Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00811-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00811-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00811-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintidós (22) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00811-011
Accionante : Constructora Ingeniería, Interventoría y Consultoría S.A.S. –
Congeinco S.A.S.
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
Vinculados : Juzgado Veintisiete (27) Administrativo de Medellín y Municipio de
Giraldo
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, controversia contractual
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por Congeinco S.A.S. contra el fallo
del Quince (15) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción, por
no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
la parte accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. El apoderado judicial de Constructora Ingeniería, Interventoría y Consultoría S.A.S. (en
adelante, Congeinco S.A.S.) interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de
obtener la protección del derecho fundamental de su representada al debido proceso,
que considera vulnerado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión.
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Expediente digital disponible en SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00811-01
Accionante: Constructora Ingeniería, Interventoría y Consultorías S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] se deje sin efecto la sentencia del 8 de Septiembre de 2025 y se ordene al Tribunal
Administrativo de Antioquia que emita una nueva decisión donde se tenga en cuenta todo
el acervo probatorio[,] así como la buena fe contractual y confianza legitima del contratista
y se ordene la liquidación judicial del contrato LP Nro. 04 de 2015.
Las demás que el Honorable Consejo de Estado considere y que redunden en la protección
de los derechos fundamentales del accionante.
Hechos2
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la parte
accionante en la tutela, se puede evidenciar que, con ocasión de la licitación pública
L.P. No. 004 de 2015, el Municipio de Giraldo (Antioquia) adjudicó a la empresa
Congeinco S.A.S. el contrato para la construcción de la placa huella en tramo de la vía
Giraldo – Cuajaron.
6. Las partes suscribieron entonces el contrato L.P. No. 004 de 2015, pactando como
precio la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS ($185.185.186), que se cancelaría
con las actas parciales de suministros entregados y aprobados por el interventor, con
la presentación de la cuenta de cobro o factura, y el pago al sistema integral de
seguridad social en Salud, Pensiones y ARL.
7. La duración se fijó en dos (2) meses contados desde la suscripción del acta de inicio,
y se designó como interventor a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del
Municipio. Además, se verificó que, el Municipio contaba con el registro presupuestal
No. 00662 de 2015, es decir, con recursos suficientes para cancelar las obligaciones
emanadas de la ejecución del contrato. La entidad también había suscrito, con el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el convenio
interadministrativo No. 251 DPS-FIP de 2015, en el que, se previó el desembolso de
sumas de dinero para las etapas de pre-construcción y obra, sujeto al cumplimiento,
por la entidad territorial, de los requisitos del componente técnico y social.
8. El Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Quince (2015), se suscribió el acta de inicio
del contrato de obra pública L.P. No. 004 de 2015, en la que, se fijó, como fecha de
terminación, el Veintiocho (28) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015); sin embargo,
el Catorce (14) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015), las partes firmaron el acta No.
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 4.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00811-01
Accionante: Constructora Ingeniería, Interventoría y Consultorías S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
01, mediante la cual, se suspendió el contrato, hasta tanto el DPS realizara los
desembolsos al Municipio de acuerdo con el convenio No. 251-DPS-FIP.
9. El Doce (12) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), Congeinco S.A.S. presentó
demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra el
Municipio de Giraldo, con el fin de obtener la liquidación judicial del contrato contrato
L.P. No. 004 de 2015 y, en consecuencia, el reconocimiento de la suma de CIENTO
CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($148.148.149) correspondiente al 80% de su
ejecución, así como el pago de los intereses moratorios.
10. En el escrito de la demanda, la empresa expuso que, el acta de suspensión de obra
No. 01 se suscribió cuando las obras contratadas habían sido ejecutadas en un 80%.
Expuso, además, que, en dicha acta, no se estableció una fecha límite de suspensión
y el Municipio demandado no le comunicó si el DPS le giró los recursos acordados.
Adicionalmente, adujo que, al mantener suspendido indefinidamente el contrato, se
generó un desequilibrio económico, por la «pérdida del valor del dinero en el tiempo».
11. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado
Veintisiete (27) Administrativo de Medellín (proceso con radicado núm. 05001-33-33-
027-2018-00048-00). Mediante sentencia del Quince (15) de Noviembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), la autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda. Expuso
que, si bien resultaba viable la liquidación judicial del contrato L.P. No. 004 de 2015, la
parte demandante no aportó los elementos de prueba requeridos para liquidar el valor
de las obras que fueron ejecutadas por el contratista por el tiempo en que, el contrato
estuvo vigente, en tanto no presentó las actas parciales de obra aprobadas por la
interventoría. Así, concluyó que, no existía prueba alguna que permitiera considerar
que, el valor de las obras realizadas por el contratista correspondiera a la suma de
dinero pretendida, máxime, si se tenía en cuenta que, según lo pactado en el contrato,
el pago se efectuaría conforme a las actas parciales de obra.
12. La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que, (i) la
contratación pública se rige por los principios de buena fe y confianza legítima; (ii) que
el acta de suspensión constituía prueba suficiente del avance del 80% reconocido por
el ente territorial, así como del recibo de las obras; (iii) que no se aportaron actas
parciales con la demanda porque el Municipio nunca las recibió, debido al cambio de
administración entre 2015 y 2016; y (iv) que, en subsidio, debía acogerse el porcentaje
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
de ejecución reconocido por el Municipio en la contestación de la demanda (68% en
placa, 1,76% en cunetas y 62,05% en ciclópeo). Con la apelación, allegó copia de las
actas de avance de noviembre y diciembre de 2015.
13. En sentencia del Ocho (8) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión del a
quo. Para tal efecto, sostuvo que no se aportaron, en debida forma, las actas
elaboradas por el contratista y aprobadas por el interventor, ni documentos que
acreditaran el porcentaje de obra ejecutado, para poderlo multiplicar por los precios
unitarios acordados en el contrato.
14. Agregó que, comoquiera que la liquidación pretendida implicaba el reconocimiento
y pago de las obras ejecutadas, debía acudirse a lo acordado en el contrato al respecto,
encontrando que ahí se previeron como requisitos «las actas parciales y aprobación de pago
que corresponden a actuaciones en las que participa el interventor, y otras gestiones que atañen sólo al
contratista, que son: la radicación de factura o cuenta de cobro y la constancia del pago de seguridad
social y parafiscales, las cuales no se allegaron al proceso, pese a informarse en el interrogatorio de parte,
lo que permite concluir que no se cuenta con las exigencias contractuales pactadas […] para ordenar un
pago, ni siquiera aquellas que solo dependían de la parte demandante».
15. Subrayó que, «[t]ampoco se alleg[ó] constancia de reclamaciones presentadas ante la entidad en
la forma dispuesta en el pliego de condiciones, ni se acredit[ó] la radicación de actas, factura, cuentas
de cobro o documentación por parte del contratista en las dependencias del Municipio de Giraldo, como
se inform[ó] en el interrogatorio de parte. Al respecto, es pertinente anotar que validar dichas
afirmaciones sin otros medios de pruebas que las respalde[n], sólo con fundamento en los principios de
buena fe y confianza legítima, no es procedente».
16. Por último, prescindió de la valoración probatoria de las actas de avance de
noviembre y diciembre de 2015 aportadas con el recurso de apelación, por no haber
sido allegadas en las oportunidades procesales previstas en el artículo 212 del CPACA,
y sin acreditarse alguno de los eventos que habilitaban su decreto en segunda
instancia.
17. En su acción de tutela, Congeinco S.A.S. sostuvo que, la sentencia del Ocho (8) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) adolece de un defecto fáctico, derivado de la
indebida valoración probatoria. Afirmó que, desde la demanda, hizo valer el acta de
suspensión del Catorce (14) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015), mediante la cual,
se reconoció un avance del 80% de la obra contratada. Agregó que, dicho
reconocimiento se produjo cuando ya se tenía certeza de la ausencia de recursos, por
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parte del ente territorial, para pagar el contrato, pues su ejecución había quedado
supeditada al giro de aquellos por parte del DPS, condición que, según la accionante,
no constaba en el contrato ni en los pliegos, sino que solo se incorporó en el acta de
suspensión.
18. Planteó que, contrario a lo expuesto por el Tribunal accionado, sí se demostró la
ejecución de la obra y sus cantidades, y que la ausencia de actas parciales aprobadas
por la interventoría obedeció al cambio de administración municipal en enero de 2016,
momento a partir del cual, ni el nuevo alcalde ni el nuevo secretario de Planeación
tuvieron la voluntad de recibirlas, mientras la sociedad, de buena fe, esperaba que el
DPS girara los recursos al Municipio para reanudar la ejecución del contrato, conforme
lo pactado en el numeral 3º del acta de suspensión. Por estas razones, afirmó que,
«solo se atinó a entregar una factura donde consta lo ejecutado» , cuyo recibido nunca fue emitido
por el Municipio.
