Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00856-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00856-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00856-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00856-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de pérdida de investidura / CONFIRMA DECLARATORIA
DE IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia
constitucional
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026, por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 5 de febrero de 2026, los señores Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer
Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrade
Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta, mediante apoderada judicial, presentaron
acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia, y a elegir y ser elegidos.
2.
Solicitaron dejar sin efectos la sentencia del 31 de julio de 20251, emitida dentro
del proceso de pérdida de investidura 2 que promovió la señora Nayibe Quejada
Bejarano en su contra, por la presunta violación del régimen de conflicto de intereses
previsto en el artículo 11 -numerales 4 y 14- de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
3.
En la referida providencia, la autoridad judicial accionada confirmó la decisión de
primera instancia que declaró la pérdida de investidura de los demandantes como
1 Notificada el 8 de agosto de 2025.
2 Radicado: 27001-23-33-000-2024-00031-00/01
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
concejales del municipio de Lloró – Chocó, al considerar que incurrieron, a título de
dolo, en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994. Lo
anterior, porque participaron en el proceso de elección del personero municipal para
el periodo 2024-2028, en el cual resultó designado el señor Elvin Rentería Álvarez,
con quien integraron la lista de elegibles al Concejo Municipal para los periodos
2016-2019 y 2020-2023, por el Partido Liberal. Ello, pese a que habían sido
recusados previamente por dicha circunstancia y no dieron trámite a las solicitudes
correspondientes, lo que configuró el conflicto de intereses previsto en el numeral 14
del artículo 11 del CPACA.
4.
Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que la autoridad
accionada incurrió en defecto sustantivo, por desconocimiento de los principios de
legalidad y taxatividad que rigen el proceso de pérdida de investidura, al equiparar
indebidamente las reglas sobre impedimentos y recusaciones previstas en el CPACA
-de naturaleza garantista y preventiva en las actuaciones administrativas-, así como
conceptos abiertos como el “interés moral”, con una causal de pérdida de investidura,
con lo cual creó una tipicidad sancionatoria por vía interpretativa.
5.
Indicó que dicha interpretación desconoció el carácter de “derecho estricto” de la
acción de pérdida de investidura, reconocido por el propio Consejo de Estado,
conforme al cual se excluyen las extensiones analógicas in malam partem y se exige
una tipicidad cerrada respecto de las causales invocadas. Por ello, afirmó que ni el
impedimento previsto en el artículo 11 del CPACA, ni el “interés moral” cumplían el
estándar legal necesario para fundamentar la sanción impuesta.
6.
También se configuró defecto fáctico, por haber valorado indebidamente el
material probatorio y declarar la pérdida de investidura a partir de inferencias que no
se desprendían del acervo probatorio. Afirmó que la Sección Primera omitió valorar
pruebas que daban cuenta de que la elección del personero municipal no obedeció
a la voluntad de los accionantes, sino a quien obtuvo el mayor puntaje global en el
respectivo concurso de méritos, en particular, la Resolución 007 del 11 de enero de
2024 y el Acta 07 del 12 de enero siguiente.
7.
Asimismo, señaló que se sobredimensionó la incidencia de la entrevista dentro del
concurso, puesto que correspondía únicamente al 10% de la calificación total y no
se demostró que hubiera alterado posiciones en el orden elegibilidad, ni beneficiado
a algún candidato. Incluso, estaba probado que, en dicha etapa del concurso de
méritos, el señor Elvin Rentería no obtuvo el puntaje más alto, sino otra aspirante.
8.
De otro lado, cuestionó que no se hubieran confrontado los elementos que
descartaban la existencia de un interés directo o provecho personal de los
concejales, pues se sustentó la configuración de un conflicto de intereses en la sola
existencia de antecedentes políticos y en la participación conjunta (previamente) en
listas de elegibles, sin que se hubiera acreditado un beneficio personal, inmediato y
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
particular, ni el nexo causal entre la conducta atribuida y el resultado final del
concurso de méritos.
9.
Seguidamente, refirió que se incurrió en una lectura sesgada de la recusación
presentada el 2 de enero de 2024, y de que una de las concursantes recordara darle
el debido trámite en audiencia del 6 de enero siguiente, porque se infirió de ello el
conocimiento de los concejales de la causal de conflicto de intereses invocada en su
contra, sin confrontar la respuesta formal dada el 5 de enero del mismo año, en la
que se alegaron como razones exculpatorias o que desvirtuaban el presunto interés
directo en la elección del personero, entre otras que: (i) las pruebas escritas y
comportamentales, junto con el análisis de las hojas de vida de los concursantes,
fueron adelantadas por la Federación Nacional de Concejales, ajena a los recusados;
y, (iii) la condición de coequipero en listas de elección pretéritas, no probaba por sí
sola, un interés particular y actual.
