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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00854-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00854-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero Juan Camilo Morales Trujillo y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto. Segundo: NEGAR el amparo solicitado por el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado; conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. 7 Se radicó el 5 de febrero de 2026. 6 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00854-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas - Archivo Central. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00854-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00854-00
Accionante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe.
Accionado: Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Tema: Derecho de Petición. Ausencia de vulneración del derecho. NIEGA
AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Samuel Alejandro Ortiz
Mancipe, en nombre propio, en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

Pretende el actor la protección de su derecho fundamental de petición, que
considera vulnerado al no dársele respuesta a su solicitud radicada el 18 de julio de
2025 vía correo electrónico a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Narró el accionante que el 18 de julio de 2025 radicó en el correo
cescsc@notificacionesrj.gov.co de la Secretaría de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, derecho de petición solicitando información sobre «si
ésta Sala intervino o fue oída por el Gobierno Nacional durante el trámite del
proyecto de disposición administrativa que culminó con la expedición del Decreto
0799 de 2025, "Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho", en cumplimiento del

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00854-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
numeral 1.° del artículo 133 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA. - Archivo Central.

Que ese mismo día, la entidad acusó recibo a la petición presentada, sin embargo,
a la fecha de presentación de la acción de tutela la accionada no había emitido
respuesta a su solicitud.

PRETENSIONES

El accionante solicita que se tutele el derecho fundamental invocado y se oficie a la
Sala de Servicio Civil del Consejo de Estado, a fin de que emita la respuesta a la
petición lo más pronto posible.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida el 10 de febrero de 2026, se ordenaron las
notificaciones y el traslado correspondiente.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dio
respuesta a la acción de tutela en estos términos:

Expresó que mediante oficio Núm. INT-2025-3516 del 5 de agosto de 2025, la
Secretaría de esa Sala dio respuesta a la solicitud del actor, informándole que:

«una vez revisadas las bases de datos de la Secretaría de la Sala de
Consulta y Servicio Civil, no se encontró información ni concepto alguno
relacionado de manera específica con el «trámite del proyecto de
disposición administrativa que culminó con la expedición del Decreto
0799 de 2025.

No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, su
solicitud será remitida a la Relatoría del Consejo de Estado, a fin de que
se le dé alcance a la misma, si a ello hubiere lugar».

Que mediante oficio núm. INT-2025-3517 del 5 de agosto de 2025, remitió la
solicitud del actor a la Relatoría del Consejo de Estado, con el propósito de que se
le diera el trámite correspondiente de conformidad con lo previsto en el artículo 21
de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Afirmó que los oficios fueron remitidos al correo electrónico proporcionado por el
accionante y que adicionalmente verificó, que mediante comunicación del 13 de
agosto de 2025 la Relatoría de Consejo de Estado respondió al accionante que en

2

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
sus bases de datos no reposaba información relacionada con el «trámite - Archivo Central.
del
proyecto de disposición administrativa que culminó con la expedición del Decreto de
0799 de 20251».

Precisó que emitió respuesta oportuna y de fondo dentro del término legal, que fue
debidamente notificada, con constancia de entrega y, además, fue trasladada a la
dependencia competente, la cual igualmente dio respuesta.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) cuestión previa; II) generalidades de la acción de tutela; III)
derecho de petición; IV) análisis del caso concreto.

Cuestión previa

El doctor Juan Camilo Morales Trujillo considera estar incurso en la causal 4a del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, para decidir la tutela interpuesta por
el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe en contra de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, por la falta de respuesta a una petición que radicó el
18 de julio de 2025. Lo anterior, por cuanto el señor Ortiz Mancipe, ostenta la calidad
de demandante en el proceso de nulidad electoral contra su designación como
consejero de Estado2.

Acerca del tema de los impedimentos y recusaciones, ha expresado el profesor
Jaime Azula Camacho:

«[…] Se denominan impedimentos y recusaciones las circunstancias en las que
se encuentra el Juez en relación con las partes o el asunto objeto de la decisión
y que se considera, pueden afectar la imparcialidad requerida para cumplir con
su función e implican, por ello que se le separe del conocimiento de determinado
proceso».3

Las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de taxativas,
deben interpretarse de manera restrictiva y constituyen una excepción al
cumplimiento de la función jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas y
no pueden ampliarse discrecionalmente a criterio del juez o de las partes.

