Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00886-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00886-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00886-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00886-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
5 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., cinco (05) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se confirma el fallo de primera
instancia.
La Sala decide la impugnación 1 presentada, en calidad de convocante, por
Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita en contra del fallo de tutela proferido el 12
de marzo de 20262 por la Sección Primera del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El 06 de febrero de 2026 3 , el accionante radicó acción de tutela 4 , a través de
apoderada judicial5, en procura de la protección de sus derechos al debido proceso,
a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
así como del principio de favorabilidad, los cuales considera vulnerados con la
providencia proferida el 06 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 63001-33-33-001-2024-00150-00/02.
1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 17, con certificado 02B1BE05B54A50F8
AEB95A9C86A9522A 7B4DA469C32DAF2E 15183E8E89E6205C, del expediente de primera instancia.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 13, con certificado 52C187563CDC5F38
17FB015C29BE5F70 4E02D5F3472F300E 428255E41E3A3570, ibíd.
3 Obra en el índice 2 de SAMAI, ibíd.
4 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
61D93236EED4B79A 2737BF2CE74195F2 82531B5A5D836AF3 401068F1C57BD100, ibíd.
5 Obra poder en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado E89AAB69BC8D5AF2
31D80C2F82855B72 2FD92994E41124BD 56DF1FEC406DB899, ibíd.
2
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
1.2.- Hechos
1.2.1.- La parte demandante ostenta la calidad de docente oficial en la categoría
3BM del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
1.2.2.- Tras la incorporación de los primeros docentes bajo el Decreto Ley 1278 de
2002 y la fijación de la tabla salarial mediante el Decreto 1313 de 2005, los
incrementos de los años 2005, 2006 y 2007 se realizaron de forma proporcional
para todos los escalafones. No obstante, en los años 2008 y 2009, a través de los
Decretos 624, 714 y 1407 de 2008 y 702 y 1238 de 2009, se efectuaron aumentos
de manera indiscriminada que beneficiaron en mayor medida al grado 3DM frente
al grado 3BM.
Así, para los años 2008 y 2009 la categoría 3DM del escalafón docente recibió un
incremento acumulado en su salario del 52,56%, mientras que la categoría 3BM
únicamente obtuvo un incremento total del 29,37%, lo que refleja una diferencia
negativa de 23,19 puntos porcentuales en perjuicio de esta última, situación que
evidencia un trato desigual e indiscriminado en la asignación de los aumentos
salariales.
1.2.3.- Esta disparidad en la base salarial de 2008 y 2009 afectó los emolumentos
percibidos por Caicedo Piedrahita, toda vez que, aunque en dicho periodo los
incrementos anuales fueron iguales para ambas categorías, se aplicaron sobre una
base previa injustificadamente inferior para el grado 3BM. En consecuencia, el
afectado elevó reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación del
Municipio de Armenia y el Ministerio de Educación Nacional, en la que solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
desiguales e injustificados decretados para los años 2008 y 2009, la cual fue
resuelta de forma negativa6, mediante los oficios ARM2024EE005950 y 2024-EE-
062778, respectivamente.
6 A folios 41-72
del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 662EDA9473678C67
14FC2F04897BB730 FC7865C59E3095D0 FB19DDD1BB363B17, ibíd.
3
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
1.2.4.- Con base en los hechos descritos, Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicó
demanda7 para que se declarara la nulidad de los actos administrativos expedidos
por la Nación –Ministerio de Educación Nacional– y el Municipio de Armenia,
mediante los cuales le negaron las solicitudes mencionadas anteriormente.
Además, solicitó que se inaplicara el Decreto núm. 284 del 05 de marzo de 2024 y,
a título de restablecimiento, se ordenara el pago de las diferencias salariales de los
últimos tres (3) años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa,
en virtud de la configuración del fenómeno prescriptivo, así como de las que se
causen hacia el futuro. El proceso le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia bajo el radicado 63001-33-33-
001-2024-00150-00.
