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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00845-01

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00845-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 21 Índice 00009 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 04C44AFB39C5C517 FABCCC43BC77E8B2 86A0BA87C675DFEA 78A1AE0A567398D1. 12 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-01 Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por Harold Fernando Urrea Amaya contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por no superar el requisito de inmediatez, conforme la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00845-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

29 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-01
Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00845-01
Accionante: Harold Enrique Urrea Amaya
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Inmediatez – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 5 de febrero de 2026, Harold Enrique Urrea Amaya, por conducto de apoderada
judicial 1, interpuso acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a
la igualdad, al trabajo y al mínimo vital, los cuales consideró vulnerados por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia proferida
el 30 de abril de 2020, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00405-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 2:

2.1. Los señores Harold Fernando Urrea Amaya y Jaime Ospina Galindo fueron elegidos
diputados del Departamento del Tolima para el período constitucional 2012–2015.

2.2. El Gobernador del Departamento del Tolima, en ejercicio de las facultades previstas
en el artículo 1.º de la Ley 617 de 2000, expidió los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 5E3027BF3F0668A6 C12E9573D7C85F33

407111A12777E5E3 FBC203A5835AF7AA.
2 Actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente link:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7300123330002017004050
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-01
Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

y 3035 de 2013, mediante los cuales clasificó a dicho ente territorial en tercera categoría
para las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, respectivamente.

2.3. En consecuencia, los señores Harold Fernando Urrea Amaya y Jaime Ospina
Galindo consideraron que esa categorización resultaba contraria a la Ley 617 de 2000,
pues, a su juicio, para la vigencia 2012 el departamento debía ubicarse en primera
categoría y, para los años 2013 y 2014, en segunda categoría, al estimar acreditados los
requisitos relacionados con población e ingresos corrientes de libre destinación.

2.4. Indicaron que el 20 de febrero de 2017 solicitaron al Gobernador del Tolima el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de la presunta indebida
categorización del ente territorial. No obstante, mediante Oficio núm. 0583 del 17 de
marzo de 2017, la Directora de Asuntos Jurídicos negó dicha solicitud al considerar que
no existía decisión judicial que cuestionara la legalidad de los actos de categorización ni
ordenara el pago reclamado.

2.5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovieron demanda con el fin de obtener la nulidad del referido oficio y, a título de
restablecimiento, solicitaron el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales presuntamente causadas entre 2012 y 2014, producto de la
categorización que, a su juicio, correspondía al Departamento del Tolima.

2.6. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Tolima bajo el
radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00405-00/01, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 14 de junio de 2018 negó las pretensiones de la demanda al concluir que,
conforme al artículo 4 de la Ley 617 de 2000, el departamento no cumplía los requisitos
para ubicarse en una categoría superior, dado que sus gastos de funcionamiento
excedían los límites legales previstos para las vigencias analizadas.

2.7. Inconformes con esa decisión, los demandantes interpusieron recurso de apelación.
Señalaron que el Tribunal interpretó de manera errónea la normativa aplicable y sostuvo
una categorización que, en su criterio, no correspondía a la realidad fiscal del
departamento, lo cual incidió en la liquidación de sus salarios y demás factores
prestacionales.

2.8. Mediante sentencia del 30 de abril de 2020, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado modificó parcialmente la decisión de primera instancia y limitó el
análisis a la vigencia 2014. La corporación consideró que, para los años 2012 y 2013, no
procedía la reliquidación salarial ni prestacional, debido a que los salarios percibidos se
ajustaban a los límites establecidos para los departamentos clasificados en tercera
categoría.

2.9. Finalmente, el tutelante indicó que la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 19 de abril de 2021, declaró la nulidad del Decreto 3035 de 2013
y concluyó que el Departamento del Tolima debía clasificarse en segunda categoría para
la vigencia 2014. Asimismo, señaló que, en otros procesos promovidos por exdiputados
del mismo ente territorial, se ordenó el reconocimiento de diferencias salariales y
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Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

prestacionales. Agregó que, mediante sentencia del 31 de julio de 2025, la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado modificó parcialmente una de esas
decisiones, pero mantuvo el reconocimiento correspondiente a la vigencia 2014,
circunstancia que, en su criterio, evidenció un trato diferenciado frente a situaciones
fácticas y jurídicas similares.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia,
pidió revocar parcialmente la sentencia del 18 de marzo de 2021, en lo relacionado con
las vigencias 2012 y 2013, mantener lo reconocido respecto de 2014 y ordenar el estudio
de fondo de las presuntas irregularidades derivadas de la aplicación de los Decretos 1420
de 2011 y 1380 de 2012, por considerar que desconocieron la Ley 617 de 2000.

