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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00881-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00881-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela promovida por Ancizar Marino Ortiz Patiño y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional, la Secretaría procederá a su archivo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00881-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00881-01
Demandante: Ancizar Marino Ortiz Patiño y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició las providencias de primera y segunda
instancia por medio de las cuales se resolvió un incidente de regulación de perjuicios.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada contra la Sentencia de 19 de marzo de 2026,
mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 6 de febrero de 2026, Ancizar Marino Ortiz Patiño, Marleny
Hernández Flórez y Luz Dary Guamanga Alvarado, a través de apoderado,
presentaron una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cauca y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad, tutela judicial efectiva y el
principio de prevalencia del derecho sustancial, con ocasión de las
providencias de 23 de julio de 2019 y de 4 de agosto de 2025, proferidas por
las autoridades judiciales accionadas dentro del incidente de liquidación de
regulación de perjuicios No. 19001-23-31-000-2001-00543-00/02.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del

requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00881-01
Demandante: Ancizar Marino Ortiz Patiño y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

“1. Se tutelen los derechos fundamentales de los señores MARLENY HERNANDEZ
FLOREZ, ANCIZAR MARINO ORTIZ PATIÑO y LUZ DARY GUAMANGA ALVARADO,
heredera del señor MAXIMILIANO GUAMANGA, al Debido proceso, Prevalencia
del derecho sustancial, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad
y derecho a la tutela judicial efectiva.

2. En consecuencia, se deje sin efectos el auto No. 365 del 23 de julio de 2019
proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca y el auto de fecha 4 de
agosto de 2025, proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección
Tercera - Subsección C del Consejo de Estado, por incurrir en defecto fáctico
por omisión probatoria al no valorar pruebas válidas ya practicadas y
legalmente incorporadas al proceso, defecto sustantivo al aplicar una regla
inexistente al indicar que las pruebas del proceso principal pierden valor o no
pueden ser valoradas por el solo hecho de que el juez de primera instancia las
considere insuficientes en una sentencia previa y por Desconocimiento del
precedente judicial al descartar un dictamen y no valorarlo bajo las reglas de
la sana crítica en conjunto con todo el material probatorio de conformidad con
la jurisprudencia del Consejo de estado.

3. En consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo del Cauca proferir una
nueva decisión dentro del incidente de regulación de perjuicios, valorando
integralmente todas las pruebas legalmente incorporadas al proceso principal
y al incidente, en especial los dictámenes periciales contables practicados con
intervención de las partes, la inspección judicial y testimonios a los cuales se les
debe dar plena validez, eficacia y fuerza probatoria específicamente sobre los
montos referidos al lucro cesante y Good Will.

4. Se prohíba expresamente a las autoridades judiciales accionadas excluir
pruebas legalmente practicadas sin haberlas declarado nulas, ilegales u
objetadas por error grave.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:

4. 1) El 30 de abril de 2001, los accionantes y otros promovieron acción
de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, por la destrucción de sus establecimientos de comercio y bienes
muebles, con ocasión de una toma guerrillera de las FARC en el municipio
de El Bordo (Cauca), el 7 de marzo de 2000. El proceso fue conocido en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cauca bajo el radicado
No. 19001-23-31-000-2001-00543-00.

5. 2) Mediante Sentencia de 21 de septiembre de 2006, el tribunal
accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que existió
ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, bajo el régimen del daño
especial. En consecuencia, condenó a la entidad demandada al pago de
los perjuicios materiales, reconoció el daño emergente e impuso condena
en abstracto para liquidar el lucro cesante, por no existir certeza de su
monto.

6. 3) La decisión fue apelada y, mediante Sentencia de 29 de julio de
2015, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó
la decisión anterior y fijó los criterios a seguir para la liquidación del lucro
cesante en el incidente respectivo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00881-01
Demandante: Ancizar Marino Ortiz Patiño y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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7. 4) Por estos hechos, los accionantes promovieron incidente de
regulación de perjuicios, en el que, además de las pruebas aportadas en el
proceso principal, aportaron un dictamen pericial en el cual se calcularon
los ingresos dejados de percibir por sus establecimientos de comercio y el
valor del “Good Will”.

