Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00852-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00852-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00852-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00852-01
Accionante: JORGE MARIO TRUJILLO GONZÁLEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra sentencia proferida por Tribunal Administrativo.
Improcedente por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. Jorge Mario Trujillo González promovió acción tutela, contra las providencias que
pusieron fin al proceso reparación directa identificado con radicado 50001-33-33-
006-2017-00014-00/01, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Sexto (6)
Administrativo de Villavicencio, el 19 de noviembre de 2020 y el Tribunal
Administrativo del Meta, el 23 de octubre de 2025.
Antecedentes del proceso ordinario de reparación directa con radicado 50001-
33-33-006-2017-00014-00/01
2. El 29 de octubre de 2014, en su condición de Patrullero de la Policía Nacional,
Jorge Mario Trujillo González se desplazaba como pasajero en una motocicleta de
uso oficial. El vehículo era conducido por un subintendente, con quien se
desplazaban desde el municipio de Cumaral hacia la ciudad de Villavicencio, para
asistir a una actividad programada por la propia Policía Nacional.
3. Durante el desplazamiento, se produjo el estallido de la llanta trasera, lo cual
produjo la caída de los uniformados y provocó que el tutelante sufriera una herida
abierta de cráneo. En resolución de la entidad, el accidente fue calificado como en
servicio por causa y razón del mismo. En decisión de 19 de julio de 2016, se ratificó
la pérdida de capacidad laboral en 59.16%, aunque posteriormente, ante instancia
judicial, se determinó que la discapacidad ascendía al 75%. Esta situación generó
el retiro del servicio activo mediante la Resolución 06453 del 7 de octubre de 2016
por disminución de la capacidad psicofísica.
4. El actor, junto con su núcleo familiar, presentó demanda de reparación directa,
contra la Nación- Policía Nacional, con el fin de obtener el resarcimiento de los
perjuicios materiales, morales, psicológicos, fisiológicos y en la vida de relación,
causados con motivo de las lesiones adquiridas por el uniformado durante la
prestación del servicio.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00852-01
Accionante: Jorge Mario Trujillo González
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
5. En sentencia de 19 de noviembre de 2020, el Juzgado Sexto (6) Administrativo
de Villavicencio negó las pretensiones de la demanda (y condenó en costas a la
parte actora). En su decisión, el juez consideró que la conducción de motocicletas
oficiales formaba parte de las labores normales y permanentes de los patrulleros,
por lo que no podía considerarse una actividad de riesgo excepcional. Descartó que
se hubiese presentado falla en el servicio, pues no se contaba con los medios de
prueba para inferir que la motocicleta no se encontraba en condiciones mecánicas
idóneas para transitar. Concluyó que no se probó una falla u omisión en los deberes
de la entidad demandada.
6. La parte actora presentó apelación contra la decisión y alegó que, la sentencia
de primera instancia no tuvo en cuenta medios de prueba conforme a los cuales,
quedaba claro que la motocicleta del accidente no había sido objeto de revisión
técnico-mecánica en más de un año. Por ello solicitó aplicar un régimen de
imputación objetivo de riesgo excepcional, pues el tutelante estaba utilizando un
objeto de riesgo.
7. En sentencia de 23 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta
confirmó la providencia de primera instancia. Concluyó que el material probatorio no
permitía inferir con certeza la causa específica del accidente y el estallido de la llanta
trasera de la motocicleta. Reiteró que no se probó negligencia en el mantenimiento
de la motocicleta. Insistió además en que no era aplicable el régimen objetivo por
actividad peligrosa, pues su labor de patrullaje se enmarca en el ejercicio funcional
ordinario de la Policía Nacional.
Fundamento del escrito de tutela.
8. La parte actora sostuvo que se produjo un defecto fáctico y otro sustantivo. El
yerro fáctico se fundamentó en la inadecuada valoración probatoria, concretamente
de un oficio de 8 de agosto de 2016 (oficio S-2016-053702/AREAD-GRULO 29.25),
en la que el responsable del grupo de movilidad de la policía nacional indica que en
efecto, el vehículo no había sido sometido a mantenimiento, y desconocía las
razones para que la persona responsable así lo hubiese hecho. Dicho documento
evidencia la omisión institucional.
