RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00853-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00853-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00853-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-00853-01 Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00853-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00853-01
Demandante FILOMENA MATILDE CAMARGO ULLOA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Temas Acción de tutela. Mora judicial injustificada. Derechos fundamentales
de petición y a la igualdad. Carencia actual de objeto por hecho
superado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Filomena Matilde Camargo Ulloa
contra el fallo del 19 de marzo de 2026, proferido por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, que dispuso:
«SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Filomena
Matilde Camargo Ulloa».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de febrero de 20261, Filomena Matilde Camargo Ulloa presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A al considerar que no se ha
dado impulso procesal ni se ha emitido sentencia de segunda instancia en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-010-2018-00224-
00/02 en contra de la Fiscalía General de la Nación que actualmente cursa en ese
despacho, por lo que se vulneraban sus derechos fundamentales de petición y a la
igualdad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Le solicito al señor Juez muy respetuosamente se declare que el Tribunal Contencioso
Administrativo del Atlántico, me está vulnerando mí derecho fundamental de petición, derecho
a la igualdad y a la personalidad al no darle impulso procesal al proceso de Nulidad y
Restablecimiento del derecho.
Se tutele mi derecho fundamental de petición y otros.
Como consecuencia, se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico,
administrado por la Dra. JUDITH ROMERO IBARRA, que, dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo sobre el Impulso Procesal del
proceso, conforme a lo establecen en la normatividad y la jurisprudencia colombianas».

2. Hechos

Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La señora Filomena Matilde Camargo Ulloa en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la
Fiscalía General de la Nación radicada el 7 de diciembre de 2018, en la que

1
Escrito de tutela radicado a través del buzón de correo electrónico de tutelas en línea.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00853-01
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa

solicitó se extendiera el valor de la bonificación judicial establecida en el
Decreto 0382 de 2013 a efectos de ser tenida en cuenta en la liquidación de
las prestaciones que devengaba al ser un emolumento percibido de manera
periódica y habitual.

2.2. Correspondió conocer del asunto inicialmente al Juzgado Décimo
Administrativo de Barranquilla (proceso 08001-33-33-010-2018-00224-00/02),
autoridad judicial que por auto del 9 de agosto del 2018 se declaró impedida
para conocer del asunto y en consecuencia ordenó la remisión del caso al
Tribunal Administrativo del Atlántico para que definiera si el impedimento era
o no fundado.

2.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A en providencia del 18 de
octubre de 2018 aceptó el impedimento manifestado por los jueces del circuito
judicial de Barranquilla y en consecuencia se les separó del conocimiento.

2.4. Por lo anterior fue designado un conjuez ad hoc quien por auto del 29 de
noviembre de 2019 admitió la demanda y ordenó notificar a las partes.

2.5. El 29 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió remitir
el proceso al Juzgado 402 Transitorio Administrativo de Barranquilla para
continuar con el trámite.

2.6. El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA23-12034
del 17 de enero de 2023 creó unos cargos con carácter transitorio para
Tribunales y Juzgados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a
nivel nacional, razón por la que el Juzgado 403 Transitorio Administrativo de
Cartagena en providencia del 24 de mayo de 2023 avocó el conocimiento del
asunto, separó del conocimiento al Juzgado Décimo Administrativo de
Barranquilla y decretó pruebas de oficio.

2.7. Mediante auto del 20 de junio de 2023 el Juzgado 403 Transitorio
Administrativo de Cartagena declaró agotada la práctica de pruebas, incorporó
las pruebas documentales allegadas por la Fiscalía, prescindió de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento y ordenó correr traslado para alegar de
conclusión.

2.8. El 27 de julio de 2023 el mencionado juzgado emitió sentencia de primera
instancia en la que accedió a las pretensiones de la demanda.

2.9. La Fiscalía General de la Nación, en su calidad de parte demandada presentó
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Correspondió conocer en segunda instancia al Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección A que mediante auto del 30 de mayo de 2025 admitió el
mencionado recurso.