Asimismo, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales, prestacionales
y de seguridad social correspondientes a las vigencias reclamadas, debidamente
indexadas. De manera subsidiaria, requirió el pago de las diferencias salariales y
prestacionales de la vigencia 2014, conforme al régimen salarial aplicable a los diputados
de departamentos de segunda categoría.

3.2. La parte actora sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en defectos sustantivos
y procedimentales derivados del desconocimiento del precedente judicial y de una
indebida interpretación de la Ley 617 de 2000.

3.3. Indicó que el Departamento del Tolima, para las vigencias 2012, 2013 y 2014, aplicó
de manera incorrecta los criterios de categorización previstos en la Ley 617 de 2000,
pues omitió valorar integralmente los factores legalmente exigidos, entre ellos la
población, los ingresos corrientes de libre destinación y la relación entre gastos de
funcionamiento y dichos recursos. Precisó que la entidad utilizó los límites porcentuales
previstos en el artículo 4 de la Ley 617 de 2000 como criterio autónomo de clasificación,
cuando, a su juicio, tales parámetros solo constituyen un mecanismo de verificación y no
de categorización directa.

Explicó que la categorización debía desarrollarse mediante un procedimiento secuencial
compuesto por una etapa inicial de preclasificación, basada en criterios de población e
ingresos corrientes de libre destinación, seguida de una verificación posterior relacionada
con los límites de gastos de funcionamiento. Señaló que, de excederse dichos límites,
debía aplicarse la consecuencia prevista en el parágrafo segundo del artículo 1 de la Ley
617 de 2000, consistente en la reclasificación a la categoría inmediatamente inferior y no
en una categorización autónoma fundada exclusivamente en el porcentaje de gastos.

3.4. Manifestó que existen interpretaciones divergentes en la jurisprudencia del Consejo
de Estado respecto del alcance de la citada disposición. Sobre el particular, indicó que la
Sección Segunda, Subsección B, sostuvo una tesis según la cual los gastos de
funcionamiento constituyen un criterio autónomo de categorización; mientras que la

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Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

Sección Primera consideró que estos operan únicamente como un condicionante
posterior de la categoría previamente determinada. En criterio de la parte actora, debía
acogerse esta última interpretación, por resultar más armónica con la estructura
normativa y con el principio constitucional de favorabilidad laboral.

3.5. Asimismo, afirmó que la providencia cuestionada desconoció el precedente judicial y
vulneró el principio de igualdad, pues situaciones que, a su juicio, presentaban identidad
fáctica y jurídica recibieron tratamientos distintos. En particular, sostuvo que mientras a
otros procesos relacionados con la misma problemática se les reconocieron efectos
favorables, a su representado se le negaron las pretensiones respecto de determinadas
vigencias fiscales, pese a compartir presupuestos similares.

3.6. Aunado a ello, alegó que la sentencia incurrió en un defecto procedimental al omitir
un estudio integral respecto de las vigencias 2012 y 2013, pese a que, según afirmó,
existía identidad sustancial con la situación examinada para la vigencia 2014. Consideró
que dicha omisión desconoció el deber de motivación judicial, el principio de congruencia
y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Finalmente, sostuvo que la presunta categorización errónea del Departamento del Tolima
afectó de manera directa los derechos laborales y prestacionales reclamados, debido a
que incidió en la remuneración y demás emolumentos reconocidos a los diputados, así
como en las cotizaciones efectuadas al sistema de seguridad social. En ese contexto,
concluyó que la acción de tutela resultaba procedente por configurarse, en su criterio,
defectos sustantivos y procedimentales atribuibles a la providencia judicial cuestionada.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 12 de febrero de 20263, el magistrado ponente de la Sección Quinta
del Consejo de Estado requirió a la parte actora para que identificara de manera clara y
precisa la providencia judicial que estimaba vulneradora de sus derechos fundamentales,
mediante la indicación del número de radicado, fecha y autoridad judicial que la profirió,
así como la acción u omisión presuntamente transgresora. Asimismo, solicitó a la
abogada Paola Michele Perea Moreno allegar el poder que la facultaba para actuar en
representación de la parte accionante.

4.1. La abogada Paola Michele Perea Moreno 4, presentó copia del poder otorgado por
el señor Urrea Amaya para actuar en el proceso de tutela como su apoderada.

