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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00816-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00816-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia de 15 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00816-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00816-01
Demandante ACADEMIA DE PILOTOS DE AVIACIÓN SA
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. Defecto fáctico. Recurso reposición.
Caducidad facultad sancionatoria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
la Aeronáutica Civil AEROCIVIL contra el fallo de tutela de 15 de abril de 2026,
proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que dispuso lo
siguiente:
«PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 8 de agosto de 2025 por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-
33-34-002-2016-00346-00/02.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los diez
(10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera
una nueva sentencia conforme a lo expuesto en la parte motiva».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de febrero de 2026, la Academia de Pilotos de Aviación SA. (ADEVIA S.A.),
actuando mediante apoderado especial, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, con la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-34-002-2016-00346-00/02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la Academia de Pilotos de Aviación S.A. – ADEVIA S.A.,
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección
A.
SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia proferida el ocho (8) de agosto de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección A, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por ADEVIA S.A. contra la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL.
TERCERO. En su lugar, declare la firmeza del fallo de primera instancia proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá en el expediente
11001333400220160034600».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00816-01
Demandante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

2.1. La Academia de Pilotos de Aviación SA. en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), pretendiendo la nulidad de los
actos administrativos mediante los cuales le impuso sanción pecuniaria por
valor de $26.850.065, por operar desde una base distinta a la autorizada.

Entre otros argumentos, la sociedad demandante indicó que la Aeronáutica
Civil no resolvió dentro del término legal el recurso de reposición que interpuso
contra el acto sancionatorio, pues transcurrió más de un año desde su
interposición. En consecuencia, consideró que la Aeronáutica Civil profirió los
actos impugnados sin competencia, conforme lo prescrito en el artículo 52 de
la Ley 1437 de 2011 que dispone lo siguiente:
«CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres
(3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro
del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado.
Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales
deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año
contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el
término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio
de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario
encargado de resolver».

2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo
de Bogotá (Expediente 11001-33-34-002-2016-00346-00).

Mediante sentencia de 26 de febrero de 2021 el Juzgado declaró la nulidad
de los actos demandados por considerar configurada la caducidad de la
facultad sancionatoria y la consecuente pérdida de competencia de la
Aeronáutica Civil.

Con base en las pruebas allegadas, la autoridad judicial sostuvo que el
recurso de reposición interpuesto contra el acto que sancionó
pecuniariamente a ADEVIA SA. se interpuso el 3 de junio de 2015. En
consecuencia, la Administración tenía hasta el 3 de junio de 2016 para
resolverlo y notificarlo. No obstante, dicha notificación se surtió el 9 de junio
de 2016. De manera que se excedió el término de un año previsto en el
artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo tanto, concluyó que «la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
no se sujetó al mandato de la normativa referida, toda vez que no expidió y notificó la
resolución por la que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión
sancionatoria, esto, dentro del término de un (1) años (sic); hecho que conllevó a que
perdiera competencia para decidirlo».

2.3. La Aeronáutica Civil apeló la sentencia de primera instancia.

2.4. En sentencia de 8 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A revocó la providencia
apelada, bajo el argumento de que el recurso de reposición interpuesto en
contra del acto que impuso la sanción se radicó el 3 de julio de 2015, por lo
que concluyó que la Aeronáutica Civil contaba hasta el 3 de julio de 2016, para
resolver y poner en conocimiento del interesado su decisión del recurso de
reposición.

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Demandante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.

Aseguró que el acto que resolvió la reposición fue notificado el 9 de junio de
2016. Consecuentemente, el Tribunal aseguró que no existe nulidad de los
actos administrativos demandados, porque no se configuró la pérdida de
competencia por efectos de la caducidad de la facultad sancionatoria de la
administración.

3. Fundamentos de la acción

Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A incurrió en
defecto fáctico.

