Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00853-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00853-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00853-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de marzo de 2026
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00853-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00853-00
Demandante: FILOMENA MATILDE CAMARGO ULLOA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
TEMA: Tutela de fondo – derecho de petición en actuaciones judiciales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Filomena
Matilde Camargo Ulloa, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025 y con el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Filomena Matilde Camargo Ulloa, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de que se protejan
sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y «a la personalidad».
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
ausencia de respuesta a las peticiones que radicó el 28 de julio y 10 de septiembre
de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 08001-33-33-010-2018-00224-02.
1.2. Pretensiones
La parte actora pidió lo siguiente:
Le solicito al señor Juez muy respetuosamente se declare que el Tribunal
Contencioso Administrativo del Atlántico, me está vulnerando mí derecho
fundamental de petición, derecho a la igualdad y a la personalidad al no darle impulso
procesal al proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho.
Se tutele mi derecho fundamental de petición y otros.
1 Mediante escrito radicado el 5 de febrero de 2026, a través del aplicativo web de recepción de
tutelas y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo
de Estado.
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Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00853-00
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Como consecuencia, se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico,
administrado por la Dra. JUDITH ROMERO IBARRA, que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo sobre el
Impulso Procesal del proceso, conforme a lo establecen en la normatividad y la
jurisprudencia colombianas.2
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
La señora Filomena Matilde Camargo Ulloa presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento el derecho contra la Nación - Fiscalía
General de la Nación, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la
bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones
sociales y demás emolumentos prestacionales devengados.
Mediante sentencia de 27 de julio de 2023, el Juzgado 403 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Cartagena accedió a las pretensiones del medio
de control.
La Fiscalía General de la Nación presentó el correspondiente recurso de apelación,
el cual fue concedió por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Cartagena a través de proveído de 6 de diciembre de 2024.
El proceso fue enviado el 14 de mayo de 2025 al Tribunal Administrativo del
Atlántico, y fue asignado por reparto a la magistrada Judith Inmaculada Romero
Ibarra, a cuyo despacho ingresó el 22 de mayo del mismo año.
Por auto de 30 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió el
recurso de apelación, decisión que fue notificada por estado el 3 de junio de 2025,
sin que a la fecha haya ingresado al despacho para proferir sentencia.
La señora Filomena Matilde Camargo Ulloa envió dos impulsos procesales los días
28 de julio y 10 de septiembre de 2025, a los correos electrónicos
ventanillad01tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, respectivamente.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales, toda vez
que, al momento de interponer esta acción de amparo, el Tribunal Administrativo de
Atlántico no ha dado una respuesta a sus solicitudes 28 de julio y 10 de septiembre
de 2025.
Señaló que en algunas ocasiones ha acudido al tribunal con la finalidad de obtener
una contestación a sus peticiones, pero allí «solo me dicen que lo pase por escrito
a la plataforma».
Alegó que desde el 4 de junio de 2025 el proceso ha estado inactivo y que es por
esa razón que radicó dos peticiones que contienen impulsos procesales, en ejercicio
de los derechos consignados en los artículos 13 y 23 de la Constitución.
2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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Manifestó que es una persona de la tercera edad que merece una pronta solución
a su proceso judicial, puesto que los administradores de justicia tienen el deber de
evitar la paralización de los procesos y decidir las solicitudes con agilidad, conforme
con las medidas de descongestión establecidas en la Ley 1395 de 2010 y el artículo
120 de la Ley 1437 de 2011, este último que fija un término de 10 días, contados a
partir del momento en el que el expediente ingresa al despacho, para dictar autos y
de 40 días, para sentencias.
1.5. Trámite de la actuación
Con auto de 10 de febrero de 2026, el magistrado ponente de esta decisión admitió
la tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Atlántico3, como autoridades accionadas.
Así mismo, vinculó como terceros interesados al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla4 [autoridad que conoció en primera instancia el proceso con
el radicado 08001-33-33-010-2018-00224-01] y a la Nación, Fiscalía General de la Nación5
[autoridad accionada en el proceso con el radicado 08001-33-33-010-2018-00224-01].