1.2.5.- El a quo ordinario, mediante sentencia del 19 de noviembre de 20248, negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que las disposiciones normativas
puestas en consideración no son discriminatorias y no se configura una violación
del derecho a la igualdad. Lo anterior en la medida en que: i) el Gobierno Nacional
tiene la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos, incluidos los docentes oficiales. Dichos incrementos pueden
ser diferenciados, siempre y cuando se respeten los principios de progresividad,
proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, las diferencias en los porcentajes de
reajuste de los salarios buscan favorecer a quienes menos devengaban dentro del
escalafón, para cerrar una brecha salarial que resultaba injustificada y lesiva para
quienes estaban en él; y ii) al analizar el test de igualdad, el Despacho advierte que
no puede equipararse un nivel salarial con otro y es posible dar un trato
diferenciado, pues un docente ubicado en determinado grado del escalafón tiene
unas condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se
encuentra ubicado en otro; por tanto, el cargo de “a trabajo igual salario igual” no
es predicable, por lo que no se advierte inequidad en los porcentajes de aumento.
7 A folios 1-37 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 662EDA9473678C67
14FC2F04897BB730 FC7865C59E3095D0 FB19DDD1BB363B17, ibíd.
8 Folios 85 al 104 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 662EDA9473678C67
14FC2F04897BB730 FC7865C59E3095D0 FB19DDD1BB363B17, ibíd.
4
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
1.2.6.- Inconforme, el demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
decisión referida. Por providencia del 06 de agosto de 2025 9 , el Tribunal
Administrativo del Quindío confirmó la sentencia atacada, al no encontrar
vulneración alguna al derecho a la igualdad.
1.2.7.- El Tribunal, para resolver el caso concreto, determinó que la situación
reprochada como desigual, no cumple las primeras exigencias de comparación. Si
bien se identifica un trato disímil, este se aplica a sujetos distintos y en condiciones
diferentes; pues, aunque ambos sean docentes profesionales, son servidores a los
que se les exige distinta cualificación, evaluación y experiencia, lo que supone la
validez de la existencia de tratos diversos a diferentes sujetos.
1.2.8.- Por tanto, consideró el Tribunal que en el presente caso el principio de
“trabajo igual salario igual” no aplica por las condiciones y razones objetivas como
la formación, la capacitación y preparación que justifican la diferencia de trato entre
uno y otro grado del escalafón. Asimismo, el argumento referido a que no se justificó
el incremento porcentual salarial diferente para cada escalafón con base en un
cálculo matemático, no es de recibo para el Tribunal, toda vez que la Sentencia C-
408 de 2021 señaló que los análisis de igualación matemática entre
remuneraciones no tienen cabida, pues se deben tener en cuenta las diferencias
fácticas de cada servidor.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante alega que la sentencia del 06 de agosto de 2025 incurrió en un
defecto sustantivo, debido a que el Tribunal desconoció lo dispuesto en el artículo
13 de la Constitución Política, la Ley 4 del 18 de mayo de 1992 y el Decreto Ley
1278 de 2002, así como también dejó de aplicar lo dispuesto en la Sentencia C-
1064 de 2001. El actor consideró que el defecto sustantivo se configura por cuanto
el fallo del Tribunal desconoce el alcance normativo del principio de igualdad y del
mandato de progresividad, al asimilar el debate a una comparación abstracta entre
grados del escalafón, en lugar de verificar si existían razones objetivas y
9 Folios 105-116 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 662EDA9473678C67
14FC2F04897BB730 FC7865C59E3095D0 FB19DDD1BB363B17, ibíd.
5
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
constitucionalmente válidas para justificar un incremento tan dispar en un mismo
año para categorías que, aunque son diferentes en requisitos, comparten la misma
fuente de regulación. Por tanto, el Tribunal desnaturalizó el test de igualdad y omitió
indagar por la proporcionalidad de la medida y por la obligación del Estado de no
generar retrocesos o discriminaciones arbitrarias en materia de remuneración
laboral.
Asimismo, el señor Caicedo Piedrahita señaló que el ad quem incurrió en un defecto
fáctico por realizar una valoración indebida de las pruebas respecto al debate
jurídico planteado, toda vez que no se allegó ningún elemento que demostrara la
existencia de motivos válidos para justificar el incremento salarial
desproporcionado. En consecuencia, se dio un trato inequitativo que generó
incertidumbre sobre la legitimidad y la justificación de la decisión administrativa que
avaló ese aumento.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la
sentencia proferida el día 06 de agosto de 2025, en el expediente radicado
bajo número 63001-3333-001-2024-00150-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) ROBINSON DE JESUS
CAICEDO PIEDRAHITA, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo
aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la
situación particular del (la) docente ROBINSON DE JESUS CAICEDO
PIEDRAHITA a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria
y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico”10.
10 Folio 8 del certificado 61D93236EED4B79A 2737BF2CE74195F2 82531B5A5D836AF3
401068F1C57BD100, índice 2, ibíd.
