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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00826-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00826-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00826-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00826-00
Accionante: RAMÓN ONOFRE YEPES OSSA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD

Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 10 de febrero de 20262, se admitió la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Ramón Onofre Yepes Ossa, actuando mediante apoderado
judicial3, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad. Con la solicitud de amparo pretende la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, y a la «motivación de las
decisiones judiciales».

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se tuvo como autoridad accionada al

Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Séptima de Oralidad, y se vinculó al Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en
los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
3 Índice 12. Poder allegado por el abogado Mauricio Bohórquez Rincón, para actuar en

representación del accionante, como respuesta al requerimiento efectuado en el auto admisorio
de la demanda.

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Accionante: Ramón Onofre Yepes Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00826-00

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
proferida el 29 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia
• Sala Séptima de Oralidad, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-006-2023-00300-01.
Mediante dicha providencia se confirmó la decisión de primera instancia proferida
por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que negó las
súplicas de la demanda.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
a la motivación de las decisiones judiciales y al acceso a la administración de
justicia.
2. Que se dejen sin efectos la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025
por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el accionante.
3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia emitir una nueva
sentencia en la que:
− Se analice de manera expresa el cargo relacionado con la falta de claridad
e individualización del título ejecutivo.
− Se valoren las pruebas que fueron omitidas en la decisión cuestionada.
− Se resuelvan de manera integral y motivada los argumentos expuestos
en el recurso de apelación.4

1.2. Hechos

4. El 20 de noviembre de 2012, la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín
expidió la Resolución C4-4566 «Por medio de la cual se expide reconocimiento y
licencia de construcción en la modalidad de modificación y ampliación y se
aprueban planos para propiedad horizontal», en favor de los señores Ramón
Onofre Yepes Ossa y Alba Eugenia Buriticá Quintero, en calidad de
copropietarios en común y proindiviso del inmueble.

5. El 18 de julio de 2016, la Subsecretaría de Control Urbanístico del Distrito
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (en adelante, el Distrito de
Medellín) profirió la Resolución 341 del 18 de julio de 2016, mediante la cual
liquidó las obligaciones derivadas de dicha licencia urbanística.

6. Con base en este acto administrativo, el Distrito de Medellín emitió la
Resolución STH-176503-2021 del 9 de agosto de 2021, mediante la cual inició
proceso de cobro coactivo únicamente en contra del señor Ramón Onofre Yepes
Ossa, por el total de la obligación.

7. Posteriormente, mediante la Resolución STH-55660-2022 del 20 de
octubre de 2022 se ordenó segur adelante con la ejecución.

8. Inconforme, el señor Yepes Ossa, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Subsecretaría de Tesorería

4 Transcripción literal que puede contener errores.

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del Distrito de Medellín, en aras de obtener la nulidad de los actos administrativos
STH-176503-2021 del 9 de agosto de 2021 y STH-55660-2022 del 20 de octubre
de 2022.

9. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo Oral
de Medellín, el cual, mediante sentencia de primera instancia del 9 de diciembre
de 2024 negó las pretensiones de la demanda por cuanto no se probaron los
vicios alegados por el demandante, a saber: prescripción de la acción de cobro o
pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, falta de claridad del título
ejecutivo, lo que lo hace inexigible, y falta de competencia de la Secretaría de
Tesorería del municipio de Medellín para adelantar el procedimiento de cobro
coactivo.

10. Inconforme, presentó recurso de apelación, el cual fue despachado
desfavorablemente por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante
sentencia del 29 de septiembre de 2025, confirmó lo decidido por el a quo al
considerar que efectivamente el título ejecutivo no adolecía de pérdida de fuerza
ejecutoria, era exigible, y la entidad sí era competente para adelantar el proceso
de cobro coactivo.

1.3. Sustento de la vulneración

11. La parte accionante indicó que la providencia del 29 de septiembre de
2025 transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la
«motivación de las decisiones judiciales».

12. Sostuvo que la autoridad judicial accionada, guardó silencio absoluto
sobre un argumento central expuesto desde la demanda: que el título ejecutivo
no era claro, expreso ni exigible, y, en consecuencia, era inexistente debido a
que no contenía una obligación individualizada correctamente. Esto, pues la
licencia de construcción que dio origen al mismo tenía dos destinatarios, y la
obligación se exigió únicamente a él. Agregó que, de haberse realizado un
análisis juicioso sobre este problema jurídico esencial, la decisión habría podido
tener un sentido distinto.

