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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00850-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00850-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 9 de marzo de 2026 proferida por la Sección la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jorge Iván Martínez Roldán por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00850-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

21 de mayo de 2026

Demandante: Jorge Iván Martínez Roldán
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00850-01
Demandante: JORGE IVÁN MARTÍNEZ ROLDÁN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Subsidiariedad y relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 9 de marzo de 2026, por medio de la cual la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado declaró improcedente la acción constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 5 de febrero de 2026, el señor Jorge Iván Martínez Roldán promovió acción de tutela,
por intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal con el fin de que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión i) del fallo de 10 de
octubre de 2024, mediante el cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Yopal accedió a las pretensiones de la demanda, ii) de la sentencia del 6 de noviembre
de 2025 con la cual el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la anterior decisión,
y iii) del auto del 22 de enero de 2026 que negó la solicitud de adición de dicha
providencia, todas ellas proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 85001-33-33-003-2022-00024-00/01, promovido por el señor
Haison Omar Carrillo Lemus en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Fundación Universitaria del Área Andina.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Tutelar a favor de JORGE IVAN MARTINEZ ROLDAN, los derechos
fundamentales constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,

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Demandante: Jorge Iván Martínez Roldán
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-01

vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS las providencias que a continuación se describen,
proferidas por los accionados:
• Auto del 22 de enero de 2026, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE, dentro del Radicado No. 850013333003-2022-00024-01.
• Sentencia de Segunda Instancia, fechada 6 de noviembre de 2025, proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, dentro del Radicado No. 850013333003-
2022-00024-00.
• Sentencia de primera Instancia, fechada 10 de octubre de 2024, proferido por el JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, dentro del Radicado No.
850013333003-2022-00024-00.

TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE que en el término
de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela, dicte una nueva
decisión como en derecho corresponda y con atención a las consideraciones expuestas en
esta demanda.
CUARTA: Las demás que considere su despacho para la plena satisfacción de los derechos
constitucionales conculcados1.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el tutelante se sustenta en los siguientes hechos
que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

La Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) convocó a concurso abierto
de méritos para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa
pertenecientes a la planta de personal del departamento de Casanare mediante la
convocatoria 1068 de 20192.

Por Resolución 15117 del 6 de diciembre de 2021 la CNSC conformó la lista de elegibles
para proveer el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 8, en el cual se
estableció que el señor Jorge Iván Martínez Roldán ocupó el primer lugar y al señor
Haison Omar Carrillo Lemus le correspondió el puesto número 2.

En consecuencia, el señor Haison Omar Carrillo Lemus promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la CNSC y la Fundación Universitaria del Área
Andina con el fin de que se dejara sin efectos la lista de elegibles y, en su lugar, se
ordenara la reconformación de esta para que se determinara que este debía ocupar el
primer puesto.

En primera instancia, mediante sentencia del 10 de octubre de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal accedió a las pretensiones de la demanda.

En contra de dicha decisión, la CNSC y el señor Jorge Iván Martínez Roldán presentaron
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Casanare,
que mediante fallo del 6 de noviembre de 2025 confirmó lo resuelto por el a quo al
considerar que el acto administrativo demandado fue expedido con infracción del
derecho al debido proceso del señor Carrillo Lemus, pues no tuvo en cuenta que la CNSC
modificó las condiciones planteadas al inicio de la convocatoria y los cambios en los
ítems de calificación de la educación informal se dieron basados en un acta expedida

1 Transcripción literal que puede contener errores.
2En el mencionado proceso de selección la Fundación Universitaria del Área Andina intervino como
operadora técnica delegada mediante contrato suscrito con la CNSC.

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con posterioridad al cierre de la convocatoria, contrariando lo dispuesto en el artículo 9
de esta e impidió cualquier tipo de subsanación por el participante.

El señor Martínez Roldán presentó solicitud de adición de la sentencia, pues a su juicio
no hubo un pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales accionadas sobre
todos los reparos planteados en la impugnación. Mediante auto del 22 de enero de 2026,
el Tribunal Administrativo del Casanare negó dicha petición con fundamento en que sí
existió pronunciamiento sobre todos los cuestionamientos planteados por el apelante.

