Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00846-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00846-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00846-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00846-001
Accionante : Harold Eduardo Sua Montaña
Accionados : Consejo Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Vinculado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, cobro coactivo
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Harold Eduardo Sua Montaña contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. El señor Harold Eduardo Sua Montaña, quien actúa en nombre propio, interpuso
el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Consejo Superior
de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ).
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Expediente digital disponible en Samai.
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otra
3. Por consiguiente, pese al confuso escrito inicial, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez debe interpretarlo de manera extensiva 2, se
entiende que solicita «[…] deja[r] sin efectos la imposición y confirmación de multa de un (1)
salario mínimo legal mensual vigente efectuada [por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A] en el proceso electoral con radicado 25000-23-41-000-2024-00332-
00 […] a la par de anular el mandamiento de pago […] [ordenando a] la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial [que se abstenga de cobrarla] […]».
1.3 Hechos3.
4. El 12 de diciembre de 2023 presentó demanda de nulidad contra la elección de
varios concejales de Bogotá y de los ediles de la junta administradora de las
localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa
Fe, Sumapaz, Tunjuelito y Usme, de dicho ente territorial.
5. De ese asunto conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B que, mediante auto del 1. ° de febrero de 2024, lo admitió
en lo relacionado con las pretensiones de nulidad de la elección de los concejales
de Bogotá demandados y ordenó que, por secretaría de esa corporación, se
realizaran 9 repartos distintos en lo que correspondía a cada una de las juntas
administradoras locales - JAL accionadas.
6. En lo que concierne con la nulidad de la elección de la JAL de Santa Fe, le
correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A (expediente 25000-23-41-000-2024-00332-00), en cuyo
trámite se surtieron las siguientes actuaciones:
• A través de auto de 10 de julio de 2024, se admitió la demanda, se tuvo como
demandados a todos los ediles de la JAL de Santa Fe, y se ordenó la notificación de esa
decisión por conducto de aviso dirigido a cada uno de ellos, de conformidad con lo
dispuesto en el literal d) del numeral 1 del artículo 277 del CPACA.
• Con escrito remitido el 1° de agosto de 2024, el actor solicitó que se dejara sin efectos
esa orden de notificar mediante un aviso y, en su lugar, que se solicitara una dirección
electrónica con el objeto de realizar la notificación por ese medio.
• En auto de 17 de septiembre de 2024 (i) no se accedió a la aludida solicitud del
demandante, por considerarse impertinente en los términos del artículo 295 del CPACA;
2
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...]. 15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se
exigen en otras jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca
de la demanda».
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
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y, (ii) en virtud de ese mismo artículo se ordenó iniciar un procedimiento correccional en
su contra, pues, el no cumplimiento de la carga procesal impuesta (notificación mediante
aviso) y el entorpecimiento por la presentación de peticiones improcedentes generaba un
estancamiento y mora en el proceso, por lo que se le concedió un término de 3 días para
que desplegara las explicaciones en ejercicio de su derecho de defensa.
• El 19 de septiembre de 2024, se declaró terminado el proceso por abandono, de
conformidad con el literal d) del numeral 1 del artículo 277 del CPACA, pues el accionante
no acreditó la publicación del aviso que se ordenó en el auto admisorio, frente a lo cu al,
el 23 de los mismos mes y año, presentó (i) recusación en contra del magistrado Luis
Manuel Lasso Lozano de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1°
del artículo 241 del Código General del Proceso; (ii) recurso de reposición contra el auto
que declaró la terminación del proceso; y (iii) una justificación relacionada con el
procedimiento correccional adelantado, en el sentido de indicar que no había soporte
probatorio que condujera a determinar que su conducta pretendía una dilación del
proceso.
• La recusación fue rechazada de plano por medio de auto de 7 de noviembre de 2024 y,
posteriormente, con proveído de 2 de diciembre de ese año, se rechazó por improcedente
el recurso de reposición formulado y se sancionó a Harold Eduardo Sua Montaña con
multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• El 4 de diciembre de 2024, el señor Sua Montaña presentó una solicitud de aclaración del
auto de 2 de diciembre de 2024, pues, consideró que no se hizo referencia a la
procedencia, ni oportunidad para la presentación de recursos. Además, solicitó que se le
concediera un amparo de pobreza.
• Lo anterior fue despachado de manera desfavorable mediante auto de 28 de enero de
2025 y, en consecuencia, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 153 del CGP, se le
impuso al actor una multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente.