8. 5) El 23 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cauca resolvió el
incidente y, en general, consideró que no existían pruebas suficientes para
determinar los ingresos de los establecimientos, por lo que reconoció una
suma de dinero basado en la presunción del salario mínimo.

9. 6) La parte actora presentó recurso de apelación al considerar que el
tribunal debió reconocer la indemnización de acuerdo con la
cuantificación practicada en el dictamen aportado, el cual no fue
objetado por la parte demandada.

10. 7) Mediante Auto de 4 de agosto de 2025, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera
instancia, al estimar que los valores solicitados por la parte actora carecían
de sustento probatorio. Para la Subsección C, los valores indicados en el
aludido dictamen tenían como fundamento declaraciones y afirmaciones
de la parte demandante y de otros testigos, pero no estaban respaldadas
por otros medios de prueba, por lo que no se cumplió con los lineamientos
dados para liquidar la condena.

11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que las
decisiones de las autoridades judiciales accionadas incurrieron en:

12. 1) Defecto fáctico, al omitir la valoración de pruebas determinantes
para la decisión del caso, principalmente el dictamen pericial contable
practicado dentro del proceso principal y que debía ser valorado de forma
integral con el segundo dictamen contable practicado en el año 2010 y
allegado al incidente.

13. 2) Defecto sustantivo porque aplicaron una regla inexistente en el
ordenamiento jurídico consistente en que las pruebas del proceso principal
no podían ser valoradas en el incidente de regulación de perjuicios por
haber sido consideradas insuficientes. Para la parte actora, esa
interpretación no tiene respaldo alguno en las normas aplicables al caso.

14. 3) Desconocimiento del precedente porque se apartaron de la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado según la cual los dictámenes
periciales deber ser valorados conforme con las reglas de la sana crítica y

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Demandante: Ancizar Marino Ortiz Patiño y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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en conjunto con los demás medios probatorios. Para ello citó las siguientes
varias sentencias3.

1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación

15. Mediante Sentencia de 19 de marzo de 2026, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional porque los reparos planteados habían
sido previamente planteados por los accionantes y resueltos por el juez
ordinario, en el incidente de regulación de perjuicios.

16. Adicionalmente, la Sala advirtió que la controversia tenía un
contenido predominantemente económico, relacionado con la
cuantificación de perjuicios, asunto ajeno al ámbito de la acción de tutela,
por lo cual no consideró necesaria la intervención del juez constitucional.

17. Contra esta decisión, la parte actora presentó escrito de
impugnación, en el que señaló que el asunto sí cumplía con el requisito de
relevancia constitucional porque se vulneró el debido proceso de los
accionantes al omitirse un dictamen pericial contable legalmente
incorporado y no objetado, y al aplicar una regla inexistente. Además,
señaló que no se trataba de una controversia estrictamente económica
porque las decisiones cuestionadas afectaban los derechos fundamentales
de los accionantes y de sus familiares.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos. 2.2. Identificación de la providencia objeto de
estudio. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Conclusiones.

2.1. Identificación de defectos

18. La Sala pone de presente que, aunque en el escrito de tutela se
alegaron varios defectos, los reproches se concentran en la presunta
omisión de valoración de un dictamen pericial por parte de las autoridades
judiciales accionadas. En ese sentido, los reparos serán analizados en
conjunto bajo la óptica del defecto fáctico.

3 Sentencia de 11 de marzo de 2010, exp No. 2008-00183-01 (17986), proferida por la Sección Cuarta del Consejo

de Estado; Sentencia de 19 de abril de 2012, exp. No. 1999-00815-01 (21515), proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado; Sentencia de 22 de enero de 2014, exp. No. 2000-00077-02 (29242) proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado y Sentencia de 9 de diciembre de 2025, exp. 59311 proferida por la Sección Tercera
Subsección C del Consejo de Estado.
4 Mediante Auto de 16 de febrero de 2026, el despacho ponente de primera instancia resolvió: i) admitir la presente

acción de tutela, ii) tener como demandados al Tribunal Administrativo de Cauca y la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y iii) vincular a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a los
señores Óscar Holguín Varona, Ana Diva Ordoñez Hoyos, Deyanira Mesa de Ordoñez, Maximiliano Guamanga,
Ana Porfiria Solano Mondragón, Hersilia Solano Mondragón, María Amelia Solano Mondragón y Álvaro Herney
Ordoñez como terceros con interés en el resultado del proceso.

