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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00855-01

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00855-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela frente a Gregorio Manuel Santero Bacilio. TERCERO. AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de los demás demandantes. 35 Página 85 del archivo 01 de la carpeta 01 del expediente del proceso 70001-33-33-007-2015-00178-01. 14 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00855-01 Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros CUARTO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 30 de julio de 2025, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre en el proceso 70001-33- 33-007-2015-00178-01. QUINTO. ORDENAR a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre que: (i) Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, por intermedio de su Secretaría, oficie a todas las autoridades respecto de las cuales se decretaron medios de prueba documentales en la audiencia inicial. Si dichas autoridades no atienden los oficios correspondientes, deberá hacer uso de sus poderes correccionales para garantizar el recaudo completo de dichos medios de prueba. (ii) Dentro los mismos cinco (5) días, decrete oficiosamente los medios de prueba que considere útiles, pertinentes y conducentes para establecer (a) si Yulieth Paola y Yarley Patricia Santero Bacilio y Enalfi Esther y Luz Adi Santero Mendoza tenían la condición de desplazadas, y (b) si las autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo que derivó en la muerte Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio y en el desplazamiento forzado de los demandantes, o participaron en el homicidio de aquellos. Para ese decreto de pruebas, se deberá evaluar la procedencia de invertir la carga probatoria, de conformidad con las particularidades del caso. (iii) Dentro de los veinte (20) días siguientes al recaudo y práctica de todos los medios de prueba decretados, así como a la presentación de alegatos de conclusión conforme a las disposiciones procesales aplicables, profiera una nueva […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00855-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00855-01
Demandantes: CARMEN AMALFI SANTERO BACILIO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA PRIMERA DE
DECISIÓN, Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Tema: IMPROCEDENCIA PARCIAL DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – Falta de legitimación en la causa por activa de uno de los demandantes
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES CON OCASIÓN DE SENTENCIA
DE REPARACIÓN DIRECTA – Configuración de los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la que se negó la
solicitud de amparo constitucional de Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros1.

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará
improcedente la solicitud de amparo frente a Gregorio Manuel Santero Bacilio y se
ampararan los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al
debido proceso de los demás demandantes.

2. Gregorio Manuel Santero Bacilio no fue admitido como demandante en el proceso de
reparación directa y, por ende, no es titular de los derechos fundamentales
supuestamente vulnerados con la sentencia de segunda instancia de ese proceso, de
modo que carece de legitimación en la causa por activa.

3. La autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales de los demás
accionantes, en tanto incurrió en los defectos fáctico y de desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional, pues, aunque el caso involucraba víctimas del
conflicto armado, no decretó pruebas de oficio para establecer la condición de
desplazadas de varias demandantes ni para determinar si los daños alegados eran
atribuibles al Estado. Para definir esto último, tampoco estudió la procedencia de invertir
la carga probatoria. En consecuencia, desconoció las sentencias T-117 de 2022 y T-014
de 2025 de la Corte.

1 El expediente es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00855-01
Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros

II. ANTECEDENTES

Demanda

4. El 6 de febrero de 20262, Carmen Amalfi Santero Bacilio, Gregorio Manuel Santero
Bacilio y otros3 presentaron demanda de tutela contra la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, para
obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Estos
tres últimos, en su calidad de víctimas del conflicto armado.

Hechos relevantes4

5. El 12 de agosto de 2015, los aquí accionantes instauraron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional y
Armada Nacional, para que esta fuera declarada responsable de (i) su desplazamiento
forzado del corregimiento El Martillo, perteneciente al municipio de San Antonio de
Palmito, Sucre, ubicado en los Montes de María, así como de (ii) la muerte de Sergio
Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio.

6. Como sustento de esa pretensión, se expuso lo siguiente:

7. El 6 de junio de 1996, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia ingresaron
al mencionado corregimiento y asesinaron a Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero
Bacilio, tras acusarlos de ser simpatizantes de grupos guerrilleros y de líderes políticos
de izquierda. Como consecuencia, toda su familia se desplazó.

8. Domingo Manuel Santero Beltrán, padre de las dos personas asesinadas, rindió su
declaración sobre los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Sucre.
Esta determinó que era necesario adoptar medidas de protección; sin embargo, mientras
se estudiaba la procedencia de ellas, el señor Santero Beltrán fue asesinado.

9. Por lo anterior, Fredy Manuel y Nelly del Carmen Santero de la Rosa, también hijos
del señor Santero Beltrán, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Fiscalía General de la Nación, para que esta fuera declarada responsable de la muerte
de aquel. Mediante sentencia del 23 de octubre de 2017, el Juzgado Quinto
Administrativo de Montería accedió a tal pretensión.

10. La connivencia del Estado frente al actuar de las AUC en la región no solo fue un
hecho notorio, sino que fue confesada por Salvatore Mancuso Gómez. Además, las
autoridades tenían conocimiento de las amenazas contra las comunidades de la región
de los Montes de María, pues sus líderes las habían denunciado públicamente.