Luego, mediante auto de 25 de febrero de 2026, el despacho sustanciador vinculó
en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, a la Secretaría
General del Tribunal Administrativo del Atlántico6, y los Juzgados 403 y 404
Administrativos Transitorios del Circuito Judicial de Cartagena, o quienes hagan sus
veces7.
Así mismo hizo los siguientes requerimientos:
• Al Tribunal Administrativo del Atlántico8 por segunda vez para que rindiera el
informe sobre los hechos y argumentos del escrito de tutela, so pena de dar
aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
• Al Tribunal Administrativo del Atlántico, así como a su Secretaría General,
para que indicaran: (i) a qué dependencia de ese tribunal pertenece el dominio de
los buzones electrónicos ventanillad01tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, y (ii) qué trámite que se le impartió a las
peticiones de 28 de julio y 10 de septiembre de 2025, radicadas por la actora en
esos correos.
• A las Secretarías del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla9 y del Tribunal Administrativo del Atlántico para que remitieran la copia
digital del expediente 08001-33-33-010-2018-00224-00/01.
3 Notificado a los correos ventanillad04tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co,
des03taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y des04taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
4 Notificado al buzón adm10bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
5 Notificado a los correos jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co y
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co.
6 Notificado a los correos sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co.
7 Notificados a los correos j401admctg@cendoj.ramajudicial.gov.co,
ofapoyojadmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co, ofijudicialcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co y
adm10bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Notificado a las direcciones ventanillad04tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co,
des03taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y des04taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Notificado a al correo adm10bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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• A la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cartagena10 para
que le solicitara a los Juzgados 403 y 404 Administrativos Transitorios del Circuito
Judicial de Cartagena o al juzgado transitorio que haya asumido el conocimiento en
primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que
remitiera copia digital del citado expediente.
1.6. Contestación
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Fiscalía General de la Nación
La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación solicitó que se declare (i) la improcedencia de la acción de
tutela al no estar probada la mora judicial invocada, así como (ii) la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Sobre este último aspecto, destacó que la acción de tutela presentada por la actora
cuestionó un acto que fue proferido por la autoridad judicial accionada, es decir que,
no existe una relación de causalidad de una acción u omisión de la Fiscalía General
de la Nación y la vulneración de los derechos fundamentales de la señora Camargo
Ulloa.
1.6.2. Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
La secretaría de ese despacho remitió el enlace de consulta del expediente 08001-
33-33-010-2018-00224-00.
1.7. Trámite para resolver impedimento
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el 19 de
marzo de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar
impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 1.
º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por la siguiente consideración:
La razón de ello se justifica en que mi cónyuge se encuentra vinculada en carrera
como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación,
entidad que fue vinculada en calidad de tercero con interés en el resultado del
proceso constitucional y, si bien con motivo del otorgamiento de licencia no
remunerada de hasta por tres años va a desempeñar un cargo en la Rama Judicial,
continúa con el vínculo en carrera en esa entidad.
Con providencia de 19 de marzo de 2026, la referida manifestación se declaró
infundada debido a que no se acreditó la existencia del elemento subjetivo relativo
al interés que le puede asistir a la cónyuge del doctor Omar Joaquín Barreto Suárez
en el resultado de esta acción constitucional, por el solo hecho de haber estado
vinculada con una de las entidades accionadas, lo que deja en evidencia que la
imparcialidad del togado no se vería afectada por ello.
10 Notificado a los correos ofijudicialcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co y
ofapoyojadmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Filomena Matilde Camargo Ulloa contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido por el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y
799 de 2025 y con el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa
La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación del proceso al considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, tal petición será
negada, toda vez que su vinculación en esta instancia se hizo en calidad de tercero
interesado en las resultas del proceso.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración al derecho fundamental de petición de la señora Filomena Matilde
Camargo Ulloa por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, al no resolver las
solicitudes que radicó el 28 de julio y 10 de septiembre de 2025, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
08001-33-33-010-2018-00224-02.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela, (ii) el derecho de petición, y (iii) el caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable11.