19. Sostuvo además que, el propio Municipio de Giraldo, en la contestación de la
demanda, aceptó la existencia y suscripción del contrato y, aunque negó que la
ejecución fuera del 80%, reconoció que, ascendía al 68% en placa, al 1,76% en cunetas
y al 62,05% en ciclópeo, e incluso aportó registro fotográfico de las obras y propuso,
como medio de defensa, que el menor valor a reconocer fuera sobre el 68%
efectivamente ejecutado. A juicio de la parte actora, este reconocimiento expreso del
ente territorial sobre la ejecución parcial del objeto contractual robustece la
configuración del defecto fáctico, en la medida en que el Tribunal accionado prescindió
de un hecho admitido por la propia parte demandada.
20. Por último, expuso que, al negar la liquidación judicial del contrato, la providencia
censurada «premia la mala fe y la mala intención del municipio al suscribir un contrato que no contaba
con los fondos y recursos suficientes para su ejecución» , y desconoce que, el contratista, parte
débil de la relación contractual, ejecutó el 80% (o por lo menos el 68%) de las obras,
de buena fe y dentro de los postulados de la confianza legítima, sin que, la inacción del
Municipio en la liquidación del contrato pudiera traducirse en un enriquecimiento sin
causa a su favor.
1.2. Contestaciones de la acción
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21. 1.2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia3 allegó copia del expediente ordinario
y aseguró que, la cuestión planteada no reviste relevancia constitucional, pues, «la disputa
gira en torno a si el expediente contenía elementos idóneos y suficientes […] para liquidar judicialmente
un contrato de obra y cuantificar lo ejecutado (80% vs. 68%/otros)», lo que corresponde a «un debate
probatorio y de derecho contractual y procesal administrativo, no uno que per se defina el contenido
esencial del debido proceso de manera autónoma».
22. Agregó que, en la sentencia censurada, explicó por qué no se podía liquidar el contrato
y advirtió que, no podían suplirse tales carencias invocando la buena fe o la confianza
legítima, máxime, cuando se trata de un tema presupuestal. Concluyó entonces que lo
que pretende la empresa actora es trasladar al escenario constitucional una discrepancia
propia de la jurisdicción de conocimiento, como si se tratara de una tercera instancia.
23. 1.2.2. El Juzgado Veintisiete (27) Administrativo de Medellín4 hizo un corto
recuento del trámite del proceso ordinario para concluir que, «se encuentran agotadas todas
las etapas procesales, mismas que fueron evacuadas con sujeción a la normativa aplicable al caso».
Aseguró, entonces, que, no ha vulnerado los derechos fundamentales aludidos.
Finalmente, compartió el link del expediente electrónico.
1.3. Providencia impugnada5
24. Mediante sentencia del Quince (15) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de
la acción de tutela, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Expuso que,
la acción pretende reabrir el debate concluido en el proceso de controversias
contractuales, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima de parte de la
autoridad judicial accionada. Para soportar dicha afirmación, señaló que, los argumentos
ahora presentados fueron expuestos ante la autoridad judicial competente en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia del Quince (15) de Noviembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), de manera que, en su momento, ya fueron resueltos por el Tribunal
accionado.
1.4. La impugnación6
25. Inconforme con la decisión, Congeinco S.A.S. impugnó el fallo del Quince (15) de Abril
de Dos Mil Veintiséis (2026). Manifestó entonces que, contrario a lo afirmado por el a
3
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 11, archivo 10.
4
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.
5
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 14.
6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 19.
6
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Accionante: Constructora Ingeniería, Interventoría y Consultorías S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
quo, la tutela sí reviste de relevancia constitucional, pues no pretende reabrir un debate
probatorio, sino que, se ordene que se valore adecuadamente el interrogatorio de parte
rendido por el representante legal de la empresa, el ingeniero Guzmán Ortega, junto con
«la documental que obra en el proceso ordinario».