2 Índice 2 del expediente de primera instancia.
3 Hilda Rosa Bacilio Guevara; Tomasa, Oni Alberto, Yulieth Paola, Yarley Patricia y Engri Manuel Santero Bacilio;

Fredy Manuel y Nelly del Carmen Santero de la Rosa; Enalfi Esther y Luz Adi Santero Mendoza y Maribel Mendoza
Castillo.
4 Extraídos de la demanda de tutela y del expediente.

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Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros

11. De ese modo, se evidenciaba el nexo de causalidad entre la conducta de las
autoridades y los daños cuya reparación se reclamaba, así como la configuración de una
falla en el servicio.

12. Para probar todo lo anterior, se solicitó oficiar, entre otras autoridades, al batallón del
Ejército Nacional correspondiente al municipio de Malagana (Bolívar) y a la Fiscalía
General de la Nación para que aportaran, respectivamente, (i) un informe de las acciones
ejecutadas entre 1991 y 2005 contra las AUC, en San Antonio de Palmito y en sus
corregimientos, y (ii) una recopilación del material constitutivo de memoria histórica, un
informe sobre la conformación del bloque Héroes de los Montes de María de las AUC,
un informe de víctimas priorizadas y una copia de la declaración realizada el 25 y el 26
de noviembre de 2013 por Salvatore Mancuso Gómez ante el Tribunal Superior de
Barranquilla, Sala de Justicia y Paz.

13. El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo admitió la demanda descrita frente
a todos los aquí accionantes, a excepción de Gregorio Manuel Santero Bacilio, respecto
del cual no se aportó el poder requerido para tal efecto. Así, se originó el proceso 70001-
33-33-007-2015-00178-01.

14. En la audiencia inicial, tal autoridad judicial declaró su falta de competencia por el
factor territorial y remitió el asunto a los juzgados de Montería. Como consecuencia, el
proceso fue asignado al Juzgado Séptimo Administrativo de esa ciudad, que formuló un
conflicto negativo de competencia. Luego, por auto del 28 de mayo de 2018, el
exmagistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, entonces integrante de la Subsección
C de la Sección Tercera de esta corporación, declaró que el competente era el Juzgado
Séptimo Administrativo de Sincelejo.

15. Los documentos del batallón del Ejército Nacional correspondiente al municipio de
Malagana y de la Fiscalía General de la Nación fueron decretados en la reanudación de
la audiencia inicial, junto con otros medios de prueba. Sin embargo, ambas autoridades
hicieron caso omiso a los oficios que se les dirigieron para tal efecto.

16. En la audiencia de pruebas, celebrada el 24 de abril de 2019, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Sincelejo decidió prescindir de tales documentos y de otros medios
probatorios, porque la parte demandante no había mostrado interés en recaudarlos.

17. Por sentencia del 9 de octubre de 2019, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Sincelejo negó las pretensiones de los demandantes, con fundamento en lo siguiente:

18. Los certificados de defunción de Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio
fueron aportados tras la declaración de falta de competencia, es decir, por fuera de las
oportunidades probatorias establecidas en el Código de Procedimiento Civil, de modo
que no se probó su muerte. En consecuencia, tampoco se acreditó que esta hubiera
resultado de un delito de lesa humanidad en el que hubiera participado el Estado de
forma directa o indirecta, ni que hubiera causado el desplazamiento de los demandantes.

19. Los estudios técnicos sobre la calidad de víctimas de los actores, adelantados por
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —en

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Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros

adelante, Acción Social—, también fueron presentados luego de la declaración de falta
de competencia. Así, tampoco se probó el desplazamiento forzado.

20. Los demandantes apelaron la anterior decisión y, por sentencia del 30 de julio de
2025, notificada el 13 de agosto siguiente, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre la modificó, en el sentido de declarar la falta de legitimación en
la causa por activa de cuatro demandantes5 y negar las pretensiones de los demás. Ello
se sustentó en lo expuesto a continuación:

21. Todos los demandantes acreditaron su calidad de víctimas de desplazamiento
forzado, a excepción de Yulieth Paola y Yarley Patricia Santero Bacilio y Enalfi Esther y
Luz Adi Santero Mendoza, quienes, en consecuencia, carecían de legitimación en la
causa por activa.

22. Los certificados de defunción de Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio
y los documentos de Acción Social debían valorarse, pues, en casos de desplazamiento
forzado, ha de examinarse la admisión de medios probatorios que, aunque
extemporáneos, pueden ser relevantes para esclarecer los hechos y garantizar los
derechos de las víctimas. En ese sentido, la decisión del Juzgado Séptimo Administrativo
de Sincelejo implicó un exceso ritual manifiesto.

23. Dichos medios de prueba, junto con los demás obrantes en el expediente,
evidenciaron que Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio fueron asesinados
por miembros de las AUC el 5 de junio de 1996. Sin embargo, no permitían considerar
que ese hecho y el desplazamiento forzado hubieran resultado de una omisión de las
Fuerzas Armadas, pues no dieron cuenta de que estas hubieran participado en los
homicidios de las personas mencionadas o tenido conocimiento de alguna amenaza
contra ellas.

24. En el proceso de reparación directa promovido por Fredy Manuel y Nelly del Carmen
Santero de la Rosa, en cambio, se comprobó el incumplimiento del deber objetivo de
cuidado por parte de la Fiscalía de la Nación, pues Domingo Manuel Santero Beltrán
había denunciado reiteradamente las amenazas en su contra.