9. En relación con el segundo defecto, el tutelante explicó que los jueces de
instancia omitieron aplicar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera del
27 de julio de 2000 (Exp. 12099, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez). En su
lugar, el Tribunal aplicó una jurisprudencia (de la Subsección A, del 27 de agosto de
2020) que resultaba, en criterio de la parte actora, no ser pertinente para el régimen
de imputación que debía regir el caso. Reprochó que el tribunal erró en la aplicación
de los regímenes de imputación, concretamente, reprochó que no se aplicó el
régimen objetivo derivado de actividades peligrosas. El accionante fundamentó que
este último era el aplicable a su caso, puesto que, al viajar exclusivamente como
tripulante, no ostentaba la guarda material de la motocicleta ni de la actividad
peligrosa.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00852-01
Accionante: Jorge Mario Trujillo González
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Trámite del recurso constitucional
10. El 16 de febrero de 2026, la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la
demanda y ordenó que se notificara al Tribunal Administrativo del Meta, al Juzgado
Sexto (6) Administrativo de Villavicencio en calidad de accionados y a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional en condición de terceros con
interés.
11. El Tribunal y el Juzgado accionado intervinieron indicando que la acción de
tutela debería ser declarada improcedente, toda vez que, el escrito de amparo busca
reabrir una discusión probatoria que se agotó en dos instancias, y en esa medida
se utiliza el medio constitucional como tercera instancia. El tribunal indicó que la
providencia atacada explica las razones por las cuales era aplicable el régimen de
falla en el servicio y explicó adecuadamente el precedente judicial relevante y
pertinente.
12. La Policía Nacional, de la misma manera, indicó que la petición de amparo
carece de relevancia constitucional pues busca reabrir discusiones probatorias
agotadas en las dos instancias ordinarias. Indicó que el juez constitucional no puede
reemplazar al juez ordinario. Adicionalmente indicó que, el accionante ya fue
reparado económicamente, puesto que mediante la Resolución No. 00225 del 17
de febrero de 2017 se le ordenó el pago de una indemnización por incapacidad
relativa y permanente, y mediante la Resolución No. 00276 del 27 de febrero de
2017 se le reconoció su pensión de invalidez.
Sentencia de primera instancia
13. En sentencia de 9 de abril de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo formulado, por carecer de relevancia
constitucional, pues el escrito de tutela propone el mismo debate que se resolvió
dentro del proceso de reparación directa. El juez de primera instancia concluyó que
el tutelante reiteró los mismos argumentos que fueron estudiados explícitamente
por el Tribunal Administrativo y fueron descartados por dicha autoridad. Explicó que,
examinada la sentencia atacada advirtió con claridad que la autoridad judicial
demandada respondió las inconformidades propuestas en el marco del proceso y
con fundamento en las normas, las pruebas aportadas y la jurisprudencia de esta
Corporación, concluyó que había lugar a confirmar la decisión de primera instancia
en su totalidad.
Recurso de impugnación
14. Insistió en que se presenta una flagrante vulneración de los derechos
fundamentales, esto pues el tribunal administrativo aplicó un precedente que, era
disímil en sus fundamentos fácticos, razón por la cual no era pertinente para resolver
el asunto.
15. Debido a la imprecisión con la que el escrito de amparo expone sus
fundamentos se acude a las otras piezas procesales del expediente de tutela para
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Accionante: Jorge Mario Trujillo González
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
exponer el fundamento fáctico. En su criterio, entonces, existe un yerro por
desconocimiento del precedente, pues no se aplicó el precedente de julio 27 del año
2000 dentro del radicado 12099, relacionado con la aplicación del régimen de
imputación objetivo cuando la persona que sufre el daño no tiene a su cargo la
guarda material del rodante. En su criterio se debía aplicar el régimen objetivo el
cual, lo exoneraba de la carga de la prueba de demostrar la falla probada en el
servicio.