• El 30 de enero de 2025, el señor Sua Montaña presentó recurso de reposición contra las
decisiones de negar el amparo de pobreza e imponer multa en virtud de tal negativa.
Aunado a ello solicitó la reposición del auto de 2 de diciembre de 2024, relacionado con
la sanción de multa impuesta en dicha decisión.
• Por medio de auto de 14 de febrero de 2025 se resolvió no reponer los autos de 2 de
diciembre de 2024 y 28 de enero de 2025, con fundamento en que al demandante se le
otorgaron las oportunidades para que ejerciera sus derechos de contradicción y defensa
y se evidenció que lo pretendido era continuar dilatando el curso normal del proceso de
nulidad electoral, y de la misma manera, retrasar el pago de las multas impuestas.
• Se precisa que el señor Harold Eduardo Sua Montaña, interpuso acción de tutela en
contra del tribunal, específicamente en relación con el proceso correccional adelantado
en su contra, la cual fue resuelta de manera desfavorable el 19 de mayo de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, pero, se ordenó a la autoridad judicial
proferir una decisión de remplazo en la que se pronuncie sobre el recurso de reposición
interpuesto contra la decisión de negar el amparo de pobreza y, en caso de confirmar
dicha negativa, atienda lo dispuesto en la Sentencia C-426 de 2024.
• En cumplimiento de lo dispuesto en dicha orden judicial, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A profirió auto de reemplazo el 6 de junio
de 2025, en el que se dispuso «NO REPONER el numeral segundo del auto del 28 de
enero de 2025, por el cual se negó la solicitud de amparo de pobreza elevada por el
demandante».
• Mediante auto del 10 de julio de 2025, una vez analizados los argumentos de defensa
propuestos por el señor Harold Eduardo Sua Montaña, se le sancionó con multa de (1)
salario mínimo legal mensual vigente, en los términos previstos por el artículo 59 4 de la
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«ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la
correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren
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Ley 270 de 1996 a favor de la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
decisión contra la cual aquel interpuso recurso de reposición, resuelto en forma negati va
el 1° de agosto siguiente.
7. Sobre la precedente situación, el tutelante expuso que el 23 de septiembre de
2025 recibió, por parte de las entidades accionadas, oficio de cobro persuasivo
de dicha multa a su correo hesuam1@hotmail.com, y no en la dirección
electrónica suministrada en el proceso electoral donde aquella se le impuso, lo
que denota una irregularidad procesal; y que, el 27 de febrero de 2026 llegó a su
residencia el respectivo mandamiento de pago.
8. A su juicio, el trámite correccional efectuado en su contra « […] ha carecido en su
diseño y sustanciación de las garantías judiciales de imparcialidad, presunción de inocencia, non
bis in idem, recurso efectivo y asistencia gratuita de abogado a falta de ingreso alguno con el cual
ostentarla», lo que denota que se incurrió en violación directa de la Constitución.
II. TRÁMITE PROCESAL
9. Por satisfacer los requisitos formales, el despacho sustanciador, a través de auto
de 16 de marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se
(i) ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial (DEAJ); y, (ii) dispuso vincular al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en los términos del artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
10. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A5 adujo que, «[…] de los hechos y pretensiones alegados por el accionante, la
conducta que presuntamente desconoce sus derechos fundamentales consiste en que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial adelanta el proceso de cobro coactivo sin el lleno de los
requisitos» y, «[p]ese a que en el escrito de tutela […] hizo mención a las multas impuestas en el
marco de la acción de nulidad electoral [con radicado 25000-23-41-000-2024-00332-00], no indicó
que es[a] Corporación haya incurrido en alguna conducta que pueda considerarse como violatoria »
de sus garantías superiores.
satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de
reposición interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el
funcionario de un tiempo igual para resolverlo».
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11. Además, mencionó cada una de las actuaciones surtidas dentro del aludido
proceso ordinario y aportó el enlace digital del expediente.
12. 2.1.2 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) 6 indicó que,
«[…] el ejercicio de la actividad judicial no depende de factores ni injerencias externas que influyan
en determinada decisión, pues es claro que, en virtud de[l principio de autonomía] y la
discrecionalidad judicial, los jueces adoptan sus decisiones en derecho y a conciencia » y que, en
su caso, «[…] no funge como superior jerárquico del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ».