4.2. Mediante auto del 25 de febrero de 20265, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó oficiar al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y al Tribunal Administrativo del Tolima para que remitieran, por medio
electrónico a la Secretaría General de esta Corporación, el expediente identificado con el

3 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 697FB5B4BEDAB12F 585BDBEB2E0945C1

2CF448DB9A8351D5 AF021D94AAE2B70D.
4 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia, certificado C6B475399DC9608A 21D53D832C5BD6C5

C6C5DF3092E04055 E2AD7F3D8071E8B2.
5 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 318236B149806D88 2819B233408EF64D

0C32466112B79796 0A4F890DC974F837.
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Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00405-00/01. Asimismo, reconoció personería a la
abogada Paola Michele Perea Moreno para actuar como apoderada de la parte
accionante.

Surtidas las notificaciones correspondientes, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.3. El Tribunal Administrativo del Tolima 6 rindió informe dentro de la presente acción
constitucional y solicitó negar el amparo invocado. Señaló que el accionante cuestiona
las providencias proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 73001-23-33-006-2017-00405-01, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso
a la administración de justicia, trabajo y mínimo vital.

Precisó que el actor alegó un trato desigual frente a otros exdiputados del Departamento
del Tolima que, en procesos que consideró análogos, obtuvieron decisiones favorables
respecto de la categorización territorial y el reconocimiento de diferencias salariales y
prestacionales. Indicó que, mediante sentencia de primera instancia, el Tribunal concluyó
que la categorización del departamento se ajustó a la Ley 617 de 2000, tras verificar el
cumplimiento de los límites de gastos de funcionamiento y valorar las certificaciones
presupuestales allegadas al expediente. Agregó que dicha decisión fue confirmada por
el Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de abril de 2020.

Asimismo, sostuvo que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene carácter
excepcional y no puede convertirse en una instancia adicional para controvertir
decisiones adoptadas por el juez natural. Finalmente, argumentó que en el caso concreto
no se cumplió el requisito de inmediatez, dado el tiempo transcurrido entre la providencia
cuestionada y la presentación del amparo. Añadió que durante el trámite ordinario se
garantizaron las oportunidades procesales y no se evidenció vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, razón por la cual solicitó declarar improcedente la
acción.

4.4. La Subsección B de la Sección Segunda, del Consejo de Estado 7, remitió las
actuaciones surtidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00405-00/01. No
obstante, guardó silencio frente a los hechos, pretensiones y argumentos expuestos en
la presente acción de tutela.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 22 de enero de 20268,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplió el requisito de
inmediatez.

6 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado B8742F36F62CB7B3 BD01D702BA44570A

76C64EA557F4F2D8 C440E75403C3AD47.
7 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado B0C79FBE2CB741F9 43D20EBCD66DE4FC
01F5475DA5F30A33 C688543DDE79550E.
8 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado 085499022249ACC4 94EAC423AD85BF9D

C964EF7874C8CD28 561D3ED5CA5A1D84.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-01
Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

Precisó que el señor Harold Fernando Urrea Amaya atribuyó la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, trabajo y mínimo vital a las decisiones adoptadas dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Departamento del Tolima,
identificado con el radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00405-00/01. Indicó que el
accionante sustentó su inconformidad en una presunta desigualdad frente a decisiones
posteriores del Consejo de Estado en las que el Departamento del Tolima fue
categorizado como entidad territorial de segunda categoría.

Señaló que, revisadas las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, se constató que
la decisión que puso fin a la controversia fue proferida el 30 de abril de 2020 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Agregó que dicha
providencia fue notificada el 4 de septiembre de 2020 y quedó ejecutoriada el 9 de
septiembre siguiente, mientras que la acción de tutela fue presentada el 5 de febrero de
2026, esto es, más de cinco años después de la ejecutoria de la decisión cuestionada.

Explicó que el término de inmediatez debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la
última decisión judicial controvertida, por ser el momento en que existe certeza sobre su
contenido y efectos. En ese contexto, advirtió que el accionante no ofreció una
justificación razonable para acudir tardíamente al mecanismo constitucional ni acreditó
circunstancias excepcionales que permitieran flexibilizar dicho presupuesto. En
consecuencia, concluyó que la acción de tutela resultaba improcedente por
incumplimiento del requisito de inmediatez.

6. Impugnación

La parte accionante presentó escrito de impugnación9 contra la decisión de primera
instancia y cuestionó el fallo que declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de inmediatez. Al respecto, sostuvo que la providencia
incurrió en defectos fáctico y sustantivo al considerar que los efectos de la sentencia del
30 de abril de 2020 se agotaron con su ejecutoria, sin valorar la permanencia de la
presunta afectación alegada ni la existencia de un hecho sobreviniente.