10.
También sostuvo que se subvaloró las garantías de transparencia y trazabilidad
del trámite de entrevista, pues en el expediente constaba que la respectiva sesión
incluyó asesoría técnica sobre cómputos y porcentajes, verificación de formatos,
lectura de la resolución que fijó las directrices y grabación en audio y video bajo
custodia de la Secretaría del Concejo, elementos que consideró, permitían ejercer
control posterior sobre la regularidad de la actuación.
11.
Con todo, manifestó que se reemplazó la acreditación del nexo causal entre la
conducta atribuida y el resultado final del concurso, por inferencias derivadas de
antecedentes políticos o morales, pese a que no se demostró que la participación de
los concejales hubiese tenido incidencia concreta y verificable en la calificación y
posterior elección del personero municipal.
12.
Por último, se alegó la existencia de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto porque la Sección Primera del Consejo de Estado sustentó la pérdida de
investidura en la supuesta omisión en el trámite de las recusaciones, en
desconocimiento de que en el expediente constaba prueba de que sí se adelantó el
respectivo procedimiento.
13.
Explicó que, incluso si se consideraba que la elección del personero estaba
sometida al régimen general del CPACA, el trámite de recusación exigía la
manifestación del servidor involucrado, una respuesta motivada, la remisión a la
autoridad competente y la suspensión únicamente de las actuaciones que no
pudieran continuar sin resolver la imparcialidad. En ese sentido, afirmó que en el
proceso se acreditó el cumplimiento de dichas exigencias, pues se allegó la
respuesta a la recusación efectuada por los concejales con fecha del 5 de enero de
2024, en la que negaron encontrarse incursos en causal de impedimento y explicaron
la inexistencia de un interés directo; además, se probó que la actuación fue remitida
a la Procuraduría Regional y que durante la sesión del 6 de enero siguiente, se dejó
constancia de la existencia de la solicitud y de su contestación.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
14.
Señaló que la providencia cuestionada omitió analizar debidamente esas pruebas
y lo reemplazó por la afirmación genérica según la cual los concejales continuaron
con la entrevista sin tramitar la recusación, con que se confundió una eventual
discusión sobre el procedimiento de impedimentos y recusaciones, con la
configuración de una causal sustancial de pérdida de investidura.
15.
Agregó que la supuesta omisión del trámite no permitía, por sí sola, tener por
acreditado el conflicto de intereses, pues el procedimiento de impedimentos y
recusaciones no sustituía la demostración de un interés directo, personal y actual.
Por ello, cuestionó que la sentencia infiriera la causal a partir de la existencia de la
recusación y de antecedentes políticos previos, sin atender las razones expuestas
por los concejales para descartar dicho interés.
16.
Asimismo, sostuvo que la sola presentación de una recusación no implicaba la
paralización automática del concurso de méritos, particularmente respecto de
actuaciones regladas y objetivas. En esa medida, la continuidad del procedimiento
no demostraba una afectación a la imparcialidad ni tenía incidencia real en el
resultado, dado que la designación respondió al mayor puntaje global obtenido.
17.
Concluyó alegando que este defecto también tuvo como causa el rechazo de la
prueba documental, pedida oportunamente en sede de apelación, consistente en un
concepto jurídico suscrito por un profesional del derecho ante los concejales, al
momento de pronunciarse sobre las recusaciones. Documento que permitía
descartar el actuar doloso.
B. Sentencia de primera instancia
18.
Mediante sentencia del 14 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional. Señaló que los reproches formulados por los
accionantes pretendían reabrir el debate decidido en el proceso ordinario.
19.
Sobre el particular, indicó que la autoridad judicial accionada identificó y resolvió
dichos cuestionamientos, al concluir que la imparcialidad de los concejales se
comprometió con la existencia objetiva de la causal, sin que fuera necesaria la
demostración de un beneficio concreto, sumado a que el conflicto de intereses podía
comprender un interés moral asociado a la moralidad administrativa y al correcto
ejercicio de la función pública, por lo que, podía entenderse que los demandados
actuaron con dolo, en particular, al participar en la entrevista de los aspirantes y en
su posterior calificación, ya que conocían las circunstancias en las que se sustentó
su posible impedimento.
