Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00903-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00903-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00903-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Yaneth Medina Silva.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Santander.
Tercero interesado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00903-01.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo impugnado
que concedió el amparo. La autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por el tercero interesado contra el
fallo de 16 de abril de 2026 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Yaneth Medina Silva, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, promovió demanda contra la
Nación - Rama Judicial, con el fin de que se inaplicaran por
inconstitucionales las disposiciones que limitan el reconocimiento de la
prima especial de servicios y se declarara la nulidad de la Resolución
núm. 00848 de 2016. Como consecuencia de lo anterior, solicitó la
reliquidación de sus salarios y prestaciones, con el reconocimiento de
dicha prima como un ingreso adicional equivalente al 30 % de la
asignación básica, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
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Estado.
1.2. El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga,
mediante sentencia de 16 de abril de 2024, declaró la nulidad de la
Resolución n.º 00848 de 5 de febrero de 2016 y del acto ficto negativo, y
ordenó a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial reconocer y pagar a favor de la señora Yaneth Medina Silva las
diferencias salariales y prestacionales derivadas de la prima especial de
servicios, al considerar que esta constituye un incremento de la asignación
básica y que su desconocimiento vulneró sus derechos laborales.
1.3. Contra la decisión anterior la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bucaramanga presentó recurso de apelación.
1.4. Mediante sentencia de 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la decisión de primera instancia y declaró la existencia
de cosa juzgada material, al considerar que las pretensiones formuladas
por la señora Yaneth Medina Silva ya habían sido resueltas de manera
definitiva en un proceso anterior promovido por ella misma, en el que se
reclamó el reconocimiento de la prima especial de servicios como factor
salarial y la reliquidación de prestaciones sociales, con fundamento en los
mismos hechos y la misma causa jurídica.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora afirmó que, en el presente asunto, se encuentran acreditados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, en consecuencia, alegó que la providencia
cuestionada se encuentra afectada por los defectos fáctico y sustantivo.
La parte actora afirmó que, pese a haber promovido dos medios de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bucaramanga, las
pretensiones debatidas en cada proceso no eran idénticas. Señaló que en el
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expediente radicado núm. 68001-33-31-013-2013-00188-01 reclamó la
reliquidación de prestaciones sociales, mientras que en el expediente radicado
núm. 68001-33-33-011-2017-00257-02, cuya decisión es objeto de
cuestionamiento, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios del 30 % como un emolumento adicional al salario. En consecuencia,
sostuvo que esta última acción no perseguía la reliquidación de prestaciones
sociales, sino la recuperación de las sumas que, a su juicio, fueron
indebidamente descontadas de su asignación básica bajo el entendido
equivocado de que correspondían a la prima especial, lo que ocasionó que su
salario efectivo se redujera al 70 % de la remuneración que legalmente le
correspondía.
La parte actora argumentó que la autoridad accionada confundió la
reliquidación de las prestaciones sociales con el reconocimiento y pago de la
prima especial del 30 %, pues, a su juicio, se trataba de reclamaciones
diferentes. En ese sentido, afirmó que existió una “[…] incomprensión entre lo
que es la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 30% de la
prima especial como factor salarial y la reliquidación y pago de la prima del
30% devengada o que debería devengar un juez de la república […]”, toda vez
que lo pretendido era recuperar las sumas que, según indicó, fueron
indebidamente descontadas de su salario para ser reconocidas posteriormente
como prima especial.
Finalmente, sostuvo que se trata de “[…] dos acreencias totalmente
diferente[s], pese a que la reliquidación de las prestaciones sociales dependa
de[l] 30% de la prima […]”, por cuanto una pretensión estaba dirigida a la
reliquidación de las prestaciones sociales y la otra al reconocimiento y pago
de la prima especial del 30 % como concepto independiente.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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“[…] 1. Solicito amparar los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia por defecto material sustantivo
conculcados por el Tribunal Administrativo de Santander.
2. Se ordene al Tribunal Administrativo de Santander rehaga la sentencia
de fecha 31 de julio del 2025, con base en la ley 4 de 1992 y línea
jurisprudencial trazada por el honorable Consejo de estado en la materia
[…]”. [sic en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. A través de auto de 11 de febrero de 2026, y previo a la admisión de la
acción de tutela, se requirió a la accionante para que precisara y sustentara la
forma en que, a su juicio, se configuró el defecto sustantivo o cualquier otro
defecto que hiciera procedente el amparo constitucional en el caso concreto.
