Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00884-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00884-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00884-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00884-00 1
Accionante : Diana Patricia Varela y otros
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia
Vinculados : Juzgado 23 Administrativo de Medellín
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de
reparación directa, caducidad, oportunidad para interponer
recurso de apelación
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada
por María Rocío Castaño, Diana Patricia Varela, Amparo del Socorro, Juan Andrés y
Marley Johana Castaño; y Marleny, Jaime de Jesús y Ramiro de Jesús Castaño Castaño
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
los accionantes frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. Los accionantes, quienes actúan por medio de apoderado judicial, interpusieron el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión.
3. Por consiguiente, solicitan dejar sin efectos la providencia del 5 de agosto de 2025
1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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mediante la cual se estimó bien denegado el recurso de apelación contra el auto del 14
de mayo de 2025 proferido por el Juzgado 23 Administrativo de Medellín que rechazó la
demanda de reparación directa por haber operado el fenómeno de caducidad.
1.3 Hechos2.
4. Los accionantes interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el propósito que se les declarara
patrimonialmente responsables por la muerte del señor Albeiro de Jesús Castaño
Castaño ocurrida entre el 20 y el 29 de noviembre de 1997 en el municipio de Dabeiba,
Antioquia, quien fue reconocido como víctima en el numeral 118 del anexo 1 de la
sentencia del 28 de julio de 2022 y notificada el 30 de enero de 2023 en el caso de
Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
5. Mediante auto del 14 de mayo de 2025, el Juzgado 23 Administrativo de Medellín
rechazó la demanda, por considerar configurado el fenómeno de caducidad. Dicha
providencia fue notificada por estado el 15 de mayo de 2025, misma fecha en la que fue
remitida, igualmente, al correo electrónico.
6. El 22 de mayo de 2025, interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, los cuales, fueron rechazados por extemporáneos a través de proveído del 11
de junio de 2025. Inconforme con ello, presentaron recurso de queja que fue resuelto por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión mediante providencia
del 5 de agosto de 2025 en la que estimó bien denegado el recurso de apelación.
7. Al respecto, manifiestan en el escrito de tutela que, las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en defecto procedimental, pues, al priorizar la aplicación del
artículo 201 del CPACA se quebrantaría el derecho de acceso a la administración de
justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos como lo son los
demandantes, en tanto, no tendrían otro mecanismo judicial para obtener la reparación
a los daños causados.
II. TRÁMITE PROCESAL
8. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 9 de
febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
2 Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
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notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión; y (ii) dispuso
vincular al Juzgado 23 Administrativo de Medellín, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción.
9. El Juzgado 23 Administrativo de Medellín se opuso a la prosperidad de la acción
de tutela, para lo que argumentó que, lo que pretende la parte accionante en este asunto
es desconocer normas procesales de orden público, en tanto, presentó en forma
extemporánea el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda por
caducidad del medio de control de reparación directa dictado por ese Juzgado.
10. Como se advirtió en el auto de 11 de junio de 2025 que rechazó la alzada por
inoportuna, la parte demandante hizo una lectura inadecuada de las normas que rigen la
notificación personal y por estado de providencias judiciales, a la luz de lo normado en
la Ley 1437 de 2011. En razón de dicha intelección errada, interpuso el recurso de
apelación contra el rechazo de la demanda por fuera de la oportunidad legal y pretende,
ahora, invocar disposiciones de derecho internacional y el control de convencionalidad
para litigar con sus propias normas o interpretación de ellas, lo cual vulnera no solo la
seguridad jurídica, sino que desconoce el derecho a la igualdad de todos ante la ley, en
tanto aspira a que sea su propia interpretación la que rige el devenir de los procesos
judiciales.
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que, el asunto no reviste una
evidente relevancia constitucional, a la luz de los parámetros fijados por la Corte
Constitucional y reforzados por la Sala Plena del Consejo de Estado, en tanto, el núcleo
de la controversia gira alrededor de la correcta interpretación y aplicación de las normas
sobre notificación por estado y el cómputo de términos para interponer recursos,
especialmente los artículos 201, 205 y 244 de la Ley 1437 de 2011.
12. Explicó que, la discusión se centra en determinar si el juez debió aplicar el término
de dos días propios de la notificación personal por medios electrónicos o el término de
tres días previsto para los autos notificados por estado, lo que evidencia que el problema,
en su esencia, es de carácter legal y estrictamente procesal, sin que surja de manera
directa un debate sobre el contenido esencial de un derecho fundamental.
13. Adicionalmente, explicó que, la Sala Quinta de decisión en el auto que resolvió la
queja se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la interposición
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oportuna del recurso de apelación, frente a lo cual concluyó, con base en jurisprudencia
de unificación del Consejo de Estado, que la notificación por estado no puede asimilarse
a una notificación electrónica y que, por consiguiente, el término para recurrir era de tres
días contados desde el día siguiente a la desfijación del estado. Así, determinó que el
recurso presentado el 22 de mayo de 2025 era extemporáneo, valoración que demuestra
que la decisión cuestionada es el resultado de un razonamiento estrictamente normativo,
fundado en normas procesales y en un precedente vinculante y no puede calificarse
como una actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable que afecte el
núcleo esencial del debido proceso.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 La acción.