Aseguró que dicha autoridad tuvo por radicado el recurso de reposición en una
fecha distinta a la que constaba en el expediente. La constancia oficial de radicación
expedida por la propia Aeronáutica Civil daba fe de que el recurso de reposición fue
radicado el 3 de junio de 2015. Esta era la prueba idónea para acreditar el día de
interposición, pues contenía la constancia formal de recibido por parte de la
autoridad administrativa. Sin embargo, el Tribunal afirmó que dicho recurso fue
radicado el 3 de julio de 2015.

Indicó que el Tribunal efectuó el cómputo de términos con base en una afirmación
equivocada hecha por la Aeronáutica y contenida en el acto administrativo que
resolvió el recurso de reposición (Resolución 1239 del 6 de mayo de 2016),
consistente en que tal recurso fue interpuesto el 3 de julio de 2015. No obstante,
reiteró que la reposición se presentó el 3 de junio de 2015, como acredita la
constancia de recibido. Por lo tanto, afirmó que entre la interposición del recurso y
su notificación (9 de junio de 2016) transcurrió más de un año, lo cual configuró la
caducidad de la facultad para sancionar.

Tal error fue determinante en la decisión del Tribunal de revocar la sentencia, pues
al desplazar indebidamente el inicio del cómputo del término legal, tal autoridad
judicial concluyó que la administración había actuado dentro del plazo previsto en
la ley y, en consecuencia, no declaró la configuración de la pérdida de competencia.
De haberse valorado correctamente la prueba documental omitida, el Tribunal
necesariamente habría concluido que la Aeronáutica Civil perdió competencia para
resolver el recurso, lo cual conducía a la confirmación de la sentencia de primera
instancia.

Finalmente, adujo que la tutela no busca reabrir litigios, ni plantear debates legales
sin relevancia constitucional. La tutela busca remediar una grave injusticia, cometida
por un error a todas luces evidente: el Tribunal revisó únicamente el acto
administrativo demandado y con base en este afirmó que el recurso se radicó el 3
de julio de 2015. No obstante, la realidad probada en el expediente es que el recurso
se radicó el 3 de junio de 2015.

4. Trámite e intervenciones

4.1. Mediante auto de 6 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la Academia de Pilotos de Aviación S.A. contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. Se ordenó
notificar en calidad de terceros con interés al Juzgado Segundo Administrativo
de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil; se
reconoció personería al abogado de la parte actora; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.

4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá indicó que profirió sentencia
de primera instancia el 26 de febrero de 2021 y remitió el expediente del medio
de control.

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Demandante: Academia de Pilotos de Aviación S.A.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A adujo que la acción de tutela interpuesta es improcedente,
porque no se configura ninguno de los requisitos generales y causales
específicas de la tutela contra providencia judicial.

Sostuvo que no se incurrió en defecto fáctico, pues en segunda instancia se
consideró como relevante la fecha consignada en la Resolución 1239 del 6 de
mayo de 2016. Se estimó que, en comparación con otros elementos
probatorios, esta última fecha tenía mayor certeza para efectos del cómputo
del término previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

En su criterio, el argumento de la parte actora referente a que en el expediente
administrativo obra un sello de radicación que acredita que el recurso fue
presentado el 3 de junio de 2015 no alcanza una entidad suficiente para
configurar un defecto fáctico de carácter ostensible, manifiesto y determinante.
La valoración sobre la fecha contenida en la Resolución 1239 de 2016, aunque
controvertida por la parte accionante, hace parte del ámbito de autonomía
judicial y de la libertad de apreciación probatoria.

Finalmente, mencionó que no se cumple con el requisito de inmediatez, debido
a que ya transcurrió un lapso considerable desde la notificación de la
providencia. Además, el amparo constitucional no puede ser utilizado como
una instancia adicional para reabrir debates probatorios, jurídicos o
interpretativos ya resueltos por la jurisdicción competente, pues ello
desconocería los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y cosa
juzgada. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto,
negar las pretensiones formuladas.