2. Mediante auto de 24 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander y se vinculó a la
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público, al
Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Bucaramanga y al Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Bucaramanga en calidad de terceros con interés
en el resultado del proceso. Asimismo, se negó la medida provisional solicitada
por la parte actora.
3. El 16 de abril de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia amparando el derecho invocado por la parte
actora.
4. Mediante auto de 4 de mayo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga contra el fallo de primera instancia.
5. A través de auto de 25 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado resolvió aceptar la manifestación de impedimento presentada por los
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doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro, Nubia Margoth Peña Garzón y
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
III. INTERVENCIONES
1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que la dependencia
que actuó dentro del proceso judicial cuestionado fue la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bucaramanga, por lo que únicamente esta se
encuentra facultada para pronunciarse sobre los hechos objeto de la acción
de tutela. En consecuencia, solicitó negar el amparo respecto de esa entidad,
al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
la providencia cuestionada fue proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.
2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga sostuvo que la providencia cuestionada fue proferida con
observancia de las normas aplicables y sin incurrir en los defectos alegados.
Asimismo, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que
la accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima para demostrar
una vulneración de derechos fundamentales ni la relevancia constitucional del
asunto.
Asimismo, solicitó denegar las pretensiones de la presente acción de tutela
porque ni esa entidad ni la autoridad judicial que profirió la providencia
cuestionada han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora.
Igualmente, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela.
3. El Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Bucaramanga informó que la
sentencia de primera instancia fue proferida por el Juzgado 401 Administrativo
Transitorio de Bucaramanga, despacho que existió entre el 5 de febrero y el
13 de diciembre de 2024. Asimismo, señaló que el Juzgado 801 fue creado
con posterioridad, mediante Acuerdo PCSJA25-12377 de 2025, por lo que no
tuvo participación en los hechos que la accionante considera vulneradores de
sus derechos fundamentales, razón por la cual solicitó su desvinculación.
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IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 16 de abril
de 2026, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la accionante,
al concluir que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto
fáctico. Lo anterior, por cuanto no efectuó un análisis integral y detallado de
las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas por la
tutelante, particularmente en lo relacionado con las pretensiones formuladas
en cada una de ellas, circunstancia que lo condujo a concluir erradamente que
existía identidad entre ambos procesos y, por ende, cosa juzgada material.
Señaló que en el proceso con radicado núm. 2013-00188-01 la accionante
pretendía la reliquidación de prestaciones sociales, pues “[…] solicitó como
restablecimiento del derecho la reliquidación de prestaciones sociales
teniendo en cuenta el 100% de su asignación básica […]”. En contraste, indicó
que en el proceso con radicado núm. 2017-00257-02 se buscaba que “[…] la
prima especial del 30% derivada del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se pagara
como un emolumento adicional a la totalidad del salario […]”, junto con la
reliquidación de los salarios que, según la accionante, fueron pagados de
manera disminuida.
Precisó que, aunque ambas demandas se fundamentaron en la misma
interpretación de la prima especial como un concepto adicional al salario, “[…]
lo cierto es que las pretensiones en cada una de estas difieren […]”.
En consecuencia, consideró improcedente la conclusión del Tribunal
Administrativo de Santander según la cual “[…] Las dos acciones tienen como
propósito final que la administración judicial reliquide y pague las cesantías,
intereses, primas legales y demás emolumentos laborales, con base en el
100% de la asignación básica mensual […]”.
Asimismo, precisó que la demanda promovida en el año 2017 no tenía por
objeto la reliquidación de prestaciones sociales, sino la recuperación de las
sumas dejadas de percibir por concepto de salario y prima especial, dado que,
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según sostuvo, únicamente se le reconocía el 70 % de la remuneración que
legalmente le correspondía.
Finalmente, concluyó que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en
defecto fáctico al declarar la existencia de cosa juzgada sin advertir que las
demandas promovidas en los años 2013 y 2017 perseguían finalidades
distintas. En ese sentido, señaló que mientras la primera estaba dirigida al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales liquidadas sobre el 100 % del
salario, la segunda buscaba la reliquidación de los salarios dejados de percibir
por la interpretación según la cual el 30 % correspondiente a la prima especial
no constituía salario.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
impugnó el fallo de primera instancia al considerar que la acción de tutela
resulta improcedente. Indicó que las actuaciones adelantadas dentro del
proceso con radicación núm. 68001-33-31-013-2013-00188-01 se
desarrollaron conforme al ordenamiento jurídico y que, en esa actuación, se
reconocieron íntegramente las pretensiones perseguidas por la accionante, las
cuales guardan identidad con las formuladas en el proceso objeto de tutela
identificado con radicación núm. 68001-33-33-011-2017-00257-02.