13. En consecuencia, afirmó que se configuran los defectos sustantivo, fáctico
y de falta de motivación, los cuales se resumen de la siguiente manera:

14. Defecto sustantivo: el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
defecto sustantivo, porque guardó silencio sobre el requisito de individualización
del título ejecutivo y desconoció la doctrina reiterada del Consejo de Estado que
impone a la Administración la determinación de la cuota-parte de cada obligado,
so pena de la inexistencia del título ejecutivo. En particular, la autoridad judicial
omitió la aplicación de las normas que regulan la existencia del título ejecutivo —
artículo 828 del Estatuto Tributario y artículo 297 del CPACA—, que exigen que
la obligación sea clara, expresa, exigible e individualizada. Esto, porque, a pesar

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de tratarse de una obligación divisible con dos copropietarios, solo se adelantó el
cobro en su contra.

15. Defecto fáctico: el Tribunal también incurrió en defecto fáctico al omitir la
valoración de pruebas determinantes, como la licencia con dos titulares, la
acreditación de que el predio era de propiedad en común y proindiviso, y la
liquidación urbanística que no distribuyó la obligación entre copropietarios, pese
a que la Corte Constitucional ha señalado que existe este defecto cuando el juez
deja de apreciar elementos probatorios esenciales para la resolución del caso,
omisión que en este asunto resultó evidente.

16. Falta de motivación: la providencia de segunda instancia presentó falta
de motivación al no pronunciarse sobre un problema jurídico central planteado
desde la demanda y reiterado en la apelación: la falta de claridad e
individualización del título ejecutivo. En efecto, el Tribunal guardó silencio
absoluto sobre ese argumento y no explicó por qué consideraba cumplidos los
requisitos del título, desconociendo la jurisprudencia constitucional (como la
SU-499 de 2019) que advierte que la ausencia de motivación suficiente convierte
la decisión judicial en arbitraria e inválida desde la perspectiva constitucional.

17. Reiteró que un título ejecutivo solo es válido si la obligación está
claramente individualizada. Por ello, cuando la Administración cobra una
obligación conjunta sin definir la cuota parte de cada deudor, el título pierde
claridad y se vuelve jurídicamente inidóneo para adelantar el cobro coactivo, lo
cual, en su consideración, el tribunal accionado omitió analizar.

1.4. Intervenciones

18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad5,
después de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en la instancia, de los
hechos y pretensiones de la acción de tutela, de las causales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, manifestó que no se cumplen
los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

19. Al respecto, argumentó que, por una parte, si la sentencia omitió resolver
sobre cualquiera de los extremos de la litis, debió solicitar la adición de la misma
mediante sentencia complementaria en los términos del artículo 287 del Código
General del Proceso, y por otra, decide acudir al mecanismo de acción de tutela
habiendo transcurrido 4 meses desde la expedición de la Sentencia.

20. Adicionalmente, adujo que se analizaron de forma integral los argumentos
del recurso de apelación, se valoró todo el material probatorio, y la sentencia
«hizo referencia a como se expidió el acto administrativo del cálculo, liquidación
y cobro de las obligaciones, el procedimiento descrito para ello, determinó que
ese acto administrativo es claro expreso, exigible y determina valor que debe

5 Índices 13 y 16 de Samai.

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pagar el beneficiario de la licencia urbanística». De esta forma, no se incurrió en
ninguna arbitrariedad.

21. Advirtió que, aunque la parte accionante alega la configuración de un
defecto fáctico y sustantivo, lo que en realidad pretende es convertir el trámite
constitucional en una tercera instancia. En consecuencia, solicitó que se declare
la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

22. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Medellín6 se limitó a remitir
copia del expediente digital de primera instancia.

23. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín7,
manifestó que los argumentos expuestos en la acción de tutela buscan
controvertir el razonamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia,
pretendiendo convertir este mecanismo constitucional en una instancia paralela.
Sostuvo, además, que la administración está facultada para exigir el
cumplimiento integral de la obligación a cualquiera de sus titulares, sin que los
acuerdos internos entre los obligados sean oponibles al ente territorial; por lo
anterior, no se justifica la intervención del juez de tutela. En consecuencia, solicitó
negar el amparo al considerar que no se configura ninguno de los defectos
alegados.

II. CONSIDERACIONES

24. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional presentada
por la parte actora, por las razones que se explicarán a continuación.

