Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00808-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00808-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00808-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00808-01
Accionante: ARBITH JOSÉ TORRES LOSADA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial — improcedencia de la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 12 de marzo del 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 9 de febrero del 20262, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 27 de marzo del 20263 se concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El accionante, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción
de tutela4 en contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 12
Administrativo Mixto de Ibagué. Con la solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 7 del expediente electrónico de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno
precisar que se tuvo por accionante al señor Arbith José Torres Losada, y como accionado al
Tribunal Administrativo de Tolima. Además, se dispuso la vinculación como terceros con interés
al Juzgado Doce Administrativo Mixto de Ibagué, a la Nación - Ministerio de Defensa, a la Policía
Nacional, y a la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía Nacional. También, se notificó la
providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3 Índice 33 del expediente de primera instancia en Samai.
4 El 4 de febrero de 2026.
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2. La trasgresión de las referidas garantías constitucionales se las adjudica
a las providencias del 28 de agosto de 2025 y del 30 de junio de 2023, proferidas,
en su orden, por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 12
Administrativo Mixto de Ibagué, en virtud de las cuales negaron las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho5 promovido por el
actor contra la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía Nacional – CASUR, y la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
1.2. Hechos
3. El señor Arbith José Torres Losada prestó el servicio militar en la Policía
Nacional desde el 29 de enero de 2000 hasta el 24 de enero de 2001, por un total
de 11 meses y 25 días. Posteriormente, el 12 de marzo de 2001 ingresó al curso
como aspirante a patrullero de la Policía Nacional, obteniendo el correspondiente
grado el 27 de marzo de 2002.
4. El 31 de julio de 2019, cuando ostentaba el grado de intendente, fue
retirado del servicio activo de la Policía Nacional mediante la Resolución 03224
de esa misma fecha, como consecuencia de una sanción disciplinaria de
destitución. Para ese momento, el señor Torres Losada contaba con un tiempo
total de servicio de 19 años, 7 meses y 25 días.
5. Con posterioridad a su retiro, solicitó a la Policía Nacional el
reconocimiento y pago de los tres (3) meses de alta por considerar que cumplía
con los requisitos legales. Dicha solicitud fue negada mediante el oficio S – 2020-
047918-DITAH del 3 de noviembre de 2020.
6. Asimismo, el 20 de octubre de 2020, elevó petición ante la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), solicitando el reconocimiento de la
asignación de retiro a partir del 31 de julio de 2019, fecha de su desvinculación,
argumentando haber cotizado de forma constante e ininterrumpida durante 19
años, 7 meses y 25 días. Esta solicitud fue negada por CASUR mediante el oficio
20202100028661 id: 604659 del 28 de octubre de 2020, tras concluir que no
cumplía con los requisitos de conformidad con lo establecido en el Decreto 4433
de 2004 en concordancia con el Decreto 754 de 2019.
7. Inconforme con la negativa, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda6 con el propósito de que se
dejaran sin efectos los oficios mediante los cuales se negaron sus solicitudes
administrativas y, en consecuencia, se ordenara: (i) a la Policía Nacional
reconocerle y pagarle los tres (3) meses de alta, y (ii) a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (CASUR) reconocerle y pagarle la asignación de
retiro, conforme a lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213
de 1990.
5 Con radicado 73001-33-33-012-2020-00262-00/01
6 El siete de diciembre de 2020.
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8. Por reparto, el proceso correspondió al Juzgado 12 Administrativo Mixto
de Ibagué7, el cual, mediante sentencia del 30 de junio de 2023, negó las
pretensiones de la demanda. El juzgado consideró que, de acuerdo con el
Decreto 754 de 2019, norma vigente al momento del retiro del actor, para acceder
a la asignación de retiro cuando la causal de desvinculación es la destitución, se
requiere acreditar 20 años de servicios.