2.10. Sostuvo la accionante que el proceso quedó inactivo desde el 4 de junio de
2025 razón por la que radicó solicitudes de impulso procesal el 28 de julio y el
10 de septiembre de 2025 sin que existiera respuesta por parte del tribunal
accionado a la fecha de presentación de la presente acción de tutela.

3. Fundamentos de la acción

La accionante hizo referencia en los fundamentos de la acción de manera general
a los términos establecidos en la Ley Estatutaria 1755 de 2015 para resolver el
derecho de petición y, de su caso concreto, consideró que los administradores de

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00853-01
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa

la justicia tenían el deber de evitar la paralización del proceso y decidir las solicitudes
con agilidad, conforme a la Ley 1395 de 2010 (medidas de descongestión).

A su vez, sostuvo que conforme con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 1437
de 2011 el término para dictar providencias judiciales por fuera de audiencia era de
10 días para autos y 40 días para sentencias desde que el expediente pasaba al
despacho, buscando celeridad y orden procesal en la jurisdicción.

Finalmente sostuvo que al no darse respuesta por parte del tribunal accionado a las
peticiones presentadas el 28 de julio y el 10 de septiembre de 2025, se vulneraban
sus derechos fundamentales de petición y a la igualdad teniendo en cuenta que era
una persona de la tercera edad que merecía una pronta solución del proceso
administrativo.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 10 de febrero de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción
de tutela interpuesta por la señora Filomena Matilde Camargo Ulloa contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A (ii) ordenó la notificación de
las partes; (iii) como terceros con interés a la Fiscalía General de la Nación
(entidad que actuó como demandada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho) y (iii) al Juzgado Décimo Administrativo de
Barranquilla (autoridad judicial que conoció en primera instancia del proceso
ordinario).

4.2. Posteriormente mediante auto del 25 de febrero de 2026 el despacho ponente
de primera instancia ordenó vincular a la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Atlántico y a los Juzgados 403 y 404 Transitorios del Circuito
Judicial de Cartagena o a quien hubiese asumido el conocimiento en primera
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
además, requirió al Tribunal accionado para que rindiera el informe
correspondiente so pena de dar aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de
1991.

4.3. El 18 de marzo de 2026 el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó
estar impedido para conocer del asunto por lo que pidió ser separado del
conocimiento de este. En providencia del 19 de marzo de 2026 los demás
integrantes de la Sala de decisión de la Sección Quinta de esta Corporación
declararon infundado el impedimento presentado.

4.4. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de apoderada judicial se
pronunció e indicó que no existía relación de causalidad entre las actuaciones
llevadas a cabo por la entidad y las pretensiones de la tutela presentada por la
accionante, motivo por el que no tenía legitimación en la causa por pasiva y
en ese orden de ideas pidió ser desvinculada de la presente acción.

4.5. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, el Juzgado Décimo
Administrativo de Barranquilla y los Juzgados 403 y 404 Transitorios del
Circuito Judicial de Cartagena, no se pronunciaron en esta oportunidad pese
haber sido notificados de la presente acción de tutela.

5. Providencia impugnada

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00853-01
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 19 de marzo de 2026
negó las pretensiones de la acción de tutela2.

En primer lugar, sostuvo que las solicitudes del 28 de julio y 10 de septiembre de
2025 no constituían un derecho de petición sino que se trataba de memoriales de
impulso procesal, razón por la que el asunto debía ser analizado a la luz del derecho
fundamental al debido proceso y no de petición.

Hecha la anterior claridad, pasó a verificar el expediente digital y encontró que el 22
de mayo de 2025 el proceso ordinario ingresó al despacho de la magistrada Judith
Romero Ibarra quien admitió el recurso de apelación por auto del 30 de mayo de
2025.

Que posteriormente se hicieron los siguientes registros en el aplicativo SAMAI: «(i)
el 2 de marzo de 2026: «AUTO RECONFORMA LA SALA DE DECISIÓN», y (ii) el 18 de marzo de
2026 “Auto resuelve impedimento manifestado por las doctoras Carmen Rosa Lorduy González y
Lilia Yaneth Álvarez Quiroz”».