1.4. Sustento de la petición

El actor manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo,
falta de motivación y vulneración a los derechos adquiridos.

Frente al defecto sustantivo señaló que no se tuvieron en cuenta los artículos 187 del
CPACA, 280 y 281 del CGP referentes a la congruencia de las sentencias judiciales. Al
respecto manifestó que dicha incongruencia se evidenció porque los jueces omitieron
hacer un análisis integral de la demanda, sus pretensiones y las excepciones planteadas
en el curso del proceso ordinario, tal como se pasará a explicar:

a) La demanda estaba dirigida a cuestionar los siguientes documentos: i) acta 21 del 10
de marzo de 2020 de la CNSC, anexo técnico y prueba de valoración de
antecedentes; ii) acto que publicó los resultados individuales obtenidos de la
ponderación final de los participantes; iii) comunicación RECVA-TI-2946 del 17
septiembre de 2021; iv) Resolución 15117 del 6 de diciembre de 2021; v) Resolución
0312 del 27 de diciembre de 2021, por medio de la cual se nombró al señor Jorge
Iván Martínez Roldán en el cargo ofertado; y, vi) acta 0051 del 17 de enero de 2022,
mediante la cual el señor Jorge Iván Martínez Roldán, tomó posesión del empleo de
Profesional Especializado, Código 222, grado 8 en la planta de personal del
departamento del Casanare. Sin embargo, las accionadas solo se refirieron a la
legalidad de los documentos iv) y vi) y guardaron silencio sobre la legalidad del acta
21 del 10 de marzo de 2020, proferida por la CNSC, el anexo técnico y la prueba de
valoración de antecedentes.

b) El problema jurídico definido en auto del 12 de octubre de 2023 3, dictado por el
Juzgado Tercero Administrativo de Yopal no fue resuelto en la la sentencia de primera
instancia ni se analizó en el fallo de segunda instancia, pese a que esta inconformidad
fue expuesta en el recurso de apelación.

3 Los problemas jurídicos se centraron en establecer si ¿Si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto

administrativo complejo o de cada uno de ellos por separado, correspondiente al Acta No 21 del diez (10)
de marzo del año 2020 proferida por la Sala de Comisionados de la CNSC, y el documento denominado
“Anexo Técnico de criterio unificado frente a situaciones especiales que deben atenderse en la verificación
de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes de aspirantes inscritos en los procesos
de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa”?
y ¿si hay lugar a declarar la nulidad del acto mediante el cual se publicaron los resultados individuales
obtenidos de la ponderación final de los participantes de la Convocatoria No. 1068 de 2019 – Territorial
2019, de la comunicación de radicado RECVATI-2946 de fecha diecisiete (17) de septiembre del año 2021
y de la Resolución No. 15117 del seis (6) de diciembre del año 2021 mediante la cual “se conforma y adopta
la lista de elegibles para proveer uno (1) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL
ESPECIALIZADO, Código 222, Grado 8, identificado con el Código OPEC No. 9211, PROCESOS DE
SELECCIÓN TERRITORIAL 2019 – GOBERNACION DE CASANARE, del Sistema General de Carrera
Administrativa y los demás actos administrativos que se originaron por los mencionados actos”?

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c) El juez de primera instancia anuló el registro en carrera administrativa, un acto que
no fue demandado expresamente y que goza de autonomía jurídica.

d) Las sentencias cuestionadas ordenaron el nombramiento directo del demandante, a
pesar de que en las pretensiones de la demanda original solo se solicitó el pago de
perjuicios y salarios, no el nombramiento en el cargo.

e) El tribunal omitió pronunciarse de fondo sobre reparos clave presentados en la
apelación, como la vulneración del debido proceso de los demás participantes del
concurso y la falta de análisis sobre las excepciones de fondo propuestas por el señor
Martínez Roldán, lo que también evidencia una falta de motivación.

