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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00816-00

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00816-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 8 de agosto de 2025 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-34-002-2016-00346-00/02. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una nueva sentencia conforme a lo expuesto en la parte motiva. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00816-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00816-00
Accionante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por la
Academia de Pilotos de Aviación S.A. contra la sentencia proferida el 8 de agosto de
2025 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

SÍNTESIS1

La parte actora cuestiona la sentencia mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al concluir que no se configuró la
caducidad de la facultad sancionatoria de la administración. Se concede el amparo del
derecho al debido proceso por configurarse un defecto fáctico derivado de la omisión en
la valoración de una prueba determinante relativa a la fecha de interposición del recurso
de reposición contra el acto administrativo que impuso la sanción.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 4 de febrero de 2026, la Academia de Pilotos de Aviación S.A. interpuso, mediante
apoderado judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Según la accionante, esas garantías constitucionales fueron
vulneradas por la sentencia proferida el 8 de agosto de 2025 por la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-
33-34-002-2016-00346-00/02, promovido contra la Unidad Especial de Aeronáutica Civil,
en adelante, Aerocivil.

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Procedimiento
sancionatorio / Caducidad de la facultad sancionatoria / Defecto fáctico / Se concede el amparo

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00816-00
Accionante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.
Se concede la solicitud de amparo

2. Los accionantes formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la Academia de Pilotos de Aviación S.A. – ADEVIA S.A.,
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera,
Subsección A.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia proferida el ocho (8) de agosto de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección A, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por ADEVIA S.A.
contra la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL.

TERCERO. En su lugar, declare la firmeza del fallo de primera instancia proferido por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá en el expediente
11001333400220160034600.

B. Hechos

3. Mediante Resolución 757 del 8 de abril de 2015, la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil impuso a la sociedad Academia de Pilotos de Aviación S.A. – ADEVIA
S.A. una sanción consistente en multa por valor de $26.850.065, con fundamento en la
presunta infracción del numeral 3.6.3.2.7.1 de los Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia, al considerar que la sociedad habría operado desde una base principal distinta
a la autorizada en su permiso de operación.

4.La sociedad sancionada interpuso recurso de reposición contra la resolución
sancionatoria, el cual fue radicado bajo el número 2015-049453.

5.El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución 1239 del 6 de mayo de
2016, en el sentido de confirmar integralmente la sanción impuesta. Esta decisión fue
notificada el 9 de junio de 2016, con lo cual se agotó la vía gubernativa.

6.El 16 de noviembre de 2016, la sociedad ADEVIA S.A. presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con el fin de obtener la nulidad de las
Resoluciones 757 de 2015 y 1239 de 2016, así como el restablecimiento del derecho
consistente en que se declarara que no estaba obligada a pagar la sanción impuesta.

7. Mediante sentencia del 26 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bogotá declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó
a la entidad abstenerse de exigir el pago de la multa, al considerar configurada la pérdida
de competencia por caducidad de la facultad sancionatoria. El despacho estimó que,
habiéndose interpuesto el recurso de reposición el 3 de junio de 2015, la administración
tenía hasta el 3 de junio de 2016 para resolverlo y notificarlo, y que al haberse surtido la
notificación el 9 de junio de 2016, se había excedido el término de un año previsto en el
artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante, CPACA, lo cual generaba la nulidad de los actos
sancionatorios. Igualmente, se abstuvo de estudiar los demás cargos de nulidad por
considerarlo innecesario.

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Accionante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.
Se concede la solicitud de amparo

8. Contra dicha decisión, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil interpuso
recurso de apelación, en el que sostuvo, en síntesis, que el juez de primera instancia
realizó una interpretación indebida del artículo 52 del CPACA y desconoció el carácter
continuado de la conducta investigada, la cual se habría extendido hasta septiembre de
2014, circunstancia relevante para efectos del cómputo de la caducidad de la facultad
sancionatoria.

9. Mediante auto del 31 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación.
Posteriormente, mediante sentencia del 8 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda. La Sala precisó, en primer lugar, que
el análisis debía centrarse exclusivamente en el cargo relativo a la caducidad en la
resolución de los recursos, en aplicación del principio de justicia rogada.

10. El Tribunal estableció que el recurso de reposición fue radicado el 3 de julio de 2015,
por lo que la administración tenía hasta el 3 de julio de 2016 para resolverlo y notificarlo.
En consecuencia, como la Resolución 1239 del 6 de mayo de 2016 fue notificada el 9 de
junio de 2016, concluyó que la decisión fue adoptada dentro del término legal, sin que se
configurara la pérdida de competencia. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no
existía vicio de nulidad en los actos administrativos demandados por el cargo analizado,
razón por la cual revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La sociedad accionante sostiene que la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida
por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, al incurrir en un defecto fáctico que condujo a una indebida revocatoria de la
decisión de primera instancia y, en consecuencia, a la negativa de las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho.

