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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00914-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00914-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, la Electrificadora de Santander SA ESP y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. 2. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del Edificio Plaza de Mercado Satélite del Sur PH, conforme a las consideraciones hechas en la parte motiva. 3. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del 13 de febrero de 2025 y la providencia del 6 de agosto de 2025 por la que se negó la solicitud de aclaración de la sentencia, y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, en un término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, profiera una sentencia de reemplazo en la que sean tenidas en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia. 4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00914-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00914-00
Demandante EDIFICIO PLAZA DE MERCADO SATÉLITE DEL SUR PH.
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente. Cobro de contribución de energía
eléctrica. Devolución de valores pagados por lo no debido por concepto
de dicha contribución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por el Edificio Plaza de Mercado Satélite del
Sur PH de conformidad con lo dispuesto por los decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de febrero de 20261 el Edificio Plaza de Mercado Satélite del Sur PH, por
conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Santander por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia con la sentencia
del 13 de febrero de 2025 y el auto del 13 de agosto de 2025, proferidos en la
segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 68001-33-33-003-2022-00176-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«5.1. AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, Igualdad y Acceso a la
Administración de Justicia del EDIFICIO PLAZA DE MERCADO SATÉLITE SUR
P.H.
5.2. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander el 13 de febrero de 2025 (Rad,
680013333003-2022-00176-01), únicamente en lo referente al numeral SEGUNDO de
su parte resolutiva que limitó el restablecimiento del derecho,
5.3. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 13 de agosto de 2025 (y/o providencia de fecha
cercana que resolvió la adición), mediante el cual se negó integrar la sentencia respecto
a las pretensiones de litispendencia y prescripción tributaria,
5.4. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander proferir una sentencia de adición
que, en congruencia con el precedente horizontal del caso Plaza Central (Rad. 2022-
00296) y la Aclaración de Voto de la Magistrada Arias Ferreira, disponga el
restablecimiento integral del derecho así:
5.4.1. Ordenar la devolución de los valores pagados por concepto de contribución de
solidaridad desde el 1 de febrero de 2018 (5 años anteriores a la solicitud),
aplicando la prescripción de la acción ejecutiva del articulo 2536 del Código Civil.

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Escrito de tutela radicado a través del correo de tutelas en línea.

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Demandante: Edificio Plaza de Mercado Satélite del Sur PH

5.4.2. Ordenar la devolución de la totalidad de las sumas recaudadas durante la
litispendencia (desde la presentación de la demanda hasta la ejecutoria del fallo
de nulidad), por tratarse de un enriquecimiento sin causa derivado de actos
administrativos declarados ilegales.
5.5. ORDENAR que todas las sumas reconocidas sean ajustadas mediante la fórmula de
indexación prevista en el artículo 187 del CPACA.
Además de las órdenes solicitadas, se solicita que, en caso de estimarlo procedente, el juez
constitucional integre directamente el alcance temporal del restablecimiento del derecho
omitido en la providencia atacada, o imparta las órdenes necesarias para que se garantice
una ejecución integral, clara y coherente del fallo, evitando la prolongación innecesaria del
conflicto judicial».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos que dieron origen a la actuación administrativa:

2.1. El Edificio Plaza de Mercado Satélite del Sur PH suscribió con la Electrificadora
de Santander SA. ESP varios contratos para la prestación del servicio de
energía eléctrica para sus bienes y zonas comunes, cuyo cobro se hizo
mediante las respectivas facturas.

Sostuvo que en virtud del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, la Electrificadora
de Santander SA. ESP procedió con el cobro y recaudo de la contribución de
energía eléctrica mediante las facturas del servicio público que se emitían
mensualmente.

La parte actora afirmó que desde el 1º de febrero de 2018 hizo los pagos por
concepto de contribución de energía eléctrica que ascendían a la suma de
$241.531.275.

2.2. El 28 de diciembre de 2021 el representante de la propiedad horizontal radicó
ante la Electrificadora de Santander SA. ESP una solicitud de no sujeción
pasiva a la contribución de energía eléctrica que se le venía cobrando, con
fundamento en que las propiedades horizontales no eran contribuyentes de
impuestos del orden nacional y que, eventualmente solamente lo eran del
impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y
comercio cuando explotaran comercial o industrialmente sus bienes propios o
zonas comunes.