Pretensiones

25. Los accionantes solicitaron (i) dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda
instancia del proceso 70001-33-33-007-2015-00178-01 y (ii) ordenar a las autoridades
judiciales demandadas que, de acuerdo con los medios de prueba obrantes en el
expediente, declaren la responsabilidad «agravada» del Estado y lo condenen a
indemnizar los perjuicios respectivos, con inclusión de los derivados de la vulneración de
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Fundamentos

26. Los demandantes sostuvieron lo expuesto a continuación:

5 Yulieth Paola y Yarley Patricia Santero Bacilio y Enalfi Esther y Luz Adi Santero Mendoza.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00855-01
Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros

27. Se debía acceder a las pretensiones de reparación directa, pues, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado es
responsable de las graves violaciones de derechos humanos derivadas del
incumplimiento de sus deberes, lo cual sucedió en el caso concreto. Además, se probó
suficientemente que las autoridades demandadas no protegieron a las comunidades de
la región, pese a que sus líderes y la Gobernación de Bolívar lo habían reclamado y a
que el contexto de la zona imponía hacerlo.

28. El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo desconoció que se probaron idónea
y suficientemente la muerte de Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio y el
desplazamiento forzado.

29. El Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, de
desconocimiento del precedente y de violación directa de la Constitución, por lo
siguiente:

30. Ignoró la amplia evidencia de la connivencia del Estado frente al actuar de las AUC
en la región, que incluía la sentencia dictada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Bogotá en el proceso «52001-2333-0002012-0100(0602)-01». Igualmente,
obvió el contexto de violencia sistemática y generalizada de la zona.

31. Contravino la sentencia del 28 de agosto de 2014, dictada por esta corporación en el
proceso identificado con la radicación interna 32.988, en la cual se estableció la
obligación de aplicar los estándares fijados por la CIDH. Entre dichos estándares, se
encontraban los establecidos en los casos Masacre de Mapiripán, Masacres de Ituango
y 19 Comerciantes, todos contra Colombia.

32. Desconoció el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,
relativo a la garantía de recursos judiciales sencillos y rápidos para obtener protección
ante lesiones iusfundamentales causadas por agentes estatales.

33. Obvió implementar una flexibilización probatoria y, consecuentemente, admitir la
acreditación del nexo de causalidad con indicios y decretar pruebas oficiosamente para
tal efecto. Así, se apartó de la sentencia del 28 de agosto de 2014 ya mencionada y del
fallo del 20 de octubre de ese año, proferido por esta corporación en el proceso
identificado con la radicación interna 36.682 y según el cual, en casos de graves
violaciones de derechos humanos, «no se necesita la existencia de una efectiva, rigurosa
y tradicional relación causal entre la omisión y el resultado, sino demostrar la omisión de
la conducta debida».

34. Desconoció lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
254 de 2013, específicamente frente al desplazamiento forzado y las masacres
cometidas por las AUC. También se apartó del fallo del 31 de agosto de 2017, expedido
por esta corporación en el proceso identificado con la radicación interna 41.187, relativo
a la responsabilidad del Estado por omisión del deber de protección en casos que, pese
a la inexistencia de denuncias, la situación de riesgo es previsible.

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Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros

35. Ignoró que el caso se enmarcó en el conflicto armado interno, lo cual implicaba una
inversión de la carga de la prueba y la responsabilidad del Estado.

36. No consideró que la parte demandada en el proceso de reparación directa no probó
el retorno de los demandantes ni la ejecución de acciones encaminadas a proteger la
población de la vereda El Martillo o a evitar el desplazamiento de los actores y la masacre
de Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio. Tampoco tuvo en cuenta que las
autoridades tenían conocimiento de la presencia de las AUC en dicha vereda, como lo
demostró la sentencia dictada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Bogotá en el proceso «52001-2333-0002012-0100(0602)-01».

37. Incumplió la obligación de «desarrollar el trámite del proceso de una manera
diferencial».

38. Desconoció el derecho de las víctimas a ser reparadas, obvió los principios pro
homine, pro damnato, pro actione, de buena fe y de seguridad jurídica e ignoró «los
parámetros» fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los principios
establecidos por la ONU frente a los desplazamientos internos, el artículo 17 del
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, el artículo 3
común a estos y otros instrumentos de derechos internacional6.

Trámite en primera instancia e intervenciones

39. Por auto del 9 de febrero de 20267, el magistrado sustanciador en primera instancia
admitió la demanda y dispuso notificar esa decisión a la Nación, Ministerio de Defensa,
Armada Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional, en calidad de tercera con interés.

40. El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo8 solicitó negar la solicitud de
amparo constitucional o, en su defecto, declararlo improcedente. Al respecto, argumentó
lo siguiente:

41. Aunque su decisión fue modificada, se adoptó en ejercicio de la autonomía judicial y
con sustento en un estudio detallado de los medios de prueba y de los argumentos de
las partes. Además, se ajustó a la ley y a la jurisprudencia y se profirió en garantía del
debido proceso.

