Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00809-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00809-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00809-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00809-00
Demandante: Sociedad Constructora Social Caribeña Ltda.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Afectación de un inmueble. Reserva
forestal y franja de adecuación
Decisión: Declara improcedente y niega el derecho al amparo
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la Sociedad
Constructora Social Caribeña Ltda. contra la Sección Primera del Consejo de
Estado y la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 4 de febrero de 2026, la Sociedad Constructora Caribeña Ltda. presentó
una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Primera del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, con ocasión de las Sentencias de 27 de febrero de
2014 y 8 de agosto de 2025 proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-41-000-2012-00606-00/011. A título de
amparo constitucional, solicitó que se dejara sin efectos las mencionadas
providencias y, en su lugar, se profiriera decisión de remplazo en donde se acceda
a sus pretensiones.
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora señaló que, el
15 de diciembre de 1992, María Adela Alba de Gualdrón y Luz Amelia Santos Bastos
adquirieron los derechos del proyecto urbanístico San Rafael Sur Oriental -
manzanas S, T, U, V, X, Y2.
3. Posteriormente, la Constructora Social Caribeña Ltda. adquirió los derechos
del mencionado proyecto, así como los derivados de la licencia de urbanismo
concedida con la Resolución No. 396 de 1992.
4. El 12 de mayo de 1998, la Curaduría Urbana No. 1 de Bogotá expidió la
Resolución No. 9810104, por medio de la cual se concedió licencia integral de
urbanismo y construcción para las manzanas S, T, U, V, X y Y del Barrio Rafael Sur
Oriental, la cual fue prorrogada por la Curaduría Urbana No. 2, mediante
1
Decisión de segunda instancia que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 22 de agosto de 2025.
2
En el escrito de tutela el accionante hace un recuento de como el Barrio San Rafael Sur Oriental fue regularizado e
incorporado a los planos urbanos de Bogotá. Resaltando a lo largo del texto que diferentes entidades reconocieron el predio
como urbano, siendo otorgada mediante Resolución No. 396 de 1992 la licencia para urbanizar las manzanas S, T, U, V, X,
Y del mencionado barrio.
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Demandante: Sociedad Constructora Social Caribeña Ltda.
Resoluciones Nos. CU2-2000-112 del 6 de junio de 20003 y 04-2-0295 del 24 de
agosto 20044.
5. Mediante Resolución No. 463 de 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial realinderó la zona de reserva forestal bosque oriental de
Bogotá y solicitó su registro e inscripción ante la oficina de Instrumentos Públicos
de Bogotá. Razón por la cual resultó afectado su predio.
6. El 27 de marzo de 2012, la sociedad accionante solicitó al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible información relacionada con el pago de la
compensación por la afectación del predio de su propiedad5. Mediante Oficio No.
8140-E2-27472 del 3 de marzo de 2012, esa cartera contestó que no había lugar al
reconocimiento de la compensación reclamada, sustentando su respuesta en las
anotaciones en el registro derivadas de las Resoluciones Nos. 076 de 19776 y 463
de 14 de abril de 20057, así como en las limitaciones impuestas al predio con el folio
de matrícula inmobiliario No. 50S-40384839, al considerar que el predio no tenía
carácter urbano.
7. El 3 de diciembre de 2012, la Sociedad Caribeña Ltda. presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho8, con el propósito de obtener la
compensación por la afectación del predio con matrícula inmobiliaria No. 50S-
40384839 por limitaciones ambientales9.
8. Mediante Sentencia del 27 de febrero de 2014, la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Argumentó que como el propietario adquirió la licencia de construcción con
anterioridad a la afectación de la reserva, conserva sus derechos. Sostuvo que de
acuerdo con las pruebas aportadas se evidenció que no se ha realizado anotación
de reserva forestal en los certificados de tradición con matrícula No. 50S-40056091
y el sector se encuentra sujeto a un Plan de Manejo por los entes competentes.
Concluyó que no existe una limitación o afectación por la declaratoria de reserva
ambiental.
9. Inconforme con la decisión, la sociedad interpuso recurso de apelación y
sostuvo que el tribunal analizó el folio de matrícula No. 50S-40056091 sin advertir
que el predio fue objeto de desenglobe, razón por la cual pasó a identificarse con el
folio. No 50S-40384839, en el cual se registraron las afectaciones.
