Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00838-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00838-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00838-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00838-01
Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional y subsidiariedad. Decisión: Se confirma el fallo de
primera instancia.
La Sala decide la impugnación1 presentada, en calidad de convocante, por Víctor Manuel
Torres Ramírez en contra del fallo de tutela proferido el 26 de marzo de 20262 por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El accionante radicó tutela3 en procura de la protección de sus derechos a la dignidad; al
debido proceso; de acceso a la administración de justicia; y a la verdad, justicia y
reparación, los que considera vulnerados con la providencia proferida el 30 de septiembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso No.
05001333300820170050800/02, mediante la cual se revocó la dictada el 14 de abril de
2023 por el Juzgado 8º Administrativo de Medellín y, en su lugar, se negaron las
pretensiones de la demanda.
1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 26, con certificado 0D7D626C1B4A0EC6
D66DA2067AD7445F A4F4B2AC21204D42 9245742E370B09E4.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 20, con certificado 8DECC0C85E7BA933
29D0D5A405B0C8E7 3F17D23EC771770B 3B21DB048DED7D1B.
3 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado CEA7EA820E97002C
BE405DCC31905464 DBADCCF46C11DF49 A4547D05EB72EF2B.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00838-01
Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
1.2.- Hechos
1.2.1.- El 19 de noviembre de 2013, Torres Ramírez ingresó al Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín “Bellavista”, donde padeció
condiciones de hacinamiento, careció de espacio físico y se vio forzado a dormir en los
pasillos sobre una colchoneta propia, expuesto a insalubridad y plagas. Entre 2013 y
2016, la sobrepoblación empeoró, al punto de exigir turnos para descansar y el desmonte
diario de las pertenencias, las cuales, además, sufrían daños durante las requisas. La
proliferación de estructuras improvisadas por los internos bloqueó la ventilación y fomentó
enfermedades respiratorias; esta precariedad se mantuvo incluso tras ser reubicado en
una celda saturada. Las instalaciones resultaban insuficientes, se encontraban en mal
estado y carecían de privacidad; a ello se sumó una alimentación deficiente. Asimismo,
careció de atención médica oportuna, de espacios de aislamiento para enfermedades y
de programas de resocialización4.
1.2.2.- Por esos hechos, Torres Ramírez, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, radicó demanda en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho, del INPEC y
de la USPEC, con el fin de que se le indemnizara por los tratos crueles sufridos. Este
trámite correspondió al Juzgado 8º Administrativo de Medellín, con radicado No.
05001333300820170050800.
1.2.3.- El a quo ordinario, por sentencia del 14 de abril de 20235, concedió parcialmente
las pretensiones con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política y en la
jurisprudencia de las altas cortes. En tal sentido, determinó que la vulneración a la
dignidad humana se acreditó plenamente ante las condiciones indignas de reclusión, toda
vez que el hacinamiento extremo y la precariedad de los servicios básicos constituyen un
hecho notorio. Bajo esta premisa, atribuyó la responsabilidad exclusivamente al INPEC
por la omisión de su deber de garante, y exoneró al ministerio demandado y a la USPEC
debido a la naturaleza de sus funciones. En consecuencia, ordenó una indemnización de
35 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales.
4 A folios 2-3 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado DBEE1109B471C808
4ED3F46862E16E2C A217C0C82B3E7FB7 E55F4CFE4435EB99.
5 Ibidem, a folio 7.
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Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
1.2.4.- Inconformes con esa decisión, el INPEC y el demandante formularon recursos de
apelación. Por sentencia del 30 de septiembre de 20256, el Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó el fallo y negó las súplicas. Para ello adujo que, si bien se encontraba
acreditado el daño derivado del hacinamiento y las precarias condiciones de reclusión,
no procedía la indemnización buscada. Sustentó su decisión en que la crisis penitenciaria
obedece a una falla estructural del Estado que exige una respuesta interinstitucional
articulada, por lo que no es posible atribuir la responsabilidad de manera individual a una
sola entidad. En tal sentido, con apoyo en la SU-1222 de 2022 de la Corte Constitucional,
advirtió que el estado de cosas inconstitucional se mantiene vigente y las autoridades se
encuentran dentro del plazo otorgado hasta 2028 para implementar las medidas
ordenadas. Por consiguiente, concluyó que durante dicho lapso de transición no resulta
viable establecer la imputación del daño a los entes demandados.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante aduce que la providencia atacada incurrió en un defecto sustantivo,
debido a una clara contradicción entre sus fundamentos, toda vez que el tribunal
reconoció la existencia del daño antijurídico ocasionado por las indignas condiciones de
reclusión y hacinamiento, pero negó la indemnización con fundamento en una
interpretación arbitraria de la SU-1222 de 2022 de la Corte Constitucional. En su criterio,
el accionado utilizó el plazo de transición otorgado hasta 2028 para superar el estado de
cosas inconstitucional como una excusa para exonerar al Estado de su responsabilidad
patrimonial y desconocer el mandato del artículo 90 superior, al equiparar de forma
equivocada las medidas estructurales diseñadas para solucionar la crisis penitenciaria
con la obligación de reparar los perjuicios ya causados.