16. Recordó que el papel del juez constitucional en el Estado Social de Derecho es
encontrar la verdad de los procesos que son puestos en su conocimiento más que
el seguimiento de las formas procesales. Reiteró que en el caso concreto el tribunal
aplicó un fallo que no era precedente para los hechos demandados, pues no
guardaba identidad fáctica con su situación.
CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
18. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de tutela concretamente, en
particular el de relevancia constitucional, dado que se está cuestionando un
sentencia proferida en segunda instancia por un tribunal administrativo, dentro de
un proceso de reparación directa por unos hechos derivados de un accidente que
sufrió el tutelante, quien para la época era patrullero de la policía nacional y se
desplazaba como pasajero en una motocicleta de la entidad. En caso que se
encuentre que la acción satisface los requisitos de procedencia formal, se fijará un
problema jurídico de fondo.
19. Para resolver el primer problema, se reiterará el precedente sobre procedencia
de la acción de tutela contra sentencias.
Causales genéricas de procedencia de tutela contra providencia.
20. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20051, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
1 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00852-01
Accionante: Jorge Mario Trujillo González
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
21. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar2: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela3, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional4 o el Consejo de Estado5, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP6; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable7 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
22. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
23. La Corte Constitucional indicó8 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
2 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
3 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
5 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
7 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00852-01
Accionante: Jorge Mario Trujillo González
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24. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que se pretende reabrir el debate9, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
25. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia10.
Caso concreto
26. En el caso concreto, se confirmará la sentencia de primera instancia, en
atención a que se concluye que la acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional.
27. En efecto, a juicio de esta sala, así como el juez de tutela de primera instancia,
el actor acude al medio constitucional de amparo para buscar una instancia
adicional al proceso de reparación directa y sus dos instancias. Las razones que
expone el actor son de mera legalidad referido a la aplicación del régimen de
imputación objetivo o subjetivo, los cuales son discusiones propias del juez de la
reparación o infra constitucionales. Como ha indicado la Corte Constitucional en
Sentencia SU-018 de 2024, la Carta política de 1991, en su artículo 90, no prefiere
un título de imputación sobre otro, sino que indica que es función hermenéutica del
juez de la reparación acudir al que estime procedente a partir de los hechos del
caso11.
28. En esa medida, en general, la aplicación del régimen subjetivo de
responsabilidad, en oposición al objetivo es un asunto propio del juicio ordinario de
reparación que no reviste relevancia constitucional toda vez que, la Constitución de
1991 no privilegió un título de imputación uno sobre otro.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-018 de 2024, Fundamento Jurídico No. 332 “ (…) se debe
aclarar que la Constitución no prefiere un título de imputación concreto, pero la jurisprudencia
constitucional sí señala que la responsabilidad por omisión ocurre por el desconocimiento de un
deber estatal. Esta comprensión sobre la indeterminación de los títulos de imputación a partir de la
Constitución es compartida por el Consejo de Estado, el cual afirma que: “[e]n todo caso, el artículo
90 constitucional no privilegia un título de imputación específico, correspondiéndole al juez de
responsabilidad su determinación, atendiendo a las circunstancias específicas del caso, sin
desconocer, claro está, el derecho fundamental a la igualdad”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00852-01
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
29. El argumento del tutelante conforme al cual se desconoció el precedente judicial
respecto del título de imputación, carece de relevancia, en la medida en que reitera
un argumento que fue ampliamente estudiado por los jueces ordinarios en las dos
instancias. Además, pues en sí mismo, dicho asunto no se de rango constitucional
por la razón ya indicada: la Constitución de 1991 no establece un régimen de
imputación preferente.
30. En relación con el defecto fáctico, el tutelante presenta razones de discrepancia
o interpretaciones alternativas al fallo que le fue adverso. No se trata de un reparo
constitucional que afecte la validez de la providencia atacada. El tutelante presenta
razones de discrepancia, pero no un yerro de valoración probatoria que afecte la
constitucionalidad del fallo. Por lo anterior se confirmará el fallo de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
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VF
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