20.
A su vez, consideró que los argumentos dirigidos a cuestionar el trámite de las
recusaciones e impedimentos, así como con la negativa de decretar una prueba
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
documental en segunda instancia, correspondían a discusiones propias del proceso
ordinario, en adición a que sobre la negativa probatoria procedía el recurso de
súplica.
C. La impugnación
21.
La parte actora impugnó la decisión al considerar que se declaró improcedente el
amparo sin realizar un estudio material de los defectos alegados, pese a que el
asunto tiene relevancia constitucional, pues los cargos propuestos evidenciaban la
posible afectación de garantías relacionadas con el debido proceso sancionatorio, la
participación política, el derecho a elegir y ser elegido, la defensa y el acceso a la
administración de justicia.
22.
Señaló que el fallo confundió la reiteración necesaria de algunos argumentos
expuestos en el proceso ordinario con la ausencia de relevancia constitucional, pese
a que la tutela contra providencia judicial exige identificar los hechos generadores de
la vulneración de derechos y, cuando sea posible, haberlos planteado ante el juez
natural. Aclaró que no se pretendía promover una nueva valoración del litigio, sino
cuestionar si la decisión censurada, desconoció estándares constitucionales.
23.
Agregó que la primera instancia erró al descartar la configuración del defecto
procedimental en relación con la exclusión del concepto jurídico solicitado como
prueba en segunda instancia, pues no se cuestionó únicamente la negativa
probatoria, sino la posible afectación del derecho de defensa respecto al dolo.
24.
Reiteró que se encontraban acreditados los requisitos generales y especiales de
procedencia de la tutela. Además, alegó que la declaratoria de improcedencia del
amparo implicó un desconocimiento del precedente constitucional.
25.
Incluyó que el a quo también desconoció las sentencias proferidas por el Consejo
de Estado3 en las que se estableció que las causales de pérdida de investidura, por
su naturaleza sancionatoria y por incidir directamente en el ejercicio de derechos
políticos, están sometidas a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad e
interpretación restrictiva, aspecto relacionado con el defecto sustantivo alegado, lo
que denotaba aún más que, el juez constitucional debió analizar de fondo el cargo.
26.
Finalmente, sostuvo que también se desconocieron providencias del Consejo de
Estado en las que se indicó que el conflicto de intereses exige la existencia de un
interés directo, particular y concreto del servidor público en el asunto objeto de
decisión. Específicamente, citó el radicado 68001 23-33-000-2013-00902-01(PI). Por
ende, pidió tener en cuenta que, una inferencia genérica basada en coincidencias
políticas anteriores o en la pertenencia a un mismo partido político, no bastaba por
sí sola, para acreditar la causal en sede sancionatoria.
3 Citólas sentencias proferidas en los procesos 15001-23-33-000-2020-01680-01, 11001-03-15-000-2019-
03209-00, 11001-03-15-000-2012-00059-00 y 15001-23-33-000-2020 01680-01.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
27.
Con todo, solicitó declarar como medida provisional, mientras se decidía la
impugnación, la suspensión de los efectos de la sentencia censurada, a fin de seguir
agravando la afectación de los derechos políticos de los accionantes.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
28.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.
E. Cuestión previa
29.
La Sala se abstendrá de resolver la medida provisional solicitada por la parte
actora en el escrito de impugnación, toda vez que, mediante esta sentencia, se
resuelve de manera definitiva la controversia planteada en sede de tutela. Por lo
tanto, en este momento procesal no se advierte la necesidad de adoptar una medida
transitoria de protección.
F. Análisis del caso concreto
30.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente el
amparo solicitado por no satisfacer el presupuesto de relevancia constitucional. Los
cuestionamientos formulados por los accionantes reiteran los argumentos expuestos
dentro del proceso ordinario de pérdida de investidura y se dirigen a cuestionar la
interpretación normativa y la valoración probatoria efectuadas por el juez natural.
31.
Al respecto, se considera necesario precisar que, a diferencia de lo alegado por
los accionantes, la falta de relevancia constitucional no deviene de que los
argumentos expuestos en la acción de tutela coincidan con aquellos formulados en
el trámite ordinario. Lo anterior, porque no se desconoce que la procedencia
excepcional del amparo contra providencias judiciales no excluye que la parte
demandante invoque aspectos previamente debatidos ante el juez natural, puesto
que, ello hace parte del agotamiento de las oportunidades procesales dispuestas
para controvertir la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Sin
embargo, ello no habilita a utilizar este mecanismo constitucional como una instancia
adicional orientada a verificar la corrección de la interpretación jurídica o de la
valoración probatoria adoptada en la decisión cuestionada.