4.4. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil sostuvo que la
Academia de Pilotos de Aviación S.A. es una persona jurídica de derecho
privado que no se encuentra en una situación de vulnerabilidad, debilidad
manifiesta o imposibilidad material que le hubiera impedido acudir con
antelación al juez constitucional.

Más aun teniendo en cuenta que el asunto debatido, esto es, el cómputo del
término de la facultad sancionatoria, no reviste una complejidad fáctica
extraordinaria ni exigía un despliegue probatorio adicional que justificara la
interposición del amparo en un momento tan cercano al límite temporal
usualmente aceptado por la jurisprudencia.

De otra parte, sostuvo que no se configura el defecto fáctico ya que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no incurrió en una omisión probatoria
ostensible ni en una valoración abiertamente arbitraria. Por el contrario, la
controversia planteada por la accionante se circunscribe a la interpretación de
determinados elementos del expediente y al cómputo del término de la facultad
sancionatoria.

Tal aspecto constituye un debate propio de la jurisdicción contencioso
administrativa y no una irregularidad de relevancia constitucional.

De otra parte, manifestó que la acción de tutela no puede emplearse como
mecanismo alternativo para reabrir el debate jurídico ya agotado ante la
jurisdicción contencioso administrativa, pues ello desnaturaliza su carácter
subsidiario y excepcional. Agregó la inexistencia de un perjuicio irremediable
en el caso.

Por lo expuesto, solicitó declarar la improcedencia de la acción y negar el
amparo.

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5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 15 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B amparó el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora,
pues consideró que en el caso se configura un defecto fáctico en la sentencia del 8
de agosto de 2025 proferida por el Tribunal accionado.

De entrada, encontró satisfechos todos los requisitos generales de procedibilidad.
Seguido, indicó que el asunto se circunscribe al análisis probatorio para la
determinación de la fecha de interposición del recurso de reposición presentado
contra el acto que impuso la sanción, aspecto del cual depende el cómputo del
término previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, la
verificación de la pérdida de competencia de la administración para resolver dicho
recurso.

Resaltó que en el expediente ordinario, específicamente en el cuaderno de
antecedentes administrativos, obra el recurso de reposición interpuesto por la
Academia de Pilotos de Aviación S.A., en cuya primera página se encuentra el sello
de recepción de la Aeronáutica Civil, en el que consta que el recurso fue radicado
el 3 de junio de 2015 a las 11:59 a.m.

Tal constancia constituye un documento oficial expedido por la propia entidad
administrativa, que refleja el momento exacto de recibo del memorial y que, por su
naturaleza, es el medio probatorio idóneo para acreditar la fecha de interposición
del recurso. Su contenido no depende de inferencias ni de reconstrucciones
posteriores, sino que corresponde al registro directo de la actuación administrativa,
lo que le otorga un valor probatorio cualificado frente a afirmaciones posteriores
contenidas en actos administrativos.

No obstante lo anterior, el Tribunal adujo que el recurso de reposición fue
interpuesto el 3 de julio de 2015, sin efectuar un ejercicio de contraste con la
constancia de radicación obrante en el expediente. Resaltó que en el ordinal tercero
de la parte considerativa de la Resolución 1239 de 2016 se afirmó que «el 3 de julio
de 2015, Claudia Lucía Segura Acevedo, en calidad de apoderada especial de la sociedad
investigada, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 0757 del 8 de abril de 2015».

Subrayó que la providencia cuestionada no contiene una motivación que explique
por qué se privilegió dicha afirmación sobre el sello oficial de recibido. La explicación
ofrecida posteriormente en sede de tutela no subsana esta omisión, dado que el
análisis probatorio debe estar incorporado en la decisión judicial misma.

