Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00904-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00904-00
Accionante: Departamento de Boyacá
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar el amparo al no encontrar demostrado los defectos
endilgados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el Departamento de Boyacá, quien actúa por conducto
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia; así como a los principios de seguridad jurídica, confianza legitima y tutela
judicial, ocurrida con ocasión de la providencia del 6 de agosto de 2025, al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-020-2021-00319-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 11 de noviembre de 2021, el departamento de Boyacá – Secretaría de
Hacienda – Dirección Departamental de Pasivos Pensionales de Boyacá en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó
a la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(Mintic), Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (Ugpp) y Fiduagraria, como vocera del Patrimonio Autónomo de
Remanentes de Telecom y Teleasociados en Liquidación (PAR).
3. Enconsecuencia, solicitó que se declarara parcialmente la nulidad de la
Resolución n.° 001450 del 18 de septiembre de 1986 por medio de la cual se
reconoció una pensión de jubilación y la Resolución n.° 000846 del 27 de julio de
1
Acción de tutela presentada el 6 de febrero de 2026.
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1987 por la cual se reliquidó la pensión de jubilación, en relación con el monto de
la cuota parte pensional asignada a la Caja de Previsión Social de Boyacá hoy
gobernación de Boyacá.
4. El proceso correspondió al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá
autoridad judicial que, mediante providencia del 19 de febrero de 2025, resolvió
declarar probada la caducidad del medio de control, de conformidad con el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.
5. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D por medio de la sentencia del 31 de julio de 2025 confirmó
la anterior decisión, al considerar que, si bien la Corte Constitucional expidió el
Comunicado 27 del 17 de junio de 2025 por medio del cual suspendió la entrada
en vigencia de la Ley 2381 de 2024, lo cierto es que dicha decisión no tenía fuerza
vinculante.
6. Por lo anterior, concluyó que operó el fenómeno de caducidad porque los actos
administrativos fueron demandados una vez habían trascurrido 35 años, 1 mes y
24 días desde el reconocimiento inicial de la prestación y 34 años, 3 meses y 15
días después de la reliquidación, es decir, una vez superado el término de 5 años
previsto en la Ley 2381 de 2024.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte actora indicó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por
indebida aplicación de lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
toda vez que la Corte Constitucional, a través del Comunicado 27 del 17 de junio
de 2025, informó la suspensión de la entrada en vigencia de dicha disposición
normativa.
8. Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada adolecía de un
desconocimiento del precedente porque se omitió aplicar los criterios fijados por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado contenido en las
sentencias del 29 de noviembre de 20242, en las cuales se habría establecido la
inaplicabilidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se
encontraran en curso.
2.3. Pretensiones
9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
2.1 Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia,
seguridad jurídica, confianza legítima, prevalencia del derecho sustancial y tutela
judicial efectiva del Departamento de Boyacá, vulnerados por la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 31 de julio de 2025, notificada el día
06 de agosto de 2025.
2
Radicado 25000-23-42-000-2016-06215-01 (6211-2023). Demandante: Colpensiones. Demandado: Enoé Carmen
Olivar. Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar y Radicado 17001-23-33-000-2018-00419-01 (3995-
2021). Demandante: UGPP. Demandado: María Ofelia García de Suárez. Consejera ponente: Elizabeth Becerra
Cornejo.
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2.2. Dejar sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso No. 11001333502020210031901, y en su lugar,
ordenar que se emita una nueva decisión judicial en la que se resuelva de fondo el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el
Departamento de Boyacá. (…)»
2.4. Intervenciones
10. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 10 de
febrero de 2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D como accionado y al Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito Bogotá y a la Nación – Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, UGPP y PAR Telecom como
terceros interesados en el resultado del proceso.
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D manifestó que la decisión no adolece de un defecto sustantivo, en
tanto se limitó a aplicar lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
disposición normativa vigente al momento de resolver el asunto en cuestión.
12. A partir de lo anterior, precisó que la aplicación inmediata de una «norma
procesal» no constituía retroactividad porque no incidía sobre situaciones jurídicas
consolidadas ni alteraba los efectos ya producidos, en la medida que regulaba el
ejercicio actual del derecho de acción.
13. En consecuencia, insistió en que la interpretación realizada fue razonable,
motivada y acorde con la jurisprudencia sobre aplicación inmediata de normas
procesales.