26. De estas pruebas, la parte actora resaltó que:
[…] allí establece las fechas y la ejecución del contrato, afirma bajo la gravedad de juramento
que cuando se estaba ejecutando el contrato se hizo un primer cobro y como no pagaban
se hizo el respectivo reclamo y allí fue cuando el Municipio mentado manifestó que no tenía
plata para pagar y también manifestó a viva voz que se presentó una factura al municipio
por un primer pago por el avance de las obras.
También estableció que el mismo Municipio les recomendó que fueran parando las obras y
que luego el DPS recomendó suspender el contrato y allí fue cuando se suscribió el acta de
suspensión de la obra contratada.
Estuvo pendiente de los estudios previos, en el pliego de condiciones, en especial de la
existencia del CDP, que realizó todas las gestiones de cobro y participó de diferentes
reuniones para el pago del contrato, que hubo 3 secretarios de planeación encargados de
organizar lo de este contrato ya que entre 2015 y 2016 había cambio de alcalde o de
administración, que la Alcaldía de Giraldo y sus funcionarios no estaban teniendo en cuenta
las obras previas de adecuación del terreno y detalla las obras que soportan las placas
huellas y que el municipio de Giraldo no estaba teniendo en cuenta.
[…] Si lo anterior hubiese sido tenido en cuenta por el Tribunal accionado, la decisión no
hubiera sido de confirmar la sentencia apelada la cual niega las pretensiones de la demanda
y por el contrario hubiera dado respuesta de lo que se duele la judicatura accionada esto es
que “como no se cuentan con elementos para determinar el estado final y real de las
obligaciones asumidas por las partes, no es posible reconocer y cuantificar la ejecución de
las prestaciones acordadas; por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia de primera
instancia”.
Las pruebas recaudadas, en congruencia con el interrogatorio de parte, que fue obviado por
el accionado, dan cuenta que s[í] existen los elementos que determinen tanto el estado final
de las obligaciones y también posibilita la labor del juzgador para reconocer y cuantificar la
ejecución de las obras y las prestaciones acordadas.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
27. En virtud de los artículos 327 del Decreto Ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo 80 del
Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)10 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.
7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al
superior jerárquico correspondiente».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte
el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
10
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00811-01
Accionante: Constructora Ingeniería, Interventoría y Consultorías S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
2.2. La acción
28. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
2.3. Problema Jurídico
29. De conformidad con los argumentos expuestos en la impugnación, el problema jurídico
en esta instancia se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela,
examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales de Congeinco S.A.S. que
pueda comportar la sentencia del Ocho (8) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
mediante la cual, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la sentencia del Quince (15) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019) del
Juzgado Veintisiete (27) Administrativo de Medellín que negó las pretensiones de la
demanda, al interior del proceso de controversias contractuales núm. 05001-33-33-027-
2018-00048-00/01; y, en caso afirmativo, si se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso.
2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
30. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional11 y de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado12, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
11
Sentencia C-590 de 2005.
12
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00811-01
Accionante: Constructora Ingeniería, Interventoría y Consultorías S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
31. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
32. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.5. Caso concreto
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00811-01
Accionante: Constructora Ingeniería, Interventoría y Consultorías S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
33. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, pues, la autoridad accionada habría valorado
indebidamente las pruebas documentales del expediente y habría omitido estudiar el
interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la empresa; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues se trata de una sentencia
de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, en la medida en que, la sentencia atacada quedó ejecutoriada
el Quince (15) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)13 y la solicitud de amparo se
radicó el Cuatro (4) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los seis
(6) meses siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.
34. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el defecto
fáctico aludido.
2.5.1. Defecto fáctico
35. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 14. Así mismo, este defecto se da cuando «[…]
el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y
el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 15.
36. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento en que el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y, sin una razón válida,
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
13
Visible en el expediente electrónico del proceso 05001-33-33-027-2018-00048-01 en SAMAI, índice 33, según el cual se notificó
electrónicamente el 8 de septiembre de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada después de los dos (2) días siguientes,
esto es, el 10 de septiembre de 2025, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Accionante: Constructora Ingeniería, Interventoría y Consultorías S.A.S.
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objetivamente16. Se exige que el error en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante
y manifiesto, es decir, que tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión
de fondo y, por lo tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.
37. En el sub lite, la empresa accionante argumenta que, se configuró un defecto fáctico,
en su aspecto negativo. Expuso, primero, que, desde la presentación de la demanda, se
hizo valer el acta del Catorce (14) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015), mediante la
que, el Municipio de Giraldo y Congeinco S.A.S. suscribieron la suspensión de las obras
y reconocieron un avance del 80% de la obra contratada, situación que también fue
acreditada con el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la sociedad.