Adicionalmente, manifestó que el yerro identificado cumple con el requisito de
trascendencia exigido por la jurisprudencia constitucional, según el cual la omisión
probatoria debe tener una incidencia directa y determinante en la decisión judicial.
La determinación de si el recurso fue interpuesto el 3 de junio o el 3 de julio de 2015
define el punto de partida para el cómputo del término de un año previsto en el
artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 para resolver y notificar los recursos
administrativos.

Si se toma como fecha de interposición del recurso el 3 de junio de 2015 el término
de un año para resolverlo vencía el 3 de junio de 2016, de manera que la notificación
del 9 de junio de 2016 habría ocurrido por fuera del plazo legal, configurándose la
pérdida de competencia de la administración. En cambio, si se adopta la fecha del
3 de julio de 2015, el término se extiende hasta el 3 de julio de 2016, lo que conduce
a la conclusión opuesta.

La decisión del Tribunal se edificó, entonces, sobre un supuesto fáctico equivocado,
derivado de una valoración probatoria incompleta e insuficientemente motivada, lo

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que configura un defecto fáctico en su dimensión negativa y vulnera el derecho
fundamental al debido proceso de la parte accionante.

Por lo anterior, el a quo constitucional advirtió que la omisión en la valoración de la
constancia oficial de radicación no constituye un aspecto accesorio, sino que afecta
el núcleo mismo del razonamiento judicial, pues determina la competencia para
sancionar de la Aeronáutica Civil y, como consecuencia, el sentido de la decisión.

Por consiguiente, el juez de tutela dejó sin efectos la sentencia del 8 de agosto de
2025 proferida por el Tribunal accionado. En consecuencia, le ordenó proferir una
nueva providencia en la que realice un análisis probatorio completo e integral del
expediente, en particular de la constancia oficial de radicación del recurso de
reposición expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, y
determine, a partir de ello, el cómputo del término previsto en el artículo 52 de la
Ley 1437 de 2011.

6. Impugnación y actuaciones posteriores

6.1. La Aeronáutica Civil impugnó la providencia de primera instancia.

Sostuvo que desde que se profirió la sentencia controvertida hasta la
interposición de la tutela transcurrió un tiempo considerable. Subrayó que no
se explicaron los motivos por los cuales se esperó hasta un momento cercano
al límite temporal de seis meses que la jurisprudencia ha utilizado como
parámetro orientador para promover la acción de tutela. Insistió en que la
sociedad tutelante es una persona jurídica de derecho privado que no se
encuentra en una situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta o
imposibilidad material que le hubiera impedido acudir previamente ante la
autoridad judicial constitucional.

Añadió que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.

Por lo expuesto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no
satisfacer plenamente el requisito de inmediatez o subsidiariamente negar el
amparo.

6.2. La parte actora allegó memorial pronunciándose sobre la impugnación
presentada por la Aeronáutica Civil. Sostuvo que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha reiterado que el requisito de inmediatez debe analizarse
caso a caso bajo el concepto de plazo razonable.

Aun así, resaltó que si se tiene en cuenta el parámetro de seis meses señalado
en la jurisprudencia, este se cumple en el caso. En efecto, la sentencia
recurrida fue proferida el 8 de agosto de 2025 y notificada por correo
electrónico el 22 de agosto de 2025. La demanda de tutela fue interpuesta el
4 de febrero de 2026. Por consiguiente, afirmó que la tutela se interpuso cinco
meses y trece días después de la notificación de la providencia atacada. La
acción se interpuso, por tanto, dentro del plazo de seis meses.

Por otro lado, manifestó que la preparación de la demanda de tutela exigió la
consulta directa del expediente físico ante los Juzgados Administrativos de
Bogotá, dado que dicho cuaderno no se encuentra digitalizado, pues el
proceso se inició y tramitó en primera instancia antes de la pandemia del
COVID-19 con memoriales en físico y audiencias presenciales.