Indicó que también se presenta este defecto por indebida interpretación legal pues los
despachos accionados calificaron algunos actos de la CNSC como "generales" para
evitar anularlos, cuando en realidad eran actos de carácter particular y concreto
vinculados específicamente a la convocatoria, lo que desconoce el precedente del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Por otra parte, consideró que las providencias cuestionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente y se vulneró el principio de justicia rogada, ya que las
accionadas basaron su análisis en normas y sentencias que no fueron invocadas por el
demandante.

Por otra parte, el accionante argumentó que: i) ya contaba con un derecho adquirido al
haber superado el periodo de prueba y estar inscrito en carrera; ii) se presenta una
afectación a su mínimo vital, pues es el apoyo económico de su hermana quien tiene
discapacidad mental absoluta; y, iii) se desconoció su fuero sindical, ya que fue
desvinculado sin la autorización judicial previa requerida para miembros de juntas
directivas sindicales.

1.5. Actuaciones procesales en primera instancia

Mediante auto de 12 de febrero de 2026 se admitió la acción constitucional, se ordenó
notificar esa decisión a la parte accionada y se vinculó a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, a la Fundación Universitaria del Área Andina, al departamento de Casanare y al
señor Haison Omar Carrillo Lemus como terceros con interés por haber intervenido
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
85001-33-33-003-2022-00024-00/01. Además, se negó el decreto de la medida cautelar
solicitada por el tutelante.

Realizadas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Casanare

El tribunal sostuvo que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por el
actor en razón a que:

i) Con base en el material probatorio se determinó que la CNSC vulneró el debido
proceso del señor Haison Omar Carrillo Lemus al modificar los criterios de
calificación de educación informal mediante un acta expedida con posterioridad al

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cierre de la convocatoria, lo cual alteró las reglas del concurso.
ii) Los argumentos y documentos aportados por el tutelante fueron valorados, pero
carecían de fuerza para revocar el fallo de primera instancia, ya que partían de un
análisis errado de las normas de la convocatoria.
iii) Concluyó que la CNSC debe asumir los efectos de la condena, pues la nulidad de
la lista de elegibles se originó en sus propias actuaciones irregulares.

Respecto al auto del 22 de enero de 2026 que negó la adición de la sentencia, el tribunal
aclaró que los puntos sobre el debido proceso de los demás participantes y las
excepciones propuestas por el vinculado fueron abordados de la providencia original.
Además, se realizó un análisis integral de lo solicitado pues el fallo de primera instancia
ya había analizado la totalidad de las excepciones y el tribunal ratificó dicho estudio en
la alzada.

Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la tutela, en razón a que: i) esta no
puede convertirse en una tercera instancia que se utilice para reabrir debates jurídicos
que ya fueron resueltos de manera razonada y fundamentada; y, ii) las providencias
atacadas no incurren en defectos ni transgreden el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia

1.5.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal

Solicitó que se declare la improcedencia de la tutela en razón a que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional. El juzgado argumentó que, pese a que se sustenta
que la providencia adolece de los defectos fáctico y sustantivo ante el desconocimiento
arbitrario del precedente constitucional, es claro que la parte accionante solamente
busca convertir el amparo de tutela en una instancia adicional al medio de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto no está de acuerdo con la decisión adoptada
en segunda instancia.

Además, sostuvo que es evidente que la intención del tutelante es “establecer una
"tercera instancia", es decir, pretende utilizar la tutela como un recurso adicional para
reabrir un debate que ya fue clausurado por el juez natural del asunto. Para el efecto
indicó que la verdadera intención del actor es que se apliquen criterios de interpretación
diferentes, simplemente porque no está de acuerdo con el fallo de segunda instancia.

Por otra parte, defendió que las sentencias acusadas (que anularon el nombramiento y
registro en carrera del actor) no son "irracionales, absurdas o caprichosas". Por el
contrario, se ajustaron a derecho y a los principios de autonomía judicial.

