Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00876-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00876-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00876-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00876-01
Accionante: José Alejandro Moreno Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 19 de marzo
de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia del 6 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, que confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
Departamento del Quindío, con el fin de que se reconocieran y pagaran las diferencias
derivadas de los incrementos salariales decretados para los años 2008 y 2009. Se
confirma la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 6 de febrero de 2026, el señor José Alejandro Moreno Burgos, mediante
apoderada judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener
la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, así como la aplicación del principio de
favorabilidad, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados con ocasión de la sentencia del 6
de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 63001-33-33-
003-2024-00165-01, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia,
emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, que negó las pretensiones de
la demanda.
2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Confirma improcedencia por falta de
relevancia constitucional / Incrementos salariales en el escalafón docente.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00876-01
Accionante: José Alejandro Moreno Burgos
Se confirma la improcedencia de la demanda
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia
proferida el día 06 de agosto de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-3333-
003-2024-00165-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del señor JOSE ALEJANDRO MORENO
BURGOS, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia
emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio
obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del docente JOSE
ALEJANDRO MORENO BURGOS a la luz de los argumentos planteados en la demanda
ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico. [Negrillas del texto
citado].
B. Hechos
3. El señor José Alejandro Moreno Burgos es docente oficial ubicado en la categoría
2B del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto 1278 de 20022.
4. El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales diferentes para algunas
categorías del escalafón docente. De tal modo, para el año 2008 se dispuso un
incremento del 14,11% para el grado 2A, mientras que el grado 2B obtuvo un aumento
del 5,69%. A su vez, para el año 2009, el grado 2A recibió un incremento del 15,61%, en
tanto que el grado 2B obtuvo un aumento del 7,67%.
5. El docente interpuso reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento del Quindío con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
desiguales decretados para los años 2008 y 2009.
6. Tal solicitud fue respondida negando las pretensiones mediante los oficios núm.
QUI2024EE000359 del Departamento del Quindío y 2024-EE-057173 del Ministerio de
Educación Nacional.
7. El docente promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
y el Departamento del Quindío con el fin de que (i) se inaplicara el Decreto núm. 284 de
2024 y los demás decretos que modificaran la remuneración de los docentes, (ii) se
declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron la reclamación
administrativa y (iii) se ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
causadas durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la solicitud
administrativa, junto con los demás emolumentos derivados de la reliquidación salarial.
8. Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo
de Armenia desestimó las pretensiones de la demanda, al concluir que los actos
2 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”.
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Accionante: José Alejandro Moreno Burgos
Se confirma la improcedencia de la demanda
administrativos demandados se encontraban ajustados a la ley y a la Constitución, puesto
que el salario de los docentes está relacionado con el grado y nivel del escalafón al que
pertenecen y, por ende, no era procedente realizar un juicio de igualdad entre las
categorías 2A y 2B.
9. El demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera
instancia, argumentando, entre otras cosas, que no existía justificación técnica, jurídica
ni presupuestal para los incrementos porcentuales diferenciados aplicados a los años
2008 y 2009, lo que, a su juicio, configuró un trato desigual que afectó su base salarial
hacia el futuro.
10. El 6 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la
sentencia del 5 de diciembre de 2024, tras determinar que la diferencia porcentual en el
aumento de la asignación salarial para los grupos de docentes se encontraba ajustada a
derecho, pues las categorías 2A y 2B no son comparables en los términos planteados
por el demandante y la asignación salarial se fijó conforme al régimen del escalafón
docente.
C. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante indicó que la sentencia del 6 de agosto de 2025 incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente.
12. Sobre el defecto sustantivo alegó que la providencia cuestionada desconoció el
alcance del principio de igualdad y el mandato de progresividad salarial, toda vez que no
se acreditaron razones objetivas para la diferenciación de los incrementos salariales entre
las categorías 2A y 2B, lo que generó una discriminación arbitraria y un desconocimiento
del marco normativo aplicable.