Argumentó que “[…] permitir que la accionante ignore la existencia de un fallo
ejecutoriado que ordenó el pago y reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% del salario, incluyendo el 30% correspondiente a la prima
especial con efectos hacia el futuro ("en adelante") no solo atenta contra el
principio de economía procesal y la lealtad debida al sistema de justicia, sino
que desnaturaliza la función de la jurisdicción contenciosa al pretender
convertirla en un escenario de litigio infinito […]”.
Asimismo, mencionó que “[…] existe una coincidencia absoluta en el núcleo
esencial de ambos litigios: la búsqueda de la reliquidación prestacional
mediante la integración de la prima especial del 30% al salario base, esto por
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cuanto en ambas acciones la accionante invoca el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 y la línea jurisprudencial del Consejo de Estado para forzar a la
administración a recalcular cesantías, intereses y demás emolumentos sobre
la totalidad de la asignación mensual. En términos prácticos, la actora pretende
que la jurisdicción se pronuncie de nuevo sobre un derecho cuya base jurídica
y objetivo final son idénticos a los ya debatidos y decididos anteriormente […]”.
Señaló que “[…] se advierte el riesgo de un enriquecimiento sin justa causa y
un daño patrimonial al erario si se llegara a validar la tesis de la accionante, se
generaría una doble condena por el mismo concepto. Dado que la sentencia
de 2013 ya integró el 30% de la prima especial al salario base (completando
el 100% de la asignación), una nueva condena sobre los mismos fundamentos
obligaría a la Nación a liquidar prestaciones sobre un 130% de la asignación
básica, lo cual carece de sustento legal, desborda la Ley 4ª de 1992 y
constituye un abuso del derecho al pretender un doble beneficio por una única
causa jurídica […]”.
Finalmente, sostuvo que la acción de tutela es improcedente, toda vez que
pretende reabrir una controversia que ya fue resuelta por la jurisdicción
competente.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales
La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad,
en razón a que: i) se cumple el requisito de subsidiariedad porque el
accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial; ii) la acción de tutela
se presentó dentro de un término razonable; iii) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; iv) no se alega la existencia de una
irregularidad procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y v) la
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso
de tutela.
Respecto del requisito de relevancia constitucional, cabe mencionar que este
se tiene por cumplido siempre que se evidencie, a primera vista, la posible
afectación o vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial
de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces3.
En el presente asunto, se tiene por satisfecho este requisito, por cuanto la parte
actora identificó y explicó las garantías constitucionales que alega vulneradas
por parte del tribunal accionado, motivo por el cual la inconformidad no gira
respecto de un asunto de mera legalidad con la decisión atacada.
3.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
En el caso objeto de estudio, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga impugnó el fallo de primera instancia
que amparó el derecho fundamental al debido proceso, al considerar que el
juez de tutela incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
En la sentencia objeto de tutela, el tribunal accionado efectuó el siguiente
análisis probatorio:
“[…]
Así las cosas, se estudiará comparativamente la identidad en cada uno
de los presupuestos que exige el fenómeno de la cosa juzgada:
1. Identidad de partes
Se evidencia que hay identidad de partes, pues los dos procesos son
3Corte Constitucional, sentencia de tutela T-102 de 2006, Magistrado ponente Humberto
Antonio Sierra Porto. En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.
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interpuestos por la misma demandante contra el mismo demandado.
2. Identidad de objeto
Respecto de la identidad de objeto, si bien en los procesos identificados
con radicados 2013-00188-01 y 2017-00257-02 se solicitan la nulidad de
distintos actos administrativos —en el primero, las resoluciones 02698 del
25 de junio de 2012 y 5442 del 28 de diciembre de 2012; y en el segundo,
la resolución 00848 del 5 de febrero de 2016 y el acto ficto derivado del
silencio administrativo negativo— no puede desconocerse que las
pretensiones materiales formuladas en ambos casos son sustancialmente
las mismas.