14. Por lo tanto, señaló que no era cierto que se haya privado al accionante de una
decisión de fondo de manera arbitraria, toda vez que el fenómeno de caducidad
era precisamente un presupuesto procesal que condiciona el acceso al estudio
sustancial del litigio impidiendo jurídicamente el pronunciamiento sobre el mérito
del asunto.
15. Ahora, respecto de las providencias presuntamente desconocidas, manifestó
que no se apartó de manera silenciosa o inmotivada de los criterios sostenidos
sino que, por el contrario, reconoció expresamente la existencia de posturas
divergentes y explicó de forma razonada las razones jurídicas que lo conducían a
acoger la tesis según la cual el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 tiene naturaleza
procesal y resulta de aplicación inmediata, incluso frente a procesos en curso, en
atención a la voluntad expresa del legislador y a la jurisprudencia constitucional
sobre aplicación inmediata de normas procesales.
16. Máxime cuando la Corte Constitucional ha señalado que el apartarse del
precedente no configura defecto cuando el juez ofrece una argumentación
suficiente, coherente y constitucionalmente defendible que justifique su decisión,
lo cual ocurrió en el presente asunto.
17. Con fundamento en lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional porque lo que pretende la
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parte actora es continuar con el debate planteado en el proceso ordinario.
18. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
requirió que se declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional, toda vez que, a su juicio, la discusión planteada es
meramente legal y económica.
19. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP pidió que se
declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional, pues, lo que pretende con su interposición es una instancia
adicional. Asimismo, requirió ser desvinculada del presente trámite.
20. El Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en
Liquidación – PAR solicitó que se niegue el amparo porque no se han vulnerado
los derechos fundamentales invocados en protección.
21. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Bogotá después de hacer un
recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario, manifestó
que remitiría link del proceso.
22. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20193 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
24. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP solicitó ser desvinculada del proceso,
al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha
pretensión, toda vez que analizado el material probatorio se tiene que dicha
entidad hizo parte del proceso ordinario en calidad de accionada, razón por la que
procederá la Sala a negar dicha solicitud.
3.3. Problema jurídico
25. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, al proferir la sentencia del 31 de julio de 2025, vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia, al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente.
3 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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3.4. Procedencia de la acción de tutela
26. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
27. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
28. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
29. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
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constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto
es, el 15 de agosto de 2025 y la interposición de la acción de tutela que tuvo lugar
el 6 de febrero de 2026.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental de los
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento
de precedente, los cuales se encuentran razonadamente fundamentados.
30. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
31. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad del artículo 4 de la Ley 169 de 18964, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio
de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han
hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente
los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
32. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.
33. Respecto del precedente vertical5, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
34. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
4
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
5
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6.
35. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la
igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación7.
36. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
37. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»8.
38. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de
las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
6
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
7
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre
Lynett.
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para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»9.
39. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.7. Análisis de los presuntos defectos sustantivo y desconocimiento de
precedente en el caso concreto
40. La parte actora señala que la autoridad judicial accionada incurre en un defecto
sustantivo por indebida aplicación de lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, toda vez que la Corte Constitucional a través del Comunicado 27
del 17 de junio de 2025 informó la suspensión de la entrada en vigencia de dicha
disposición normativa.
41. Asimismo, sostiene que la decisión cuestionada adolece de un
desconocimiento de precedente porque se omitió aplicar los criterios fijados por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado contenido en las
sentencias del 29 de noviembre de 2024, en las cuales se habría establecido la
inaplicabilidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en los procesos que se
encontraran en curso.
42. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D en la providencia cuestionada consideró:
« (…)
Respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento, el artículo 164 del
CPACA, preceptúa la oportunidad para ejercerla, en los siguientes términos:
9
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Accionante: Departamento de Boyacá
“[…] ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda
deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando: (…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
Según esta norma, los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas
pueden demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados
y, para los demás actos administrativos, se aplica la regla general, de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, que caduca vencidos cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o
ejecución del acto, según el caso.