Asimismo, el convocante denuncia un defecto por desconocimiento del precedente
vertical fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al igual que del
horizontal establecido por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Valle del Cauca,
que establecen pacíficamente que la declaratoria de una falla estructural o un estado de
cosas inconstitucional no diluye la responsabilidad estatal y que siempre debe existir un
centro de imputación para resarcir a las víctimas. También alega la configuración de un
defecto procedimental absoluto, con ocasión de la vulneración al principio de congruencia
contenido en el artículo 281 del CGP, pues el fallador negó las pretensiones y la
6 Obrasentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado DBEE1109B471C808
4ED3F46862E16E2C A217C0C82B3E7FB7 E55F4CFE4435EB99.
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indemnización, a pesar de que el menoscabo a la dignidad humana quedó plenamente
demostrado, actuación que cercenó sus derechos.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
transgresión se alega; (ii) dejar sin efectos la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia; y (iii) ordenar a la autoridad accionada que profiera una
nueva sentencia de segunda instancia que atienda las directrices del Consejo de Estado
en relación con la reparación del daño ocasionado al demandante.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 11 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y vinculó al Juzgado 8º Administrativo de Medellín, al Ministerio
de Justicia y del Derecho, al INPEC y a la USPEC.
2.2.- El Juzgado 8º Administrativo de Medellín manifestó que no incurrió en ninguna
actuación u omisión que vulnerara las garantías del actor y aclaró que la resolución del
recurso de apelación correspondió al tribunal cuestionado.
2.3.- El Ministerio de Justicia y del Derecho defendió la providencia atacada al considerar
que no obedeció a un actuar arbitrario, sino a una adecuada valoración de las pruebas,
los argumentos y los antecedentes jurisprudenciales. Asimismo, advirtió que el
peticionario no demostró la existencia de un perjuicio concreto e indemnizable, e indicó
que en casos análogos se han denegado las pretensiones, razón por la cual pidió que se
declare la improcedencia de la acción.
2.4.- Tanto la USPEC como el INPEC solicitaron que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva y su respectiva desvinculación, al coincidir en que la tutela
persigue censurar una providencia judicial y no sus actuaciones.
2.5.- La magistrada ponente de la decisión criticada solicitó denegar el amparo al advertir
que no se cumplen los presupuestos para proceder contra providencias judiciales.
Argumentó que su fallo estuvo debidamente motivado tras una apreciación probatoria
integral y razonada, puesto que, si bien se reconoció la existencia del daño derivado del
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hacinamiento, concluyó válidamente la imposibilidad de imputarlo a las demandadas en
atención al carácter estructural del estado de cosas inconstitucional declarado por la
Corte Constitucional.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de marzo de 2026,
declaró improcedente el amparo, toda vez que consideró que el actor pretende utilizar
este mecanismo como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico y probatorio
resuelto por el juez natural en el trámite de reparación directa. Respecto al alegado
desconocimiento del precedente, advirtió que la parte accionante incumplió la carga
argumentativa mínima, pues omitió realizar un ejercicio de contraste concreto entre los
supuestos fácticos y jurídicos de las providencias invocadas frente al caso objeto de
controversia, al igual que no demostró la estricta aplicabilidad de las reglas de decisión
en ellas contenidas. Por último, descartó la existencia de una contradicción en el fallo
cuestionado, al precisar que el tribunal actuó de forma coherente, puesto que, tras tener
por acreditado el daño, estudió el respectivo título de imputación y concluyó que el
menoscabo no resultaba atribuible a las entidades demandadas en atención al estado de
cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación, bajo el
argumento de que el fallo de primera instancia incurrió en una falsa motivación al estimar
una falta de carga justificativa. Sostuvo que la providencia realizó una lectura
fragmentada y descontextualizada de la tutela, e impuso exigencias irrazonables para
tener por demostrada la relevancia constitucional. En ese sentido, reiteró que el asunto
goza de evidente trascendencia al versar sobre la grave vulneración a la dignidad humana
y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Afirmó que el Estado no
puede instrumentalizar el estado de cosas inconstitucional como una licencia para eludir
su obligación de reparar los daños antijurídicos conforme al artículo 90 de la Constitución
Política. Asimismo, reprochó que los magistrados de primer grado desconocieron las
directrices de la SU-215 de 2022 y omitieron valorar adecuadamente el defecto por
desconocimiento del precedente. Para sustentar lo anterior, transcribió nuevamente la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en especial la SU-068
de 2023, e insistió en que dichas reglas determinan que la sistematicidad de la crisis
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carcelaria no diluye la responsabilidad estatal, por lo que siempre debe existir un centro
de imputación para indemnizar a las víctimas.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por Víctor Manuel
Torres Ramírez en contra del fallo de tutela proferido el 26 de marzo de 2026 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad7 y de procedencia8 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.