Precisó que, ni en el contrato ni en el pliego de condiciones se supeditó el pago al
desembolso de recursos por el DPS, de forma que, el Tribunal debió valorar estas
pruebas que daban cuenta del acuerdo según el cual, se ejecutaría el 20% de las obras
restantes una vez se hicieran los desembolsos.
38. Segundo, no se aportaron las actas de entrega solicitadas por el Tribunal porque «como
lo manifestó [el] poderdante en el interrogatorio de parte, que para enero de 2016 había cambio de alcalde
o de administración y por [e]nde el nuevo secretario de planeación y el nuevo alcalde nunca tuvieron esa
voluntad y además fundado en esa buena fe esper[ó] a que el DPS le girara los recursos al Municipio para
hacer cumplir el acta de suspensión para proseguir en la ejecución el contrato como quedó establecido en
el numeral 3º [d]el acta de suspensión de obras». En todo caso, adujo que, en su contestación de
la demanda, el Municipio de Giraldo aceptó que la ejecución fue del 68% y «alleg[ó] las
pruebas de la ejecución de las obras en el porcentaje que esta entidad citó».
39. Finalmente, la sociedad accionante aseguró que, la interpretación del Tribunal premia
la mala fe del contratante, pues, aquel nunca supeditó el pago del objeto contractual a
los giros del DPS, ni en los pliegos, ni en el contrato ni en ningún otro documento, como
lo prueba el interrogatorio rendido por el representante legal, quien manifestó que, si
hubiese sabido que, el pago del objeto contractual estaba condicionado por los
desembolsos del DPS, ni siquiera se habría presentado a la licitación pública.
40. Por su parte, en la sentencia censurada, el Tribunal Administrativo de Antioquia se
refirió a todas las pruebas del expediente así:
Dentro de las pruebas aportadas que fueron decretadas en el proceso, y que interesa para
resolver sobre los cargos presentados en el recurso de apelación, encontramos las
siguientes actuaciones que se citan en orden cronológico:
16
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-
599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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• Convenio Interadministrativo No. 251 DPS-FIP del 22/06/2015, suscrito entre el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Fondo de Inversión para la Paz-
DPS-FIP y el Municipio de Giraldo- […]
• Estudios previos para la celebración de contratos en el Municipio de Giraldo del
04/08/2015, […]
• Pliego de condiciones definitivo de agosto de 2015, para la licitación No. 004 de 2015, que
contiene: […]
• Resolución No. 218 del 21/08/2015, por la cual se apertura al proceso de licitación pública
No. 004 de 2015
• Informe de evaluación – proceso de licitación Pública No. 004 de 2015 del 03/09/2015
• Acta de audiencia de cierre del proceso de licitación Pública No. 004 de 2015, del
03/09/2015.
• Resolución No. 228 del 9 de septiembre de 2015, por medio de la cual se adjudica el
proceso de licitación No. 004 de 2015 a la firma CONSTRUCTORA INGENIERÍA,
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
• Contrato LP No. 004 celebrado el 10/09/2015, suscrito por el MUNICIPIO DE GIRALDO y
la firma CONSTRUCTORA INGENIERÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA SAS […]
• Acta de inicio del día 23/10/2015 […]
• Pólizas de Responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento […]
• Acta de aprobación de pólizas del 24/11/2015, firmada por el secretario de planeación y
obras públicas municipal de Giraldo. […]
• Documento firmado por el alcalde, contratista e interventor, que contiene cuadro con ítem
de pago, especificación y condiciones generales: ítem, unidad, cantidad, valor unitario y
valor total. […]
• Acta de suspensión de obra No. 01 del 14/12/2015, firmada por el secretario de planeación
y obras públicas del Municipio de Giraldo y el contratista, que luego de realizar un Comité
de obra con funcionarios del DPS, consideraron que: […]
3. Que a la fecha el contratista lleva un avance del 80% y no ha recibido pago alguno
porque el departamento para prosperidad social no ha girado los recursos al
municipio para cancelar dichas obra (sic) ya ejecutadas razones aludidas a la pre-
construcción del convenio con el municipio”.