32.
Reitérese que la competencia del juez de tutela se limita a establecer si la
providencia debatida se apartó de manera manifiesta del ordenamiento jurídico, o
4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
carece de una justificación razonable, llegando a incurrir en alguno de los defectos
previstos jurisprudencialmente para que proceda la acción constitucional contra una
decisión judicial. Por ende, no es posible estructurar cargos con relevancia
constitucional, a partir de la sola discrepancia con las conclusiones a las que arribó
el juez competente, cuando estas se encuentran debidamente sustentadas, bajo una
valoración razonada del material probatorio y del marco normativo aplicable al caso
concreto.
33.
Con fundamento en lo anterior, al analizar los cuestionamientos relacionados con
el presunto defecto sustantivo, la Sala advierte que estos no superan el requisito de
relevancia constitucional, puesto que corresponden a los mismos reparos alegados
en la apelación y fueron abordados de manera expresa y razonable por la Sección
Primera del Consejo de Estado, al estudiar la configuración del elemento objetivo de
la causal invocada.
34.
En concreto, la Sección Primera del Consejo estudió los cuestionamientos
dirigidos a controvertir la aplicación del numeral 14 del artículo 11 del CPACA al
caso concreto, así como la supuesta vulneración de los principios de tipicidad,
legalidad y taxatividad propios del régimen sancionatorio de pérdida de investidura.
35.
Al respecto, explicó que conforme a su reiterada jurisprudencia, el artículo 11 del
CPACA enlista las circunstancias de conflicto de interés y causales de impedimento
y recusación aplicables a todo servidor público, incluidos los concejales. Por ende,
a estos les asiste el deber de manifestar su impedimento cuando se encuentren
incursos en alguno de los supuestos allí previstos.
36.
Aclaró que la remisión a dicha norma era oportuna y adecuada, no porque en ella
se estableciera una causal de impedimento, sino porque le indica al juez ordinario el
momento en el que un servidor público podía tener comprometida su imparcialidad
para actuar, presupuesto para la configuración del conflicto de intereses que origina
la pérdida de investidura. Acorde a ello, precisó que la remisión efectuada al numeral
14 del artículo 11 del CPACA, a diferencia de lo alegado por los concejales, no
obedeció a que fuera una disposición aplicable al caso concreto, sino a que describía
la circunstancia en la cual el interés particular del servidor podía entrar en conflicto
con el interés general: intervenir en una actuación, no obstante haber hecho parte
de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.
37.
Agregó que, según la jurisprudencia de misma Sección, el artículo 11 del CPACA
es aplicable a los concejales en su calidad de servidores públicos, pues el inciso
tercero del artículo 2 ibidem establece que las autoridades deben sujetar sus
actuaciones a los procedimientos previstos en ese código, salvo lo regulado en
norma especial. Al respecto, destacó que la parte recurrente no alegó la existencia
de una disposición especial que regulara la manifestación de impedimentos en el
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
procedimiento de elección del personero municipal, específicamente, en lo
relacionado con la entrevista y la correspondiente evaluación.
38.
En cuanto al cuestionamiento relativo con la naturaleza electoral de la actuación
adelantada por los concejales y a la presunta imposibilidad de aplicar de las reglas
propias de las actuaciones administrativas generales, la Sección Primera sostuvo
que los tutelantes obviaron que el inciso final del artículo 39 de la Ley 489 de 1998
establece que los concejos distritales y municipales son corporaciones
administrativas de elección popular que cumplen las funciones señaladas en la
Constitución Política y la ley. Asimismo, indicó que, conforme a su jurisprudencia,
los procedimientos relacionados con la elección de funcionarios a cargo de las
corporaciones públicas municipales son procedimientos administrativos especiales,
razón por la cual, como se indicó previamente, ante la falta de regulación en la ley
especial sobre las causales de impedimento, era procedente aplicar las
disposiciones del CPACA. Añadió que la elección de personeros a la fecha se
adelanta mediante concurso público de méritos, lo que denota su naturaleza de
procedimiento administrativo especial.
39.