9. En ese contexto, el despacho advirtió que el señor Torres Losada fue
retirado del servicio por destitución y únicamente acreditó 19 años, 7 meses y 25
días de servicio, razón por la cual no cumplió los requisitos exigidos por el
Decreto 754 de 2019 para el reconocimiento de la asignación de retiro.
10. Contra dicha decisión, el señor Torres Losada interpuso recurso de
apelación, argumentando que debía inaplicarse el Decreto 754 de 2019, pues, a
su juicio, al encontrarse en servicio activo con anterioridad a la expedición de la
Ley 923 de 2004, su régimen prestacional debía regirse por los Decretos 1212 y
1213 de 1990. Sostuvo que estas normas exigen un tiempo superior a 20 años
cuando el retiro ocurre por solicitud propia, o 15 años de servicios cuando el retiro
se produce por cualquier otra causal, incluida la destitución.
11. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 28 de agosto
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, al señalar que, si bien el señor
Torres Losada ingresó al Nivel Ejecutivo por incorporación directa antes del 31
de diciembre de 2004, su causal de retiro fue la destitución, acaecida el 31 de
julio de 2019, cuando se encontraba vigente el Decreto 754 de 2019.
12. En consecuencia, concluyó que, al haber sido retirado por destitución y
acreditar solo 19 años, 7 meses y 25 días de servicios, no cumplió el tiempo
mínimo exigido por dicha norma (20 años) para el reconocimiento de la
asignación de retiro, la cual demanda un término superior de servicios para esa
causal de desvinculación.
1.3. Sustento de la vulneración
13. La parte actora afirmó que la autoridad judicial accionada, al proferir la
providencia aquí controvertida, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.
Asimismo, que se cumplen todos los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y, que se configuraron los defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente, orgánico, y violación directa
de la Constitución. También, indicó que se desconocieron los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica, dignidad humana, y los «fines esenciales
del estado».
14. Estimó configurado el defecto sustantivo, porque el tribunal aplicó de
manera retroactiva el Decreto 754 de 2019, desplazando indebidamente la Ley
7 El proceso se identificó con el radicado núm. 73001-33-33-012-2020-00262-00/01.
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Marco 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, con lo cual se alteraron
las condiciones de un derecho que, a su juicio, ya se encontraba consolidado.
Señaló que esta sustitución normativa desconoció el régimen de transición, el
principio de favorabilidad laboral y la jerarquía normativa constitucional, al hacer
prevalecer una norma reglamentaria posterior sobre disposiciones legales que
protegían su situación prestacional.
15. Asimismo, sostuvo que la confirmación de la sentencia de 30 de junio de
2023 se fundamentó en interpretaciones contrarias a la Constitución, pues, a su
juicio el presidente de la República carecía de competencia para modificar el
régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, facultad
reservada al Congreso conforme a los artículos 150 (numerales 10 y 19, literal e)
y 84 superiores.
16. En ese contexto, afirmó que el artículo 1° del Decreto 754 de 2019 no
podía afectar su derecho, dado que se encontraba amparado por la cláusula
transitoria de la Ley 923 de 2004, que fija un mínimo de 15 años de servicio
cuando el retiro se produce por causal distinta a la renuncia. Agregó que el
tribunal debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, máxime cuando dicha
disposición reglamentaria reproducía el contenido del Decreto 1858 de 2012,
previamente anulado por el Consejo de Estado8.
17. Igualmente, afirmó que se configuró un defecto fáctico, pues la valoración
probatoria realizada fue parcial, incompleta y carente de rigor. Indicó que el
tribunal ignoró elementos determinantes como el cómputo real del tiempo de
servicio y, especialmente, una prueba que, en su decir, fue sobreviniente
relacionada con el archivo de la investigación penal por atipicidad de la conducta.
Según el accionante, dicha omisión distorsionó la verdad procesal, ya que el juez
de segunda instancia sustituyó un análisis integral de las pruebas por una lectura
restrictiva e infundada, vulnerando el debido proceso probatorio.