• Memorandos rad. M-2018-4401-002843 del 01/10/201841 y rad. 20185020008253 del
19/01/2018 […]
• Documento rad. 20175021229081 del 14/11/2017 […]
• Documento rad. S-2018-1400-099831 del 01/10/2018 […]
Por último, observa la Sala que en el recurso de apelación la parte actora allega copia
de actas de avance de noviembre y diciembre de 2015 firmadas por el alcalde
municipal de Giraldo, el secretario de Planeación y obras Públicas y el contratista, las
mismas que no serán apreciadas, con fundamento en lo previsto en el art. 212 del
CPACA […]
Ténganse en cuenta, que se trata de documentos que no fueron aportados en las
oportunidades procesales pertinentes, pese que tienen fecha anterior a la
presentación de la demanda y se trata de actas que «no fueron recibidas por el nuevo
alcalde de Giraldo hacia inicios del año 2016»44, tampoco se solicita su incorporación
en la segunda instancia, ni se acredita alguno de los eventos descritos en la norma
precitada para que sea procedente su decreto en esta instancia.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00811-01
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• Interrogatorio de parte En audiencia celebrada el 17 de octubre de 201845 se practicó el
interrogatorio de parte al representante legal de la firma CONSTRUCTORA INGENIERÍA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA, el señor DAVID FERNANDO GUZMÁN ORTEGA,
ingeniero civil […]
41. Además, la accionada consignó el siguiente análisis probatorio:
2.5.2.- Análisis probatorio.
Con fundamento en las pruebas antes relacionadas, se acredita que: […]
• El 10 de septiembre de 2015, el Municipio suscribió con la sociedad demandante el
contrato LP No. 004, en el que se acordó que los pagos se realizarían de conformidad con
i) actas parciales de suministro aprobadas por el interventor entregado a satisfacción, ii)
presentación de cuenta de cobro o factura, iii) pago de sistema de seguridad social en salud,
pensiones y ARL, y iv) pago aprobado por el interventor.
Lo anterior guarda relación con lo dispuesto en el acápite 7.33 del pliego de condiciones
que establecía para el pago, la presentación de actas parciales de obra refrendadas por el
contratista, interventor, gestor técnico de INVIAS y ordenador del gasto del Municipio, las
cuales deben ser presentadas y acompañadas con: i) facturas de pago que debían radicarse
en la dependencia competente del Municipio, ii) programa de trabajo e inversiones
aprobado, iii) pago de seguridad social y parafiscales.
Es de anotar que en este documento se precisa que, si el contratista no presentaba cuenta
con soportes dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá reclamar intereses o
sobrecostos. […]
Para establecer el balance financiero definitivo del contrato se parte de las siguientes
consideraciones:
• Ambas partes reconocen que las obras objeto del contrato PL 400 de 2015 no se
ejecutaron en su totalidad; sin embargo, hay diferencias en el porcentaje de ejecución de
obras. […]
Los porcentajes de obra realizada que se discuten en este proceso, sólo se soportan en las
afirmaciones contenidas en la demanda, la contestación y en el acta de suspensión del
contrato, en la que se consideró que la obra tenía un avance del 80%.
Ahora, para determinar el valor que debe reconocerse, hay que tener en cuenta que el objeto
contractual comprendía varios ítems de diferentes valores, y que en el pliego de condiciones
se señaló que:
El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar
las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en
el formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los
nuevos ítems que resulten durante el desarrollo del contrato. (Subraya fuera del
texto)
Pues bien, en el expediente no se aportan en debida forma las actas elaboradas por el
contratista aprobadas por el interventor, ni documentos donde acrediten las obras realmente
ejecutadas, para poderlas multiplicar con los valores de los precios unitarios acordados.
Tampoco se allega prueba que demuestre qué porcentaje se realizó de cada ítem, lo que
hace inviable para la Jurisdicción realizar los ajustes que se reclaman.
Aunado a lo anterior, como quiera que la liquidación pretendida implica el reconocimiento y
orden de pago de las obras ejecutadas, se debe acudir a lo acordado en el contrato respecto
del pago, por ser ley para las partes y en garantía del principio de buena fe.
Sobre este punto, como ya se dijo, son varios los requisitos que se acordaron para el pago
de las obras, como las actas parciales y aprobación de pago que corresponden a
actuaciones en las que participa el interventor, y otras gestiones que atañen sólo al
contratista, que son: la radicación de factura o cuenta de cobro y la constancia del pago de
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seguridad social y parafiscales, las cuales no se allegaron al proceso, pese a informarse en
el interrogatorio de parte, lo que permite concluir que no se cuenta con las exigencias
contractuales pactadas por para ordenar un pago, ni siquiera aquellas que solo dependían
de la parte demandante.