De igual forma, frente al argumento relacionado con la aplicación restrictiva de
las causales de pérdida de investidura y su prevalencia sobre cualquier
interpretación extensiva o analógica, aclaró que no era cierto que, al disponer el
numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 que la investidura se pierde por
violación al régimen de conflicto de intereses, su complementación solo pudiera
hacerse con el artículo 70 de la misma ley y no el CPACA. Explicó que la causal fue
prevista por el legislador de manera abierta o indeterminada, sin enlistar los eventos
constitutivos de esa agresión. Incluso, el referido artículo 70 tampoco estableció los
eventos en que se configuraba el conflicto de intereses, sino que impuso el deber
de manifestar el impedimento.
40.
Sobre la presunta afectación de los derechos políticos, el debido proceso y la
defensa de los accionantes, derivada de la imposición de una sanción con
fundamento en una normatividad que no es causal de pérdida de investidura y en
un interés moral inexistente y no tipificado, la Sección Primera consideró que tales
argumentos no desvirtuaban la configuración del conflicto de intereses. Esto, porque
las causales de impedimento previstas en el artículo 11 del CPACA están
establecidas de manera objetiva y una vez verificados sus presupuestos, surge el
deber de manifestar el impedimento. Además, precisó que correspondía a los
recurrentes demostrar que los elementos de la causal no estaban reunidos o que no
comprometían su imparcialidad, sin que ello hubiera ocurrido.
41.
En relación con la tipicidad de la conducta, indicó que lo relevante era que la
solicitud de pérdida de investidura se sustentó en la vulneración del régimen de
conflicto de intereses, concretamente en la causal de impedimento prevista en el
numeral 14 del artículo 11 del CPACA. Por ello, al encontrar acreditados sus
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
presupuestos fácticos, concluyó que se configuró objetivamente el conflicto de
intereses, sin que se advirtiera la contradicción alegada por los recurrentes.
42.
Finalmente, respecto de la aplicación del principio de favorabilidad y analogía in
bona partem del literal e) del artículo 56 de la Ley 2200 de 2002, señaló que dicha
disposición regulaba un supuesto fáctico diferente, relativo a la participación de
diputados en la elección de servidores públicos mediante voto secreto, por lo que no
resultaba procedente extenderla al caso particular.
43.
Bajo ese contexto, para esta Subsección es claro que la autoridad judicial
demandada abordó razonablemente los cuestionamientos relacionados con la
legalidad, taxatividad y tipicidad que rigen los procesos sancionatorios de pérdida
de investidura, particularmente, lo referente a la aplicación de la causales de
impedimento y recusación invocadas para sustentar la configuración del conflicto de
intereses; descartándose a su vez, que se haya creado una causal sancionatoria no
prevista por el legislador, por vía interpretativa. Por el contrario, se denota que el
análisis de la conducta atribuida exigía acudir al artículo 11 del CPACA, para
determinar la existencia del conflicto de intereses alegado, sin que ello implicara
desconocer el carácter restrictivo y de “estricto derecho” que es propio de estos
asuntos. Por ende, la tutela se torna improcedente por este cargo.
44.
Ahora bien, sobre el defecto fáctico alegado por los demandantes, también se
considera que el amparo deprecado carece de relevancia constitucional toda vez
que no se evidencia que la Sección Primera del Consejo de Estado haya incurrido
en un análisis desacertado del material probatorio obrante. Lo que se denota es que
los argumentos de la tutela se orientan a controvertir la apreciación realizada por la
autoridad judicial demandada respecto de los elementos que acreditaban el conflicto
de intereses invocado, específicamente del interés directo, particular y concreto de
los concejales.
45.
Analizado el contenido de la sentencia objeto de tutela, pudo advertirse que, se
estudió y desvirtuó razonablemente el argumento relacionado con la inexistencia de
pruebas que permitieran acreditar el referido interés de los acusados. Al respecto,
se precisó que no se controvirtió el hecho de que los tutelantes y el señor Elvin
Rentería Álvarez hicieron parte de listas de elegibles por el mismo Partido, en
elecciones al concejo municipal pasadas, y que este último, participó y resultó
elegido personero de Lloró, para el periodo 2024-2028. Al estar acreditadas esas
circunstancias, es claro que objetivamente se incurrió en la causal prevista en el
numeral 14 del artículo 11 del CPACA.
46.