18. Asimismo, alegó un defecto por desconocimiento del precedente, al
advertir que el tribunal omitió aplicar su propio precedente fijado al resolver un
caso que presentaba similitudes relevantes en materia de régimen prestacional.
Señaló que no se ofreció una justificación seria ni razonable para apartarse de
dicha línea jurisprudencial, lo que generó una ruptura injustificada del precedente
horizontal vinculante9.
19. Alegó configurado un defecto orgánico, al darle prevalencia a un decreto
reglamentario sobre una Ley expedida por el Congreso de la República,
desconociendo el principio de supremacía constitucional y la separación de
poderes.
8 Sentencia del 3 de septiembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, radicado 11001-03-25-000-2013-00543-00(1060-13), MP Cesar Palomino Cortés.
9 Al respecto, citó la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima del 14 de febrero de 2019,
proferida dentro del radicado No. 73001-33-33-009-2017-00264-01.
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20. Finalmente, indicó que la providencia incurrió en un defecto por violación
directa de la Constitución, al desconocer los artículos 13, 29, 228 y 229 de la
Carta Política. En su criterio, el Tribunal impuso una interpretación regresiva en
su perjuicio, sacrificó la justicia material en favor de formalismos y restringió
injustificadamente su acceso efectivo a la administración de justicia,
consolidando así una decisión contraria a los mandatos constitucionales que
gobiernan la función judicial.
1.4. Intervenciones
21. El magistrado titular del despacho 003 del Tribunal Administrativo del
Tolima, intervino en el presente asunto para solicitar que se deniegue el amparo,
pues no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales invocados. Como
sustento, argumentó que el actor no tenía derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro ni de los tres meses de alta con fundamento en el Decreto
1212 de 1990 ni en la Ley 923 de 2004.
22. Explicó que, aunque dichas normas contemplaron un régimen de
transición, este no resultaba aplicable al caso concreto, pues el derecho
reclamado no se encontraba adquirido sino supeditado a su consolidación al
momento del retiro. En ese contexto, reiteró que la situación jurídica del señor
Torres Losada debía resolverse conforme a la normatividad vigente el 31 de julio
de 2019, fecha en la cual se produjo su desvinculación del servicio.
23. Argumentó, que en el fallo se dejó claro que para la Sala el Decreto 754
de 2019 producía efectos jurídicos retrospectivos, por cuanto, tras la declaratoria
de nulidad de los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, el actor apenas
ostentaba una mera expectativa frente al reconocimiento de la asignación de
retiro. Señaló, que ese derecho solo se consolidó con el retiro efectivo del
servicio, cuando ya estaba vigente el Decreto 754 de 2019, el cual exigía un
mínimo de 20 años de servicio en los casos de destitución. Dado que el
accionante únicamente acreditó 19 años, 7 meses y 25 días, concluyó que no
cumplía los requisitos legales para acceder a la prestación solicitada, razón por
la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, incluso con condena en
costas.
24. Finalmente, enfatizó que la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene carácter excepcional y está limitada por los principios de autonomía e
independencia judicial, previstos en el artículo 230 de la Constitución. Indicó que
las decisiones cuestionadas fueron el resultado de un análisis razonado del
material probatorio y del marco normativo aplicable, y no constituyeron una vía
de hecho ni una ruptura grosera del ordenamiento jurídico.
25. En consecuencia, advirtió que la tutela no podía utilizarse como un
mecanismo para reabrir debates ya definidos en sede ordinaria ni para
controvertir interpretaciones jurídicas legítimas, so pena de desconocer la cosa
juzgada, la seguridad jurídica y las formas propias de cada proceso.
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26. El Juzgado 12 Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Ibagué
intervino en el asunto a través del titular del despacho. Después de realizar un
recuento de las actuaciones de primera y segunda instancia, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por cuanto no observó acreditado
ninguno de los requisitos de procedibilidad de esta, tampoco la violación de
derechos fundamentales, y lo que se pretende es reabrir un debate legal que ya
fue resuelto por los jueces naturales. Adicionalmente, remitió copia del
expediente digital.