11 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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2.5. Del derecho de petición
La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 201512, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada.13
12 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de
2015, que señala: «ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro
de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución
de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
13 Sentencia T-149/13, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
[…] i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión14; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a
recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de
los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de
la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a
todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de
lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo15.16
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.6. Derecho de petición en actuaciones judiciales
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar
que existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores
de justicia: (i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad
con el procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley; y (ii) las generales
que no tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas en el Título 2º
de la Ley 1437 de 2011. En efecto, esta Sección en sentencia del 25 de enero de
201817, señaló:
14 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia
T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
15 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
16 Sentencia C-510/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de 25
de enero de 2018. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
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La Corte Constitucional18 y esta Corporación19 de manera reiterada han señalado que
las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance
diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales pueden ser
de dos clases:
(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la
decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y
(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos procesales,
deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales del derecho
de petición que rigen la administración, esto es, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho de
petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un
servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una
actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora
judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo
a la justicia; pero no del derecho de petición.
2.7. Caso concreto
En el sub examine, la señora Filomena Matilde Camargo Ulloa alegó que el Tribunal
Administrativo del Atlántico vulneró sus derechos fundamentales de petición, a la
igualdad y «a la personalidad», comoquiera que a la fecha de interposición de la
presente acción de tutela no ha resuelto las peticiones que radicó el 28 de julio y 10
de septiembre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 08001-33-33-010-2018-00224-02.
Pues bien, revisado el material probatorio allegado al expediente, se advierte que el
28 de julio y 10 de septiembre de 2025 la señora Filomena Matilde Camargo Ulloa,
en nombre propio, envió dos impulsos procesales a los correos electrónicos
ventanillad01tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, respectivamente.
En ese orden, conforme a lo expuesto en el acápite 2.6. de esta providencia, es
claro para esta Colegiatura que las peticiones elevadas por la accionante no
corresponden a las ejercidas en el marco de la prerrogativa consagrada en el
artículo 23 constitucional, sino que estas se presentan dentro del marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08001-33-33-
010-2018-00224-02.
En otras palabras, los escritos de 28 de julio y 10 de septiembre de 2025 consisten
en unos impulsos procesales con el fin de que se continué con el trámite de la
apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de 27
de julio de 2023 dictada por el Juzgado 403 Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Cartagena. Es decir que, tales solicitudes corresponden a la primera
clasificación de peticiones que ha señalado esta Sección y la Corte Constitucional,
esto es, «[l]as referidas a actuaciones estrictamente judiciales».
18 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13
de julio de 2017. Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. C.P.
Alberto Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00
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La anterior conclusión es de suma importancia, porque implica señalar que los
escritos presentados por la parte actora el 28 de julio y 10 de septiembre de 2025
ante el Tribunal Administrativo del Atlántico no pueden examinarse desde el
desconocimiento del derecho de petición, sino bajo la óptica del derecho al debido
proceso.
Ahora bien, de la revisión realizada al expediente digital se tiene que el 22 de mayo
de 2025 este ingresó al despacho de la magistrada Judith Romero Ibarra, autoridad
judicial que a través de proveído de 30 de mayo de 2025 admitió el recurso de
apelación.
Posteriormente, se tiene que se hicieron los siguientes registros en Samai: (i) el 2
de marzo de 2026: «AUTO RECONFORMA LA SALA DE DECISIÓN», y (ii) el 18
de marzo de 2026 «Auto resuelve impedimento manifestado por las doctoras
Carmen Rosa Lorduy González y Lilia Yaneth Álvarez Quiroz».
Se recuerda que la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación injustificada
que configura la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se caracteriza por: (i) el incumplimiento de
los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del
funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el
trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo
razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden
contrarrestar.