Asimismo, señaló que no se presentan los defectos alegados. Respecto al defecto
sustantivo, indicó que el señor Martínez Roldán contó con todos los momentos
procesales para presentar sus argumentos, los cuales fueron analizados y resueltos
tanto en primera como en segunda instancia.

1.5.3. Departamento de Casanare

El ente territorial sostuvo que la procedencia de la acción de tutela es estrictamente
excepcional cuando se dirige contra decisiones judiciales. Argumentó que el accionante
pretende utilizarla como un mecanismo alternativo de revisión o una "tercera instancia",

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lo cual es improcedente si no se demuestra una vulneración directa de derechos
fundamentales o la configuración de un defecto específico.

Por otra parte, la entidad afirmó que las providencias atacadas no incurrieron en los
defectos alegados. En cuanto al sustantivo indicó que este solo se configura ante la
aplicación de normas inaplicables, la omisión de normas obligatorias o interpretaciones
irrazonables, situaciones que no se presentan en este caso. En cuanto a la vulneración
al debido proceso reiteró que el simple desacuerdo con el sentido del fallo no constituye
una vulneración a las garantías procesales.

Argumentó que se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva, razón por la que
solicitó su desvinculación. Esto por cuanto ese departamento no es responsable de la
supuesta vulneración, ya que las entidades encargadas de la convocatoria (No. 1068 de
2019), la calificación y la conformación de la lista de elegibles fueron la CNSC y la
Fundación Universitaria del Área Andina.

La entidad aclaró que su participación se limitó exclusivamente a realizar el
nombramiento siguiendo las instrucciones y la lista de elegibles proporcionada por la
CNSC.

1.5.4. Fundación Universitaria del Área Andina

La institución educativa aclaró que participó en el proceso de selección "Territorial 2019"
únicamente como operadora técnica delegada mediante un contrato suscrito con la
CNSC. En ese sentido, sostuvo que, al ser un contratista, no tiene la facultad legal para
proferir los actos administrativos impugnados (como la lista de elegibles o los
nombramientos), por lo que solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa
por pasiva.

Enfatizó que aplicó estrictamente los lineamientos y criterios unificados impartidos por la
CNSC, los cuales son vinculantes y obligatorios para todas las universidades delegadas.
En ese sentido afirmó que el debido proceso se respetó plenamente, ya que se
habilitaron las etapas de reclamación a través del sistema SIMO y se dio respuesta de
fondo a las inquietudes de los aspirantes. Asimismo, argumentó que los criterios técnicos
se aplicaron de forma uniforme a todos los inscritos en la convocatoria, sin
discriminaciones ni aplicaciones acomodadas de la norma.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en providencia del 9 de marzo
de 2026 declaró improcedente la acción constitucional de la referencia tras concluir que
no se cumplió con el requisito de subsidiariedad. Lo anterior en razón a que el accionante
tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisión para reclamar la protección de
sus derechos fundamentales.

Por otra parte, negó las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fundación
Universitaria del Área Andina, la gobernación del Casanare y la CNSC en razón a que su
vinculación fue en calidad de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, toda vez que dichas entidades actuaron como parte demandada dentro del

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proceso ordinario en el que fueron expedidas las providencias objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses.

1.7. Impugnación

El 13 de abril de 20264 la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia. Sostuvo
que no existe claridad en el CPACA sobre cuáles son las causales de nulidad que harían
procedente el recurso de revisión en estos casos. Asimismo, argumentó que las
nulidades procesales están limitadas a las señaladas expresamente en la ley (artículo
133 del CGP), y el recurso de revisión por nulidad en la sentencia es de aplicación
excepcional y depende de la interpretación subjetiva del juez.

Por otra parte, señaló que la procedencia de este recurso no es un tema pacífico en la
jurisprudencia, por lo cual no se puede exigir su agotamiento como una vía idónea y clara
antes de acudir a la tutela. En ese sentido, al no ser el recurso de revisión una vía clara
y definida para el caso concreto, la tutela se convierte en la única alternativa para proteger
los derechos fundamentales vulnerados.