27. Por su parte, la Policía Nacional después de realizar un recuento de las
pretensiones de la demanda, y de lo decidido en el proceso ordinario, solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que el actor
pretendía utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia, con
el propósito de obtener una decisión favorable luego de haber agotado el proceso
ordinario. Adujo, además, que en el caso concreto no se evidenciaba la existencia
de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia excepcional de la tutela
como mecanismo transitorio.
28. Sostuvo, que la entidad no vulneró los derechos fundamentales invocados,
dado que la negativa en el reconocimiento de la asignación de retiro obedeció a
una estricta aplicación del régimen normativo vigente. Explicó que el señor Torres
Losada fue retirado de la institución por la causal de destitución, razón por la cual
estaba obligado a acreditar un mínimo de 20 años de servicio, requisito que no
cumplió.
29. Finalmente, precisó que el actor tampoco reunía los presupuestos para el
reconocimiento de los tres meses de alta, en tanto dicha prerrogativa no procede
cuando el retiro se produce por destitución. En consecuencia, concluyó que las
decisiones administrativas cuestionadas se ajustaron a derecho y que la acción
de tutela debía ser rechazada por improcedente.
30. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) solicitó
que la acción de tutela fuera declarada improcedente, al considerar que su
finalidad real era reabrir un debate sobre la nulidad de un acto administrativo que
ya había sido controvertido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Señaló que dicho proceso se surtió de manera regular, con pleno respeto del
debido proceso y agotando las instancias de primera y segunda decisión.
31. En esa línea, sostuvo que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho constituía el mecanismo ordinario, idóneo y suficiente para la protección
de los derechos del actor, y que la decisión judicial que puso fin a ese trámite ya
había hecho tránsito a cosa juzgada. Por tal razón, advirtió que no resultaba
jurídicamente admisible utilizar la tutela para reabrir un debate de legalidad ya
resuelto por el juez natural.
32. Con fundamento en lo anterior, CASUR solicitó que se declare la
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improcedencia del amparo, pues no vulneró derecho fundamental alguno del
actor y, en consecuencia, se ordene su desvinculación del trámite de tutela10.
1.5. Sentencia de primera instancia
33. Mediante fallo del 12 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción. En esa oportunidad, el a quo
constitucional delimitó el estudio exclusivamente a la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima, por haber sido la que puso fin al proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho. Tras exponer las reglas excepcionales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, centró su análisis en el
requisito general de relevancia constitucional, el cual consideró como
presupuesto indispensable para habilitar el examen de fondo de los defectos
alegados.
34. En el caso concreto, observó que tanto el juzgado de primera instancia
como el tribunal habían dado respuesta expresa y motivada a la discusión sobre
el régimen prestacional aplicable, para concluir que el derecho a la asignación de
retiro solo se consolidó al momento de la desvinculación ocurrida en julio de 2019,
cuando se encontraba vigente el Decreto 754 de 2019, que exigía 20 años de
servicio en caso de destitución, tiempo que el accionante no alcanzó a completar.
Por lo anterior, concluyó que la acción de tutela no superaba el requisito de
relevancia constitucional, pues el actor reiteró en sede constitucional los mismos
argumentos jurídicos que ya había planteado y debatido ampliamente en el
proceso ordinario y en el recurso de apelación, y en consecuencia lo que se
refleja es una mera inconformidad con las conclusiones a las que llegó el juez
natural, para reabrir un debate legal.
1.6. Impugnación
35. La parte actora sostuvo que la sentencia de primera instancia había
valorado de manera restrictiva el requisito de relevancia constitucional y, por ello,
concluyó erradamente que la tutela reproducía los argumentos del proceso
ordinario. Para refutarlo, formuló un problema jurídico, tres cargos específicos,
varias peticiones y consideraciones sobre la procedencia del amparo en su caso.