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Demandante: Ancizar Marino Ortiz Patiño y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2.2. Identificación de la providencia objeto de estudio

19. El análisis de la presente acción de tutela se centrará únicamente en
el Auto de 4 de agosto de 2025, proferido por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que resolvió, en segunda instancia, el
incidente de regulación de perjuicios. Lo anterior, habida cuenta de que fue
la decisión que resolvió de forma definitiva la controversia y, ante un
eventual fallo favorable, sería el juez de segunda instancia el llamado a
cumplir con la respectiva orden de tutela.

2.3. Fijación de la controversia.

20. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela
satisfizo, o no, el requisito de relevancia constitucional. En el evento en el que
la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer,
una vez verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, si la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, incurrió en un defecto
fáctico por omitir valorar un dictamen y, con ello, vulneró los derechos
invocados por la parte actora al haber confirmado la decisión de primera
instancia que liquidó el lucro cesante con base en el salario mínimo. En ese
sentido, se deberá confirmar, modificar o revocar la decisión de primer
grado.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

21. En el presente asunto, se confirmará el fallo de primera instancia por
las razones expuestas a continuación:

22. La Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que el asunto
carecía de relevancia constitucional, al haber sido abordado previamente
por el juez ordinario. Al respecto, la Sala comparte el análisis efectuado en
primera instancia comoquiera que, de conformidad con la Corte
Constitucional, (se trascribe) “el juez [de tutela] no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones”.

23. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo, expresamente, que el requisito que se analiza
requiere (1) la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela5 y que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de

5 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la

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Demandante: Ancizar Marino Ortiz Patiño y otros
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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obtener una nueva instancia6; y (2) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad7.

24. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por objeto preservar la competencia e independencia
del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten
los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una
instancia adicional8.

25. Habida cuenta de lo anterior, la Sala estima pertinente señalar que,
como lo determinó el juez de tutela de primera instancia, lo reproches
esbozados en el escrito de tutela, relacionados con la valoración del
dictamen pericial ya habían sido planteados por la parte accionante en el
recurso de apelación que presentó contra el Auto de 23 de julio de 20199.
Así mismo, dichos reparos fueron resueltos por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que estableció (se trascribe):

“[…] Los demandantes en sede del recurso de apelación aportaron "inspección
judicial con la intervención de perito contador", llevada a cabo el 20 de enero de
2010 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Patía (Bordo, Cauca), en la
que se anexó un dictamen pericial rendido por un contador para dar cuenta del lucro
cesante de los establecimientos comerciales Hotel Aristi, Hotel Guamanga, Depósito
el Diamante, Prenderia la Estrella y Miscelánea Central; no obstante, tal elemento de
convicción no fue valorado por esta Corporación, al considerar que su incorporación
al proceso se hizo de manera extemporánea, de ahí que en la sentencia dictada se
confirmó la condena en abstracto respecto de este perjuicio.

Ahora bien, cabe señalar que la cuantificación planteada en el referido dictamen sí
fue valorada por el Tribunal de primera instancia, en sede del incidente de condena
en abstracto; sin embargo, el a quo determinó que no había lugar a acceder a los
montos indicados por la parte actora, con sustento en la referida prueba pericial,

vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena de rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
6 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
7 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.

No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
8 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
9 En el recurso se indicó (se trascribe): “APELO su auto por medio del cual resuelve el incidente de liquidación de

perjuicios, con base en los siguientes argumentos:
1 Se tramita el presente incidente en cumplimiento de una orden del H. Consejo de Estado que así lo propuso;
2 Para estos efectos, el suscrito apoderado presentó el incidente respectivo, al amparo de un dictamen pericial,
tramitado bajo los presupuestos legales dispuestos por el art. 300 del C.P.C., de la época, es decir, aprobado luego
de surtir los trámites legales para cumplir los principios de contradicción, publicidad, etc, como toda prueba lo
requiere, luego de lo cual, fue aprobado por el señor Juez del Conocimiento, dada la facultad legal que ese
código le imprimía.
3 Bajo ningún presupuesto legal, la contraparte ha pedido un nuevo dictamen o, en su defecto, ha alegado
algo para desvirtuar la legalidad impresa al dictamen presentado.
4 No obstante lo anterior, el Despacho decide el incidente estableciendo unas cuantías que no han sido
debatidas procesalmente, pues no forman parte de prueba alguna que permita su contradicción, por lo tanto, la
decisión va más allá de la facultad legal para hacerlo.
En tal virtud, con todo respeto solicito se sirva conceder el recurso de apelación para que el H. Consejo de Estado
proceda a revocarlo y, en su defecto, decida conforme a la cuantificación incidental practicada por la parte
que represento”.