13. Señaló que no se argumentó de manera clara y coherente la razón por la cual se
le otorgó un incremento salarial menor, pese a que en el proceso ordinario se demostró
que pertenecía a un nivel superior en la estructura del escalafón docente, lo que
supondría una remuneración superior en función del mérito y de la progresión en carrera.
14. Adujo que la sentencia cuestionada contraviene el marco normativo que rige la
materia, en particular, la Ley 4 de 19923 y el Decreto 1278 de 20024, así como los
principios constitucionales de igualdad, progresividad, mérito y equidad retributiva.
15. Respecto del defecto fáctico adujo que la autoridad judicial accionada realizó una
indebida valoración probatoria frente a la discusión planteada, debido a que no se
acreditaron las razones objetivas necesarias para justificar los incrementos salariales
diferenciados; por el contrario, se validó la diferencia con base en inferencias generales
sobre formación y experiencia, sin soporte probatorio suficiente.
3 Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
4 Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”.
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Accionante: José Alejandro Moreno Burgos
Se confirma la improcedencia de la demanda
16. Agregó que la providencia desconoció el precedente judicial, pues no tuvo en
cuenta decisiones que, según su criterio, imponían un análisis estricto de igualdad y
proporcionalidad frente a diferencias salariales entre servidores públicos.
D. Trámite procesal
17. Mediante auto del 9 de febrero de 20265, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Segunda de Decisión, y vincular, en calidad de terceros con interés, al Juzgado
Tercero Administrativo de Armenia, al Ministerio de Educación Nacional y al gobernador
del Quindío.
18. Además, se requirió a la secretaría del Juzgado Tercero Administrativo de Armenia
para que remitiera copia magnética del expediente correspondiente al proceso ordinario
con radicado núm. 63001-33-33-003-2024-00165-00.
E. Oposiciones e intervenciones
19. El Ministerio de Educación Nacional6 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela y se desvinculara a la entidad por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Lo anterior, debido a que la discusión presentada se circunscribe a una
providencia judicial dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, frente a la cual el
Ministerio no tuvo injerencia. Además, expuso que no se acreditó un perjuicio
irremediable ni una vulneración con relevancia constitucional.
20. La Secretaría de Educación Departamental del Quindío7 manifestó que no se
cumple con el presupuesto de relevancia constitucional, que no existe amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, solicitó que
se declarara improcedente la solicitud de amparo.
21. El Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Tercero Administrativo de
Armenia no se pronunciaron, pese a que fueron debidamente notificados.
F. Fallo impugnado
22. Mediante sentencia del 19 de marzo de 20268, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta del requisito de relevancia
constitucional.
23. Determinó que la parte actora pretendía insistir en que se declarara la nulidad de
los actos demandados en el proceso ordinario, debido a las diferencias en los
incrementos salariales de las categorías 2A y 2B, lo que evidencia que la controversia
corresponde a un asunto de mera legalidad y de contenido económico.
24. Indicó que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo coincidían con los
5 Índice 7 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
6 Índices 24 y 27 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
7 Índice 16 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
8 Índice 33 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00876-01
Accionante: José Alejandro Moreno Burgos
Se confirma la improcedencia de la demanda
propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que la tutela
se utilizó como una instancia adicional para obtener una decisión distinta a la adoptada
por los jueces naturales del asunto.
25. Finalmente, frente al defecto por desconocimiento del precedente, precisó que la
parte actora no identificó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que
supuestamente fue desconocida y que la providencia del Juzgado Veintitrés
Administrativo de Medellín invocada no resultaba vinculante para el Tribunal
Administrativo del Quindío por provenir de una autoridad judicial de inferior jerarquía.
G. Impugnación
26. Mediante escrito allegado en abril de 20269, el accionante impugnó la sentencia
proferida el 19 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio
del cual solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y, en su lugar, se
ampararan los derechos fundamentales invocados.
27. Alegó que la conclusión a la que arribó el a quo no resulta acertada, debido a que
el asunto sí supera el requisito de relevancia constitucional, pues involucra la presunta
vulneración del principio de igualdad y del mandato de progresividad salarial en la carrera
docente.