36. En relación con el problema jurídico, señaló que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado incurrió en error al declarar improcedente la acción mediante
sentencia del 12 de marzo de 2026, bajo el argumento de ausencia de relevancia
constitucional. A su juicio, el verdadero debate consistía en determinar si esa
decisión desconoció el alcance de la tutela contra providencias judiciales, pues
el amparo planteaba cargos autónomos de naturaleza constitucional dirigidos a
demostrar la vulneración de derechos fundamentales.
10 La solicitud de desvinculación fue negada en la sentencia de primera instancia.
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37. Precisó que debía establecerse si la acción cumplía los requisitos
generales de procedencia, ya que cuestionaba la providencia del 28 de agosto
de 2025 por defectos sustantivo y fáctico, además de violación directa de la
Constitución. Tales defectos derivaban de la aplicación preferente del Decreto
754 de 2019 sobre la Ley Marco 923 de 2004, lo que afectaba la jerarquía
normativa y derechos como el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la
igualdad, la confianza legítima, la seguridad jurídica y la supremacía
constitucional.
38. Como primer cargo, reprochó que la sentencia impugnada hubiera negado
la relevancia constitucional, realizando una lectura restrictiva del requisito.
Argumentó que la tutela no se limitaba a una discusión de legalidad, sino que
exponía la vulneración de derechos fundamentales y la inversión de la jerarquía
normativa, lo que imponía un examen constitucional de fondo conforme a la
sentencia C-590 de 2005. Añadió que el salvamento de voto en la decisión del
Tribunal Administrativo del Tolima evidenciaba que no se trataba de un asunto
pacífico, sino de una controversia que ameritaba estudio constitucional.
39. Como segundo cargo, afirmó que la decisión erró al sostener que la acción
reproducía los argumentos de la apelación. Explicó que, mientras en el proceso
ordinario se debatió la aplicación del régimen prestacional, en la tutela se
formularon cargos autónomos de naturaleza constitucional, orientados a
demostrar defectos sustantivo, fáctico y por violación directa de la Constitución.
Señaló que la coincidencia temática no convertía la tutela en una tercera
instancia, pues el núcleo del amparo era denunciar la aplicación de una norma
reglamentaria en detrimento de una ley marco y la vulneración de principios como
favorabilidad laboral, confianza legítima y seguridad jurídica.
40. Respecto del tercer cargo, manifestó que la providencia cuestionada había
incurrido en violación de la jerarquía normativa, defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución, al aplicar de manera preferente el Decreto 754 de 2019
sobre la Ley 923 de 2004. Consideró que ello desconocía el artículo 4 de la
Constitución y los artículos 48, 53 y 84 superiores, al imponer requisitos más
gravosos no previstos en la norma de mayor jerarquía. Aclaró que la tutela no
pretendía un control abstracto del decreto ni reabrir el proceso ordinario, sino
verificar si la providencia judicial había aplicado indebidamente el derecho,
contrariando principios de supremacía constitucional, favorabilidad, protección al
trabajo y seguridad social.
41. En sus peticiones, solicitó reconocer la relevancia constitucional del
asunto, desvirtuar la afirmación de que la tutela reproducía la apelación, declarar
la posible violación de la jerarquía normativa y el defecto sustantivo, revocar la
sentencia del 12 de marzo de 2026 y ordenar el estudio de fondo del amparo. De
manera subsidiaria, pidió que, aún si no se concedía directamente el amparo, el
juez constitucional examinara la providencia del Tribunal Administrativo del
Tolima a la luz de los defectos sustantivo y por violación directa de la
Constitución.
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42. En sus consideraciones finales, afirmó que la acción de tutela era
procedente porque trascendía una discusión de legalidad y comprometía la
jerarquía normativa y la supremacía constitucional. Defendió que la aplicación
preferente de un decreto reglamentario sobre una ley marco configuraba una
vulneración directa de derechos fundamentales, lo que otorgaba al caso
relevancia constitucional.