Finalmente, solicitó que se revoque la providencia del 9 de marzo de 2026 que negó el
amparo y se conceda la tutela tras realizar un análisis de fondo de los cargos formulados
en el escrito original (que el juez de primera instancia omitió al enfocarse solo en la
subsidiariedad).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
demandante contra la providencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado el 9 de marzo de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La Sala advierte que pese a que el tutelante controvierte: i) la sentencia del 6 de
noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare (que confirmó
el fallo de 10 de octubre de 2024, mediante el cual el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Yopal accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 85001-33-33-003-2022-00024-00/01,
promovido en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Fundación
Universitaria del Área Andina); y, ii) el auto del 22 de enero de 2026 mediante el cual se
negó la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia en el proceso de la
referencia, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones se dirigen a
cuestionar el fallo de segunda instancia y en ese sentido el estudio del presente asunto
se centrará en dicha sentencia; la que además, resolvió las inconformidades planteadas
por el señor Martínez Roldán en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de
primera instancia y fue la decisión que dio lugar a su solicitud de adición.

4 Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de

1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 8 de abril de 2026.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si el Tribunal Administrativo de Casanare vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
del señor Jorge Iván Martínez Roldán, con ocasión de la sentencia del 6 de noviembre
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, que confirmó el fallo de
10 de octubre de 2024, mediante el cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Yopal accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 85001-33-33-003-2022-00024-00/01,
promovido en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Fundación
Universitaria del Área Andina.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados, iii) el
fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a
dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la procedencia
de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se
presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia,
como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento
jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual
y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo
86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se
conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará improcedente
el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario,
cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o
valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. Agotamiento de los medios de defensa judicial

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto
de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existan otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a
la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico,
ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia5.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar
la defensa de aquellos.

5 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la

ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento
de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de
la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.»

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Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la esencia
del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo 2° de la
Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales de las personas no
solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para cualquier persona que
esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del
mismo.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, manifestó que la
«exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el trámite
jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el
legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un camino excepcional para
solucionar errores u omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los
procesos jurisdiccionales ordinarios»6.

Aunado a lo anterior, la referida alta corporación manifestó que, junto con los demás
requisitos de procedibilidad, se exige que el actor «haya ejercido los recursos previstos
en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a través de ella los
mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien
solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo»7.

En el caso sub examine el actor alegó que la providencia cuestionada resulta
incongruente por cuanto: i) decidió asuntos que no fueron planteados en la demanda; ii)
no se pronunció respecto de algunos actos que sí fueron demandados; iii) el problema
jurídico resuelto no se compagina con lo planteado por el juez de primera instancia; iv) el
análisis de las sentencias se basó en sentencias que no fueron invocadas por el
demandante del proceso ordinario.

Además, consideró que hubo falta de motivación porque el tribunal omitió pronunciarse
de fondo sobre reparos clave presentados en la apelación, como la vulneración del debido
proceso de los demás participantes del concurso y la falta de análisis sobre las
excepciones de fondo propuestas por el señor Martínez Roldán.

Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es que esta magistratura,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el proveído bajo
cuestionamiento adolece de falta de motivación e incongruencia, circunstancias que,
como se analizará más adelante, se enmarcan en la causal quinta del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le corresponde al operador judicial del recurso
extraordinario de revisión.

Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial
de Decisión de esta corporación8, la incongruencia y la falta de motivación dan lugar a la
nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen procedente el

6 Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17.1.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
7 Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20.2.2012. M.P. María Victoria Calle Correa
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión.

Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001- 03-15-000-2015-
02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5° del artículo 250 de la
Ley 1437 de 20119.

La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:

[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia
del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

[…]

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A.,
hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura,
entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la
misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en
este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa
petendi.

[…]

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede identificar
porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo pedido y
alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha
de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia.

[…].

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal
de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo
188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar
cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso,
artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez
para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.

