquier otra causal.

(…)

68. Como ya se indicó, el Decreto 754 de 30 de abril de 2019 diferenció dos categorías de
causales de retiro, frente a la exigencia de tiempos de servicio para el reconocimiento de la
asignación a los miembros del nivel ejecutivo incorporados de manera directa antes del 31
de diciembre de 2004, causales que valga mencionar, se equipararon a aquellas establecidas
para el personal homologado en el artículo 1. del Decreto 1858 de 2012. Tales categorías
para el reconocimiento de la prestación son:

1. Para quienes sean retirados de la institución con quince (15) años o más de servicio por
(i) llamamiento a calificar servicios, (ii) por voluntad del Director General de la Policía, o
(iii) por disminución de la capacidad psicofísica.

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2. Los que se retiren (I) a solicitud propia o (ii) sean retirados o separados en forma absoluta
o (iii) destituidos después de veinte (20) años de servicio.

(…)”.

Por otro lado, si bien en casos anteriores el Consejo de Estado ha accedido a pretensiones similares
bajo la aplicación del Decreto 1212 de 1990 (que exigía 15 años de servicio para retiros por causa
distinta a la voluntad propia) y considerando los efectos ex tunc de la nulidad de Decretos como el
1858 de 2012, esta interpretación no resulta aplicable al presente caso. La única condición para
aplicar la transición de la Ley 923 de 2004 es que la persona se encuentre en servicio activo de la
Fuerza Pública al momento de la entrada en vigencia de dicha ley, sin embargo, esto no implica una
aplicación automática del régimen más antiguo.

Al respecto, esta Corporación destaca especialmente la providencia del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 2017-00317-01 (2458/19)
del 27 de mayo de 2021, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, por medio de la cual, en una situación
de aspectos jurídicos similares, se concedieron las pretensiones del demandante, estableciendo lo
siguiente:

“Cabe precisar que, a la fecha de retiro del servicio del señor Mendoza Acosta Q.E.P.D, el 12
de marzo de 2014, según consta en la Resolución 00896 del 6 del mismo mes y año, el
Artículo 25, parágrafo 2.° del Decreto 4433 de 2004 ya había sido declarado nulo mediante
sentencia del 12 de abril de 2012, por lo que no le era aplicable, dado que su situación jurídica
no se consolidó durante su vigencia. Tampoco le resulta aplicable el Artículo 2.° del Decreto
1858 de 2012, ya que también fue declarado nulo mediante sentencia del 3 de septiembre de
2018. (…) Lo anterior significa que al momento de la desvinculación del señor Mendoza
Acosta, el 12 de marzo de 2014, no existía una norma que regulara la asignación de retiro
que le fuera aplicable y que cumpliera con los requisitos del Artículo 3.° de la Ley 923 de
2004, específicamente con lo dispuesto en el numeral 3.1., según el cual los requisitos para
acceder a la prestación social no podían ser mayores a los establecidos en las normas que
regían la situación de estos servidores públicos a su entrada en vigencia (31 de diciembre de
2004).Y como las normas que regían a esa fecha también fueron expulsadas del
ordenamiento jurídico (Artículos 53 del Decreto 1029 de 1994, 51 del Decreto 1091 de 1995
y Decreto Ley 2070 de 2003), la consecuencia lógica es aplicar las que sí mantuvieron su
vigencia con ocasión de esta situación, esto es, el Artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 que
regula el rango más cercano a los policías del nivel ejecutivo y que no fue derogada por el
Decreto 1791 de 2000, tal como lo determinó en el Artículo 95 , que dejó vigente las normas
sobre prestaciones sociales establecidas en el título «iv» del mentado Decreto, dentro de las
que se encuentran las relacionadas con la asignación de retiro (Artículo 144).” (Subrayado
fuera de texto).”.

Por lo expuesto anteriormente, se reitera que, en el caso en concreto, aunque el señor Torres Losada
hace parte del personal que ingresó al Nivel Ejecutivo por incorporación directa antes del 31 de
diciembre de 2004, su causal de retiro fue la destitución, la cual exige 20 años de servicio, puesto
que acreditó su retiro el 31 de julio de 2019, en vigencia del Decreto 754 de 2019. Dado que el
demandante solamente acreditó 19 años, 7 meses y 25 días de servicios, es evidente que no reúne
todos los supuestos de hecho que exige el Decreto 754 de 2019 para obtener el reconocimiento
prestacional reclamado, pues su causal de retiro exige un tiempo de servicios superior.

Finalmente, por densidad de precedentes solo uno (1) daría para conceder y otros tres (3) niegan,
por lo que no es posible acceder a las pretensiones.

Respecto al argumento esgrimido por el apelante en el recurso de alzada sobre la ilegalidad de la
causal de destitución del demandante por encontrar su origen en una investigación penal archivada,
esta Sala considera innecesario profundizar en su discusión, al encontrarlos incongruentes y ajenos
a la ratio procesal del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de índole disciplinaria y penal
que no fue objeto de debate en la demanda inicial ni de la decisión de primera instancia.

El problema jurídico planteado y resuelto en primera instancia se limitó a determinar el derecho del
demandante a la asignación de retiro y al reconocimiento de los 3 meses de alta, con base en el
régimen prestacional aplicable. La legalidad o ilegalidad de la causal de retiro por destitución, si bien
es un tema relevante, solo sería pertinente en un proceso distinto, como uno de reintegro al servicio,
donde se controvierta directamente la validez de la sanción disciplinaria.»

De lo anterior, es posible concluir que la autoridad judicial demandada fundamentó las
razones por las cuales aplicó el Decreto 754 de 30 de abril de 2019 al caso del señor
Torres Losada, en lugar de aplicar los Decretos 1212 y 1213 de 1990. Como
consecuencia de ese análisis, el Tribunal concluyó que el demandante no cumplía con
los requisitos para obtener el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, pues

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Demandante: Arbith José Torres Losada

al haber sido retirado por destitución, debía acreditar un tiempo de servicio de 20 años
y solo acreditó 19 años, 7 meses y 25 días de servicio.

Siendo así, aunque la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró
los derechos fundamentales invocados, porque, presuntamente aplicó de manera
errónea el Decreto 754 de 2019, lo cierto es que el demandante pretende hacer uso
de la acción de tutela de la referencia para insistir en los mismos argumentos que
alegó en el trámite ordinario, los cuales, como se vio, ya fueron resueltos por los jueces
naturales de la causa.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque la parte actora reiteró los
argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario, lo que permite evidenciar
que la inconformidad del actor se generó con las conclusiones del juez natural, las
cuales no coinciden con sus intereses.

Por las anteriores razones, la Sala se abstendrá de hacer un pronunciamiento de
fondo sobre la vulneración alegada por el demandante, dado que la acción de tutela
no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio de los cargos
invocados por parte del juez constitucional, en consecuencia, se declarará
improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional – CASUR, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Arbith José
Torres Losada contra el Tribunal Administrativo del Tolima, acorde con las
consideraciones expuestas.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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