42. El asunto carece de relevancia constitucional, pues, además de que lo pretendido
por los accionantes es reabrir el debate surtido en el proceso de reparación directa, no
se evidencia a primera vista una actuación judicial arbitraria o ilegítima.

43. La Policía Nacional9 solicitó declarar improcedente la demanda de tutela, con
sustento en lo siguiente:

6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Convención Sobre los Derechos del Niño, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer y Convención Americana sobre Derechos Humanos.
7 Índice 4 del expediente de primera instancia.
8 Índice 8 del expediente de primera instancia.
9 Índice 9 del expediente de primera instancia.

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Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros

44. La sentencia de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre se
ajustó al precedente de esta corporación y ni esa autoridad judicial ni el Juzgado Séptimo
Administrativo de Sincelejo vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia de los accionantes.

45. Dicha sentencia no implica la posible configuración de un perjuicio irremediable.

46. El Ministerio de Defensa Nacional10 se opuso a la solicitud de amparo
constitucional, con fundamento en lo siguiente:

47. Las autoridades demandadas no vulneraron los derechos fundamentales de los
actores, pues no pretermitieron etapas ni omitieron decretar, practicar o valorar medios
de prueba. Tampoco desconocieron el precedente ni las disposiciones aplicables. De
hecho, sustentaron sus decisiones en valoraciones probatorias e interpretaciones
normativas razonables e integrales. Por consiguiente, no se configuró ninguna de las
causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

48. Los demandantes simplemente formularon discrepancias con la apreciación de
dichas autoridades. En consecuencia, utilizaron la acción de tutela para provocar una
instancia adicional y una sustitución del juez administrativo, por lo que no se satisface el
requisito de procedencia de relevancia constitucional del asunto.

49. Tampoco se satisface el requisito de subsidiariedad, pues no se demostró «la
inexistencia» de otros mecanismos de defensa judicial idóneos ni la configuración de un
perjuicio irremediable. Igualmente, se incumple el requisito de identificación clara de la
causa de la vulneración de derechos fundamentales alegada, pues no se justificó
técnicamente la materialización de ningún defecto.

50. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre guardó
silencio, pese a que se le notificó11 el auto admisorio de la demanda de tutela.

Sentencia impugnada

51. Mediante sentencia del 26 de febrero de 202612, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación negó la solicitud de amparo constitucional, con fundamento
en lo expuesto a continuación:

52. No se configuró un defecto fáctico, ya que el Tribunal Administrativo de Sucre efectuó
una valoración probatoria integral, en la cual reconoció expresamente los medios de
prueba que, según los demandantes, fueron ignorados. Además, no desconoció el
acervo probatorio ni lo apreció de forma arbitraria o irracional por no haber encontrado
acreditado el conocimiento de las amenazas contra los hermanos Santero Bacilio por
parte de las autoridades demandadas.

10 Índice 10 del expediente de primera instancia.
11 Índice 7 del expediente de primera instancia.
12 Índice 14 del expediente de primera instancia.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00855-01
Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros

53. Tampoco se configuró un defecto sustantivo, dado que el tribunal aplicó
«expresamente» el artículo 90 de la Constitución al exigir la acreditación del nexo de
causalidad entre el daño y la conducta de las autoridades.

54. Aparte, no hubo un desconocimiento del precedente, pues la autoridad judicial
demandada reconoció la condición de víctimas de los demandantes, de acuerdo con lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 254 de 2013.
Además, empleó una flexibilización probatoria en aplicación del principio pro damnato,
conforme a lo establecido por la misma corte en la sentencia de unificación 429 de 2024.
Ello, en tanto valoró integralmente los medios de prueba sin exigir estándares rígidos,
como lo hizo el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, al que, incluso, le reprochó
tal conducta.

55. Igualmente, atendió el precedente de esta corporación, pues, tras invocar las
sentencias del 25 de octubre de 1991 y del 3 de febrero de 2000, proferidas en los
procesos identificados con las radicaciones internas 6.680 y 14.787, explicó que al
Estado no puede exigírsele una capacidad absoluta de prevención.

56. Finalmente, observó el bloque de constitucionalidad, en tanto reconoció el carácter
de lesa humanidad de los delitos involucrados.

Impugnación

57. Los demandantes solicitaron revocar la anterior decisión. Para ello, reiteraron los
argumentos expuestos en la demanda de tutela e indicaron que la Subsección A de la
Sección Segunda de esta corporación, además de convalidar la falta de aplicación de
criterios flexibles en la valoración de los medios de prueba del nexo de causalidad,
desconoció pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional, como las sentencias
T-014 de 2025, T-202 de 2025, SU-439 de 2024, T-024 de 2024, SU-168 de 2023 y SU-
167 de 2023.

Trámite en segunda instancia

58. En sala del 8 de mayo de 2026, se derrotó el proyecto de sentencia presentado por
el magistrado José Roberto Sáchica Méndez, integrante de esta Subsección. En
consecuencia, por auto del 12 de mayo siguiente13, se dispuso la remisión del expediente
a la actual magistrada ponente, lo que se efectuó el día 15 de ese mes14.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

59. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, con los que concuerdan los artículos 13, 17 y 25 del

13 Índice 5 del expediente de segunda instancia.
14 Índice 10 del expediente de segunda instancia.