43. Señaló que no pretendía convertir la tutela en una tercera instancia, sino
corregir defectos constitucionales que no podían subsanarse por otro medio
judicial, dado que el proceso ordinario ya había concluido. Finalmente, concluyó
que la declaratoria de improcedencia vaciaba de contenido el control
constitucional sobre providencias judiciales, imponiendo un estándar
excesivamente restrictivo, y que el juez de tutela debía examinar de fondo la
decisión cuestionada en garantía del debido proceso, la tutela judicial efectiva y
la supremacía de la Constitución.
1.7. Solicitud de medida provisional
44. Revisado el escrito de tutela, la Sala observa que el accionante elevó una
solicitud de suspensión provisional de los efectos de la sentencia que dio origen
al presente trámite constitucional. Sin embargo, ni en el auto admisorio, ni en la
sentencia de primera instancia se resolvió sobre dicha solicitud. Asimismo, no se
observa en el resto del expediente manifestación alguna por parte del accionante
al respecto, y en el escrito de impugnación de la decisión de primera instancia
tampoco manifestó su inconformismo frente a la mencionada omisión.
45. En resumen, el actor solicitó la suspensión provisional de la sentencia del
28 de agosto de 2025, al considerar que su ejecución le ocasionaba un perjuicio
irremediable, al impedirle acceder a una prestación de la cual dependía su
sustento y el de su familia. Señaló que la continuidad de sus efectos afectaba de
manera grave y actual su mínimo vital, especialmente cuando, a su juicio, existían
elementos que cuestionaban la motivación de la decisión adoptada.
46. Sostuvo que esperar el fallo definitivo de la tutela sin adoptar la medida
solicitada haría ineficaz el amparo y permitiría la consolidación de un daño
irreversible. Por ello, afirmó que el juez constitucional debía actuar de forma
inmediata para garantizar una protección real y efectiva de sus derechos,
evitando que la providencia impugnada continuara afectando su estabilidad
económica y dignidad personal.
II. CONSIDERACIONES
47. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia del amparo solicitado por no encontrarse acreditado el requisito
de relevancia constitucional, por los motivos que pasan a explicarse a
continuación.
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2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
48. El Consejo de Estado11 y la Corte Constitucional12, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales13 y a la configuración de algún
defecto especial14 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
49. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
50. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
51. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
52. La Sala advierte que Arbith José Torres Losada está legitimado en la
causa por activa, porque integró la parte demandante dentro del medio de control
en el que se dictaron las providencias que se reprochan mediante esta vía. Por
otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima, y el Juzgado 12
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
13 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;
(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
14 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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Administrativo Mixto de Ibagué están legitimados en la causa por pasiva por
haber proferido las decisiones cuestionadas a través del presente trámite.
53. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional15, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
54. Como se explicó previamente, el accionante fundamenta esta acción de
tutela en que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, pues al resolver su situación prestacional contrarió el orden
constitucional al incurrir en distintos defectos. La Sala precisa que delimitará el
estudio a esta decisión, pues fue la que puso fin al proceso ordinario.
55. Respecto al defecto sustantivo, adujo que tribunal aplicó de forma
retroactiva el Decreto 754 de 2019, desplazando indebidamente la Ley Marco
923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990. Sostuvo que dicha sustitución
normativa desconoció el régimen de transición, el principio de favorabilidad
laboral y la jerarquía normativa, al hacer prevalecer una norma reglamentaria
posterior sobre disposiciones legales que amparaban su derecho prestacional.
Añadió, que el presidente de la República carecía de competencia para modificar
ese régimen, facultad reservada al Congreso, y que el tribunal debió aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, más aún cuando el decreto aplicado
reproducía una norma previamente anulada por el Consejo de Estado.
56. Asimismo, alegó la existencia de un defecto fáctico, al afirmar que la
valoración probatoria fue parcial e incompleta. Indicó que el tribunal ignoró
elementos determinantes, como el cómputo real del tiempo de servicio y una
prueba sobreviniente relativa al archivo de la investigación penal por atipicidad
de la conducta, lo que, en su criterio, distorsionó la verdad procesal y vulneró el
debido proceso probatorio.