2.1. Caso concreto

La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela contra
providencias judiciales

25. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún

6 Índice 14 de Samai.
7 Índice 15 de Samai

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 (i) Legitimación en la causa; (ii) subsidiariedad; (iii) inmediatez; (iv) relevancia constitucional;

(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.

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defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

26. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

27. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

28. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

29. La Sala advierte que el señor Ramón Onofre Yepes Ossa está legitimado
en la causa por activa, porque fuer la parte demandante dentro del medio de
control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.

30. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Séptima de Oralidad, está legitimado en la causa por pasiva por haber
proferido la decisión reprochada en el presente trámite constitucional.

31. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales 12: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo13 y eficaz14; y, ii) como mecanismo de protección
transitorio.

32. Para la Sala, la tutela presentada por el señor Ramón Onofre Yepes Ossa
no supera este requisito, comoquiera que el fundamento de los defectos alegados
se enmarca en al menos una de las causales de procedencia del recurso

11 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
12 Sentencia T-183 de 2024.
13 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para

producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
14 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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extraordinario de revisión. En particular, la contenida en el artículo 250.5 del
CPACA: «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación», puesto que, de la lectura integral
del escrito, se advierte que los argumentos reprochan la congruencia externa de
la sentencia.

33. Al respecto, el Consejo de Estado en reciente decisión15 se pronunció al
respecto en los siguientes términos:

[…] 4.2. Sobre este último asunto, y para lo que interesa a esta causa, debe
indicarse que, la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones
concretas: la interna, que se refiere a la correspondencia que debe existir entre
la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, y la externa, que propende porque
la decisión contenida en su parte resolutiva se encuentre en concordancia con lo
pedido en la demanda y en su contestación16, es decir, que haya identidad jurídica
entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente presentadas,
salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador17. Lo anterior,
con fundamento en el artículo 281 del Código General del Proceso18 ꟷque
reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo
306 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum
apellatum”, en las sentencias de segunda instancia la incongruencia “también se
patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del
recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una
invocación del derecho sustancial controvertido.”19.

Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que
tienen lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita
cuando se reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se
concede por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o
infrapetita cuando no se resuelve algún asunto debidamente planteado20. De
fondo, la razón por la cual procede la nulidad originada en la sentencia cuando
se desconoce el principio de congruencia es porque el fallador excede su
competencia, la que, como se ha dicho, está determinada por las pretensiones y
los fundamentos de la demanda, la contestación y las excepciones propuestas y,
tratándose de sentencias de segunda instancia, por lo indicado en el recurso de
apelación, sin perjuicio de los asuntos intrínsecos que deba resolver el fallador
para resolver la litis planteada21.

15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 16, sentencia del 9 de febrero de 2026,

radicado 11001-03-15-000-2022-04343-00.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018,

radicado 11001-03-25-000-2013-00838-00.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021,

radicado 11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).
18 «ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los

hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta».
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de marzo de 2016, radicado

11001-02-03-000-2012-02126-00, No. interno SC4415-2016.
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, radicado 76001-23-

24- 000-1997-04345-01.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021,

radicado 11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).

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34. En tales términos, a pesar de que el accionante alegue la configuración de
distintos defectos, todos parten de una premisa principal: la omisión en que
habría incurrido el tribunal accionado al no pronunciarse frente a un argumento
central planteado en la demanda y en el recurso de apelación sobre la falta de
claridad, e individualización del título ejecutivo.

35. Adicionalmente, al observar el expediente de segunda instancia, la Sala
evidencia que el accionante también omitió hacer uso de la solicitud de adición
de la Sentencia, potestad que le es concedida en virtud del artículo 287 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del
CPACA, que dispone:

Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley
debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de
resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá
el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria,
o a solicitud de parte presentada en el mismo término. Dentro del término de
ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá
recurrirse también la providencia principal.

36. Conforme a lo anterior, resulta evidente que el accionante pudo solicitar la
adición de la sentencia o promover el recurso extraordinario de revisión, para
alegar la incongruencia de la sentencia por la pretendida omisión en el estudio
de uno de los argumentos centrales de la apelación: la inexistencia del título
ejecutivo por la indebida de individualización del deudor.

37. Es importante reiterar que la acción de tutela, dada su naturaleza
subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la
resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento
supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una
instancia adicional para reabrir debates concluidos»22.

38. Además, tampoco acreditó la configuración de un perjuicio irremediable o
una situación de gravedad e inminencia que torne urgente e impostergable la
actuación del juez constitucional y haga procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

22 Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2028, Corte Constitucional.

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III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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