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Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros

Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el Reglamento Interno del Consejo de
Estado.

Cuestión previa

60. El mecanismo para cuestionar la sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo de
Sincelejo era el recurso de apelación, que ya fue agotado. En consecuencia, el análisis
de esta Subsección se circunscribirá a los reproches formulados contra el fallo del 30 de
julio de 2025, proferido por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Sucre.

Problemas jurídicos

61. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.

62. Para ello, establecerá si se cumplen los requisitos generales15 de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En caso afirmativo16, también definirá si
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en los defectos
alegados al modificar la decisión del Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, en el
sentido de declarar la falta de legitimación en la causa de algunos de los aquí
demandantes y negar las pretensiones de los demás, por falta de prueba del nexo de
causalidad entre el daño y la conducta del Estado.

Cumplimiento de requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales

63. La solicitud de amparo cumple el requisito de legitimación en la causa por activa,
excepto en relación con Gregorio Manuel Santero Bacilio, quien ni siquiera fue admitido
como demandante en el proceso de reparación directa17 y, por ende, no es titular de los
derechos fundamentales supuestamente vulnerados con la sentencia de segunda
instancia de ese proceso. En consecuencia, la solicitud de amparo será declarada
improcedente frente a dicho accionante.

15 En la sentencia de unificación 215 de 2022, la Corte Constitucional indicó que tales requisitos son (i) legitimación

en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad; (iv) relevancia constitucional del asunto; (v) identificación clara,
detallada y comprensible de los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales invocados y que, si fue
posible, debieron manifestarse en el proceso correspondiente; (vi) carácter determinante de la irregularidad procesal
alegada, si es el caso, y (vii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela ni un fallo mediante el cual
la Corte Constitucional o el Consejo de Estado hayan resuelto, respectivamente, una demanda de inconstitucionalidad
o de nulidad por inconstitucionalidad. Además, en la sentencia de unificación 388 de 2023, dicha corte estableció que
la acción de tutela no es procedente para controvertir sentencias interpretativas de la Sección de Apelación del Tribunal
para la Paz de la JEP, expedidas «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha
Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto».
16 En la misma sentencia de unificación 215 de 2022, en reiteración de lo dispuesto en las sentencias C-590 de 2005

y SU-026 de 2021, la Corte Constitucional explicó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales está sometida al cumplimiento de los requisitos generales y de las causales específicas dispuestos para
el efecto. Además, señaló que los primeros son «presupuestos cuyo completo cumplimiento es una condición
indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto (énfasis añadido)».
17 Ver auto admisorio de la demanda de reparación directa (archivo 08 de la carpeta 01 del expediente del proceso

70001-33-33-007-2015-00178-01, almacenado en OneDrive y visualizable a través del enlace de acceso señalado en
el archivo «9RECIBEPRUEBAS_MemorialesSecGeneral» del índice 8 del expediente de primera instancia del
presente trámite).

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64. Los demás actores, en cambio, sí fungieron como demandantes en el proceso de
reparación directa y, consecuentemente, son titulares de los derechos fundamentales
cuya protección se reclama. Así, gozan de legitimación en la causa por activa.

65. El tribunal demandado, por su parte, posee legitimación en la causa por pasiva,
pues a su sentencia se atribuye la vulneración de derechos fundamentales alegada, de
modo que, si se comprueba, debe responder por ella.

66. Por otro lado, se satisface el requisito de inmediatez, en tanto la acción de tutela se
ejerció en un término razonable, pues la demanda respectiva se presentó el 6 de febrero
del presente año y la sentencia cuestionada se profirió el 30 de julio de 2025 18 y se
notificó el 13 de agosto siguiente19.

67. Igualmente, se cumple el requisito de subsidiariedad, ya que se agotó el mecanismo
de defensa judicial ordinario procedente, es decir, la apelación, y los reproches de la
demandante no corresponden a ninguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión.

68. Además, se satisface el requisito de relevancia constitucional del asunto20, pues,
de entrada, la fundamentación de la sentencia cuestionada permite advertir una
vulneración de derechos fundamentales derivada de la falta de aplicación de las reglas
probatorias que la Corte Constitucional ha fijado en casos que involucren graves
violaciones de derechos humanos. Así, no puede considerarse que lo pretendido sea
simplemente acceder a una instancia adicional o formular discusiones netamente
económicas o de legalidad.

69. Finalmente, se identificó claramente la causa de la lesión de derechos fundamentales
alegada, no se planteó una irregularidad procesal en estricto sentido y la sentencia
cuestionada no fue proferida por la Corte Constitucional, ni es de aquellas dictadas por
la JEP y el Consejo de Estado respecto de las cuales no procede la acción de tutela.