Por lo tanto, la Sala advierte que en el presente caso no hay una dilación
injustificada, con fundamento en que la última actuación registrada en Samai data
del 30 de mayo de 2025 y, en ese sentido, no se evidencia el trascurso de un término
excesivo o desproporcionado entre ese momento y la radicación de la presente
acción constitucional, que permita establecer que se trata de una mora judicial
injustificada.
En tal sentido, esta Sala de Decisión no advierte en el presente caso negligencia u
omisión alguna en el ejercicio de las funciones del Tribunal Administrativo del
Atlántico, frente a lo cual, resulta importante también destacar que a pesar de que
la judicatura demandada no señaló el turno en el que se encuentra el proceso de la
tutelante ni la carga laboral que el Despacho tiene a su cargo, atendiendo la realidad
del país, el incumplimiento de los términos procesales no puede ser imputable al
actuar de los funcionarios judiciales, por lo que la tardanza alegada por la actora no
puede conllevar per se la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
Así, y al no evidenciarse una dilación injustificada o indebida respecto al trámite
impartido por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho al que se ha hecho alusión, se negará el
amparo de los derechos fundamentales invocados por la tutelante, pues ordenar
que se resuelva su caso sin atender el orden que le corresponde podría implicar la
afectación de los turnos que tiene establecidos el despacho para fallar, y así el
derecho fundamental a la igualdad de aquellos usuarios que de manera previa al
actor acudieron a la administración de justicia.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00853-00
.
No obstante lo anterior, se advierte que ni el Tribunal Administrativo del Atlántico ni
su Secretaría General han registrado en Samai las peticiones que la accionante
envió el 28 de julio y 10 de septiembre de 2025, como se advierte a continuación:
Pese a que mediante auto de 25 de febrero de 2026, el despacho sustanciador
requirió al Tribunal Administrativo del Atlántico, así como a su Secretaría General,
para que indicaran: (i) a qué dependencia de ese tribunal pertenece el dominio de
los buzones electrónicos ventanillad01tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, y (ii) qué trámite que se le impartió a las
peticiones de 28 de julio y 10 de septiembre de 2025, radicadas por la actora en
esos correos; las autoridades accionadas guardaron silencio.
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Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00853-00
.
Sin embargo, al revisarse la página web20 de la Rama Judicial se pudo evidenciar
que los correos electrónicos ventanillad01tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, pertenecen respectivamente al dominio
del despacho de la magistrada Judith Inmaculada Romero Ibarra y a la Secretaría
General del Tribunal Administrativo del Atlántico:
Debe recordarse que de conformidad con el artículo 1. °21 del Acuerdo PCSJA23-
12068 de 16 de mayo de 202322 y la Circular PCSJC24-1 de 11 de enero 2024 del
Consejo Superior de la Judicatura, el uso de Samai es obligatorio en la jurisdicción
contencioso-administrativa desde el 22 de enero de 2024.
Por lo tanto, la Sala de Decisión considera importante exhortar al despacho de la
magistrada Judith Inmaculada Romero Ibarra y a la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Atlántico que, en lo sucesivo, registren en Samai todas las
peticiones y actuaciones realizadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 08001-33-33-010-2018-00224-02.
20 https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-del-atlantico/atencion-al-
usuario
21 «ARTÍCULO 1. Uso obligatorio y de transición del aplicativo SAMAI. Disponer el uso
obligatorio del aplicativo SAMAI, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como solución
de transición tecnológica hacia la consolidación de la arquitectura objetivo de referencia del sistema
integrado de gestión judicial, definida por el Consejo Superior de la Judicatura».
22 «Por el cual se dispone el uso obligatorio del aplicativo SAMAI en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, como solución de transición tecnológica dentro del Plan Estratégico de
Transformación Digital de la Rama Judicial».
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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00853-00
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la
señora Filomena Matilde Camargo Ulloa.
TERCERO: EXHORTAR al despacho de la magistrada Judith Inmaculada Romero
Ibarra y a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico que, en lo
sucesivo, registren en Samai todas las peticiones y actuaciones que se realicen en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
08001-33-33-010-2018-00224-02.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salvamento parcial de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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