28. Insistió en que el debate no se centraba en la diferencia natural entre las categorías
2A y 2B, sino en la irregularidad de los incrementos porcentuales aplicados en los años
2008 y 2009, respecto de los cuales, a su juicio, no se acreditó una justificación objetiva,
técnica o presupuestal.
29. En suma, reiteró los fundamentos que sustentan la supuesta configuración de los
defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente, tras alegar que hubo
un tratamiento desigual que afectó de manera permanente la base salarial de los
docentes ubicados en la categoría 2B.
II. CONSIDERACIONES
H. Sentido de la decisión
30. La Sala confirmará la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional, debido a que el debate planteado por el accionante se
circunscribe a un asunto económico y está orientado a reabrir una discusión de mera
legalidad, propia del juez natural del asunto.
31. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela10.
9 Índice 38 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
10 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha
establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado
todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00876-01
Accionante: José Alejandro Moreno Burgos
Se confirma la improcedencia de la demanda
I. El requisito de relevancia constitucional
32. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.11 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada12, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
33. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.13
34. En la sentencia SU-215 de 202214, la Corte Constitucional estableció, entre otros15,
que la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no debe
limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico. En
ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud debe trascender
la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales del asunto.
J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
35. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de
la Constitución.
36. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 6 de agosto de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, porque, a su juicio, considera
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio
Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15 La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de tutela contra una
providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución
Política o para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a
la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela
dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00876-01
Accionante: José Alejandro Moreno Burgos
Se confirma la improcedencia de la demanda
que incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente. A
continuación, la Sala describirá las características y elementos de los defectos alegados,
con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar la presunta vulneración de
derechos fundamentales.
37. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”16.
38. Sobre el defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.
39. El desconocimiento del precedente se configura cuando la autoridad judicial se
aparta de una regla jurisprudencial aplicable al caso concreto, sin cumplir con una carga
argumentativa suficiente que justifique la razón del apartamiento.
K. El caso concreto – tesis reiterada17
40. La Sala considera que la discusión que presenta el accionante carece de
relevancia constitucional, toda vez que se limita a reiterar los argumentos expuestos en
el proceso ordinario para sustentar los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento
del precedente, y pretende una instancia adicional mediante la cual se adopte una
determinación distinta frente al reconocimiento y pago de las diferencias salariales
derivadas de los incrementos decretados para los años 2008 y 2009.
41. Si bien el accionante sustentó los defectos invocados como requisito de
procedencia de la demanda de tutela contra providencia judicial, lo cierto es que el
fundamento de tales yerros corresponde, en términos similares, a los argumentos
expuestos en sede de apelación en el proceso ordinario. En efecto, en el recurso de
apelación presentado contra la sentencia del 5 de diciembre de 2024, el demandante se
refirió a los mismos reproches que presenta en sede constitucional, en particular,
respecto de la vulneración de los principios de igualdad, progresividad y proporcionalidad
y la falta de justificación frente a los incrementos porcentuales diferenciados.
42. Aun así, en la presente acción constitucional reitera, en términos semejantes, los
mismos cuestionamientos, en especial al señalar lo siguiente:
La situación de la parte demandante se ubica en el tercer supuesto reconocido por la jurisprudencia
constitucional, relacionado con la existencia de una clasificación diferenciada de los empleos
públicos que justifica escalas salariales distintas, toda vez que acreditó en el proceso ordinario estar
escalafonada en la categoría 2B, lo que, por su propia naturaleza, conlleva una remuneración
superior frente a los docentes ubicados en el nivel 2A.