En primer lugar, afirmó que la vulneración invocada tiene carácter continuado, pues la
categorización del Departamento del Tolima habría incidido en una menor base de
cotización al sistema de seguridad social. Señaló que dicha situación proyecta efectos
actuales sobre la futura mesada pensional y el mínimo vital del accionante, razón por la
cual no se trata de un perjuicio consumado, sino de una afectación que se mantiene en
el tiempo.

De igual manera, argumentó que el análisis del requisito de inmediatez debía
contabilizarse a partir de la sentencia proferida el 31 de julio de 2025 y no desde la

9 Índice 00026 del expediente digital de primera instancia, certificado 12B6512B2D92E17F A3D1E82B5B6BF707

73ADA6C921720E1F B65B58C28815F855.
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Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

providencia de 2020, dado que, en su criterio, aquel pronunciamiento constituyó un hecho
nuevo que evidenció un trato desigual respecto de otros exdiputados que se encontraban
en condiciones fácticas y jurídicas similares. Precisó que la acción de tutela fue
promovida aproximadamente cinco meses después de dicha decisión, término que
consideró razonable para acudir al mecanismo constitucional.

Finalmente, sostuvo que una interpretación estricta del requisito de inmediatez
desconocería el principio de prevalencia del derecho sustancial y perpetuaría
tratamientos judiciales diferenciados frente a supuestos equivalentes. En consecuencia,
solicitó aplicar el principio de favorabilidad, revocar la decisión impugnada y, en su lugar,
conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados.

El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del
13 de abril de 202610, concedió la impugnación interpuesta.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Harold
Enrique Urrea Amaya es el titular de los derechos fundamentales que afirma vulneradas,
en su condición de parte demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00405-00/01.

2.2. De igual forma se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, fue la autoridad judicial
que profirió la providencia que puso fin al referido proceso y que, según la parte actora,
vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo por no superar el requisito de inmediatez.

4. Procedibilidad de la acción

10 Índice 00029 del expediente digital de primera instancia, certificado FBCCE3AC0319ECE8 5F5FA5846FA238ED

5E55D760F38B390D C923040CB1AE08BD.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-01
Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 13.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa
de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como
una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la
acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 15, según las condiciones de

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente

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Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de acciones de tutela
contra providencias judiciales, la garantía de los principios que dirigen la
administración de justicia exige mayor rigurosidad 16, al punto que la Corte Constitucional
ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses17.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual (…)”18.

“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad
no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determ inada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad,
que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad
jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente.
Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito
se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia
constitucional”.
16
Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:
“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis
de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser
laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría
siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario
de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo cual
se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza
y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también
las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre
otras.
17 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la

Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido
como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a
partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en
las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir
de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada
sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y T-505 del mismo
año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de
que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en
algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos,
un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso”.
18 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte

Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-
166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-01
Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se supera
cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”19. Respecto a
este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable que define la
inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”20.

En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en contra
de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho
generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma
seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la eventual
afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de
esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que se perfecci ona su
notificación y ejecutoria.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud de tutela, por incumplimiento del requisito de inmediatez, por
las razones que se exponen a continuación:

5.1. En el caso concreto, la parte actora sostuvo que la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 30 de abril de 2020,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00405-00/01, incurrió en defectos sustantivos y
procedimentales, derivados del desconocimiento del precedente judicial y de una
indebida interpretación de la Ley 617 de 2000, en relación con la categorización del
Departamento del Tolima para las vigencias 2012, 2013 y 2014.

Indicó que la entidad territorial aplicó de manera incorrecta los criterios de clasificación
previstos en dicha normativa, al utilizar los límites de gastos de funcionamiento como un
criterio autónomo de categorización, sin valorar integralmente factores como la población
y los ingresos corrientes de libre destinación. Señaló que dicha interpretación desconoció
la estructura secuencial prevista en la ley y condujo a una clasificación errónea que incidió
directamente en el reconocimiento de derechos salariales, prestacionales y de seguridad
social.

Asimismo, afirmó que la providencia cuestionada desconoció el precedente judicial y
vulneró el principio de igualdad, pues situaciones que, a su juicio, presentaban identidad
fáctica y jurídica recibieron soluciones distintas. Aunado a ello, alegó que la sentencia
incurrió en defecto procedimental por omitir un análisis integral respecto de las vigencias

19 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
20 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de 2014.Resaltado

fuera del texto original.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-01
Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

2012 y 2013, pese a su presunta identidad con la situación estudiada para el año 2014,
con afectación del deber de motivación, el principio de congruencia y el acceso a la
administración de justicia.