La Electrificadora de Santander SA. ESP mediante oficio del 18 de enero de
2022 dio respuesta negativa a la solicitud presentada por la propiedad
horizontal razón por la que interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación.

2.3. Mediante escrito del 28 de enero de 2022 la Electrificadora resolvió no reponer
la decisión y, en segunda instancia, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios mediante la resolución SSPD 20228400567225 del 3 de junio de
2022 confirmó la decisión recurrida.

Hechos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 68001-33-33-003-2022-00176-00/01:

2.4. Por lo anterior, el Edificio Plaza de Mercado Satélite del Sur PH haciendo uso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la
Electrificadora de Santander SA ESP, al Ministerio de Minas y Energía y a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos por los que se resolvió de
manera desfavorable la solicitud de no ser tenido como sujeto pasivo de la

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contribución de energía eléctrica que se le venía cobrando como propiedad
horizontal.

En consecuencia, pidió que: (i) se declarara la no sujeción pasiva de la
propiedad horizontal respecto de la contribución de energía eléctrica, (ii)
cesara el cobro de la mencionada contribución, y (iii) se realizara la devolución
de las sumas pagadas por dicho concepto desde el 1º de febrero de 2018
hasta la fecha de notificación de la respectiva decisión judicial que así lo
ordenara.

2.5. En primera instancia el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga
(expediente 68001-33-33-003-2022-00176-00) mediante sentencia del 14 de
agosto de 2024 negó las pretensiones de la demanda.

Señaló que las propiedades horizontales podían utilizar sus bienes o áreas
comunes para la explotación comercial o industrial, es decir con ánimo de lucro
razón por la que eran sujetos pasivos de la contribución ya que al realizar ese
tipo de operación eran usuarios comerciales o industriales sobre los que recaía
el hecho generador del tributo de contribución por solidaridad del consumo de
energía eléctrica.

En esa línea, indicó que revisada la petición que presentó la propiedad
horizontal a la Electrificadora de Santander SA. ESP no se aportó la
documentación que demostrara que la propiedad horizontal no realizaba la
explotación comercial o industrial dentro de sus bienes y que, por el contrario,
de acuerdo con lo señalado por el revisor fiscal del edificio se realizaban
actividades industriales y/o comerciales que eran ejecutadas directamente por
la propiedad horizontal y que los ingresos o contraprestaciones económicas
derivadas de esas actividades eran destinadas al pago de expensas comunes
del conjunto.

2.6. La decisión fue apelada por Edificio Plaza de Mercado Satélite del Sur PH.

En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Santander mediante
sentencia del 13 de febrero de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico
el 21 de febrero de 2025) revocó la decisión del juzgado y en su lugar accedió a
las pretensiones de la demanda2.

En consecuencia, condenó a la entidad demandada «…que, a TÍTULO DE
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, disponga la devolución de los valores pagados por
concepto de la contribución de solidaridad, ello respecto de las facturas expedidas dentro de
los últimos 5 meses anteriores a la reclamación objeto de análisis en esta oportunidad, esto
es, del 28 de diciembre de 2021».

Como fundamento de la decisión indicó que contrario a lo señalado por el juez
de primera instancia, el artículo 19-5 del Estatuto Tributario no contempló otro
impuesto más que aquel sobre la renta bajo el régimen ordinario y el impuesto
de industria y comercio por lo que se entenderían excluidos los demás
impuestos nacionales, entre ellos la contribución de solidaridad de energía
eléctrica.

Indicó que se incurría en un error al interpretar de manera extensa que, cuando
la propiedad horizontal destinaba en todo o en parte algunas zonas para
explotación comercial o industrial, se perdería la posibilidad de acceder al
tratamiento preferencial señalado en el artículo 33 de la Ley 675 de 2001, pues
que el legislador únicamente estableció este supuesto de hecho especial para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios pero no así para los

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La decisión contó con una aclaración de voto.

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demás impuestos nacionales, dentro de los cuales estaba el de contribución
de energía eléctrica.