Configuración de defectos o causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales

70. Según los accionantes e impugnantes, el juez de tutela de primera instancia obvió,
entre otras providencias, la sentencia T-014 de 2025 de la Corte Constitucional y el
Tribunal Administrativo de Sucre, además de incurrir en otros errores, ignoró el contexto
de violencia sistemática y generalizada de la región de los Montes de María y no

18 Archivo 048 de la carpeta 02 del expediente del proceso 70001-33-33-007-2015-00178-01.
19 Archivo 049 de la carpeta 02 del expediente del proceso 70001-33-33-007-2015-00178-01.
20 Sobre dicho requisito, la Corte Constitucional (sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022 y

sentencia T-131 de 2021) ha explicado que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional de los
procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la
apreciación propia de los jueces naturales. Además, ha advertido que es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de las especialidades de
cada jurisdicción. En concordancia con ello, en sentencia del 5 de agosto de 2014 (proceso 11001-03-15-000-2012-
02201-01), la Sala Plena de esta corporación indicó que, para considerar acreditado el requisito de relevancia
constitucional, se requiere que el actor cumpla una carga argumentativa mínima, es decir, que explique
suficientemente la vulneración de derechos fundamentales alegada, y que la solicitud de amparo no se erija en una
instancia adicional del proceso en el que se profiera la providencia cuestionada.

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implementó una flexibilización probatoria, pues no acudió a indicios ni decretó pruebas
oficiosamente para la acreditación del nexo de causalidad.

71. En primer lugar, se advierte que el antecedente de la mencionada sentencia es la T-
117 de 202221, también de la Corte Constitucional, por la cual se dejó sin efectos un fallo
en el que se negaron las pretensiones de reparación directa de habitantes de un
municipio ubicado en los Montes de María22, con fundamento en la falta de prueba de su
condición de desplazados.

72. En esa oportunidad, la Corte explicó que la situación de vulnerabilidad de las víctimas
del conflicto armado hace que, en ocasiones, no puedan aportar medios de prueba
suficientes para acreditar las afectaciones sufridas. Por consiguiente, en garantía de los
derechos de aquellas y en cumplimiento del deber estatal de juzgar y sancionar
conductas que atentan gravemente contra los derechos humanos, el juez administrativo
debe decretar oficiosamente los medios probatorios necesarios para «arribar a la
verdad histórica» y garantizar la justicia material.

73. También indicó que, de acuerdo con lo establecido por la Sección Tercera de esta
corporación en sentencia del 28 de agosto de 2014 23 , el juez administrativo ha de
flexibilizar la valoración de los medios de prueba en casos de graves violaciones de
derechos humanos, generalmente ocurridas en contextos de impunidad, que sitúan a las
víctimas en una situación de debilidad manifiesta y, consecuentemente, en la
imposibilidad de demostrar la violencia sufrida.

74. Finalmente, determinó que la autoridad judicial allí demandada incurrió en un defecto
fáctico, en tanto descartó la condición de desplazados de los actores únicamente con
sustento en la desestimación de uno de los medios de prueba aportados para acreditar
tal condición. Así, dicha autoridad estableció una tarifa probatoria y desconoció que la
calidad de víctima del conflicto armado puede demostrarse con distintos medios, incluido
el «razonamiento indiciario». Además, prescindió de la posibilidad de decretar
pruebas oficiosamente para esclarecer la ya mencionada condición.

75. En la sentencia T-014 de 2025, la Corte Constitucional dejó sin efectos el fallo dictado
en cumplimiento de la sentencia T-117 de 2022, en el que se negaron las pretensiones
de reparación directa de los actores por falta de prueba del conocimiento previo de su
situación de vulnerabilidad por parte de las autoridades demandadas.

76. En esta última sentencia, la Corte reiteró el deber del juez administrativo de hacer
uso de sus facultades oficiosas y de flexibilizar la valoración probatoria en casos que
involucren víctimas del conflicto armado. Añadió que, en tales casos, también es
necesario invertir la carga de la prueba y privilegiar medios probatorios indirectos
o indiciarios.

21 En esa sentencia, se concedió una solicitud de amparo encaminada a cuestionar un fallo de reemplazo resultante

de la presentación de una primera demanda de tutela. Como consecuencia, se profirió un segundo fallo de reemplazo,
que fue controvertido en la solicitud de amparo resuelta en la sentencia T-014 de 2025.
22 San Jacinto, Bolívar.
23 Proceso identificado con la radicación interna 32.988.

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77. Para establecer lo anterior, la Corte tuvo en cuenta la mencionada sentencia del 28
de agosto de 2014, así como lo dispuesto por la Corte IDH en el caso Masacre de
Mapiripán contra Colombia24. Igualmente, consideró que la situación de vulnerabilidad
de las víctimas del conflicto armado implica una condición de desigualdad procesal con
respecto a las autoridades demandadas e, incluso, frente a los demandantes que no han
sufrido graves violaciones de derechos humanos25.

78. Por otro lado, la Corte se refirió al contexto de violencia de la región de los Montes
de María, conformada, entre otros municipios 26 , por San Antonio de Palmito.
Concretamente, expuso que, según el informe final de la Comisión de Esclarecimiento
de la Verdad, los grupos paramilitares comenzaron a expandirse en dicha región a partir
de 1996, lo que causó una ola de desplazamiento forzado, causada por la gravísima
situación de violencia contra la población civil. En este contexto, tales grupos asesinaron
poblaciones tildadas de ser colaboradoras de la guerrilla.