11.1. En efecto, alega la configuración de un defecto fáctico en su dimensión negativa, por
cuanto el Tribunal omitió valorar una prueba determinante obrante en el expediente,
consistente en la constancia de radicación del recurso de reposición expedida por la
propia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en la cual se acreditaba que
dicho recurso fue interpuesto el 3 de junio de 2015 a las 11:59 a. m. Sostiene que esta
prueba constituía el medio idóneo para establecer la fecha real de interposición del
recurso, al tratarse del registro oficial de recibido por parte de la autoridad administrativa,
por lo que su omisión condujo a una reconstrucción fáctica errada del caso.

11.2. Afirma que, como consecuencia de dicha omisión probatoria, el Tribunal tuvo por
acreditado que el recurso de reposición fue radicado el 3 de julio de 2015, apoyándose
exclusivamente en una afirmación contenida en la Resolución 1239 de 2016, sin
contrastarla con la constancia de radicación obrante en el expediente. En criterio de la
accionante, ello implicó atribuir un valor probatorio indebido a una manifestación de la
entidad demandada, en detrimento de un documento oficial que acreditaba objetivamente
la fecha real de presentación del recurso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00816-00
Accionante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.
Se concede la solicitud de amparo

11.3. Señala que este error fue determinante en el sentido de la decisión, toda vez que
incidió directamente en el cómputo del término previsto en el artículo 52 del CPACA para
resolver y notificar el recurso. Explica que, de haberse tenido en cuenta la fecha correcta,
3 de junio de 2015, el término para decidir y notificar vencía el 3 de junio de 2016, mientras
que la Resolución 1239 de 2016 fue notificada el 9 de junio de 2016, momento para el
cual la administración ya había perdido competencia. En contraste, al asumir
erróneamente que el recurso fue interpuesto el 3 de julio de 2015, el Tribunal concluyó
que la actuación administrativa se había surtido dentro del término legal, descartando la
configuración de la caducidad de la facultad sancionatoria.

D. Trámite procesal

12. Mediante auto del 6 de febrero de 20262 se admitió la demanda de tutela y se ordenó
su notificación a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, así como al titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá – Sección Primera y a la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil, en calidad de terceros con interés.

E. Oposiciones e intervenciones

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A3
(accionado) rindió informe en el que solicitó que “se rechacen por improcedentes las
pretensiones formuladas por la parte accionante y se [le] exonere de cualquier
responsabilidad”. Señaló que la providencia del 8 de agosto de 2025 no vulneró derechos
fundamentales, pues fue proferida por autoridad competente, con observancia del
procedimiento aplicable y debidamente motivada. Además, remitió copia digital del
expediente del proceso ordinario.

13.1. Aunque sostuvo que “no se presentan los defectos específicos y generales que hacen
procedente la acción de tutela contra decisiones judiciales”, también reconoció que la
accionante alega la configuración de un defecto fáctico. Alegó que este no se configura
en tanto la valoración probatoria realizada, en particular respecto de la fecha de
interposición del recurso, corresponde al ámbito de autonomía judicial, y que la
controversia planteada constituye un desacuerdo interpretativo propio del proceso
contencioso administrativo. Adicionalmente, sostuvo que no se cumplen los requisitos de
procedencia de la tutela, en especial los de inmediatez y subsidiariedad, ni se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable.

14. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil4 (tercero con interés) se
opuso a la prosperidad de la demanda de tutela y solicitó su declaratoria de
improcedencia. Argumentó que no se cumple el requisito de inmediatez y que no se
configura defecto fáctico, ya que la discrepancia planteada por la accionante corresponde
a una diferencia en la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual no habilita la

2
Índice 5 del expediente digital en Samai.
3
Índice 16 del expediente digital en Samai.
4
Índice 17 del expediente digital en Samai.

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Accionante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.
Se concede la solicitud de amparo

intervención del juez constitucional. Añadió que la tutela no puede emplearse como
mecanismo para reabrir el debate jurídico ya resuelto en la jurisdicción contencioso-
administrativa, que no se acredita perjuicio irremediable y que existen otros mecanismos
de defensa judicial, por lo que solicitó negar el amparo y declarar improcedente la acción.

15. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá5 (tercero con interés) se
limitó a informar que conoció del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la accionante, en el cual profirió sentencia de primera instancia el 26 de
febrero de 2021, posteriormente revocada el 8 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y que mediante auto del 28 de octubre de 2025 se
aprobaron las costas del proceso. Además, remitió copia digital del expediente del
proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES
F. Competencia

16. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la Academia de Pilotos de
Aviación S.A. contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

17. La Sala concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
accionante por encontrar que en la sentencia proferida el 8 de agosto de 2025 por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí se
configuró un defecto fáctico.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela

18. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

18.1. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 8 de agosto
de 2025 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pues considera que incurrió en un defecto fáctico. A continuación, la
Sala describirá las características y elementos del defecto alegado, con el propósito de
determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.