Tampoco se allega constancia de reclamaciones presentadas ante la entidad en la forma
dispuesta en el pliego de condiciones, ni se acredita la radicación de actas, factura, cuentas
de cobro o documentación por parte del contratista en las dependencias del Municipio de
Giraldo, como se informa en el interrogatorio de parte.
Al respecto, es pertinente anotar que validar dichas afirmaciones sin otros medios de
pruebas que las respalde, sólo con fundamento en los principios de buena fe y confianza
legítima, no es procedente; pues la aplicación de estos no puede ir en contra del
ordenamiento jurídico superior y más tratándose de materia presupuestal que está
debidamente reglada. Además, llama la atención, que no se haya aportado al expediente
constancia de radicación ante el municipio demandado, de alguna documentación por parte
del contratista para adelantar gestiones relacionadas con el pago.
Así las cosas, estima la Sala que, como no se cuentan con elementos suficientes para
determinar el estado final y real de las obligaciones asumidas por las partes, no es posible
reconocer y cuantificar la ejecución de las prestaciones acordadas; por lo tanto, lo
procedente es confirmar la sentencia de primera instancia.
42. Pues bien, contrario a lo afirmado por la sociedad accionante, como se desprende del
análisis realizado en el acápite anterior, la Sala no advierte que la providencia censurada
haya incurrido en el defecto fáctico alegado. Conviene precisar, en primer lugar, que,
tratándose de controversias contractuales, los presupuestos fácticos atinentes a la
celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal se acreditan, por regla general,
mediante los documentos contractuales suscritos por las partes. La Sección Tercera del
Consejo de Estado17 ha dicho al respecto que:
Las relaciones contractuales del Estado deben constar por escrito, habida cuenta de que
éste constituye requisito o formalidad constitutiva (ad substantiam actus y ad solemnitatem),
conforme a lo dispuesto por los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. De ahí que para que
el acuerdo de voluntades nazca a la vida jurídica es preciso que obre en escrito y por ello no
es posible probar el contrato con cualquier otro medio probatorio previsto en la ley procesal,
tal y como la ha indicado una y otra vez la jurisprudencia de la Sala.
En efecto, el citado artículo 39 de la Ley 80 de 1993, al regular la forma del contrato estatal,
prescribe que los contratos que celebren las entidades estatales “constarán por escrito”
(contrato litteris), en contraposición a la libertad de forma del régimen del derecho común en
el que la consensualidad es la regla general (“solus consensus obligat”).
Estas normas en forma imperativa revistieron a la forma escrita, como se exterioriza esa
declaración de voluntad de los co-contratantes, de un valor ad esentiam (forma dat esse rei),
al predicar que el acto o negocio jurídico sólo nace a la vida jurídica cuando adopta esa forma
obligatoria, solemnidad esencial para su existencia jurídica de rigurosa observancia, que
constituye una restricción positiva a la expresión de la voluntad.
Lo cual resulta armónico con lo prescrito por el artículo 1760 del Código Civil con arreglo al
cual la falta de instrumento público no puede suplirse con otra prueba en los actos y contratos
en que la ley requiere de esa solemnidad y el artículo 232 del C.P.C. que establece que la
prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la
existencia o validez de un acto o contrato.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de septiembre de 2011, Rad. 23001-23-31-000-1999-00355-
01(21128), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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De ahí que la falta del documento que contiene el acto o contrato no puede suplirse con otra
prueba y su omisión de aportarlos en legal forma dentro de un proceso judicial impide que
se puedan hacer valer o reconocer los derechos y obligaciones -efectos jurídicos- que en
nombre o a título de él se reclaman. O lo que es igual, no es posible probar el contrato con
cualquier otro medio probatorio previsto en la ley procesal, toda vez que el contrato, el escrito
y su prueba son inseparables, […].