El defecto fáctico se materializa porque la providencia desconoce el alcance normativo del principio
de igualdad y del mandato de progresividad, al asimilar el debate a una comparación abstracta entre
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. radicados núm. 11001-03-15-000-
2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-01; 11001-03-15-000-2026-00234-00; 11001-03-15-000-2026-01070-00 y 11001-03-
15-000-2025-07187-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00876-01
Accionante: José Alejandro Moreno Burgos
Se confirma la improcedencia de la demanda
grados del escalafón, en lugar de verificar si existían razones objetivas y constitucionalmente válidas
para justificar un incremento salarial tan dispar en un mismo año para categorías que, si bien son
diferentes en requisitos, comparten la misma fuente de regulación y están sujetas a un régimen
salarial unitario establecido por la Ley 4 de 1992.
43. Incluso, en la impugnación presentada contra la sentencia del 19 de marzo de
2026, la parte accionante se limita a reproducir los mismos argumentos en aras de
acreditar la configuración de los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente:
La diferencia en los incrementos salariales decretados en 2008 y 2009, aunque para este último
año fue un poco superior, no compensa con el error flagrante cometido en 2008, por lo cual dicha
situación no responde a una justificación razonable ni objetiva.
En el presente caso, resulta evidente la falta de criterios claros y justificados que expliquen los
incrementos porcentuales aplicados a los salarios de los docentes durante los años 2008, 2009 y
2011. Esta falta de fundamentación genera una situación de incertidumbre y cuestiona la equidad
del proceso.
44. Sin embargo, tal debate ya fue analizado y resuelto por parte del Tribunal
Administrativo del Quindío mediante la sentencia del 6 de agosto de 2025, tras reiterar
los argumentos del fallo de primera instancia y concluir que los docentes ubicados en las
categorías 2A y 2B no se encuentran en las mismas condiciones fácticas y jurídicas,
razón por la cual no son sujetos comparables en los términos planteados por el
demandante. Además, la asignación salarial que dispuso el Gobierno Nacional se ajustó
al marco normativo vigente, en específico al régimen del escalafón docente y a la Ley 4
de 1992.
45. En ese sentido, la discusión contenida en el escrito de tutela y en la impugnación
presentada corresponde a un asunto de mera legalidad en el cual el accionante expone
su inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto, sin que se
demuestre que la providencia cuestionada se profirió bajo un criterio arbitrario, caprichoso
u ostensiblemente ilegítimo que justifique la intervención excepcional del juez de tutela.
Por el contrario, está orientada a que se realice, nuevamente, un estudio frente a la
interpretación y los elementos probatorios del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho, sin advertir un debate de orden constitucional.
46. De tal modo, la Sala coincide con la tesis que expuso la Sección Cuarta de esta
Corporación, al concluir que el accionante pretende utilizar el mecanismo constitucional
como una instancia adicional del proceso ordinario, aun cuando la sentencia que se
controvierte se fundamentó en criterios fácticos y jurídicos razonables.
47. Por otro lado, la solicitud de amparo no cuestiona el contenido, alcance o goce de
una garantía iusfundamental, ya que el núcleo de las pretensiones se circunscribe a un
asunto de índole económico, mediante las cuales se persigue el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales dispuestas para los años 2008 y 2009, cuestión que, por sí
misma, no afecta el desarrollo y goce de los derechos fundamentales del accionante.
48. Finalmente, respecto del desconocimiento del precedente, la Sala advierte que tal
reproche tampoco permite superar el requisito de relevancia constitucional. De una parte,
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00876-01
Accionante: José Alejandro Moreno Burgos
Se confirma la improcedencia de la demanda
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia invocada por la parte actora no fue
identificada de manera suficiente, lo que impide establecer su alcance y aplicabilidad al
caso concreto. De otra parte, la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés
Administrativo de Medellín no resulta vinculante frente al Tribunal Administrativo del
Quindío, habida cuenta de que fue dictada por una autoridad judicial de inferior jerarquía.
49. En suma, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional,
por cuanto (i) corresponde a un asunto de mera legalidad que persigue pretensiones
económicas, (ii) la discusión se reduce a la reiteración de los argumentos propuestos en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y (iii) no se acreditó un
desconocimiento del precedente que habilite la intervención excepcional del juez
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 19 de marzo de 2026 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
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