Por lo tanto, advirtió que en el presente caso no había una dilación injustificada, con
fundamento en que la última actuación registrada en SAMAI databa del 30 de mayo
de 2025 y que en ese sentido no se evidenciaba el trascurso de un término excesivo
o desproporcionado entre ese momento y la radicación de la presente acción
constitucional que permitiera establecer que se trataba de una mora judicial
injustificada.

Dijo que no advertía en el presente caso negligencia u omisión alguna en el ejercicio
de las funciones del Tribunal Administrativo del Atlántico y destacó que a pesar de
que la autoridad judicial accionada no señaló el turno en el que se encontraba el
proceso de la tutelante ni la carga laboral que el despacho tenía a su cargo,
atendiendo la realidad del país, el incumplimiento de los términos procesales no
podía ser imputable al actuar de los funcionarios judiciales por lo que la tardanza
alegada por la actora no podía conllevar per se la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Evidenció que consultado el aplicativo SAMAI no se advertían registradas las
solicitudes de impulso procesal a las que aludía la actora y que, verificados los
correos electrónicos a los que fueron enviadas estos en efecto correspondían tanto
al despacho ponente como a la secretaría del tribunal accionado, por lo que exhortó
al despacho de la magistrada Judith Romero Ibarra y a la secretaría general del
Tribunal Administrativo del Atlántico para que en lo sucesivo registraran todas las
peticiones que se realizaran en el medio de control en el que la accionante era parte
demandante.

6. Impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia. Manifestó su inconformidad
con lo resuelto por el juez de primera instancia, sostuvo que continuaba la
vulneración a sus derechos fundamentales y que no era responsable del desorden
al no haberse registrado sus solicitudes por parte del tribunal en el aplicativo SAMAI.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2
La decisión contó con un salvamento de voto por parte de la magistrada Gloria María Gómez Montoya quien se apartó de
las razones de la Sala mayoritaria, al considerar que para la fecha en que se adoptó la decisión las actuaciones no eran
visibles al no haberse firmado los proveídos de manera que eran decisiones que no conocía la accionante y además que
no se tenía certeza de su contenido y notificación. En todo caso sostuvo que el Tribunal no se pronunció y que no había
un plazo desproporcionado que configurara una mora judicial injustificada y, que el conteo debió hacerse desde la última
decisión notificada a la actora, esto es, desde el auto del 30 de mayo de 2025 por el que se admitió el recurso de apelación.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00853-01
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos corresponde a la Sala determinar si se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado en razón a que en el curso
de la tutela se expidió sentencia de segunda instancia en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-010-2018-00224-00/02 en el que
la señora Filomena Matilde Camargo Ulloa es parte demandante.

3. De la carencia actual de objeto por hecho superado

3.1. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones
de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los
particulares. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho
fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer
que cese.

En ocasiones la acción de tutela como mecanismo extraordinario y
excepcional de protección de derechos fundamentales pierde su razón de ser
ante el desaparecimiento o alteración de las circunstancias que dieron origen
al alegado escenario de vulneración ius fundamental, lo que hace que carezca
de sentido emitir alguna orden de amparo4. Este fenómeno ha sido
denominado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como carencia
actual de objeto, cuya ocurrencia se ha aceptado en tres eventos: hecho
superado5; daño consumado6 y situación sobreviniente7. Sobre esta
clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-494 de
1993, precisó lo siguiente:
«La doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra
el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos
que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se
ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una
“situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua

3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
4
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias SU-540 de 2007 (título 7mo), T-495 de 2010 (Subtítulo 2.3.), T-585 de 2010 (párrafos
4° a 6°) y T-236 de 2018 (párrafo 4°).
5
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y
T-021 de 2017.
6
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
7
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00853-01
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa

cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
(Subrayas fuera del texto)

3.2. En el caso particular, resulta necesario precisar el alcance de la carencia actual
de objeto por hecho superado. Esta figura se materializa en los casos en que,
en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la autoridad accionada adelantó las gestiones
necesarias para superar las acciones u omisiones que dieron lugar a la
interposición de la acción de tutela. Por sustracción de materia, se hace inocuo
cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de
los derechos. En estos eventos, le corresponde al juez de tutela constatar que
«(i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la
acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su
accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente.»8

Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante
la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de
los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así
como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial». De
allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las
pretensiones».