15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
16. Se contrae a determinar si es procedente, a través de la acción de tutela, examinar
el eventual quebranto del derecho fundamental que pueda comportar el auto del 5 de
agosto de 2025 mediante el cual, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión declaró bien denegado el recurso de apelación formulado contra el auto del 14
de mayo de 2025 proferido por el Juzgado 23 Administrativo de Medellín que rechazó la
demanda de reparación directa formulada por los accionantes, por encontrar configurado
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el fenómeno de caducidad; y, en caso afirmativo, determinar si se han vulnerado los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
17. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado4, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
18. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
19. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
3 Sentencia C-590 de 2005.
4 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García
González.
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decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
20. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor, con
ocasión, a su juicio, de una indebida valoración de las pruebas aportadas en el proceso
de insistencia, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la configuración de un defecto
fáctico; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron con meridiana los hechos que originaron el supuesto quebranto de la
aludida garantía superior; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en
que, no trascurrió más de 6 meses entre la ejecutoria de la providencia cuestionada y la
interposición de la tutela5; y (v) la determinación acusada no es de tutela.
21. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto procedimental invocada por los
accionantes.
3.5. Defecto procedimental
22. Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y
(ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay una renuncia consciente de la
5 Si se tiene en cuenta que la notificación ocurrió el 6 de agosto de 2025 y la acción de tutela se radicó el 6 de febrero
de 2026.
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verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales»6, es decir, se privilegian aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que
afecta la garantía de acceso a la administración de justicia7.
23. La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de
2007, ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los siguientes
elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii) que el defecto
procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar derechos constitucionales
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada, salvo que las propias
circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como consecuencia de lo anterior, se
vulneran garantías superiores8; y (v) que no puede ser atribuible al afectado el
desconocimiento del procedimiento que se arguye9.
24. Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación10 también ha indicado que el
defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no observa las
formas propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al autorizado (actúa por
fuera de sus competencias), lo que implica exigir trámites o requisitos que no
corresponden, u omite adelantar etapas procesales en desconocimiento del principio de
legalidad y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso de las partes
intervinientes.
25. En el presente caso, los demandantes sostienen que el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en defecto procedimental, al considerar extemporáneo el recurso de
apelación formulado contra el auto mediante el cual el Juzgado 23 Administrativo de
Medellín rechazó la demanda por caducidad.
26. Exponen que el Tribunal debió aplicar de manera preferente el artículo 205 del
CPACA sobre notificaciones por medios electrónicos, pues, de haber procedido de esa
forma, se habría entendido interpuesto oportunamente el aludido recurso. No obstante,
optó por aplicar el artículo 201 ibidem, lo que, a la postre, generó el quebranto del
derecho de acceso a la administración de justicia.
27. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en la providencia objeto de censura,
consideró:
6
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
7
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
8
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9
Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
10
Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras.
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[…]
El inconformismo del recurrente radica en que, a su parecer, se debe aplicar los dos (2) días
establecidos en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 ya que considera que la providencia de
rechazo de la demanda se notificó por medio de una notificación electrónica.
El artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021 dispone,
por un lado, que los autos que no deban notificarse personalmente se notificarán por anotación en
estado, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los autos no sujetos al requisito de la
notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para
consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará el
día siguiente al de la fecha del auto. y en ella ha de constar:
1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en
calidad de medio notificador durante el respectivo día.
Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será
necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la
providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos
procesales.”
Ahora bien, el artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, dispone
algunas reglas para que se surta la denominada notificación electrónica, así:
“ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. La notificación
electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para
su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del
mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la notificación.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione
acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.
El Secretario hará constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas
electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por
cualquier interesado.”
Conforme al marco jurídico establecido, se determina que la notificación por estado mencionada en
el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 no se equipara a la notificación electrónica contemplada en
el artículo 205 del mismo código.
Aunque el tercer inciso del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 exige el envío de un mensaje de
datos al canal digital de los sujetos procesales, la notificación efectiva se produce mediante la
publicación en el estado electrónico, que constituye el medio formal de notificación. Por ende, el
mensaje enviado no es el acto que formaliza la notificación. Adoptar una interpretación contraria
desvirtuaría la naturaleza jurídica de la notificación por estado, ya que implicaría que esta solo se
perfecciona con el envío de un correo electrónico, lo cual la transformaría en una notificación
personal, según lo previsto en los artículos 197 y 199 de la Ley 1437 de 2011.