La Corte Constitucional ha especificado que el atributo de imparcialidad de los
funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende, el régimen de
impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de la

1 Expediente SAMAI Índice 9
2 Radicado. 11001-02-30-000-2025-00128-00.
3Manual de Derecho Procesal. Tomo I, Editorial. Temis Novena edición. 2.006, Pág. 181.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00854-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo 4
Constitución, en cuanto debe procurar la protección de tal garantía constitucional Central.
.

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, en relación con las causales de
impedimento para el conocimiento de las acciones de tutela, señala que son las
contempladas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, el cual dispone:

«[…] Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:

[…]

4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las
partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado
consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso»

En efecto, se observa que el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien, refiere
el doctor Juan Camilo Morales Trujillo, es demandante en la nulidad electoral que
se tramita en contra de su nombramiento como consejero de Estado, es accionante
en la presente tutela, circunstancia que implica que la decisión que se adopte en
esta acción constitucional afectará de manera directa sus intereses.

Bajo este entendido, la Sala dual encuentra configurada la causal invocada, pues el
señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, resulta ser contraparte del señor Consejero
Juan Camilo Morales, por lo que se declarará fundado el impedimento por ese
manifestado y se separará del conocimiento del asunto, en aras de salvaguardar los
principios de imparcialidad y transparencia.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:

4 Sentencia C-496 de 2016

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00854-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo- Archivo Central.
por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a
lo pedido»5.

En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada6

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe considera que la Secretaría
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado le vulnera su derecho
fundamental de petición, al no darle respuesta a su solicitud de información, acerca
de si esa Sala intervino o fue oída por el Gobierno Nacional durante el trámite del
proyecto de expedición del Decreto 0799 de 2025.

Pues bien, se allegó por parte de la accionada, copia del oficio fechado 5 de agosto
de 2025, con Núm. INT-2025-351, dirigido al correo electrónico aportado por el
señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, ortiz_2804@outlook.com, en el cual le
manifestó:

«Al respecto, me permito informarle que, una vez revisadas las bases

5
Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias
T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
6 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de

2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00854-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
de datos de la Secretaría de la Sala de Consulta y Servicio Civil, -no Archivo
se Central.
encontró información ni concepto alguno relacionado de manera
específica con el «trámite del proyecto de disposición administrativa
que culminó con la expedición del Decreto 0799 de 2025».

Aportó igualmente la autoridad señalada, el oficio núm. INT-2025-3517 del 5 de
agosto de 2025, por medio del cual remitió la solicitud del actor a la Relatoría del
Consejo de Estado, a fin de que diera alcance a la respuesta y constancia de envío
de los oficios a los correos electrónicos del accionante y de la relatoría, con fecha 5
de agosto de 2025.

Por su parte, la Relatoría del Consejo de Estado dio alcance a la respuesta el 13 de
agosto de 2025, mediante correo electrónico remitido al actor, en el cual le informó
que no reposaba información relacionada con su solicitud en la base de datos
institucional.

Los oficios aportados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
y la Relatoría de esta Corporación fueron claros al referirse a la petición que formuló
el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y manifestarle que no encontraron
información relacionada con el trámite del decreto mencionado; es decir, dieron
respuesta de fondo, clara y coherente al actor y lo notificaron debidamente al correo
electrónico aportado por él.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada, con
anterioridad a la presentación de la acción de tutela7, contestó la petición que el
actor realizó el 18 de julio de 2025, lo que significa que no vulneró el derecho de
petición.

En conclusión, al no encontrarse vulneración del derecho de petición por parte de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al señor Samuel Alejandro
Ortiz Mancipe se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero
Juan Camilo Morales Trujillo y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del
asunto.

Segundo: NEGAR el amparo solicitado por el señor Samuel Alejandro Ortiz
Mancipe en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado;
conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

7 Se radicó el 5 de febrero de 2026.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00854-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

7

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