43. Así, sin que ello implique la imposición de una tarifa legal, en materia de contratación
estatal, se entiende que, los documentos suscritos por las partes dan cuenta de la
ejecución del contrato. En el caso sub examine, del contrato L.P. No. 004 de 2015 y el
pliego de condiciones suscritos por las partes, se desprende que, el pago de las obras
ejecutadas se encontraba condicionado a la presentación conjunta de varios soportes: (i)
las actas parciales de obra suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor; (ii)
la cuenta de cobro o factura debidamente radicada ante la dependencia competente del
Municipio; (iii) la constancia de pago al sistema integral de seguridad social y aportes
parafiscales; y (iv) la aprobación del pago por parte del interventor.
44. Aclarado lo anterior, observa la Sala que, la autoridad judicial accionada no prescindió
arbitrariamente del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de
Congeinco S.A.S., el ingeniero David Fernando Guzmán Ortega. Por el contrario, en la
sentencia censurada, el Tribunal Administrativo de Antioquia relacionó expresamente
dicha diligencia entre los medios de convicción decretados y practicados en el proceso,
y se refirió a su contenido al examinar su conducencia para acreditar el grado de
ejecución de las obras, sin que aquel pudiera reemplazar los documentos contractuales.
45. Adicionalmente, el Tribunal explicó, con apoyo en el contrato de obra y el pliego de
condiciones, las razones por las que las afirmaciones vertidas en el interrogatorio de parte
(relativas a la presentación de una factura, la realización de gestiones de cobro y la falta
de voluntad de la nueva administración municipal para recibir las actas) no resultaban
suficientes, por sí solas, para tener por acreditadas las cantidades de obra ejecutadas en
cada uno de los ítems contractuales, máxime, cuando existe una discrepancia sustancial
sobre el porcentaje efectivamente ejecutado.
46. De ahí que, la autoridad judicial accionada advirtió que «[l]os porcentajes de obra realizada
que se discuten en este proceso, sólo se soportan en las afirmaciones contenidas en la demanda, la
contestación y en el acta de suspensión del contrato, en la que se consideró que la obra tenía un avance
del 80%», y « no se aportan en debida forma las actas elaboradas por el contratista aprobadas por el
interventor, ni documentos donde acrediten las obras realmente ejecutadas, para poderlas multiplicar con
los valores de los precios unitarios acordados». Sobre esa base, concluyó que no «se alleg[ó] prueba
que demuestre qué porcentaje se realizó de cada ítem, lo que hace inviable para la Jurisdicción realizar los
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ajustes que se reclaman». Resulta apenas razonable que no le fuera posible, a la autoridad,
reconocer ningún porcentaje de ejecución sin pruebas de ello.
47. Por último, en lo que atañe a las actas de avance de noviembre y diciembre de 2015
que la sociedad demandante allegó con el recurso de apelación, el Tribunal accionado
expuso, con apoyo en el artículo 212 del CPACA, las razones por las que se abstuvo de
incorporarlas al material valorado en segunda instancia. Según explicó, se trataba de
documentos de fecha anterior a la presentación de la demanda, que no fueron aportados
en las oportunidades procesales pertinentes, respecto de los cuales tampoco se solicitó
su decreto en segunda instancia ni se acreditó la concurrencia de alguno de los supuestos
excepcionales que la norma contempla para tal efecto. Esta determinación evidencia una
aplicación rigurosa y razonable de las reglas procesales, particularmente, sobre la
oportunidad con que debe cumplir la parte interesada para aportar las pruebas que
pretende hacer valer.
48. En este contexto, se evidencia que, la autoridad judicial accionada sí realizó una
valoración integral y conjunta del material probatorio, explicando de manera expresa por
qué las pruebas obrantes no permitían probar el porcentaje de ejecución de las obras.
Así, se observa que la sentencia censurada no deviene de un actuar caprichoso o ilegal
de la autoridad accionada, en la medida en que, su decisión estuvo debidamente
motivada, conforme con las pruebas que fueron aportadas en el aludido proceso,
situación de la que se colige que, no incurrió en un defecto fáctico, en ninguna de sus
modalidades.
49. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
III. DECISIÓN
50. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, la parte accionante
no acreditó que, la providencia cuestionada haya incurrido en la causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial invocada (defecto fáctico),
se revocará el fallo impugnado que declaró la improcedencia de la acción por falta de
relevancia constitucional para, en su lugar, negar la solicitud de amparo.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00811-01
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51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Quince (15) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
la improcedencia de la acción, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional; y,
en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo presentada por Constructora Ingeniería,
Interventoría y Consultorías S.A.S., conforme a la motivación de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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