13. 2.1.3 El Consejo Superior de la Judicatura7 señaló que «[…] no es el llamado a
responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales
del accionante y mucho menos atribuirle responsabilidad solidaria por actuaciones u omisiones tanto
de los Consejos Seccionales de la Judicatura como de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y sus Seccionales, máxime cuando […] no aporta prueba de la que permita colegir que
radicó petición en los canales de la Corporación».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción.
15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
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Índice 00028 de Samai.
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16. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sanción
de multa impuesta dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 25000-23-
41-000-2024-00332-00 y su correspondiente trámite de cobro coactivo; y, en caso
afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada en la
solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
17. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado9, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
18. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
8 Sentencia C-590 de 2005.
9 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
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19. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
3.5 Análisis específico de procedencia.
20. En el asunto sub examine, la Sala observa que, la inconformidad del actor recae
en la sanción de multa de (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) que se
le impuso, en su criterio, con irregularidades, en el proceso de nulidad electoral con
radicado 25000-23-41-000-2024-00332-00, para lo cual alega que se le vulneró su
derecho al debido proceso y que, por lo tanto, se incurrió en violación directa de la
Constitución; sin embargo, un análisis detallado de sus argumentos revela que
estos no satisfacen la carga mínima y cualificada exigida para controvertir
decisiones judiciales.
21. Al respecto, cabe advertir que, como se indicó en párrafos precedentes, la Corte
Constitucional10 ha definido que las acciones de tutela dirigidas a cuestionar
providencias judiciales deben cumplir una serie de requisitos de procedibilidad
generales y otros especiales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
10
Sentencia SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
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de su aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo
una providencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente
constitucional, en aras de precisar si se afectan o no derechos fundamentales.
22. De acuerdo con lo anterior, se debe entender que la acción de tutela contra
providencia judicial, exige al accionante una especial carga argumentativa, que no
se satisface con la mera discrepancia genérica frente a la interpretación judicial,
sino con la identificación precisa de los defectos en que incurrió y la explicación
apropiada de cómo estos resultan determinantes para cambiar su sentido, carga
que omitió cumplir el tutelante en su escrito introductorio, pues, aunque alegó una
supuesta violación de la Constitución, solo basó dicho vicio en la insatisfacción que
le causó la multa que se le impuso en el proceso ordinario, sin siquiera explicar
puntualmente cuál fue la irregularidad en la que, a su juicio, se incurrió en el trámite
de cobro coactivo, labor que no es subsanable por cuenta del juez constitucional.
23. De hecho, el escrito inicial presentado por el actor, debido a lo confuso, en virtud
del principio de oficiosidad, tuvo que ser interpretado de manera extensiva, y con
ayuda de los documentos aportados por las partes en estas diligencias fue posible
verificar cada una de las actuaciones que se surtieron en el proceso de nulidad
electoral, lo que permite concluir que todas las solicitudes y recursos interpuestos
por el actor fueron debidamente resueltos y que, su conducta omisiva y dilatoria,
fue la que conllevó a la imposición de la sanción con la que no está de acuerdo,
pretendiendo con esta acción de tutela reabrir un debate que ya fue zanjado por el
juez natural con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses, encaminado a evitar el pago de la respectiva multa, aunado al
hecho de que aquel corresponde a un asunto netamente económico.
24. Ahora bien, en cuanto a los reproches frente al trámite administrativo de cobro
coactivo, cabe advertir que, como este aún se encuentra en curso, el actor puede
acudir a los mecanismos de defensa allí previstos. Por ejemplo, tras ser notificado
del mandamiento de pago, en los términos del artículo 83111, numeral 3º del
11
«ARTÍCULO 831. EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:
1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La falta de ejecutoria del título.
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad
competente.
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
6. La prescripción de la acción de cobro, y
7. La falta de título ejecutivo o incompetente del funcionario que lo profirió».
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Estatuto Tributario, pudo proponer la excepción de falta de ejecutoria del título y
desarrollar los argumentos que expuso en la acción de tutela, sin embargo, no se
encuentra acreditado que lo haya hecho.
IV. DECISIÓN
25. Por los motivos expuestos, la Sala considera que en el presente asunto el
accionante no satisfizo el requisito de carga argumentativa, lo que impone declarar
improcedente el amparo deprecado.
26. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo del derecho fundamental al
debido proceso invocado por el señor Harold Eduardo Sua Montaña, por las
razones indicadas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
.
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