En efecto, el objeto de ambas demandas es obtener la reliquidación de
prestaciones sociales y el reconocimiento de la prima especial del 30%
como factor salarial, en aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y
con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha
declarado la inaplicación de los decretos que excluyeron tal prima del
salario base. Las dos acciones tienen como propósito final que la
administración judicial reliquide y pague las cesantías, intereses, primas
legales y demás emolumentos laborales, con base en el 100% de la
asignación básica mensual, incluyendo el 30% de la prima especial.
3. Identidad de causa
Respecto de la identidad de causa, si bien existen algunas diferencias
formales en la redacción de los conceptos de violación y en la
especificidad de las normas invocadas como vulneradas en cada uno de
los procesos, lo cierto es que ambos se fundamentan en la misma causa
petendi, toda vez que la pretensión de nulidad y restablecimiento del
derecho se sustenta, en ambos casos, en el desconocimiento del carácter
salarial de la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 y su indebida exclusión como factor para la liquidación de
prestaciones sociales.
Tanto en el proceso 2013-00188-01 como en el 2017-00257-02, el
fundamento de la demanda gira en torno a que los actos administrativos
acusados desmejoraron las condiciones salariales del demandante, al
tratar la prima especial como no salarial, contrariando la jurisprudencia del
Consejo de Estado que reconoce su incidencia en la base prestacional, y
el principio constitucional de favorabilidad en materia laboral. Aunque en
cada expediente se cita un conjunto de decretos distintos —en función del
año de referencia—, la estructura de los cargos planteados por el actor es
esencialmente la misma: la desnaturalización del concepto de prima
especial, mediante la expedición de actos administrativos que la excluyen
de los factores salariales, con afectación directa a sus derechos laborales.
[…]”
A partir de lo anterior, el tribunal accionado efectuó las siguientes
consideraciones:
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“[…] consideró que En consecuencia, puede afirmarse que en ambos
procesos existe una identidad sustancial en los hechos jurídicos
generadores del conflicto, en las normas fundamentales que los rigen, y
en el reproche que se formula a la actuación administrativa, lo cual
permite concluir que sí se configura la identidad de causa, pese a las
diferencias accidentales en la formulación del concepto de violación […]”.
“[…] En efecto, en el caso concreto se configura plenamente la cosa
juzgada material, toda vez que ya existe una sentencia anterior
ejecutoriada que resolvió de manera definitiva las mismas pretensiones,
con fundamento en idéntica causa jurídica y respecto de los mismos
hechos.
[…]
Asimismo, aunque los actos administrativos enjuiciados en los dos
procesos son distintos, se advierte identidad en el objeto, toda vez que
ambos están encaminados a obtener el mismo efecto jurídico, consistente
en la inclusión del porcentaje equivalente al 30% en la base de liquidación
de las prestaciones sociales, razón por la cual debe entenderse que existe
coincidencia sustancial en las pretensiones de nulidad y restablecimiento
del derecho, respecto de decisiones administrativas que, si bien difieren
formalmente, producen efectos materiales equivalentes ya resueltos en
proceso anterior.
De igual forma, se presenta identidad de partes, por cuanto el proceso
anterior fue promovido por la misma demandante, Yaneth Medina Silva, y
dirigido contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, lo que coincide con el presente proceso.
En consecuencia, se cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado para declarar la cosa juzgada material, por lo que
debe revocarse la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declararse probada de oficio dicha excepción, disponiéndose a estarse a
lo resuelto en la sentencia proferida el 22 de enero de 2016 y confirmada
en sentencia del 2 de octubre de 2018 dentro del expediente
68001333101320130018801, debidamente ejecutoriada. Con ello, se
impone dar por terminado el presente proceso, una vez ejecutoriada esta
decisión […]”.
Con fundamento en las anteriores consideraciones el tribunal accionado
resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la
cosa juzgada material del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Para la Sala no resulta razonable la conclusión a la que llegó el Tribunal
Administrativo de Santander, puesto que no analizó con detalle los dos
escritos de las demandas de nulidad y restablecimiento de derecho
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promovidas por la accionante y específicamente, las pretensiones solicitadas
en cada una de estas.
Lo pretendido por la señora Yaneth Medina Silva en la demanda interpuesta
en el año 2017, la cual es el objeto de la acción de tutela en cuestión era
obtener el pago de las sumas que no se pagaron debidamente por concepto
de salario y de prima especial, debido a que la entidad pagadora en vez de
cancelar dicha prima “[…] establecida en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992
para los jueces de la República y otros cargos, que consistía en una prima no
inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico […]”, como un valor
diferente y adicional al salario, lo que hacía era disminuir el 30% de este último
y esa suma la pagaba como prima especial. Tal interpretación conllevó pagar
por concepto de salario únicamente el 70% de este. De ahí que la pretensión
formulada en la segunda demanda se relacionaba con el pago de los salarios
que no se cancelaron en su totalidad.