10. Cuestionó la conclusión según la cual el predio se encontraba en la franja
de adecuación por cuanto «aproximadamente el 86%» del mismo hace parte de la
zona de conservación y solo el «14% restante de la franja de adecuación». Añadió
que la anotación de restricción ambiental no identificó con claridad qué porción se
ubicaba cada zona, ya que únicamente consigna la inscripción de las Resoluciones
Nos. 076 de 1977 y 463 de 2005 para la totalidad del predio.
3
Por 12 meses de construcción y urbanismo.
4
Por 12 meses de urbanismo.
5
Quedando radicado bajo el No 4120-E1-27472.
6
«Por la cual se aprueba un Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente -INDERENA-».
7
«Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y
reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de
Bogotá».
8
El proceso fue asignado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca con radicado No. 25000-23-41-000-2012-00606-00.
9
De acuerdo con los artículos 107 de la Ley 99 de 1993, 37 de la Ley 9 de 1989, 48 – 122 y 128 de la Ley 388 de 1997.
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11. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 8 de
agosto de 2025, confirmó la decisión de primera instancia. Señaló que no se
consolidó ningún derecho en favor de la accionante por cuanto no existió avance o
finalización de la obra con antelación a la Resolución No. 463 de 2005.
12. Indicó que fue a partir de la expedición de la Resolución No. 463 de 2005
que la administración identificó que el predio hace parte de la zona de reserva
forestal de los cerros orientales y su franja de adecuación; la cual se encontraba
definida desde la Resolución No. 076 de 1977.
13. Agregó que a las pruebas señaladas por la accionante para identificar las
condiciones del predio antes de la anotación realizada en cumplimiento de la
Resolución No. 463 de 2005 no se les otorgó valor por no cumplir con los requisitos
del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, por ser copias simples. Por tanto,
no obró en el proceso el folio de matrícula No. 50S-40384839 que englobó todos los
predios y que al parecer es el que corresponde con el inmueble bajo examen.
14. Como fundamento de la vulneración, argumentó que la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico debido
a que hizo referencia al antecedente histórico del inmueble, basó su análisis
exclusivamente en la afectación originada en 1977 y materializada con la inscripción
de la Resolución No. 463 de 2005. Resaltó que dentro de la acción popular con
radicado No. 25000-23-25-000-2005-00662-03, el Consejo de Estado reconoció
derechos adquiridos para quienes contaban con licencia de urbanización en el año
2005, sin importar si se había otorgado sobre la franja de adecuación o de reserva
ambiental.
15. Agregó que el tribunal incurrió en un defecto procedimental al desbordar el
objeto del litigio, pues incorporó extractos de la acción popular para sustentar una
motivación que el acto administrativo demandado nunca invocó como fundamento
de la negativa a la compensación.
16. Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente.
Indicó que el Consejo de Estado desbordó su ámbito de competencia al abordar la
figura de la compensación de manera integral, sin ceñirse a los argumentos
expuestos en el acto administrativo demandado.
17. Señaló que existen contradicciones dentro del fallo, pues aunque reconoce
que el predio tuvo naturaleza urbana antes de la imposición de la limitación se
contradice con lo contenido en el numeral 2.2 de la acción popular, la cual ordenó
respetar los derechos adquiridos a quienes obtuvieron licencias de construcción y/o
construyeron legalmente en la franja de adecuación y en la «zona de recuperación
ambiental», ubicada dentro de la reserva forestal protectora, con anterioridad a la
nota de registro que afectaba el predio.
18. Indicó que existe defecto fáctico y procedimental, pues le otorgó efectos
retroactivos a la Resolución No. 463 de 2005 y no valoró pruebas aportadas al
proceso en copia, pese a que estas gozan de presunción de legalidad y no fueron
objeto de suspensión o declaratoria de nulidad.
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19. Finalmente, afirmó que se desconoció el precedente10 e incurrió en defecto
sustantivo al indicar que «la mayoría de los documentos aportados por la
constructora para demostrar sus derechos previos carecieron de valor probatorio»
por haberse presentado en copia simple, desconociendo la norma aplicable, dado
que el proceso fue promovido bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011 y que al
momento de la radicación de la demanda, se encontraba vigente la primera parte
del Código General del Proceso, es decir, se había derogado el parágrafo del
artículo 215 del CAPCA y los artículos 253 y 254 de CPC.
Intervenciones11
20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca12 solicitó negar las
pretensiones. Señaló que el hecho de que las sentencias hayan sido contrarias a
los intereses de la accionante no significa que hayan vulnerado sus derechos
fundamentales. Resaltó que en el escrito de tutela no se indicaron las razones por
la cuales era procedente la acción de tutela.