79. En línea con lo anterior, estableció que el estudio de la responsabilidad del Estado
por incumplimiento del deber de protección, que incluye la prevención del
desplazamiento forzado, debe abarcar un análisis del contexto de los hechos.

80. Finalmente, determinó que la autoridad judicial allí demandada incurrió en un defecto
fáctico, entre otras razones, porque no decretó oficiosamente los medios probatorios
necesarios para esclarecer si los demandantes habían informado a las autoridades
sobre su situación y prescindió de la posibilidad de invertir la carga de la prueba,
de modo que la parte demandada aportara los elementos de convicción requeridos para
dilucidar si se tenía conocimiento del riesgo en el que se encontraba la población del
municipio involucrado, ubicado en los Montes de María.

81. Expuesto lo anterior, la Sala resalta que, evidentemente, las sentencias T-117 de
2022 y T-014 de 2025 constituían precedente27 para la resolución del caso de los aquí
accionantes, pues en ellas se resolvieron problemas basados en hechos sumamente
similares a los de este: desplazamientos forzados generados en el contexto de violencia
paramilitar en los Montes de María.

82. Ahora, en la sentencia del 30 de julio de 2025, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre declaró la falta de legitimación en la causa por activa
de Yulieth Paola y Yarley Patricia Santero Bacilio y Enalfi Esther y Luz Adi Santero
Mendoza, con fundamento en que, a diferencia de los demás demandantes, no aportaron
un documento que evidenciara su condición de desplazadas.

24 Concretamente, tuvo en cuenta la siguiente regla: «(…) en casos de violaciones a derechos humanos[,] es el Estado

quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: ‘a diferencia del derecho penal interno en los
procesos sobre violaciones de derechos humanos[,] la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad
del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos
ocurridos dentro de su territorio».
25 Sobre el particular, la Corte advirtió que las víctimas del conflicto armado, «por el hecho de serlo, enfrentan, en el

contexto de violación de sus derechos, situaciones de riesgo que en la mayoría de las ocasiones les impiden
considerar o tener presente la necesidad de recaudar elementos probatorios, con miras a lograr una
indemnización por el agravio enfrentado (énfasis añadido)».
26 Ver pie de página 146 de la sentencia T-014 de 2025.
27 En la sentencia de unificación 380 de 2021, la Corte Constitucional explicó que una providencia constituye

precedente si «contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto
de vista jurídicamente relevante».

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83. Al respecto, se advierte que el expediente del proceso de reparación directa contiene
medios de prueba relativos al parentesco entre esas cuatro demandantes y otros actores
que acreditaron su condición de desplazados28. Así, el tribunal contaba con elementos
de juicio para sospechar que aquellas también habían sufrido desplazamiento forzado.

84. Lo anterior, aunado a que el asunto claramente involucraba víctimas del conflicto
armado, imponía al tribunal la obligación de decretar pruebas de oficio para establecer
si Yulieth Paola y Yarley Patricia Santero Bacilio y Enalfi Esther y Luz Adi Santero
Mendoza tenían la condición de desplazadas. Sin embargo, no lo hizo, motivo por el cual
incurrió en un defecto fáctico29 y en un desconocimiento del precedente30 contenido
en las sentencias T-117 de 2022 y T-014 de 2015.

85. Por otro lado, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre negó
las pretensiones de los demás demandantes, con sustento en que no se acreditó que la
muerte de Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio y el desplazamiento
forzado hubieran resultado de una omisión de las Fuerzas Armadas, pues no se probó
que estas hubieran participado en los homicidios de aquellos o tenido conocimiento de
alguna amenaza en su contra.

86. Sobre el particular, es importante indicar que en el expediente de reparación directa
obra los siguientes medios de prueba:

(i) Certificaciones suscritas por un técnico investigador Dirección de Justicia
Transicional de la Fiscalía General de la Nación, Sede Sincelejo, según las cuales
los homicidios de Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio fueron
atribuidos al bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia31.

(ii) La resolución de acusación de tres sindicados por dichos homicidios, en la que se
mencionó una declaración según la cual uno de los autores fue visto patrullando la
zona «en compañía del Ejército»32.

(iii) La resolución de acusación de otro de los sindicados por los homicidios de Sergio
Manuel y Dagoberto Artemo Santero Bacilio, en la que se señaló una declaración
según la cual el grupo de paramilitares al que pertenecían los autores de esos
delitos recibía colaboración de militares y coordinaba sus labores con la
Policía33.

(iv) La resolución de acusación de otro de los sindicados por dichos homicidios, en la
cual se mencionó un informe del Cuerpo Técnico de Investigación. Según este, el
móvil probable de esos delitos fue la supuesta participación de los hermanos
Santero Bacilio en secuestros, hurto y abigeato, lo que constituía información
aparentemente manejada por un agente de la Seccional de Investigación Criminal
(SIJIN)34.