57. Finalmente, sostuvo que se configuraron un defecto por desconocimiento
del precedente, al apartarse injustificadamente de su propia línea jurisprudencial,
y un defecto orgánico, al otorgar prevalencia a un decreto reglamentario sobre
una ley expedida por el Congreso. Concluyó que la providencia incurrió en
violación directa de la Constitución, al imponer una interpretación regresiva que
15 Sentencia SU-215 de 2022.
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sacrificó la justicia material en favor de formalismos y restringió injustificadamente
su acceso efectivo a la administración de justicia.
58. Al respecto, la Sala advierte que lo pretendido por el accionante es reabrir
un debate estrictamente legal y probatorio apoyándose, en lo que en su criterio
son las leyes, excepciones, y «precedentes» aplicables al caso concreto, y en la
supuesta falta de apreciación integral de las pruebas que aportó al proceso, lo
que refleja un inconformismo con la forma en que el juez interpretó y decidió el
caso. Al respecto, la Sala coincide con él a quo constitucional en que los
argumentos que el accionante plantea en sede constitucional, ya fueron objeto
de debate ante el juez natural de la causa.
59. Pues bien, los cargos del actor no son más que una mera inconformidad
con el criterio interpretativo adoptado por los jueces del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Ciertamente, de la revisión de la sentencia de
segunda instancia, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima se
refirió de forma expresa a los argumentos del actor sobre el alcance de las
disposiciones que consideraba aplicable a su caso concreto, de la siguiente
manera:
60. Como tesis, sostuvo que la situación jurídica del intendente retirado Arbith
José Torres Losada se había regido por el Decreto 754 de 2019 y no por el
Decreto 1212 de 1990, como alegaba el demandante bajo el régimen de
transición de la Ley 923 de 2004. Señaló que la fecha de retiro (6 de agosto de
2019) y la causal (destitución) habían ocurrido bajo la vigencia del Decreto 754,
el cual exigía 20 años de servicio para acceder a la asignación de retiro en casos
de destitución. Por ello, concluyó que no procedía el reconocimiento de los tres
meses de alta ni la asignación de retiro bajo el régimen anterior.
61. Recordó que el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la sentencia del
Consejo de Estado del 3 de septiembre de 2018 y del artículo 3, numeral 3.1,
inciso 2 de la Ley 923 de 2004, había expedido el Decreto 754 del 30 de abril de
2019, tras la nulidad de los Decretos 433 de 2004 y 1858 de 2012.
62. Este decreto fijó el régimen de asignación de retiro para el personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional vinculado hasta el 31 de diciembre de 2004,
estableciendo como requisito mínimo 20 años de servicio en casos de separación
absoluta o destitución. La norma, además, tenía efectos retrospectivos16, lo que
16
Como fundamento de su tesis sobre la aplicación retrospectiva de la norma, el Tribunal citó la
sentencia T-564 de 2015 de la Corte Constitucional, según la cual la jurisprudencia de las Altas
Cortes ha reconocido, además de la aplicación inmediata y la retroactividad, una tercera
modalidad de aplicación temporal de las normas: la retrospectividad. Esta figura permite aplicar
una disposición jurídica a hechos ocurridos antes de su vigencia, siempre que la situación
derivada de ellos no se haya consolidado definitivamente y sus efectos continúen produciéndose.
En tal sentido, se ha aceptado que, aunque en principio las normas rigen hacia el futuro, nada
impide que regulen hechos pasados cuyos efectos aún subsisten, modificando situaciones no
resueltas de manera definitiva.
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significaba que podía aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia, siempre
que la situación jurídica no se hubiera consolidado definitivamente.