4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
8 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto
fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”9.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 10 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202211, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, el tutelante cuestiona, en esencia, que la autoridad accionada
(i) incurrió en un defecto sustantivo al reconocer el daño antijurídico por hacinamiento,
pero negar la indemnización con fundamento en una interpretación arbitraria de la SU-
1222 de 2022; (ii) utilizó el plazo otorgado hasta 2028 para superar el estado de cosas
inconstitucional como excusa para exonerar al Estado y eludir el mandato del artículo 90
superior; (iii) desconoció los precedentes vertical y horizontal que impiden diluir la
responsabilidad estatal ante fallas estructurales y exigen un centro de imputación para
resarcir a las víctimas; y (iv) configuró un defecto procedimental absoluto por vulneración
del principio de congruencia del artículo 281 del CGP, al negar las pretensiones pese a
estar plenamente demostrado el menoscabo a la dignidad humana.
4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora,
con excepción de aquel relativo a la falta de congruencia, no satisfacen el requisito de
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
10 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
11 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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relevancia constitucional, por cuanto, además de no haberse explicado en debida forma,
se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en el proceso No. 05001333300820170050800/02, como si
la acción de tutela fuera una instancia adicional a ese trámite, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 30 de septiembre de 2025,
se dilucida el siguiente análisis textual:
“De acuerdo con el material probatorio referenciado, se evidencia para esta Sala que, el daño
alegado está plenamente acreditado. Las pruebas documentales, informes de entidades de
control como la Procuraduría y la Personería de Medellín, dan cuenta de las condiciones de
hacinamiento, insalubridad, falta de luz solar, alimentación deficiente y ausencia de atención
médica en las que se encontraba el Establecimiento Penitenciario Bellavista para la fecha de
reclusión del demandante. Estas circunstancias vulneran derechos fundamentales como la
dignidad humana, la salud, la intimidad y la integridad física y mental y que la causa de este daño
opera de manera uniforme para todas las personas afectadas, independientemente del lugar
específico de reclusión o la entidad responsable.
Por ello se concluye que se acredita una situación carcelaria precaria en relación con Bellavista,
en la que se evidencia de manera generalizada un hacinamiento, la falta de una estructura
mínima, condiciones de higiene poco óptimas, entre otras, sin que pueda considerarse que dichas
condiciones obedecen a restricciones por sus derechos debido a su situación jurídica.
Ahora, deberá aclararse que, en el caso concreto no se demostró que haya sufrido los eventos
de tortura, trato cruel e inhumano, lo que debe probarse de manera clara dentro del proceso,
sobre todo cuando se solicita indemnización, acorde con lo expuesto por el Consejo de Estado,
poniendo de presente que si bien en casos particulares se ha indemnizado, ello solo ha sido
posible ante la prueba particular del daño, aportada por la parte accionante, lo que no ocurre en
el evento que se estudia, sin embargo, para esta Sala las pruebas que se relacionan y que
concuerdan de manera plena con las valoradas por el juez de primera instancia, permiten de
manera suficiente dar por probado el hacinamiento carcelario. La prueba recaudada refuerza el
hecho notorio del hacinamiento, la afectación del derecho a la dignidad humana y las difíciles
condiciones de cualquier orden que enfrentaban los reclusos. (…)
Como se dijo, lo anterior es especialmente relevante porque establece que la crisis no puede ser
atribuida a una sola entidad, sino que es el resultado de una falla estructural del Estado en su
conjunto. Para ello, la Corte ordenó la implementación de un plan de acción gradual y transitorio
con una duración de seis años (hasta 2028), en el que deben participar de manera coordinada el
INPEC, la USPEC, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, las entidades territoriales y
otras instituciones del Estado. Esta decisión reconoce que la solución al ECI requiere una
transformación profunda del sistema penitenciario.