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Índice 15 del expediente digital en Samai.

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19. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”6. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.

19.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias7. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

19.2. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba8. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción9.

J. Requisitos generales de procedibilidad

20. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la demanda de tutela contra providencias judiciales, por cuanto: (i) la
parte actora identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así
como los derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) la parte actora utilizó
los mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede
ningún recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada10; (iv) el asunto es relevante
constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales por
presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser propuestos en
el curso del proceso ordinario debido a que la sentencia cuestionada revocó la decisión
de primera instancia y negó las pretensiones; y (v) no se trata de una decisión proferida
en sede de tutela.

K. El caso concreto

21. La Sala concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso, por
encontrar acreditada la configuración de un defecto fáctico en la sentencia del 8 de agosto
de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. El asunto se circunscribe al análisis probatorio para la determinación
de la fecha de interposición del recurso de reposición contra la Resolución 757 de 2015,
aspecto del cual depende el cómputo del término previsto en el artículo 5211 del CPACA

6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10
La providencia se notificó por correo electrónico el 22 de agosto de 2025 y la solicitud de amparo se
presentó el 4 de febrero de 2026.
11
Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los
tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto
administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente
de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia,

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y, en consecuencia, la verificación de la pérdida de competencia de la administración
para resolver dicho recurso. La Sala advierte que el Tribunal construyó su decisión sobre
una premisa fáctica incorrecta, sin incorporar un análisis probatorio completo del
expediente.

22. En el expediente ordinario, específicamente en el cuaderno de antecedentes
administrativos12, obra el recurso de reposición interpuesto por ADEVIA S.A., en cuya
primera página se encuentra el sello de recepción de la Aeronáutica Civil, en el que
consta que el recurso fue radicado el 3 de junio de 2015 a las 11:59 a. m., así:

23. Esta constancia constituye un documento oficial expedido por la propia entidad
administrativa, que refleja el momento exacto de recibo del memorial y que, por su
naturaleza, es el medio probatorio idóneo para acreditar la fecha de interposición del
recurso. Su contenido no depende de inferencias ni de reconstrucciones posteriores, sino
que corresponde al registro directo de la actuación administrativa, lo que le otorga un
valor probatorio cualificado frente a afirmaciones posteriores contenidas en actos
administrativos.

24. La jurisprudencia constitucional13 ha señalado que el defecto fáctico en su dimensión
negativa se configura, entre otros eventos, cuando el juez omite valorar pruebas
determinantes o cuando asigna un mayor o menor valor a ciertos medios de convicción
sin justificación razonable, afectando la integridad del análisis probatorio. En particular,
se ha precisado que este defecto surge cuando no se valoran adecuadamente los medios
de prueba relevantes o cuando se realiza una apreciación caprichosa o arbitraria del
acervo probatorio, siempre que dicho error tenga una incidencia directa en la decisión
adoptada. Este estándar impone al juez el deber de efectuar un examen completo,
explícito y razonado de las pruebas, especialmente cuando de ellas depende la solución
del litigio.

en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se
deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de
la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que
cesó la infracción y/o la ejecución.
La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la
ejecutoria. [negrilla de la Sala].
12
Página 180 del Cuaderno 2 del expediente de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-33-34-002-2016-00346-00/02.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas y sentencia T-041 de 2018,
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Se concede la solicitud de amparo

25. En el caso concreto, el Tribunal tuvo por acreditado que el recurso de reposición fue
interpuesto el 3 de julio de 2015, con fundamento en la afirmación contenida en la
Resolución 1239 de 2016 –según lo afirmado por el propio Tribunal en el informe rendido
en el proceso de la referencia– sin efectuar un ejercicio de contraste con la constancia
de radicación obrante en el expediente. El ordinal tercero de la parte considerativa de la
Resolución 1239 de 201614 establece lo siguiente:

26. Esta actuación se encuadra en la hipótesis identificada por la Corte Constitucional,
consistente en asignar mayor valor a un elemento probatorio en detrimento de otro sin
justificación suficiente, pues la providencia cuestionada no contiene una motivación que
explique por qué se privilegió dicha afirmación sobre el sello oficial de recibido. La
explicación ofrecida posteriormente en sede de tutela no subsana esta omisión, dado que
el análisis probatorio debe estar incorporado en la decisión judicial misma.