63. Afirmó que, en el caso concreto del señor Torres Losada, aunque este
había ingresado al Nivel Ejecutivo antes del 31 de diciembre de 2004, su retiro
por destitución se produjo en vigencia del Decreto 754 de 2019; sin embargo, el
demandante acreditó 19 años, 7 meses y 25 días de servicio, por lo que no
cumplió el requisito de los 20 años exigidos para esa causal. En consecuencia,
la Sala concluyó que no reunía los supuestos de hecho para obtener el
reconocimiento prestacional reclamado. También señaló que, por «densidad» de
precedentes del Consejo de Estado que resolvían casos similares, solo uno17
favorecía la pretensión mientras tres18 la negaban, lo que reforzaba la
improcedencia de acceder a lo solicitado.
64. Ahora, frente al dicho del accionante, de que el tribunal desconoció su
propio precedente, la Sala estima que este cargo se traduce en una presunta
violación del derecho a la igualdad por cuanto no se aplicó una decisión anterior
que en su concepto resolvió un caso similar. En todo caso, no se configuran los
presupuestos necesarios para efectuar un estudio de fondo respecto de la
presunta vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que, el accionante no
cumplió con la carga argumentativa necesaria de señalar específicamente cual
fue la regla de decisión desconocida, o de qué forma dicha decisión era aplicable
a su caso concreto.
65. Adicionalmente, y en gracia de discusión, la providencia invocada como
desconocida, fue proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima con
anterioridad a que se emitiera por parte del gobierno nacional el Decreto 754 de
2019, el cual consideró era aplicable al caso particular. En ese sentido, se trata
de una decisión emitida en un contexto jurídico distinto, y, en consecuencia, el
tribunal no se encontraba obligado a observarla en su decisión.
66. Respecto al alegato del apelante sobre la ilegalidad de la destitución —por
derivarse de una investigación penal archivada—, la Sala consideró que ese
aspecto era ajeno a la ratio procesal del asunto. Explicó que la discusión sobre
la validez de la sanción disciplinaria correspondía a otro tipo de proceso, como
uno de reintegro al servicio, y no al debate sobre la asignación de retiro ni los tres
meses de alta.
17 Al respecto, citó la la providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, radicado 2017-00317-01 (2458/19) sentencia del 27 de mayo
de 2021, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18Como sustento, citó las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-04658-00, sentencia de tutela
del 25 de noviembre de 2019, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado 63001-23-33-000-2017-
00469-01 (2349-2019), sentencia del 21 de enero de 2021, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Por último, afirmó que la tesis fue reiterada en una providencia del 20 de junio de 2025 emitida
por el Consejo de Estado, citando un extracto de esta.
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67. En ese orden, las inconformidades del actor en lo concerniente a los
defectos alegados por la pretendida interpretación irrazonable de las leyes,
jurisprudencia y pruebas, así como la supuesta omisión de aplicar su propio
precedente carecen de relevancia constitucional, en tanto su finalidad es reabrir
un debate jurídico zanjado por los jueces ordinarios, como si se tratase de una
tercera instancia, para que se determine que corresponde acceder a sus
pretensiones.
68. Al respecto, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela.
69. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela
y la desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso,
se reitera, este mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
70. Adicionalmente, los argumentos del accionante se limitan a expresar su
inconformidad con la forma en que el juez interpretó y determinó la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso concreto, solo que ahora orientados a supuestos
defectos. No obstante, los argumentos presentados no tienen la suficiente carga
para acreditar una verdadera vulneración sus derechos fundamentales, más allá
de expresar, como ya se dijo, un inconformismo con la decisión del juez natural
de la causa.
71. Por último, frente a la solicitud de decretar la medida provisional que se
solicitó en la primera instancia de esta acción constitucional, resulta inane
adoptar una decisión en tal sentido, en segunda instancia, habida cuenta de la
improcedencia de la acción.
2.2. Conclusión
72. La Sala confirmará la providencia del 12 de marzo de 2026 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del
amparo, por los motivos indicados anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 12 de marzo del 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia del amparo
constitucional, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.
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SEGUNDO: ABSTENERSE de emitir pronunciamiento frente a la medida
provisional solicitada por el accionante.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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