Para esta Sala de Decisión, la superación del estado de cosas inconstitucional en el sistema
penitenciario colombiano no puede lograrse mediante decisiones judiciales fragmentadas ni a
través de la atribución individual de responsabilidad a una sola entidad, porque el fenómeno que
lo origina (…)
Tal y como lo señaló la Corte Constitucional la solución exige una respuesta interinstitucional,
sostenida y articulada entre los distintos niveles de gobierno, incluyendo al Ejecutivo, al
Legislativo, al Poder Judicial y a los entes territoriales. En este contexto, la responsabilidad no
puede ser atribuida a una sola entidad sin desconocer la complejidad institucional del problema y
sin desbordar el marco de actuación que la Corte ha trazado para su solución integral.
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En consecuencia, a pesar de que se advierte que existe un daño causado al grupo demandante,
no es procedente acceder a lo pretendido en tanto: (i) la declaratoria de Estado de Cosas
Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, formulada por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-1222 de 2022, se encuentra vigente hasta el año 2028, lo que
implica que las entidades involucradas aún se encuentran dentro del término otorgado por el
órgano constitucional para implementar las medidas estructurales ordenadas; y (ii) porque la
solución al fenómeno del hacinamiento no puede ser abordada desde una perspectiva de
responsabilidad individual, sino que exige una respuesta articulada, coordinada y sistémica de
múltiples entidades del orden nacional y territorial, que trasciende la esfera de competencia de
este medio de control.
En virtud de lo anterior, la Sala concluye que, atendiendo las previsiones de la Corte
Constitucional, en la cual de manera general impuso ordenes desde la Sentencia T 388 de 2013,
reiteradas a través de la sentencia T 762 de 2015 y prorrogadas además a través de la SU 1222
de 2022 hasta el año 2028, no puede esta Sala de Decisión desconocer las mismas y dar una
orden de carácter particular y concreto en el presente caso, en tanto aún se encuentra dentro del
término para la adopción de las medidas indicadas por el máximo órgano constitucional.
4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO. La Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar
negará las pretensiones de la demanda atendiendo lo expuesto en la Sentencia SU 1222 de 2022
proferida por la Corte Constitucional donde ordenó la implementación de un plan gradual
transitorio por el término de seis (6) años, es decir, hasta el año 2028, en el cual se mantiene el
Estado de Cosas Inconstitucional por el mismo periodo, ordenándose además la implementación
de diferentes órdenes a cada uno de los entes públicos encargados del asunto, para lograr
superar la situación de anormalidad frente al hacinamiento en los establecimientos, no es posible
establecer durante dicho lapso la existencia de imputación del daño a los entes demandados”12.
4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado analizó el material
probatorio y concluyó que, si bien se encontraba plenamente acreditado el daño derivado
del hacinamiento y las precarias condiciones de reclusión en el establecimiento
“Bellavista”, no se demostraron eventos particulares de tortura o tratos crueles e
inhumanos. Adicionalmente, explicó que la crisis carcelaria obedece a una falla
estructural del Estado en su conjunto que exige una respuesta interinstitucional
articulada, lo que impide atribuir la responsabilidad de manera individual a una sola
entidad. Finalmente, consideró que, de conformidad con lo ordenado en la SU-1222 de
2022 de la Corte Constitucional, las autoridades involucradas aún se encuentran dentro
del plazo de transición otorgado hasta el año 2028 para superar el estado de cosas
inconstitucional, razón por la cual determinó que durante dicho lapso no resulta posible
establecer la imputación del daño a los entes demandados.
4.6.- Resulta claro, entonces, que el peticionario pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional. Como se advirtió, la
autoridad criticada revisó, de conformidad con la regla de unificación jurisprudencial
sentada por la Corte Constitucional, las circunstancias particulares del caso y determinó
12 A folios 18-19 y 21-22 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado DBEE1109B471C808
4ED3F46862E16E2C A217C0C82B3E7FB7 E55F4CFE4435EB99.
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que por el estado de cosas inconstitucional declarado no es viable atribuir
responsabilidad a una entidad específica en el asunto puntual, aunado a que existe un
plazo para corregir la crisis estructural que atraviesa el sistema carcelario colombiano
que aún no se ha cumplido. En consecuencia, el debate planteado por Torres Ramírez
evidentemente busca reabrir una discusión meramente legal sobre la responsabilidad del
Estado.