21. La CAR indicó que no le es atribuible la presunta vulneración de derechos
fundamentales debido a que la decisión de negar las pretensiones fue adoptada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Solicitó declarar improcedente la
acción de tutela.
22. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se pronunció sobre los
hechos y las pretensiones de la acción de tutela. Sostuvo que no se acreditó el
requisito de relevancia constitucional, debido a que el accionante no explicó de qué
manera se vulneraron sus derechos fundamentales. Tampoco identificó la
irregularidad procesal específica, pues en lo expuesto se limitó a manifestar su
desacuerdo e inconformidad con los argumentos de la providencia.
23. Indicó que los defectos alegados por el accionante reflejan una discrepancia
con la interpretación o valoración que realizaron los jueces. Señaló que no se
evidencia ausencia de sustento normativo en las providencias, desconocimiento del
precedente o que los jueces hubieran actuado al margen del procedimiento
establecido. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela y que se le
desvinculara del trámite.
24. La Sección Primera del Consejo de Estado sostuvo que la acción de tutela
no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional, pues buscó reabrir el
debate surtido en el proceso ordinario y convertir la acción en una tercera instancia.
25. Agregó que la Sentencia de 8 de agosto de 2025 no incurrió en los defectos
alegados por el accionante. Manifestó que, conforme con lo acreditado en el
proceso, la situación jurídica del predio se encontraba dentro del área de reserva
10
Citó a lo largo del escrito de tutela la Sentencia del 5 de noviembre de 2013 expedida dentro del proceso con radicado No
25000-23-25-000-2005-00662-03 del Consejo de Estado, y las Sentencias de Unificación con radicado No 11001-03-15-000-
2007-01081-00 y No 0500123-31-000-1996-00659-01 emanadas de la misma corporación.
11
Mediante Auto de 6 de febrero de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Primera del Consejo de Estado y vinculó al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
12
Indicaron que el expediente no se encuentra digitalizado, por lo que se encontraban gestionando la posibilidad de enviarlo
en calidad de préstamo. De forma posterior enviaron algunos lo siguientes documentos: «cuatro cuadernos del expediente
escaneados, esto es: Cuaderno apelación Sentencia; Cuaderno Principal del T.A.C.; Cuaderno de Anexos y Carpeta, mientras
que en el enlace ZIP, adicionalmente, se encuentran consignados los archivos correspondientes a 4 CDs obrantes a folios
45, 125, 235 y 252 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales no fue posible cargar
directamente en el correo electrónico».
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forestal establecida mediante Resolución No. 076 de 1977, lo que justificó su
delimitación posterior a través de la Resolución No. 463 de 2005.
26. Resaltó que, si bien en algún momento se habilitó la urbanización del predio,
no se consolidó ningún derecho adquirido en favor de la accionante que ameritara
el reconocimiento de los derechos constructivos a los que aludió la primera
instancia, pues no se demostró el avance o finalización de obra con antelación a la
expedición de la Resolución No. 463 de 2005.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
28. De ser procedente este mecanismo constitucional, se estudiará únicamente
la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados frente a la Sentencia
de 8 de agosto de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
debido a que esta fue la autoridad que definió el asunto en segunda instancia y,
ante un eventual amparo, sería la llamada a cumplir con las órdenes que aquí se
dicten.
29. En relación con los defectos mencionados por el accionante se precisará su
alcance así: (i) defecto fáctico, se estudiarán los argumentos relacionados con la
falta de valoración de las copias simples13, la vulneración de la confianza legitima y
la valoración de la Resolución No. 463 de 2005; (ii) defecto sustantivo, analizará lo
correspondiente a la interpretación de la figura de la compensación producto de la
afectación de predios como zonas forestales; y (iii) desconocimiento del precedente
en relación con la Sentencia del 5 de noviembre de 2013, Rad. 25000-23-25-000-
2005-00662-03, del Consejo de Estado.
30. Por otro lado, se negará la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque dicha autoridad fue parte
dentro del proceso No. 25000-23-41-000-2012-00606-00/01.
Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la
Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en los defectos fáctico, sustantivo
y desconocimiento del precedente, al haber negado las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, con las cuales la sociedad accionante
13
Los documentos no valorados corresponden a « a) Oficio D.J 1257 del 22 de junio de 2005, mediante el cual la oficina de
registro de instrumentos públicos de Bogotá – Zona Sur, responde el derecho de petición al gerente de la sociedad
Constructora Social Caribeña; b) Oficio No DOC-9059 del 19 de diciembre de 2005, expedido por la Superintendencia de
Notariado y Registro; c) Oficio CJ 181 del 31 de mayo de 2006, por medio del cual el registrador de instrumentos públicos de
Bogotá Zona Sur, da respuesta al propietario del proyecto urbanístico San Rafael Sur oriental».
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perseguía la compensación por los predios declarados como zona de reserva
forestal de los Cerros Orientales de Bogotá y su franja de adecuación.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
32. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente respecto de los
defectos fáctico por la presunta omisión en la valoración de pruebas (copias
simples) y sustantivo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad y relevancia
constitucional, respectivamente.
33. La Sala advierte que respecto al defecto fáctico, la accionante contaba con
un mecanismo judicial ordinario idóneo para controvertir los eventuales reparos por
la omisión probatoria como lo es el recurso extraordinario de revisión, a la luz de la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 14. En ese
sentido, si la parte actora consideraba que la Sección Primera del Consejo de
Estado incurrió en un defecto fáctico por cuanto no valoró u omitió las pruebas que
presuntamente acreditaban sus derechos previos sobre el predio, debió interponer
dicho recurso con el propósito de que la autoridad competente se pronunciara sobre
los posibles errores u omisiones advertidos en el escrito de tutela. No obstante, en
el presente caso, tal circunstancia no ocurrió, pues el recurso no se interpuso.
34. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU-026
de 2021 de la Corte Constitucional, la subsidiariedad se incumple cuando el
ordenamiento jurídico dispone de medios judiciales ordinarios o extraordinarios
aptos para controvertir los defectos alegados en sede constitucional. En particular,
la Corte ha precisado que el recurso extraordinario de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso. En tales eventos, la tutela resulta
improcedente comoquiera que el examen propio del juez constitucional no está
llamado a sustituir las competencias asignadas al juez natural.
35. En relación con el defecto sustantivo, debe señalarse que la Corte
Constitucional ha establecido que cuando se presentan acciones de tutelas contra
decisiones judiciales es necesario cumplir con unos requisitos mínimos de
argumentación y explicación. En este sentido, quien interpone la solicitud de amparo
tiene el deber (o carga) de exponer de forma razonada los hechos que, según su
criterio, dieron lugar a la vulneración de derechos fundamentales, identificar cuáles
derechos resultaron comprometidos y especificar claramente el defecto o la causal
que haría procedente la acción, en caso de comprobarse.
36. Estas exigencias no implican imponer requisitos formales que sean
contrarios a la naturaleza de la acción de tutela o que no estén previstos en la
Constitución. Su verdadero propósito es asegurar que quien presenta la
tutela exponga con suficiente claridad y solidez los fundamentos de la supuesta
violación de derechos fundamentales y así evitar que el juez de tutela termine
realizando un control oficioso e indebido sobre las decisiones judiciales de otros
jueces15.
14
«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».
15
Cfr. Corte constitucional. Sentencia SU-072 de 2024.
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37. En este caso, la Sala evidenció que la accionante, en su escrito de tutela,
no hizo un reparo claro y directo acerca de cómo se configuró el defecto sustantivo
en la sentencia de segunda instancia. La parte actora no desarrolló argumentos
sólidos que dieran cuenta de cómo la sentencia se basó en normas inaplicables o
efectuó una interpretación irrazonable y arbitraria de las mismas. Por el contrario,
se limitó a decir de manera general que el Consejo de Estado no abordó la figura
de la compensación de manera integral, sin ceñirse a los argumentos expuestos en
el acto administrativo.
38. Del mismo modo, no puede pasarse por alto que si bien los
cuestionamientos formulados se enmarcan aparentemente en un defecto
sustantivo, su simple enunciación no cumple con las exigencias mínimas de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. En ese orden, puede
concluirse que la intención real detrás de la solicitud de amparo fue reabrir un debate
previamente resuelto, motivada por el desacuerdo de la parte actora con lo resuelto
por el juez natural del proceso. Esta pretensión desvirtúa la naturaleza excepcional
y subsidiaria del mecanismo de tutela, cuyo fin es la protección inmediata de
derechos fundamentales, y no la revisión de decisiones judiciales con las que una
de las partes no está conforme.