Precisó que debía reconocerse que, como mecanismo de defensa, los
interesados podían haber acreditado que su imparcialidad no se vio comprometida
en el proceso de elección, para lo cual, debían demostrar las circunstancia que
sustentaran esa afirmación. No obstante, con la evidencia recaudada no se encontró
debidamente probado algún justificante a favor de los concejales, puesto que, si bien
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
argumentaron que el mayor puntaje en la entrevista que efectuaron lo obtuvo otra
aspirante, lo cierto es que el elegido fue el candidato del mismo partido político, lo
que implicaba que la calificación que le dieron en la referida diligencia, fue suficiente
para alcanzar el fin buscado, es decir, su nombramiento.
47.
Acorde a lo anterior, también se descartó el alegato referente a que la intervención
de los tutelantes fue inocua, porque el proceso de selección es reglado y
correspondió al mérito, pues ello no desvirtuaba por sí solo la importancia que tuvo
la entrevista en la decisión final, independientemente del porcentaje que representó
en la calificación de cada candidato. Sumado a que, en todo caso, nada explica el
motivo por el cual los acusados no declararon su impedimento, no obstante que
habían sido recusados; eso denotó que sí tenían interés en participar e incidir en la
selección del señor Rentería.
48.
Lo anterior, a juicio de la autoridad judicial demandada desvirtuó también el
argumento de los apelantes referente a que no se reunieron los elementos de la
causal de pérdida de investidura, por no haberse acreditado la existencia de un
interés personal en la elección de personero municipal, ya que esta estuvo precedida
por una valoración de mérito en la que no tuvieron injerencia, así como tampoco, la
obtención de un provecho o beneficio por adelantar algún trámite dentro del
concurso de méritos. Reiteró que el artículo 11 del CPACA previó unas causales en
las que se entiende que existe un conflicto entre el interés particular y el interés
general del servidor público, que los recurrentes no lograron desvirtuar.
49.
Seguidamente, se expuso que en la apelación se reprochó que el Tribunal
administrativo del Chocó consideró probado, sin estarlo, un interés de tipo moral y
se insistió en que la decisión de decretar la desinvestidura carecía de la verificación
de un interés real que pugnara con el interés general, enfatizándose en que el interés
moral no estaba tipificado en la normativa de conflicto de intereses aplicable.
50.
Al respecto, puso de presente que la causal invocada en contra de los concejales
era de naturaleza abierta, lo que implicaba que no se señalaron los requisitos para
su configuración por parte del legislador y, por ende, la jurisprudencia ha
determinado cuando se configura. En ese sentido, la Sección Primera del Consejo
de Estado había señalado que el interés debía ser directo, pudiendo ser de cualquier
orden, tanto económico o moral. En relación con este último, especificó que es
indeterminado y se ha asociado con la moralidad administrativa, la protección a la
confianza legítima de los electores y el correcto ejercicio de la función pública.
51.
Es así como, esta Sala estima que el defecto factico carece de relevancia
constitucional, pues contrario a lo que sostiene la parte actora, la autoridad
demandada sí valoró los elementos relacionados con la presunta inexistencia de un
interés directo en cabeza de los concejales. Sin embargo, concluyó que las
circunstancias acreditadas en el plenario permitían considerar configurada
objetivamente la causal de impedimento invocada, sin que los alegatos orientados
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
a controvertir la ausencia de un beneficio personal o de interés diferente al derivado
de los antecedentes políticos con el aspirante elegido, resultaran suficientes para
desvirtuarla.
52.
A su turno, tampoco se advierte que la Sección Primera hubiera
sobredimensionado la incidencia de la entrevista dentro del concurso de méritos,
pues, reconoció que aquella representó únicamente el 10% de la calificación total,
pero, en razón a que no se demostró que la intervención de los acusados en esa
etapa carecerá de incidencia en el resultado final, no podía dejarse de valorar que,
aun cuando se presentó recusación en su contra, insistieron en hacer parte de la
entrevista de los candidatos y con dicha participación, pudieron incidir en la elección
del señor Rentería.
53.
Además, aunque la parte accionante reprocha la falta de valoración específica de
la Resolución 007, el Acta 007 y los demás elementos que, en su criterio,
demostraban la transparencia y objetividad con la que se adelantó el proceso de
selección —como la grabación de la entrevista y el acompañamiento técnico para la
asignación de calificaciones—, lo cierto es que tales circunstancias no fueron
desconocidas, sino que no tuvieron el alcance pretendido por los demandantes para
desvirtuar la configuración de la causal analizada. Ello, en la medida en que el
razonamiento de la autoridad judicial partió de que el reproche no recaía sobre la
regularidad general del concurso, sino sobre la participación de los concejales en
una actuación administrativa respecto de la cual, según lo acreditado en el proceso
ordinario, existía una circunstancia objetiva que imponía el deber de apartarse.