4. Análisis del caso

4.1. Se advierte que la señora Filomena Matilde Camargo Ulloa alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales de petición y a la igualdad debido
a que para el momento de interposición de la acción de tutela la autoridad
judicial accionada no evidenciaba actividad alguna en el proceso ordinario y
que pese a presentar dos solicitudes de impulso procesal el 28 de julio y el 10
de septiembre de 2025, no existía pronunciamiento por parte del tribunal en
segunda instancia.

4.2. El juez de tutela de primera instancia consideró que mediante auto del 30 de
mayo de 2025 el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada, además, que no se
evidenciaban en el expediente digital las solicitudes de impulso procesal
presentadas por la actora a las que aludía en la tutela, razón por la que, si
bien consideró que no existía una mora judicial injustificada, era pertinente
exhortar al despacho encargado de emitir la decisión de segunda instancia y
a la Secretaría General del tribunal para que incorporaran los documentos
allegados por las partes en el aplicativo SAMAI.

8
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, párrafo 41

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00853-01
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa

De acuerdo con la inconformidad planteada por la actora en los escritos de
tutela y de impugnación, es posible entender que su propósito principal radica
en que existiera un pronunciamiento en segunda instancia por parte del
tribunal accionado, al punto de cuestionar que no se habían resuelto sus
memoriales de impulso procesal en los que manifestó su necesidad de que el
proceso avanzara y, adicionalmente, en los fundamentos de la acción se refirió
al término con el que cuenta la autoridad judicial para proferir sentencia
conforme lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

4.3. De acuerdo con la revisión a las actuaciones que han sido registradas en el
aplicativo SAMAI, advierte la Sala que para la fecha en que fue resuelta la
acción de tutela en primera instancia, esto es, el 19 de marzo de 2026, no
existía un pronunciamiento por parte de la autoridad judicial accionada frente
a las solicitudes de impulso procesal así como tampoco se evidenciaba
sentencia de segunda instancia al interior del medio de control, sin embargo,
anunció la providencia que la decisión del 30 de mayo de 2025 por la que se
admitió en recurso de apelación (notificada por estado a las partes el 3 de junio de
2025, SAMAI índice 6 del proceso ordinario), no implicaba un plazo
desproporcionado teniendo presente la congestión judicial del país,
argumento que la Sala encuentra razonable por parte de la Sección Quinta de
esta Corporación.

4.4. Ahora bien, con el propósito de resolver el asunto en esta instancia, advierte
la Sala que revisado el proceso en el aplicativo SAMAI el Tribunal emitió
sentencia de segunda instancia el 24 de marzo de 20269, esto es, con
posterioridad a la sentencia de tutela de primera instancia, decisión que fue
notificada a las partes por correo electrónico el 23 de abril de 2026.

Así se desprende de la siguiente captura de pantalla frente a las actuaciones
registradas en el proceso ordinario en segunda instancia, veamos:

9
Actuación que se registró hasta el 22 de abril de 2024 como se evidencia en el aplicativo SAMAI, índice 15, pese a que
la sentencia tiene fecha del 24 de marzo de 2026.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00853-01
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa

4.5. En ese sentido, con la actuación que tuvo posteriormente el proceso se
concluye que se emitió sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal
Administrativo del Atlántico, por lo que lo pretendido por la señora Camargo
Ulloa en la acción de tutela y que reiteró en el escrito de impugnación ya fue
resuelto, de manera que la Sala considera que la acción de tutela carece de
objeto porque el hecho que originó su interposición dejó de existir en el curso
del presente trámite, por tanto carece de objeto emitir un pronunciamiento de
fondo en razón a que la solicitud de amparo perdió cualquier motivo que la
justifique.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00853-01
Demandante: Filomena Matilde Camargo Ulloa

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.