39. En consecuencia, los defectos fáctico (en lo que tiene que ver con la omisión
en la valoración de pruebas) y sustantivo no satisfacen el análisis de procedibilidad.
Ello, en tanto el juez constitucional no puede sustituir la competencia del juez natural
al momento de examinar presuntas afectaciones a derechos fundamentales en el
contexto de una tutela contra providencias judiciales. La sola existencia de una
discrepancia interpretativa entre la parte accionante y el juez ordinario no constituye,
por sí sola, una justificación válida para la intervención del juez de tutela en el debate
judicial
40. No ocurre lo mismo con los reparos relativos al defecto factico respecto de
la valoración de la Resolución No. 463 de 2005 y el desconocimiento del
precedente, dado que: (i) el asunto en discusión posee relevancia constitucional,
pues se centró en la posible vulneración a los derechos al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, no se trata de un asunto de mera legalidad o
eminentemente económico y los reproches fueron dirigidos concretamente contra la
decisión de segunda instancia; (ii) se encontró satisfecha la legitimación en la causa,
tanto activa como pasiva, puesto que la sociedad Constructora Social Caribeña
Ltda. participó como demandante en el proceso No. 25000-23-41-000-2012-00606-
00/01 y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por la Sección Primera
del Consejo de Estado; (iii) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la
parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la defensa
de sus derechos; (iv) la acción de tutela fue presentada el 4 de febrero 2026, esto
es, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia 16;
(v) no se alegó una irregularidad procesal; (vi) los hechos y fundamentos en los que
se basó la presunta vulneración de derechos fueron identificados de manera
razonable; y (vii) la tutela no fue interpuesta contra una providencia de la misma
naturaleza.
16
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 22 de agosto de 2025
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Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
41. La Sala negará el amparo invocado por las razones que a continuación se
exponen:
42. Para analizar el defecto fáctico alegado, se revisará la presunta indebida
valoración de la Resolución No. 463 de 2005, «por medio de la cual se redelimita la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación
y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el ordenamiento
y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá». Para ello, es necesario analizar lo
que dijo la Sección Primera del Consejo de Estado a la hora de estudiar esta prueba:
«Todo lo anterior es relevante para el asunto bajo examen, por cuanto refuerza la
explicación de que fue a partir de la expedición de la Resolución 463 de 2005 y su
inscripción en el registro de instrumentos públicos (no antes), que la administración
identificó que el predio de la parte actora, de acuerdo con las coordenadas fijadas por
el Ministerio de Ambiente, hace parte de la zona de reserva forestal de los cerros
orientales, y otra porción quedó ubicada en la franja de adecuación.
Así se lee en el artículo 1° de la resolución en cita:
“[…] Artículo 1º. Aclarado por el art. 2, Resolución del Min. Ambiente 0519 de 2005.
Redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
declarada mediante el artículo 2º de la Resolución número 076 de 1977, ubicada
en jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de armonizar los elementos de orden
ambiental y territorial para su adecuado manejo y administración, la cual
QUEDARÁ COMPRENDIDA dentro de los siguientes límites indicados sobre la
cartografía a escala 1:10.000 del IGAC, Plano número 1 que se incorpora a la presente
resolución y descritos de la siguiente manera: […]”
Esta mención es necesaria, porque si bien el historial de los predios que componen el
ahora inmueble de la parte actora, ha tenido una serie de trámites administrativos
tendientes a su desarrollo constructivo y al reconocimiento de un predio urbano, ello no
equivale a calificar de actuales tales conceptos, pues lo que se destaca es que a partir
del acto administrativo que redelimitó la zona de reserva de los cerros orientales surgió
el registro de una zona que tenía por naturaleza jurídica la de protección ambiental,
en tanto tal estatus fue asignado desde la Resolución 076 de 19[7]7, solo que no se
había ejecutado.
Así fue como se identificaron los inmuebles ubicados en dichas cotas y se procedió al
registro en el folio de matrícula inmobiliaria, anotación que representa un cambio
significativo frente a los límites de los propietarios por razón de la oponibilidad que
surgió con dicho acto de registro y la restricción que incorpora tal declaratoria, para la
edificabilidad en el área de reserva.