Ahora bien, esta Sala observa que, aunque el actor, en su alzada, insistió en la
configuración del defecto por desconocimiento del precedente, para lo cual transcribió
diversos acápites de providencias del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y
mencionó fallos de tribunales administrativos, lo cierto es que tales citas corresponden a
extractos aislados y sin el contexto necesario para estimarlos como precedente
obligatorio. En efecto, Torres Ramírez omitió explicar la identidad fáctica entre los casos
confrontados y la vinculatoriedad de una subregla jurisprudencial específica aplicable al
sub lite. De esta manera, si bien los apartes reseñados conciernen de forma general a la
situación de las cárceles y a las condiciones de reclusión, dicha coincidencia temática,
por sí sola, no permite establecer la existencia de una regla judicial clara, uniforme y
vinculante que hubiese sido desatendida. Aunado a ello, se constata que la autoridad
accionada sustentó su decisión en una sentencia de unificación de la Corte
Constitucional, bajo una hermenéutica que no se advierte, prima facie, caprichosa o
arbitraria, razón por la cual este defecto también carece de la debida justificación.
4.7.- En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.8.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada13, lo que se opone a que se use indebidamente
13 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
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Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
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como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa14.
4.9.- En ese orden de ideas, se seguirá con el análisis del cargo relativo a la incongruencia
de la sentencia.
5.- El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
5.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley.
Conforme con la disposición referida, el trámite constitucional aludido es un mecanismo
subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa judicial
para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en principio, impide
que se acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches contra actos
administrativos o para generar erogaciones económicas, toda vez que ese tipo de
pretensiones tienen la posibilidad de ser discutidas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que excepcionalmente
procede el depreco cuando el mecanismo disponible no salvaguarda de manera eficaz15
el derecho fundamental, o este no es idóneo, por no ofrecer una solución integral y no
resolver el conflicto en toda su dimensión 16 ; así también cuando el accionante se
encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable17, caso en el cual la tutela funge
como mecanismo transitorio.
14 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
15 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
16 Sentencia T-471 de 2017.
17 Se tiene como perjuicio irremediable aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad
de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00838-01
Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
5.2.- En el sub examine la parte actora censura que el fallo del Tribunal Administrativo de
Antioquia, aunque reconoció la existencia del daño y la afectación a la dignidad humana,
negó las súplicas resarcitorias, lo cual hace que la decisión sea incongruente. No
obstante, se advierte, desde este momento, que ese cargo no cumple con el requisito de
subsidiariedad.
5.3.- En punto de lo anterior, si el convocante considera que la sentencia de segunda
instancia fue incongruente, para esta Sala es evidente que esta queja debió plantearse
mediante el recurso extraordinario de revisión, como se explicará.
5.4.- Al respecto, el artículo 250 del CPACA consagra las causales que habilitan el
recurso de revisión aludido y, en su numeral 5º, se refiere específicamente a la nulidad
derivada de la sentencia en los siguientes términos:
“Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: (…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
Adicionalmente, el Consejo de Estado18 ha señalado que en las sentencias en las cuales
existe una indebida motivación o se conculca el principio de congruencia, así como en
aquellas en que, de forma genérica, se trasgrede el derecho al debido proceso, se
configura una nulidad. En consecuencia, el demandante del ordinario pudo acudir al
recurso extraordinario de revisión, el que, al verificar el acervo probatorio allegado a esta
tutela, no se observa que hubiese sido propuesto.
Por ello, es relevante reiterar que no le corresponde a este juez constitucional solventar
el cargo atinente a la incongruencia, pues era el juez de la jurisdicción contencioso
administrativa el responsable, en primer momento, de evaluar tal argumento.
5.5.- En conclusión, no es en este escenario ius fundamental en el que debe discutirse el
reproche objeto de estudio, por lo que este deviene improcedente por ausencia del
requisito de subsidiariedad. Además, no se avista la configuración de un perjuicio
irremediable que le imponga a esta Sala constitucional el deber de actuar en detrimento
de la competencia que ostentan los jueces naturales.
18 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 3 de marzo de 2020, rad. No. 11001031500020190397000.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00838-01
Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Con estas precisiones, se reitera que el recurso de revisión resultaba ser un mecanismo
eficaz que tuvo a su alcance la parte actora, sin que se pueda alegar su insuficiencia o
falta de idoneidad, pues la tutela no es la vía para subsanar la incuria de los interesados.
6.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la solicitud de
amparo satisface los requisitos generales de procedibilidad, razón por la cual el
deprecado resulta en su totalidad improcedente. En ese orden y por las razones
expuestas, se confirmará la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 26 de marzo de 2026 por la Sección Primera
del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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