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toda vez que los valores allí plasmados tenían como fundamento declaraciones y
afirmaciones que fueron desestimadas en el curso del proceso y, además, no
estuvieron respaldadas por otros elementos de prueba que las convalidaran.

Al respecto, el despacho concluye que le asistió razón al juzgador de primer grado en
cuanto a la improcedencia de reconocer el monto el lucro cesante con fundamento
en la liquidación contenida en el dictamen pericial allegado por la parte actora, pues
los supuestos en los que se sustentó no se encuentran respaldados.

En efecto, en la experticia simplemente se plasmaron los valores expuestos por la
parte la parte demandante en las pretensiones del escrito inicial y, asimismo, se
tuvieron como ciertas las cifras declaradas en los testimonios practicados, sin que se
evidenciaran los soportes que fundamentaban dichas sumas de dinero.
En otras palabras, el perito acogió como fundamento de su liquidación los valores
presentados por los actores en la demanda, así como las cifras que afirmaron los
testigos en el curso del proceso judicial; sustento probatorio que fue desestimado en
la sentencia tanto de primera como de segunda instancia, por considerarse
insuficiente, motivo por el cual no era susceptible de ser valorado o considerado
nuevamente en el incidente.

Sobre este aspecto, tal y como lo puso de presente el Tribunal Administrativo del
Cauca, "el perito no allegó prueba alguna (...) y no puede valorarse nuevamente el
material probatorio aportado en el proceso antes del incidente, debido a que al
respecto las sentencias se pronunciaron y llegaron a la conclusión de que era
deficiente, de modo que no puede reconocerse esas cantidades".
Para ilustrar lo anterior, se pone a consideración las conclusiones de la sentencia de
primera instancia que fue confirmada por el Consejo de Estado respecto del lucro
cesante solicitado y, a su vez, ello se compara con los argumentos del perito en
relación con los valores que se debían tener en cuenta para calcular dicho concepto:
(…)
En secuencia con lo que se acaba de indicar, este despacho advierte que el
despliegue probatorio en el trámite incidental fue insuficiente de cara a lo dispuesto
en las providencias que se pretendían concretar, puesto que ni el dictamen pericial
ni los demás medios probatorios'2 que se aportaron por el extremo activo tenían la
suficiencia para acreditar -los ingresos dejados de percibir en razón de los cánones
de arrendamiento y el funcionamiento de los establecimiento comerciales, que fue
el parámetro establecido en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia
para la liquidación de la condena.”

26. De lo transcrito, la Sala evidenció que el dictamen pericial sí fue
valorado por la accionada, quien concluyó que sus fundamentos carecían
de soporte probatorio suficiente. En ese sentido, con la tutela se pretendió
revivir un debate propio del juez natural sobre una situación definida y
consolidada. Es decir, se buscó que, a través de la acción de tutela, se
estudiara un aspecto que ya fue resuelto, para utilizarla como una instancia
adicional. Adicionalmente, se advierte como también lo hizo el juez de
primera instancia, que la controversia sí plantea un debate eminentemente
económico, pues se centra en la acreditación probatoria de la
cuantificación del lucro cesante, derivado de la actividad comercial de los
accionantes.

27. Finalmente, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre las partes de un proceso y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. La presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía

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Demandante: Ancizar Marino Ortiz Patiño y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este un mecanismo constitucional de amparo de
derechos fundamentales de carácter excepcional10.

2.5. Conclusiones

28. Se confirmará la sentencia que declaró improcedente de la acción
constitucional, por no superar el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 19 de marzo de 2026, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela promovida por Ancizar Marino Ortiz
Patiño y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión. Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional, la
Secretaría procederá a su archivo.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

10 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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