6
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto11 del 16 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, notificó a las partes y vinculó, en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso, a la Nación –Ministerio de
Educación Nacional–, a la Secretaría de Educación del Municipio de Armenia y al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia.
2.2.- La Secretaría de Educación del Municipio de Armenia12 emitió respuesta, en
la cual solicitó declarar la improcedencia de la presente acción constitucional o, en
su defecto, despachar desfavorablemente las pretensiones; lo anterior, por cuanto
no se trata de un asunto de relevancia constitucional y no se probó ningún defecto
como requisito para la procedencia excepcional de la acción constitucional.
Asimismo, considera que esta entidad pública ha actuado dentro de la competencia
y dentro de los términos que le señalan la Constitución y la Ley.
2.3.- El Ministerio de Educación Nacional 13 señaló que este caso no supera el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto no se evidencia una afectación a
los derechos fundamentales o garantías procesales que comprometan gravemente
la existencia o supervivencia de la parte actora, razón por la cual la acción debe ser
declarada improcedente.
2.4.- El Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Armenia no intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados
del auto admisorio de la demanda.
11 Índice 5, con certificado E64A4D24C11B6294 2B7B78DEF1A21B17 6D7628A1C0DAB580
C9E57F01302AD869, ibíd.
12 Obra respuesta en el índice 9, certificado 09403B6BA5709A62 63A6F53C54831D18 F473A2661167300F
EBD912F2B0C36D72, ibíd.
13 Obra respuesta en el índice 10, certificado FF6DFDCD4A0D5599 769EB730A23666E3
CC5DDF5072F208F5 83C8610A9B73F7C4, ibíd.
7
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia14 del 12 de marzo
de 2026, declaró improcedente el amparo tras determinar que la solicitud carece de
relevancia constitucional, toda vez que la parte actora, en su escrito de tutela,
demuestra una mera inconformidad con los criterios adoptados por la autoridad
judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de
su naturaleza y, de paso, invadir la competencia y la independencia del juez natural.
La Sala de Decisión advirtió que los argumentos planteados en sede de tutela ya
fueron resueltos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y no
develan que el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho
fundamental.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida, el accionante presentó impugnación15. El actor
insiste en que se configura un defecto sustantivo o material al realizar una
interpretación irrazonable del artículo 13 de la Constitución, de la Ley 4 de 1992 y
del Decreto 1278 de 2002, además de omitir aplicar el precedente jurisprudencial
vinculante fijado en la Sentencia C-1064 de 2001. El ad quem del proceso ordinario,
a criterio del actor, desconoció el alcance del principio de igualdad y del mandato
de progresividad salarial, al aceptar como justificada cualquier diferenciación entre
categorías del escalafón, sin verificar si existían razones objetivas que permitieran
un incremento tan dispar en un mismo año para grados sometidos a un régimen
salarial unitario previsto en la Ley 4 de 1992.
Finalmente, Caicedo Piedrahita reiteró la configuración de un defecto fáctico,
debido a que la decisión se adoptó sin un respaldo probatorio suficiente que
acreditara la existencia de motivos válidos que justificaran los incrementos
14 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 13, con certificado52C187563CDC5F38
17FB015C29BE5F70 4E02D5F3472F300E 428255E41E3A3570, ibíd.
15 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 17, con certificado
02B1BE05B54A50F8 AEB95A9C86A9522A 7B4DA469C32DAF2E 15183E8E89E6205C, ibíd.
8
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
diferenciados de los años 2008 y 2009. El Tribunal no examinó si los decretos
emitidos contaban con respaldo técnico ni verificó si la diferencia salarial guardaba
relación con criterios de mérito o profesionalización. Tampoco indagó sobre la
afectación permanente generada por esos incrementos en la base salarial de la
categoría 3BM. Esta omisión probatoria resulta determinante, porque priva de
legitimidad la actuación administrativa y convierte la decisión judicial en un acto
carente de fundamento objetivo.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del
fallo de tutela proferido el 12 de marzo de 2026 por la Sección Primera del Consejo
de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución,
32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
9
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
requisitos de procedibilidad 16 y de procedencia 17, con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”18.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber 19 : (i) que el actor cumpla con su carga
argumentativa y justifique suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la
transgresión de estos; y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger
derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente
a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 20 , al
pronunciarse sobre el requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
16 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
20 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, el tutelante cuestiona, en esencia, que la autoridad
accionada: (i) incurrió en un defecto sustantivo al realizar una interpretación
irrazonable del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto 1278 de 2002, además de omitir aplicar el precedente jurisprudencial
vinculante fijado en la Sentencia C-1064 de 2001, pues avaló esta estructura
salarial sin efectuar un control material de constitucionalidad; (ii) configuró un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al no acreditarse una justificación
técnica sobre la disparidad de los incrementos; (iii) validó la legalidad de los actos
mediante conjeturas genéricas sobre formación y experiencia, lo que eludió el juicio
de proporcionalidad; y (iv) vulneró sus derechos fundamentales al convalidar una
medida regresiva y discriminatoria.