54.
Bajo esa misma línea argumentativa, se considera que los cuestionamientos
relacionados con una supuesta lectura sesgada de la recusación presentada y la
puesta en conocimiento de su supuesta falta de trámite por otra de las concursantes,
no evidencian una omisión probatoria con relevancia constitucional, sino una
discrepancia respecto de la apreciación efectuada por el juez natural, en cuanto a lo
acontecido en el concurso de méritos y el actuar que adoptaron los concejales. Así,
se estima que no es procedente reabrir, mediante la acción constitucional, el debate
probatorio surtido en el proceso ordinario ni imponer una nueva valoración de los
medios de convicción conforme al alcance pretendido por la parte accionante, lo que
denota la falta de procedencia del amparo deprecado.
55.
De otra parte, corresponde a la Sala abordar el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, respecto del cual también se considera que carece de relevancia
constitucional, en tanto los argumentos que lo sustentan, se dirigen a controvertir el
alcance otorgado por la autoridad judicial accionada a las circunstancias acreditadas
dentro del proceso ordinario. En concreto, la parte actora cuestiona la indebida
valoración al trámite dado a la recusación formulada durante el proceso de elección
del personero municipal, las consecuencias atribuidas a dicha circunstancia y su
equiparación con una causal de pérdida de investidura, así como las indebidas
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
consecuencias jurídicas, extraídas por el hecho de no haber suspendido las etapas
restantes del concurso hasta tanto se resolviera definitivamente la recusación.
56.
Asimismo, los accionantes alegaron la vulneración del derecho de defensa
derivada de la decisión de no decretar como prueba en segunda instancia, el
concepto técnico jurídico con fundamento en el cual sostienen que actuaron bajo la
convicción de no encontrarse incursos en causal de impedimento.
57.
Al respecto, la Subsección advierte que esos cuestionamientos no permiten
acreditar la configuración de ese yerro judicial, pues no evidencian que la autoridad
judicial accionada hubiese sacrificado el derecho sustancial por la aplicación
irrestrictiva de una formalidad procesal. Por el contrario, se considera que la Sección
Primera efectuó un análisis de fondo de la causal de pérdida de investidura
invocada, para lo cual estudió los presupuestos normativos del conflicto de
intereses, la participación de los concejales en el trámite de elección del personero
municipal y las razones por las cuales consideró configurados los elementos objetivo
-ya analizado- y subjetivo de la conducta.
58.
Sobre este último (elemento subjetivo) la autoridad judicial demandada inició su
análisis a partir del carácter sancionatorio de la pérdida de investidura y, en
consecuencia, de la necesidad de verificar la responsabilidad de los demandados,
bajo los parámetros de dolo o culpa grave.
59.
Al descender al caso concreto, concluyó que dicho presupuesto se encontraba
acreditado porque los concejales participaron de manera intencional en la entrevista
y calificación de los candidatos a personero municipal, sin que su conducta estuviera
justificada en la buena fe calificada. Hizo énfasis en que la ignorancia de la ley no
constituía una razón válida para desvirtuar la responsabilidad, siendo deber de los
acusados, en todo caso, demostrar que incurrieron en la transgresión del régimen
de conflicto de intereses, por un error común e invencible.
60.
Sobre este aspecto, analizó los argumentos relativos al desconocimiento de la
causal de impedimento y a las condiciones personales de los concejales, quienes
alegaron no ser abogados, ni contar con formación jurídica especializada,
concluyendo que, esas circunstancias no los exoneraban del deber de conocer y
asesorarse sobre las obligaciones propias del cargo, especialmente respecto de
situaciones que podían comprometer la validez de sus actos (como el de la elección
del personero) y consecuentemente, la pérdida de investidura.
61.
En este punto, indicó que no se acreditó que los acusados hubiesen actuado
amparados por un concepto o asesoría técnica especializada e idónea que justificara
su actuación, bajo la figura de la buena fe calificada derivada de un error invencible.
Precisó que la solicitud probatoria dirigida a incorporar un concepto jurídico rendido
a los concejales, fue rechazada por no haber sido allegada en la oportunidad
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
procesal correspondiente, de manera que con las pruebas oportunamente
incorporadas al proceso, no se demostró justificación alguna que los exculpara.