El documento determinante para acreditar la fecha real de interposición del
recurso, que sustenta el defecto fáctico, solo era accesible mediante consulta
presencial. Tal gestión justifica razonablemente el tiempo que medió entre la
notificación de la providencia atacada y la interposición de la tutela.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, la acción de tutela es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo
cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales2
y especiales3 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia judicial objeto
de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al amparar el derecho al
debido proceso de la parte actora por considerar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A incurrió en defecto fáctico.

Previo a esto se determinará si se satisfacen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, especialmente el de
inmediatez, en atención a que sobre esto versó la impugnación propuesta por la
Aeronáutica Civil.

1
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
2
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
3
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
4
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

7
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4. Alcance del requisito de inmediatez de la tutela contra providencia
judicial
La Corte Constitucional5 ha señalado que si bien no es posible establecer un término
de caducidad que limite el ejercicio de la acción de tutela, debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza
misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la
protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el
respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados6.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.
Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de Estado7
fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de seis
meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por
considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional8.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad»9.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también: (…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición».

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada
caso concreto, lo que constituye un término razonable»10.

Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración
de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la
vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la
tutela. Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como
en la providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el presupuesto
de la inmediatez.

5
Corte Constitucional, sentencia T-123 de 2007.
6
Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».
7
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
10
Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.

8
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Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, además de considerar el lapso de
seis meses, debe consultar los demás criterios establecidos en la jurisprudencia
constitucional, de manera tal, que caso a caso se estudie el cumplimiento de este
requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo paso del tiempo
constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio.

5. Alcance del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se ha dicho
que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las pruebas que obren
en el expediente no sea posible, de ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar
la conclusión a la que llega la decisión que se cuestiona.

En otras palabras, este defecto supone que el apoyo probatorio en que se basó el
juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el
caso concreto11.

Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al juez de
tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y rigurosos, en lo que
respecta a la apreciación de las pruebas. No debe olvidarse que, si bien el juez
ordinario goza de una amplia facultad de valoración probatoria, fundada en los
principios de la sana crítica12, dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.

La Corte Constitucional13 reconoce dos dimensiones de este defecto. Por una parte,
la dimensión negativa se produce por omisiones del juez, por ejemplo, (i) por ignorar
o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso14; (ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) por no decretar
pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo15.

La dimensión positiva tiene lugar por actuaciones del juez, tales como (i) valorar y
decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el
sentido de la decisión; o (ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal,
no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia16.

6. Análisis en el caso

6.1. De la impugnación se advierte que el argumento principal expuesto por la
Aeronáutica Civil es el incumplimiento del requisito de inmediatez, por
considerar que la tutela se presentó en un día muy «cercano al límite temporal de
seis (6) meses que la jurisprudencia ha utilizado como parámetro orientador para
promover la acción de tutela». La Sala desestima tal cargo teniendo en cuenta que
esta Corporación ha interpretado que el término de seis meses contados a
partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada es el plazo
razonable para la interposición de la acción.

En esa medida, se advierte que la parte actora acudió oportunamente ante el
juez de tutela, teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia
controvertida se profirió el 8 de agosto de 2025 y el mensaje de datos a efectos
de realizar la notificación se remitió a los correos electrónicos el 22 de agosto
de 2025. De acuerdo con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, la notificación

11
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de
hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
14
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.

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se entiende realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío
del mensaje, motivo por el cual se advierte que la notificación se surtió el 26
de agosto de 2025. A su vez, la acción de tutela se presentó el 4 de febrero de
2026.

Lo anterior implica que, entre la notificación de la sentencia controvertida y la
interposición del amparo constitucional no transcurrió siquiera un lapso de seis
meses. Motivo por el cual no podría entenderse que se superó el plazo
razonable dispuesto por la jurisprudencia. No es un elemento determinante en
el análisis de inmediatez el hecho que la tutela se haya interpuesto en una
fecha próxima a cumplirse el lapso de seis meses. Lo relevante es que se
acudió al juez de tutela dentro del tiempo considerado como prudencial.