4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte
actora no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además
de no haberse explicado en debida forma, se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el Tribunal Administrativo del Quindío en el
radicado No. 63001-33-33-001-2024-00150-00/02, como si la acción de tutela fuera
una instancia adicional a ese trámite, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 06 de agosto de 2025,
se dilucida el siguiente análisis textual:
“Ciertamente se constata que contrario a los sostenido por el extremo apelante,
en la sentencia de primera instancia se efectuó un análisis completo e integral
sobre la afirmada vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto a la
justificación de la administración en cabeza del Ministerio de Educación
Nacional para la fijación de los incrementos salariales de los años 2008 y 2009,
de manera disímil a los años 2005 a 2007, 2010 y 2012 en adelante.
(…)
Se precisa que este Tribunal comparte las consideraciones de la sentencia de
instancia para concluir la inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad,
en tanto la Corte Constitucional ha expresado que el examen de validez
constitucional de un trato diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium
comparationis) consiste en determinar si el criterio de diferenciación utilizado
observó el principio de igualdad (art. 13 C.P), por ende, “Esta concepción
supone que el establecimiento de algunos tratos diversos es posible. El análisis
11
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
constitucional de la situación desigual reprochada exige la identificación de los
siguientes presupuestos: i) los términos de comparación, es decir, las
personas, elementos, hechos o situaciones que efectivamente son
comparables; y, ii) respecto a los cuales se establece un trato desigual”
(Negrillas fuera de texto original).
Así entonces, es claro que, como se sostuvo en el fallo recurrido, la situación
reprochada como desigual, no cumple las primeras exigencias de comparación,
si se verifica que, se identifica un trato disímil, pero a sujetos distintos y en
condiciones diferentes, así sean ambos docentes profesionales, son servidores
a los que se les exige distinta cualificación, evaluación y experiencia, lo que,
desde ya, supone la validez de la existencia de tratos diversos a diferentes
sujetos. Además, el demandante pretende equiparar el nivel salarial B con
Maestría con el D con Maestría, sin tener en cuenta que uno y otro reciben una
remuneración de asiento o de base al momento de la reglamentación distinta,
en tanto el educador profesional con Maestría que está en el Nivel Salarial B
tenía una remuneración visiblemente menor al de mayor trayectoria y que ha
seguido ascendiendo en los niveles salariales, razón por la cual, no son dos
situaciones comparables de uno y otro servidor.
En ese sentido, la reglamentación objeto de reproche, permite identificar una
base salarial acorde con la realidad de cada servidor docente, a fin de que los
aumentos salariales que en lo sucesivo hiciese el Gobierno Nacional no
permitan generar una brecha notable entre remuneraciones de docentes, sin
que se desconozca que el docente con mayor grado y nivel seguirá percibiendo
una mejor remuneración salarial. Por lo descrito, el cargo no prospera.
Tampoco se encuentra razón al apelante en lo atinente a la incongruencia
atribuida a la sentencia de primera instancia, consistente en no haberse
abordado las razones de hecho y de derecho para el trato diferenciado en los
incrementos porcentuales a la base salarial dispuesta para ciertos años, sin
aplicarse idéntica medida para otros, ni en lo relacionado con la inexistencia de
fundamento técnico para disponer incrementos salariales desiguales en ciertas
anualidades.