Por lo anterior, se observa que en el primer escrito de demanda dentro del
(expediente 2013-00188-01) la parte actora pidió como restablecimiento del
derecho la reliquidación de prestaciones sociales como las cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, prima de navidad, prima de servicios,
prima vacacional y bonificación por servicios prestados y en ese proceso, se
argumentó que la base para efectuar dicho cálculo tenía que ser el 100% de
la asignación básica sin disminuciones, mientras que en la segunda demanda
(2017-00257-02) ya no pidió la reliquidación de prestaciones sociales, sino de
los salarios, teniendo en cuenta que estos no se estaban pagando
correctamente, es decir como no se pagaba la totalidad del salario, sino solo
el 70% de este, existía una suma de dinero por concepto de salario que no se
pagó, en razón a ello, la parte actora solicitó que la reliquidación de salarios y
de la prima especial debía efectuarse teniendo en cuenta que dicha prima es
un emolumento adicional a la totalidad del salario4.
4 sentencia de unificación SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019 en la cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, dispuso que la prima
especial es un emolumento adicional al salario.
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En este contexto, la Sala estima pertinente destacar que la Sección Segunda
de esta Corporación ha proferido diferentes sentencias en las cuales han
explicado la diferencia a la que se refiere la accionante y la cual originó las
dos demandas separadas que interpuso con pretensiones distintas, aclarando
que la diferencia consiste en que la solicitud de reliquidación de prestaciones
sociales con base en la totalidad del salario no es igual a pedir que se paguen
las sumas de dinero que dejaron de pagarse por concepto de salarios, que en
su momento no se cancelaron en el 100%.
Respecto de lo anterior se pronunció la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado5, al considerar que la accionante no solo
tenía derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales calculadas sobre
el 100% de su salario, sino que también debía pagársele la totalidad de este
último sin disminución alguna.
Asimismo, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado6, indicó que:
“[…] De otro lado, para mayor claridad, y con carácter didáctico, los
siguientes dos cuadros permiten visualizar de una manera fácil los
efectos de liquidar de manera correcta la prima especial de servicios o
prima mensual sin carácter salarial, para establecer su impacto sobre el
ingreso mensual y su impacto sobre las prestaciones sociales.
El primer cuadro es sobre el impacto en el ingreso mensual y es tomado
de la sentencia del 29 de abril de 2014 de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado:
Sobre el salario
El segundo cuadro, elaborado por esta Corporación en el año 20187, se
refiere al impacto de la prima especial de servicios en las prestaciones
sociales:
5 Expediente 25000-23-42-000-2015-01731-02, fallo de 5 de noviembre de 2024.
6 Expediente 05001-23-31-000-2004-00771-02, sentencia de 7 de noviembre de 2023.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, MP. Néstor Raúl Correa Henao,
expediente N° 730012331000201200315 02, sentencia del 17 de octubre de 2018.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00903-01
Sobre las prestaciones sociales
Entonces en cuanto a lo primero, el ingreso mensual se debe liquidar de
manera que incluya el salario básico más un 30% adicional, a título de
prima especial de servicios. En el ejemplo, cada mes se debería pagar
$13.000.000 de pesos.
Y en cuanto a lo segundo, las prestaciones sociales se deben liquidar
sobre la totalidad del salario básico, sin restar ni sumar el 30% de la prima
especial de servicios. En el ejemplo, las prestaciones se deben liquidar
sobre una base de $10.000.000 de pesos […]”.
En ese orden de ideas, esta Sala considera que el tribunal accionado incurrió
en defecto fáctico toda vez que efectuó una valoración y análisis defectuosos
de los dos escritos de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovidos por la señora Yaneth Medina Silva, pues si bien existía semejanza
en los fundamentos y hechos que las motivaron, en cada una de estas se
perseguía el pago de conceptos distintos, es decir las pretensiones
formuladas en cada proceso eran distintas.
Bajo las anteriores consideraciones, la Sala confirmará el fallo impugnado que
concedió el amparo deprecado por la parte accionante, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 16 de abril de 2026 proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Consejero de Estado Conjuez
Presidente
CAMILO CALDERÓN RIVERA EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Conjuez Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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