27. Adicionalmente, el yerro identificado cumple con el requisito de trascendencia exigido
por la jurisprudencia constitucional, según el cual la omisión probatoria debe tener una
incidencia directa y determinante en la decisión judicial. Al respecto, la Corte
Constitucional15 ha indicado que “como la autonomía judicial alcanza su máxima
expresión en el análisis probatorio, el defecto fáctico debe satisfacer los requisitos de
“irrazonabilidad y trascendencia”. Por lo tanto, el error denunciado debe ser ostensible,
flagrante, manifiesto y debe tener incidencia directa, transcendencia fundamental o
repercusión sustancial en la decisión judicial adoptada”.

28. En efecto, en el caso sub examine, la determinación de si el recurso fue interpuesto
el 3 de junio o el 3 de julio de 2015 define el punto de partida para el cómputo del término
de un año previsto en el artículo 52 del CPACA para resolver y notificar los recursos
administrativos, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los
tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas,
término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido
expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que
resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de
competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna
interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición,
se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad
patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de
resolver.

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día
siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.

14
Página 166 del Cuaderno 2 del expediente de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-33-34-002-2016-00346-00/02.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-259 de 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00816-00
Accionante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.
Se concede la solicitud de amparo

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años
contados a partir de la fecha de la ejecutoria. [negrilla de la Sala].

29. De acuerdo con la norma transcrita, si se toma como fecha de interposición del
recurso el 3 de junio de 2015, el término de un año para resolverlo vencía el 3 de junio
de 2016, de manera que la notificación del 9 de junio de 2016 habría ocurrido por fuera
del plazo legal, configurándose la pérdida de competencia de la administración. En
cambio, si se asume la fecha del 3 de julio de 2015, el término se extiende hasta el 3 de
julio de 2016, lo que conduce a la conclusión opuesta.

30. Esta última interpretación fue la acogida por el Tribunal accionado en la sentencia
proferida el 8 de agosto de 2025. En dicha providencia, al momento de efectuar el estudio
de la caducidad de la facultad sancionatoria según lo dispuesto en el artículo 52 del
CPACA, el Tribunal sostuvo lo siguiente:

De acuerdo con lo anterior, y de la revisión del acervo probatorio allegado al expediente, se
pudo establecer que los recursos de reposición y en subsidio el de apelación interpuestos en
contra de la Resolución 757 del 8 de abril de 2015, fueron radicados por la demandante, el día
tres (3) de julio de 2015, es decir que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de
conformidad con el artículo 52 CPACA, debía resolver y poner en conocimiento del interesado
su decisión hasta el tres (3) de julio de 2016.

“[…] TERCERO: Que mediante escrito presentado dentro del término legal, esto es el 3 de
julio del 2015, Claudia Lucía Segura Acevedo, en calidad de apoderado especial de la
sociedad investigada, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 0757 del 8
de abril del 2015, a través del radicado 2015 049453, exponiendo en resumen lo siguiente:
[…]”

En tales condiciones, se observa que la Resolución núm. 1239 del 6 de mayo de 2016, mediante
la cual se resolvió el recurso de reposición, fue notificada personalmente, según constancia de
ejecutoria del acto administrativo (fl.161 Cdno. Ppal.), el día nueve (9) de junio de 2016, es decir,
con efectos a partir del diez (10) de junio de 2016.

Conforme a lo anterior, es claro para la Sala que no existe nulidad de los actos administrativos
demandados, por cuanto, no se configuró la perdida de competencia por efectos de la caducidad
de la facultad sancionatoria de la administración.

31. La decisión del Tribunal se edificó, entonces, sobre un supuesto fáctico equivocado,
derivado de una valoración probatoria incompleta e insuficientemente motivada, lo que
configura un defecto fáctico en su dimensión negativa y vulnera el derecho fundamental
al debido proceso de la parte accionante. Por lo anterior, la Sala advierte que la omisión
en la valoración de la constancia oficial de radicación no constituye un aspecto accesorio,
sino que afecta el núcleo mismo del razonamiento judicial, pues determina la competencia
para sancionar de la Aeronáutica Civil y, como consecuencia, el sentido de la decisión.

32. En consecuencia, la Sala dejará sin efectos la sentencia del 8 de agosto de 2025
proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y le ordenará proferir una nueva providencia en la que realice un análisis
probatorio completo e integral del expediente, en particular de la constancia oficial de
radicación del recurso de reposición expedida por la Unidad Administrativa Especial de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00816-00
Accionante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.
Se concede la solicitud de amparo

Aeronáutica Civil, y determine, a partir de ello, el cómputo del término previsto en el
artículo 52 del CPACA, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 8 de agosto de 2025 por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 11001-33-34-002-2016-00346-00/02.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los
diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia,
profiera una nueva sentencia conforme a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

QUINTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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