Sobre ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por auto de
unificación jurisprudencial precisó lo siguiente en cuanto a la notificación por estado electrónico a la
que alude el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 y su relación con la contabilización de los términos
procesales contenidos en las providencias que se notifican de tal manera:
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“El artículo 201 del CPACA regula la notificación por estado de los autos que no requieren de
notificación personal, la cual consiste en la anotación en estados electrónicos para consulta
en línea. Conforme con la modificación efectuada por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021,
esta notificación deberá ser fijada virtualmente con inserción de la providencia, sin que sea
necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la
providencia respectiva. Debe precisarse que la notificación por estado no puede asimilarse a
una notificación electrónica, pues si bien el precitado artículo 201 dispone que se enviará un
mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales, tal actuación se limita a comunicar
a las partes sobre la existencia de la notificación por estado, pues la providencia se encuentra
inserta en el estado fijado virtualmente en la página web de la autoridad judicial. Lo anterior
incide en la contabilización de los respectivos términos procesales, pues los mismos
empezarán a correr al día hábil siguiente a la desfijación del estado”.11
En el caso bajo estudio, una vez consultadas las actuaciones registradas dentro del proceso en el
aplicativo Samai del Juzgado, se encuentran las siguientes:
Así las cosas, el despacho desestima los argumentos del recurrente por cuanto, según la
información del aplicativo Samai, la Secretaría del Juzgado realizó la notificación del auto que
rechazó la demanda, por estado del 15 de mayo de 2025, ya que no es una de las providencia que
requiere notificación personal conforme al artículo 198 de la Ley 1437 de 2011 y, el mensaje del 15
de mayo de 2025 no es una notificación, sino que consiste en la comunicación de la notificación por
estado, que prescribe el inciso final del artículo 201 de la referida normativa.
Luego, conforme al auto de unificación jurisprudencial proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, el 29 de noviembre de 2022, que constituye un precedente jurisprudencial de obligatorio
cumplimiento para los operadores de justicia, en este caso, no resulta aplicable el término de los
dos (2) días que establece el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 comoquiera que la notificación
por estado no puede asimilarse a una notificación electrónica y, por consiguiente, en vista de que el
auto que rechazó la demanda se notificó por estado electrónico del 15 de mayo de 2025, el término
de tres (3) días para presentar el recurso de apelación, que establece el artículo 244 ibídem, corrió
desde el 16 de mayo de 2025 al 20 de mayo de 2025 y habiéndose presentado el recurso el 22 de
mayo de 2025, su presentación resulta extemporánea.
Por tanto, este Despacho estima bien denegado el recurso de apelación presentado por la parte
demandante en contra del auto del 14 de mayo de 2025.
[…]
28. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al desatar el recurso de queja formulado por el apoderado de los hoy
accionantes, consideró que, la providencia que rechaza la demanda no es de aquellas
que deban notificarse personalmente a voces del artículo 198 del CPACA por lo que,
encontró ajustada a la norma la notificación por estados realizada por el juzgado, la cual,
se perfecciona con la publicación en el estado electrónico.
29. En este contexto, estimó que, no era dable entender que, el envío del mensaje de
11 Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; CP Stella Jeanette Carvajal Basto; auto de
unificación jurisprudencial de 29 de noviembre de 2022; expediente no. 68001- 23-33- 000-2013-00735-02 (68.177).
En relación con esta providencia, los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
salvaron su voto.
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datos en el que se informa a los sujetos procesales sobre la fijación del estado se
equipara a las notificaciones por medios electrónicos de que trata el artículo 205 del
CPACA, pues, ello desnaturalizaría la figura procesal prevista en el artículo 201 ibidem.
30. Dicha interpretación, a juicio de esta Sala, no comporta la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, puesto que, como bien lo
explicó el Tribunal Administrativo de Antioquia, la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado, en auto de unificación jurisprudencial del 29 de
noviembre de 2022, determinó que no es posible equiparar la notificación por estados a
la notificación electrónica, de manera que, para la primera de estas no aplica el término
de dos (2) días establecido en el artículo 205 del CPACA para que se entienda surtida.
Así lo explicó esta Corporación:
«El artículo 201 del CPACA regula la notificación por estado de los autos que no requieren de
notificación personal, la cual consiste en la anotación en estados electrónicos para consulta en línea.
Conforme con la modificación efectuada por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, esta notificación
deberá ser fijada virtualmente con inserción de la providencia, sin que sea necesario imprimirlos, ni
firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.
Lo anterior incide en la contabilización de los respectivos términos procesales, pues los mismos
empezarán a correr al día hábil siguiente a la desfijación del estado 12.
Por lo demás, se observa que el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022 que regula la notificación por
estado de las providencias, no consagró la obligación del envío del mensaje de datos al canal digital
de los sujetos procesales.»
31. Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia al aplicar el artículo 201 del CPACA para analizar la fecha
de notificación del auto que rechazó la demanda no adolece del defecto procedimental
invocado, pues, por el contrario, es claro que esta obedeció a la aplicación de las normas
procesales vigentes y de las pautas jurisprudenciales que, a través de la providencia de
unificación del 29 de noviembre de 2022, fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
32. Por tanto, la decisión de estimar bien denegado el recurso de apelación contra el
auto que rechazó la demanda por caducidad se encuentra suficientemente sustentada,
por lo que no es dable calificarla como violatoria de derechos fundamentales, como se
alega en la demanda.
12 Artículos 118 y 318 del Código General del Proceso y 244 del CPACA.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
IV. DECISIÓN
33. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto no se
configura el defecto procedimental alegado por la parte accionante, por lo que, se negará
la solicitud de amparo constitucional formulada.
34. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de tutela formulada por Diana Patricia Varela y otros
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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