Esta nueva situación ha de enmarcarse en la decisión del asunto bajo examen, por
cuanto la demandante pretende derivar derechos adquiridos de situaciones que si
bien, en su momento, respaldaron una condición frente a la administración distrital,
según la explicación de facto que invocó como fundamento de la demanda y que se
verifica con la documental allegada como anexos, lo cierto es que este trámite
administrativo que limitó su propiedad surgió, se repite, del cumplimiento de órdenes
judiciales y la expedición de actos administrativos que gozan de presunción de
legalidad.»
43. No se advierte que el Tribunal haya incurrido en una actuación arbitraria o
irrazonable. Por el contrario, a partir del análisis de la normativa que creó la reserva
forestal de los Cerros Orientales de Bogotá, dicha autoridad concluyó que el predio
de propiedad de la accionante formaba parte de dicha reserva desde 1977. La
autoridad judicial efectuó una valoración integral de la Resolución No. 463 de 2005,
en concordancia con las disposiciones que regulan la reserva forestal de los Cerros
Orientales. Con fundamento en ese examen, estableció que solo con la expedición
de esa resolución y su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
se identificó formalmente que el inmueble se encontraba comprendido dentro del
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00809-00
Demandante: Sociedad Constructora Social Caribeña Ltda.
área de reserva. Precisó que, desde la Resolución No. 076 de 1977, el predio estaba
sometido a protección ambiental; sin embargo, esa limitación no había sido
ejecutada.
44. Conviene recordar que las autoridades judiciales actúan con independencia
y autonomía, y dentro de sus funciones se encuentra la valoración del acervo
probatorio recaudado en el proceso. En este contexto, la intervención del juez
constitucional solo resulta procedente cuando se evidencia un error manifiesto que
contraríe los principios de la sana crítica. El hecho de que la decisión adoptada por
la Sección Primera del Consejo de Estado no coincida con las pretensiones de la
parte accionante no implica, por sí mismo, la configuración de un defecto fáctico,
máxime cuando la interpretación probatoria fue razonable y no se advierten
omisiones ni yerros en su valoración.
45. En consecuencia, la Sala concluye que la Sección Primera del Consejo de
Estado efectuó una valoración razonable de los elementos probatorios y sustentó
su decisión en un análisis debidamente motivado. El simple desacuerdo de una de
las partes con el sentido del fallo no constituye, por sí solo, una irregularidad ni una
vulneración de derechos fundamentales.
46. En relación con el presunto desconocimiento del precedente, la Sala no
advierte que este se haya configurado. La accionante alega la vulneración de la
Sentencia del 5 de noviembre de 2013, Rad. 25000-23-25-000-2005-00662-03 del
Consejo de Estado, en la cual se decidieron las apelaciones presentadas dentro de
la acción popular interpuesta frente a la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y otros17, debido a que mediante la Resolución No. 463 de
2005, dicha autoridad administrativa excluyó 973 hectáreas de la reserva forestal
de los Cerros Orientales de Bogotá.
47. En dicha sentencia se ordenó el amparo de los derechos colectivos18 y se
ordenó respetar los derechos adquiridos de quienes obtuvieron licencias de
construcción y/o construyeron legalmente en la franja de adecuación y en la «zona
de recuperación ambiental», localizada dentro de la reserva forestal, antes de la
anotación registral de la afectación a la reserva del predio respectivo. No obstante,
en esa decisión no se impartió ninguna orden relacionada con eventuales
compensaciones a favor de los propietarios cuyos inmuebles resultaron afectados
como consecuencia de la delimitación adoptada mediante la Resolución No. 463 de
2005. Por lo anterior, no existe identidad fáctica ni jurídica entre el asunto invocado
y el asunto que ahora se estudia.
48. En conclusión, de la actuación desplegada por la Sección Primera del
Consejo de Estado no se advierte proceder arbitrario ni carente de sustento jurídico.
La decisión de no declarar nulo el acto administrativo demandado respondió a un
ejercicio razonado de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico,
adoptado en el marco de su competencia y con observancia de las garantías propias
del debido proceso
17
«para reclamar la protección la protección de sus derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad
administrativa, la existencia del equilibrio ecológico, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la
Nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes».
18
Al goce de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico, la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos de manera ordenada y la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00809-00
Demandante: Sociedad Constructora Social Caribeña Ltda.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la parte motiva.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Sociedad Constructora Social Caribeña Ltda. respecto de los defectos fáctico por
omisión de valoración de pruebas (copias simples) y sustantivo, por las razones
expuestas anteriormente.
TERCERO. NEGAR la acción de tutela en todo lo demás, de acuerdo con el
contenido de esta sentencia.
CUARTO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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