Ello es así por cuanto revisada la decisión objeto del recurso, se advierte que
en la misma, al respecto se sostuvo que no todas las diferencias salariales que
se presentaron en los grados de escalafón fueron a mayor preparación – mayor
incremento o diferencia salarial, pues precisamente dentro de la competencia
privativa que tiene el Gobierno Nacional, “para realizar ajustes en los salarios,
estimó conveniente realizar ajustes salariales en algunos cargos que sin tener
un mayor grado de escalafón, requerían un mayor ajuste para cerrar la brecha
salarial existente dentro de los grados de escalafón”, sin que ello signifique,
deparar un trato desigual o discriminatorio, sino que se aviene a las
competencias del Ejecutivo siguiendo los lineamientos legales, para efectuar
los incrementos respecto al mínimo que debe darse cada año y, en ese orden,
no se encontró un manejo injusto, ilegal, ni discriminatorio por parte del
Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de los Decretos del
Gobierno Nacional emitidos siguiendo los parámetros dispuestos en la Ley 4°
de 1992, concordante con los arts. 46 y 47 del Decreto 1278 de 2002.
En definitiva, se manifestó en la sentencia censurada que, en el caso concreto,
“(…) es posible dar un trato diferenciado de acuerdo con los principios que la
misma normatividad ha previsto con miras a estimular la profesionalización y
excelencia de quienes hacen parte del magisterio, de manera que para los
casos objeto de estudio, no se desconoce el derecho a la igualdad, pues un
12
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
docente ubicado en determinado grado de escalafón tiene unas condiciones de
experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentra ubicado
en otra, encontrando congruencia en la diferencia salarial de acuerdo a su
ubicación en el escalafón docente (…)”. Agregó que, el salario al encontrarse
en grados de escalafón diferente A - B – C – D, el principio de trabajo igual
salario igual, no aplica, por las condiciones y razones objetivas como la
formación, la capacitación y preparación que justifican la diferencia de trato.
Esta Sala de Decisión, además, encuentra que el recurrente basa su
argumento referido a que no se justificó el incremento porcentual salarial
diferente a cada escalafón con base en un cálculo matemático, estableciendo
los porcentajes diferentes de incremento salarial. Sin embargo, el Órgano de
Cierre de la Jurisdicción Constitucional, en sentencia C-408 del 24 de
noviembre del 2021, tema tratado también por el fallo recurrido, señaló que los
análisis de igualación matemática entre remuneraciones no tienen cabida,
atendiendo a que, es relevante tener en cuenta las diferencias fácticas de cada
servidor, las cuales en el presente caso sí son apreciables, como lo son la
formación y la experiencia requerida para ocupar uno u otro escalafón. Por ello,
el principio de “a trabajo igual, salario igual”, contrario a lo afirmado en el
recurso, “no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que
busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas
condiciones, y que justifica un trato diferente sólo cuando se encuentran bajo
distintas condiciones”.
Asimismo, se precisa que, si bien el extremo apelante indica que no obran en
el expediente estudios técnicos u otros medios de convicción que den cuenta
de la existencia de razones objetivas y válidas para ordenar los incrementos
desiguales, este es un argumento que no fue presentado en la demanda y, en
consecuencia, no le es dable a este Órgano Colegiado en esta sede judicial
pronunciarse al respecto ya que ese el escenario en el que debió plantearlo.
No obstante, en el hipotético caso que ese tema se hubiere planteado desde el
inicio del proceso, tampoco le asistiría razón al demandante, en cuanto no
probó que el Gobierno haya tenido la obligación de realizar dichos estudios
técnicos, por cuanto la Ley 4° de 1992, “Mediante la cual se señalan las normas,
objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f)
de la Constitución Política” tampoco erigió dicha obligación en su art. 2, que fijó
los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el Ejecutivo para la fijación
del régimen salarial y prestacional, como se observa (…)”21.
4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo del Quindío
analizó la controversia y desestimó la tesis de la parte interesada con fundamento
en argumentos razonables, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 63001-33-33-001-2024-00150-00/02.
21 A folios 112 al 115 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 662EDA9473678C67
14FC2F04897BB730 FC7865C59E3095D0 FB19DDD1BB363B17, ibíd.
13
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
4.6.- Todo lo anterior permite dilucidar que el Tribunal atendió con suficiencia las
observaciones del peticionario, quien infortunadamente pretende utilizar la tutela
como si se tratara de una instancia adicional. En este orden de ideas, y en atención
a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe
acotar que no basta con manifestar inconformidades respecto a las decisiones
judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos especiales
de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de
mera legalidad que no trascienden al plano constitucional.
4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica. En razón de lo cual, es concebida como un “juicio de validez” y no como
un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada22. Esto se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el
juez de la causa23.
5.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la
solicitud de amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional, razón
por la cual se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de marzo de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.
22 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
23 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
14
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00886-01
Accionante: Robinson de Jesús Caicedo Piedrahita
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.