No obstante, el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024 (…) introdujo
una modificación en relación con el término para ejercer las acciones contencioso-
administrativas respecto de las pensiones, así:
“ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando
se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Así entonces, resulta determinante conocer cuál es la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 2381 de 2024, para lo cual debe estudiarse el contenido de los artículos 94
y 95, que consagran:
“ARTÍCULO 94. VIGENCIA. El Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en
vigor el 1° de julio de 2025. ARTÍCULO
95. DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarios.”
(…)
En ese orden, (…) esta Sala concluye que su aplicación debe tener lugar desde el 16
de julio de 2024, es decir, desde el momento de la sanción de la Ley 2381 de 2024,
como así lo ha venido haciendo el Consejo de Estado en las decisiones sobre la
materia desde octubre de 2023, señalando para el efecto:
(…)
Asimismo, es necesario precisar que, la Sala acoge lo dispuesto por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no sin desconocer que la Subsección
B de esa Alta Corporación tiene una posición diferente, pero que no acompaña por las
razones que transcribe:10
“[…] Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio
de 2025.
(…)
Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A Consejero Ponente:
Jorge Iván Duque Gutiérrez Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad
y Restablecimiento del Derecho Radicación: 08001-23-33-000-2018-00758-01 (1002-2025)
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00904-00
Accionante: Departamento de Boyacá
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:
Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?
Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino
que no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.
No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se
declara en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues
la contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.
Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y
obligatorios a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha
manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de 1997 […]”
(…)
La Corte Constitucional a través de la comunicación 27 del 17 de junio de 2025 indicó
que “[…] por unanimidad de los integrantes de su Sala Plena (…) resolvieron entre
otras: “[…]
SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual
la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley […]”
Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante providencia A 283 del 2009, sostuvo:
(…)
En el mismo sentido, en Auto 022 de 2013 la Máxima autoridad constitucional, indicó:
“[…] El comunicado tiene, en ese orden de ideas, la función de publicitar tanto las
razones de la decisión como la parte resolutiva de la sentencia, permitiéndose de
tal modo que los ciudadanos conozcan oportunamente cómo incide la decisión
adoptada en la configuración del ordenamiento jurídico. Por supuesto, esta
actividad tiene efectos exclusivamente de comunicación de lo decidido, sin que
remplace la publicación del texto completo de la sentencia correspondiente y su
formal notificación […]”
En ese sentido revisado el proceso D001598919 en el cual el comunicado 27 de la
Corte Constitucional, se debe expedir el auto 841 de 2025, no se ha proferido, ni
notificado, sino que se encuentra en recolección de firmas, por lo tanto, para esta Sala
la decisión la decisión de suspensión de la Ley 2381 de 2024 al no haber sido
legalmente notificada, aun no tiene fuerza vinculante, y por de allí que la misma debe
seguir siendo aplicada. Criterio consecuente con las decisiones del Consejo de Estado
en las cuales se continúa aplicando la Ley 2381 de 2024.»
43. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala estima que las conclusiones
a las que llegó la autoridad judicial accionada para confirmar la decisión de
declarar de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se
fundamentó en su simple voluntad, sino que, por el contrario, correspondió a un
estudio plausible de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
44. Sobre el particular, el Tribunal señaló que acogía la postura de esta Subsección
según la cual dicha disposición normativa entró en vigencia el 16 de julio de 2024,
es decir, a partir de su promulgación.
45. A partir de lo anterior, precisó que, si bien el Comunicado 27 del 17 de junio de
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Acción De Tutela
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2025 suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, lo cierto es que
dicha decisión no tenía fuerza vinculante porque su función era meramente
informativa, interpretación que, a juicio de la Sala, lejos de ser arbitraria no puede
calificarse como caprichosa o carente de fundamento porque se apoyó en postura
de la propia Corte Constitucional.
46. En efecto, para la Sala, la autoridad judicial no incurrió en un defecto sustantivo
como lo alega la parte actora en la demanda de tutela, toda vez que realizó un
examen detallado y sistemático del asunto sometido a su consideración. Además,
en la providencia cuestionada se exponen de manera clara, suficiente y razonada
las razones por las cuáles estimó aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
47. Ahora, lo mismo ocurre respecto del presunto desconocimiento de los criterios
fijados en las sentencias del 29 de noviembre de 2024, en las cuales se estableció
la inaplicabilidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se
encontraban en curso, toda vez que el Tribunal en la sentencia cuestionada
reconoce expresamente la existencia de una postura distinta adoptada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero explicó de
manera razonada por qué acogía la posición sostenida por la Subsección A.
48. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento
de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de
derechos fundamentales, máxime cuando no hay un criterio unificado al interior
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
49. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún
defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.
50. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez11, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.
51. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00904-00
Accionante: Departamento de Boyacá
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación formulada por la UGPP, de
conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído.
Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el departamento de Boyacá
en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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