5.2. La Sala advierte que, desde la solicitud de amparo y en el escrito de impugnación, la
parte actora sostuvo que la sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso identificado con el
radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00404-01, constituía un hecho relevante para
analizar la inmediatez, en tanto, a su juicio, evidenció un trato desigual frente a otros
exdiputados del Departamento del Tolima.

Sin embargo, dicha providencia no tiene la virtualidad de modificar el punto de partida
para el cómputo del requisito de inmediatez. La decisión judicial cuestionada en esta
acción de tutela es la sentencia del 30 de abril de 2020, proferida dentro del proceso
promovido por el accionante, la cual fue notificada el 4 de septiembre de 2020 y quedó
ejecutoriada el 11 de septiembre siguiente. Por tanto, el término razonable para acudir al
amparo debe contabilizarse desde la ejecutoria de esa providencia y no desde decisiones
posteriores dictadas en procesos distintos.

Ahora bien, el hecho de que el accionante no hubiera sido parte en el proceso decidido
mediante sentencia del 31 de julio de 2025 no impide valorar dicha providencia como
elemento argumentativo dentro del análisis constitucional. No obstante, esa circunstancia
sí limita la posibilidad de trasladar automáticamente sus efectos al caso concreto, pues
se trata de una decisión adoptada en un proceso distinto, cuyos efectos se predican, en
principio, de las partes que intervinieron en esa actuación.

Tampoco se advierte que la sentencia del 31 de julio de 2025 hubiera reconocido efectos
retroactivos o extensivos frente a situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad. En
consecuencia, aun si dicha providencia contiene una interpretación favorable a otros
exdiputados del Departamento del Tolima, ello no supone, por sí solo, que pueda
reabrirse el término para cuestionar por vía de tutela una sentencia ejecutoriada desde
septiembre de 2020.

Además, aunque la parte actora afirmó que el asunto decidido en 2025 era análogo al
suyo, no desarrolló de manera suficiente la identidad fáctica, jurídica y de pretensiones
entre ambos procesos. La sola referencia a que se trataba de exdiputados del mismo
departamento y de reclamaciones salariales relacionadas con la categorización territorial
no basta para concluir que existía plena equivalencia entre las controversias ni para
trasladar automáticamente los efectos de esa providencia al presente asunto.

En ese orden, la sentencia del 31 de julio de 2025 será valorada como parte del
argumento de igualdad propuesto por la parte actora, pero no como un hecho
sobreviniente apto para reiniciar el cómputo del requisito de inmediatez ni para justificar
la presentación de la acción de tutela más de cinco años después de la ejecutoria de la
providencia cuestionada.

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0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-01
Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

5.3. De la revisión de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, la Sala advierte
que la providencia proferida el 30 de abril de 202021, se notificó mediante mensaje de
datos el 4 de septiembre de 2020, según consta en la anotación núm. 00019 registrada
en el aplicativo SAMAI del proceso ordinario, y cobró ejecutoria el 11 de septiembre de
2020.

En consecuencia, el término de seis (6) meses, considerado razonable por la
jurisprudencia constitucional para la interposición de la acción de tutela, venció el 11 de
marzo de 2021. No obstante, la solicitud de tutela fue presentada el 5 de febrero de 2026,
cuando dicho término ya había sido superado, razón por la cual no se satisface el
requisito de inmediatez.

5.4. En este punto es preciso indicar que, la parte accionante tampoco presentó
argumentos que correspondan a aquellas situaciones que la jurisprudencia constitucional
ha previsto para flexibilizar el requisito de inmediatez y que requieran la intervención del
juez para evitar un perjuicio irremediable, lo que impide el estudio de fondo de los
cuestionamientos que expuso en el escrito de tutela.

Bajo este panorama, no se advierten circunstancias que permitan flexibilizar el término,
ni se acreditó desconocimiento de la notificación de la providencia cuestionada que
hubiera dificultado la presentación oportuna de la acción.

En consecuencia, la acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la
jurisprudencia constitucional ha considerado razonable, sin que se hubiera aportado
prueba alguna que permitiera justificar la extemporaneidad, lo cual impide adelantar el
estudio de fondo de los reproches formulados.

5.5. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera
instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
amparo por no cumplir con el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

21 Índice 00009 del aplicativo SAMAI
de proceso ordinario radicado 04C44AFB39C5C517 FABCCC43BC77E8B2
86A0BA87C675DFEA 78A1AE0A567398D1.
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0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-01
Demandante: Harold Enrique Urrea Amaya

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela promovida
por Harold Fernando Urrea Amaya contra la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por no superar el requisito de inmediatez, conforme la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

ECG

13

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