6.2. Así las cosas, se encuentra que se cumple con el requisito de inmediatez.
Igualmente, se advierte el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción. Primero, se expusieron los hechos y los motivos
por los cuales se considera que la autoridad judicial accionada erró al revocar
la sentencia de primera instancia en la que se declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados.

Segundo, el asunto es de relevancia constitucional. No podría entenderse que
la tutela se está empleando como una tercera instancia adicional pues no fue
la parte actora la que ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, en consideración a que esa decisión fue favorable a sus
intereses.

De manera que el argumento desarrollado en el escrito de tutela no fue
expuesto en el medio de control. Además, se advierte que la tutela interpuesta
persigue la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y del
acceso a la administración de justicia vulnerados por la presunta configuración
del defecto invocado.

Tercero, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado
que no se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para
exponer los cargos desarrollados en el escrito de tutela.

Se corrobora, entonces, el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De ahí que
se proseguirá con el estudio sobre el defecto fáctico planteado por la parte
actora.

6.3. Como se indicó en los antecedentes, en la sentencia de 8 de agosto de 2025,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
revocó la providencia apelada, bajo el argumento de que el recurso de
reposición interpuesto en contra del acto que impuso la sanción se radicó el 3
de julio de 2015.

Como la autoridad judicial mencionada efectuó el cómputo a partir de esa
fecha, aquella llegó a la conclusión de que la Aeronáutica Civil contaba hasta
el 3 de julio de 2016 para resolver y poner en conocimiento del interesado su
decisión. Y como el acto que resolvió la reposición fue notificado el 9 de junio
de 2016, el Tribunal concluyó que no se configuró la caducidad de la facultad
sancionatoria de la administración, debido a que en su entender el acto que
resolvió la reposición fue notificado dentro del término de un año contado
desde su interposición.

Precisadas las motivaciones de la sentencia atacada, la Sala coincide con el
juez de tutela de primera instancia respecto a la configuración de un defecto
fáctico en el caso. Esto obedece a que el Tribunal accionado realizó el

10
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cómputo tomando como extremo temporal el 3 de julio de 2015. Sin embargo,
en la constancia de radicado del recurso de reposición interpuesto contra el
acto que impuso la sanción (Resolución 757 del 8 de abril de 2015) se observa
que este fue presentado el 3 de junio de 2015. Veamos:

La anterior imagen acredita que efectivamente el recurso de reposición se
interpuso el 3 de junio de 2015. Esto significa que la Administración tenía
hasta el 3 de junio de 2016 para resolver y notificar el recurso de reposición.
No obstante, dicha notificación se surtió el 9 de junio de 2016. De manera que
se excedió el término de un año previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de
2011 que preceptúa que «los recursos (…) deberán ser decididos, so pena de pérdida
de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna
interposición».

Por lo tanto, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A incurrió en defecto fáctico, pues no tuvo en
cuenta la constancia de radicación del recurso de reposición que era la única
prueba pertinente para acreditar la fecha en la cual tal recurso fue presentado.

Tal error tuvo una incidencia directa en la decisión adoptada, pues el hecho
de efectuar el cómputo con una fecha errada hizo que el Tribunal concluyera
que la Aeronáutica Civil aún se encontraba dentro del término de un año
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 para notificar el acto que
resolvió el recurso de reposición. Esto porque al tomar como punto de partida
del conteo el 3 de julio de 2015 y, consecuentemente, como extremo final el 3
de julio de 2016, concluyó que la notificación de la decisión efectuada el 9 de
junio de 2016 fue oportuna.

En consecuencia, la decisión del Tribunal se fundamentó en el yerro
mencionado y de haberse hecho el cómputo teniendo en cuenta la fecha real
no se habría concluido que la Administración notificó la decisión
oportunamente.

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7. Conclusión

Con base en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada, por considerar
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
incurrió en defecto fáctico.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de 15 de abril de 2026, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, dadas las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad se pueden comprobar a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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