62.
Con lo hasta aquí expuesto, es claro que este defecto no se sustenta
adecuadamente, pues, dentro del análisis efectuado por la autoridad judicial
demandada, se mencionó (en los antecedentes) el argumento relacionado con el
trámite dado a la recusación presentada ante la Procuraduría Regional del Chocó
desde el 6 de enero de 2024. No obstante, tal como lo reiteró la Sección Primera,
dicha circunstancia no desvirtuaba el cumplimiento objetivo de la causal invocada,
en tanto los concejales no se declararon impedidos y continuaron participando en
las actuaciones adelantadas dentro del concurso de méritos. Por ende, se estima
que el reparo planteado, se dirige a controvertir la valoración fáctica efectuada por
el juez natural de la causa.
63.
Además, tampoco se evidencia la relevancia constitucional del alegado defecto
procedimental por una presunta equiparación indebida de la falta de trámite de la
recusación con una causal de pérdida de investidura, pues dicho argumento parte
de una discrepancia con el alcance otorgado por la autoridad judicial accionada a
las circunstancias acreditadas dentro del proceso ordinario.
64.
En todo caso, no se encuentra irrazonable que se haya considerado que, el no
haberse separado del conocimiento de las actuaciones posteriores a la recusación,
sea prueba del conflicto de intereses, pues acorde a la definición jurisprudencial de
la causal invocada en su contra, el simple hecho de no haberse declarado impedidos
antes de continuar con las demás etapas de esa actuación administrativa especial,
denota un actuar doloso de los acusados.
65.
Por demás, tampoco se advierte la vulneración del derecho de defensa alegada
en la impugnación, con ocasión de la negativa de decretar como prueba en segunda
instancia el concepto técnico jurídico que justificó la respuesta formal dada a la
recusación, pues, según lo expuesto en la providencia cuestionada, dicha solicitud
probatoria fue presentada de manera extemporánea, circunstancia que impidió su
valoración para efectos de determinar un posible actuar de buena fe calificada.
66.
Además, en lo relacionado específicamente con las consecuencias atribuidas a
la decisión de no decretar la referida prueba en segunda instancia se advierte que,
tal como lo señaló el juez constitucional de primera instancia, y sin que ello implique
un cierre injustificado del debate constitucional propuesto (tal como lo alega la parte
actora), lo cierto es que dicho cuestionamiento tampoco satisface el requisito de
subsidiariedad, toda vez que contra esa determinación procedía el recurso de
súplica, mecanismo judicial que no fue agotado de forma injustificada. Con todo, la
tutela tampoco procede por el defecto procedimental esgrimido.
67.
Por último, sobre el presunto desconocimiento del precedente alegado por los
accionantes en el escrito de impugnación, la Sala advierte que tampoco hay lugar a
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
emitir un pronunciamiento de fondo, en razón a que, dicho defecto no fue planteado
en la solicitud de amparo, sino que solo se alegó al darse trámite a la segunda
instancia. Por ende, se considera que, efectuar un análisis material sobre un nuevo
cargo en esta etapa procesal implicaría desconocer las garantías del debido proceso
y defensa de la autoridad accionada y de los demás intervinientes, quienes no
tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre dicho cargo.
68.
En todo caso, se advierte que los demandantes se limitaron a relacionar diversas
providencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el
concepto de relevancia constitucional, la naturaleza de la pérdida de investidura, la
necesidad de acreditar el elemento subjetivo y no endilgar responsabilidad
únicamente valorando el elemento objetivo, pero omitió explicar la similitud fáctica y
jurídica entre dichas decisiones y el caso concreto, por lo que, se considera que no
cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
69.
A lo anterior se suma que, es evidente que este defecto si bien se endilgó al juez
de tutela de primera instancia, su finalidad real es reiterar y ampliar los
cuestionamientos dirigidos a controvertir la interpretación normativa y la valoración
probatoria realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del
proceso ordinario, aspectos que, como se indicó, fueron objeto de análisis y no
pueden ser vueltos a discutir mediante esta acción constitucional.
70.
Por lo hasta aquí expuesto, es evidente que los demandantes pretenden reabrir
el debate surtido en el proceso ordinario, lo que denota la carencia de relevancia
constitucional del amparo deprecado, al haber sido razonablemente analizado el
caso concreto. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia.
71.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 14 de mayo de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00856-01
Accionante: Alipio Rentería Rentería y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
5 VF
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.