[…]

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al
principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa o
interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su
competencia, la que se repite está determinada por los cargos y pretensiones de la
demanda […]. (Destacado por la Sala)

9 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,

son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación. (…).

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Asimismo, esta corporación ha considerado que la nulidad en mención ocurre al
«[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii)
violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa
distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue
vinculado al proceso.»10 (Destacado por la Sala)

En este mismo sentido, la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado,
precisó11:

«[…] la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho
que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal quinta. De
manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación […]». [Destacado por la Sala]

En consideración a la anterior tesis y tal como lo consideró el juez de primera instancia
de la tutela, la inobservancia del principio de congruencia, la falta de motivación e incluso
violar el principio de la non reformatio in pejus en la sentencia dan lugar a que se configure
la causal de revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
esto es, «[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación […]».

En razón de lo expuesto, la presente demanda de tutela fundada en la incongruencia y la
falta de motivación de la sentencia no supera el requisito de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial, comoquiera que en tal caso procede el recurso extraordinario
de revisión y, por lo tanto, la sala se abstendrá de su estudio y confirmará la
improcedencia declarada en la primera instancia de esta acción.

Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten al menos
sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción de
tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección de los
derechos suplicados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio irremediable, el
cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…]cuando el peligro que se cierne
sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera
grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo
neutralicen […]»12.

10 Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-

00 (REV), Actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República, M.P. Rocío
Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo
de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea,
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
11 Ver Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 5 de abril de 2016,

Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-
Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourt.
12 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas

Hernández

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De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además ha de
ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables13. Entonces, corresponde a la
colegiatura estudiar sí en el caso concreto, la acción de tutela procede de forma transitoria
ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera directa los
derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del análisis
del acervo probatorio, no es posible establecer que el actor se encuentre en una situación
de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e
inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

En consecuencia, para la sala, los hechos y los fundamentos que motivaron la solicitud
de amparo, frente a la violación al principio de congruencia y la falta de motivación
alegadas, deben ser cuestionadas a través del aludido recurso extraordinario de revisión,
con ocasión a que la acción de tutela no puede sustituir el mecanismo de defensa con el
que cuenta la parte demandante para la protección de sus garantías superiores.

Se itera entonces que conforme lo señaló la Corte Constitucional, el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones
injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto14.

2.5.2. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

En lo referente a este requisito cabe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«(...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso
y exhaustivo de la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio de
validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas
de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso

13 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A continuación,
se reseña, en síntesis, lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, … A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente"…. ||
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, || C). No
basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D). La urgencia y la gravedad determinan
que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia
de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y
garantías básicos para el equilibrio social».
14 Sentencia C - 418 de 1994.

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adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que
se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En esa medida, se evidencia que la tutela no cumple con el mencionado requisito en lo
referente a los argumentos relativos a que el tutelante: i) ya contaba con un derecho
adquirido al haber superado el periodo de prueba y estar inscrito en carrera; ii) se
presenta una afectación a su mínimo vital, pues es el apoyo económico de su hermana
quien tiene discapacidad mental absoluta; y, iii) se desconoció su fuero sindical, ya que
fue desvinculado sin la autorización judicial previa requerida para miembros de juntas
directivas sindicales; se evidencia que estos no fueron planteados en la demanda del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual no puede
el juez constitucional abordar su estudio por cuanto vulneraría el derecho al debido
proceso de los sujetos procesales que intervinieron en el mismo.

Asimismo, tampoco se cumple con la carga argumentativa en cuanto al desconocimiento
del precedente alegado, toda vez que no se indicaron las sentencias que presuntamente
fueron desconocidas por la autoridad judicial accionada y mucho menos se mencionaron
las reglas dejadas de aplicar por el operador jurídico.

Por consiguiente, esta sala confirmará el fallo impugnado por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el tutelante no agotó todos los mecanismos de defensa
dispuestos por el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 9 de marzo de 2026 proferida por la Sección la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela presentada por el señor Jorge Iván Martínez Roldán por no cumplir con
los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

15

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