28 Ver páginas 77, 78, 94 y 96 del archivo 01 de la carpeta 01 del expediente del proceso 70001-33-33-007-2015-

00178-01, almacenado en OneDrive y visualizable a través del enlace de acceso señalado en el archivo
«9RECIBEPRUEBAS_MemorialesSecGeneral» del índice 8 del expediente de primera instancia del presente trámite.
29 En la sentencia de unificación 380 de 2021, la Corte Constitucional explicó que dicho defecto se configura, entre

otros escenarios, cuando no se decretan pruebas de oficio en los eventos en los que ello es legal y
constitucionalmente obligatorio.
30 En la sentencia de unificación 304 de 2024, la Corte Constitucional estableció que ese defecto se configura cuando

se viola la razón de la decisión contenida en una providencia judicial que constituya precedente.
31 Páginas 95 a 97 del archivo 04 de la carpeta 03 del expediente del proceso 70001-33-33-007-2015-00178-01.
32 Página 195 del archivo 02 de la carpeta 03 del expediente del proceso 70001-33-33-007-2015-00178-01.
33 Página 226 del archivo 02 de la carpeta 03 del expediente del proceso 70001-33-33-007-2015-00178-01.
34 Página 23 del archivo 03 de la carpeta 03 del expediente del proceso 70001-33-33-007-2015-00178-01.

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87. De ese modo, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre
también contaba con elementos de juicio para sospechar de la posible participación de
las autoridades en los hechos.

88. Lo anterior, sumado a que el caso involucraba víctimas del conflicto armado, como
ya se indicó, imponía al tribunal la obligación de decretar pruebas de oficio y de analizar
la procedencia de la inversión de la carga de probatoria para determinar si los daños
alegados por los demandantes eran atribuibles al Estado. Empero, ello no sucedió, por
lo que, una vez más, se configuraron los defectos fáctico y de desconocimiento del
precedente contenido en las sentencias T-117 de 2022 y T-014 de 2025.

89. Finalmente, la autoridad judicial demandada también incurrió en un defecto fáctico
porque adoptó su decisión sin que se hubieran recaudado medios de prueba útiles para
establecer si se configuró la responsabilidad del Estado por omisión del deber de
protección: los documentos por los cuales se ofició al batallón del Ejército Nacional
correspondiente al municipio de Malagana (Bolívar) y a la Fiscalía General de la Nación,
relativos, respectivamente, (i) a las acciones ejecutadas entre 1991 y 2005 contra las
AUC, en San Antonio de Palmito y en sus corregimientos, y (ii) una copia de la
declaración realizada el 25 y el 26 de noviembre de 2013 por Salvatore Mancuso Gómez
ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz.

90. Esa copia resultaba importante, toda vez que, de acuerdo con una nota de prensa
aportada con la demanda de reparación directa35, Mancuso Gómez reconoció su
responsabilidad por los homicidios de Sergio Manuel y Dagoberto Artemo Santero
Bacilio. Así, su declaración podía aportar información para dilucidar las circunstancias en
las que se cometieron esos delitos y, consecuentemente, si hubo alguna participación de
agentes del Estado.

91. Por todo lo expuesto, se vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de los demandantes, por lo que se revocará
el fallo de tutela de primera instancia. En su lugar, se concederá el amparo constitucional
solicitado y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 30 de julio de 2025
y se impartirán varias órdenes a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Sucre para que corrija los defectos hallados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela frente a Gregorio
Manuel Santero Bacilio.

TERCERO. AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso de los demás demandantes.

35 Página 85 del archivo 01 de la carpeta 01 del expediente del proceso 70001-33-33-007-2015-00178-01.

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CUARTO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 30 de julio de 2025, proferida por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre en el proceso 70001-33-
33-007-2015-00178-01.

QUINTO. ORDENAR a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre
que:

(i) Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, por
intermedio de su Secretaría, oficie a todas las autoridades respecto de las cuales
se decretaron medios de prueba documentales en la audiencia inicial. Si dichas
autoridades no atienden los oficios correspondientes, deberá hacer uso de sus
poderes correccionales para garantizar el recaudo completo de dichos medios de
prueba.

(ii) Dentro los mismos cinco (5) días, decrete oficiosamente los medios de prueba
que considere útiles, pertinentes y conducentes para establecer (a) si Yulieth Paola
y Yarley Patricia Santero Bacilio y Enalfi Esther y Luz Adi Santero Mendoza tenían
la condición de desplazadas, y (b) si las autoridades tenían conocimiento de la
situación de riesgo que derivó en la muerte Sergio Manuel y Dagoberto Artemo
Santero Bacilio y en el desplazamiento forzado de los demandantes, o participaron
en el homicidio de aquellos. Para ese decreto de pruebas, se deberá evaluar la
procedencia de invertir la carga probatoria, de conformidad con las particularidades
del caso.

(iii) Dentro de los veinte (20) días siguientes al recaudo y práctica de todos los medios
de prueba decretados, así como a la presentación de alegatos de conclusión
conforme a las disposiciones procesales aplicables, profiera una nueva
sentencia, en la que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en
la sentencia T-014 de 2025, analice el contexto de violencia paramilitar en la región
de los Montes de María y flexibilice la valoración probatoria para determinar si se
configuró la responsabilidad del Estado.

SEXTO. NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

SÉPTIMO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF

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Demandantes: Carmen Amalfi Santero Bacilio y otros

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

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