Precisó que si bien era cierto la propiedad horizontal realizaba el hecho
generador por el sólo hecho de ser suscriptor del servicio público de energía
eléctrica, no era menos cierto que no era sujeto pasivo del mencionado tributo
al no clasificar como usuario del sector comercial o industrial, aspecto que no
estuvo acreditado y, explicó que el consumo de energía eléctrica no
desbordaba las actividades propias del objeto social de la propiedad horizontal
hoy accionante.

Aclaró que conforme lo dispuesto en la Ley 143 de 1994, el hecho generador
de la contribución de solidaridad de energía eléctrica no era otro que el
consumo de energía eléctrica, cuyos sujetos pasivos correspondía a los
usuarios industriales, comerciales y de los estratos 5 y 6, lo que llevaba a
concluir que en principio la propiedad horizontal podría enmarcarse en dicha
categoría si no fuera por el tratamiento especial contenido en el artículo 33 de
la Ley 675 de 2001, en donde se señalaba que las propiedades horizontales
no eran contribuyentes de impuestos nacionales, así como tampoco del
impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de
su objeto social.

Finalmente en relación con el restablecimiento del derecho, declaró el cese del
pago correspondiente al tributo por contribución de energía eléctrica a cargo
del Edificio Plaza de Mercado Satélite sur PH por concepto del tributo de
contribución de solidaridad de energía eléctrica y, con respecto a la devolución
de las sumas canceladas dijo que solo era procedente el retorno de los valores
pagados por concepto de la contribución de solidaridad respecto de las
facturas expedidas dentro de los últimos 5 meses anteriores a la reclamación
presentada por la propiedad horizontal el 28 de diciembre de 2021.

2.7. La parte actora presentó solicitud de aclaración de sentencia en la que pidió
se precisara hasta cuándo se iba a reconocer la devolución de lo pagado por
concepto de contribución, teniendo en cuenta que lo solicitado en la demanda
fue que se reconociera la devolución desde el 1º de febrero de 2018 hasta el
momento en que se emitiera sentencia, pero que en el fallo solo se había
señalado que tal devolución se efectuaría respecto de las facturas de los
últimos cinco (5) meses anteriores a la reclamación del 28 de diciembre de
2021.

2.8. El Tribunal accionado negó la solicitud de aclaración de sentencia en
providencia del 6 de agosto de 2025 (notificada a las partes por estado fijado el
11 de agosto de 2025).

Señaló que lo pretendido por la parte demandante era provocar un nuevo
pronunciamiento judicial en donde se analizara hasta cuándo debían ser
reconocidas las devoluciones de los valores pagados por concepto de la
contribución de solidaridad.

Circunstancia que ya había sido decidida en la sentencia del 13 de febrero de
2025 en la que se indicó que no se podían reconocer las devoluciones de la
reclamación contra facturas que tuvieran más de 5 meses de haber sido
expedidas por las empresas de servicios públicos, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y que, el término de 5 meses
se contaba a partir de la reclamación objeto de análisis en el proceso que se
había presentado por la propiedad horizontal el 28 de diciembre de 2021.

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3. Fundamentos de la acción

La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 68001-33-33-003-2022-00176-00/01 incurrió en los defectos sustantivo,
por desconocimiento del precedente jurisprudencial y fáctico. Las razones fueron
las siguientes:

3.1. Defecto sustantivo. Señaló que se aplicó indebidamente una norma,
concretamente el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 para limitar el
restablecimiento del derecho pues dijo que el Tribunal asumió erróneamente
que la devolución de la contribución de solidaridad era un asunto de
facturación de servicios públicos cuando en realidad se trataba de la restitución
de un tributo nacional por pago de lo no debido.

Indicó que en la sentencia C-086 de 1998, la Corte Constitucional definió que
la contribución de solidaridad en los servicios públicos de energía eléctrica,
tenía la naturaleza de impuesto nacional al ser una renta de destinación
específica, por tanto, su régimen de determinación, exención y devolución no
podían quedar al arbitrio de las normas de consumo de las empresas de
servicios públicos.

Sostuvo que de acuerdo con lo dispuesto en la citada norma, esto es, el
artículo 154 de la Ley 142 de 1994, el término de 5 meses era meramente
operativo y comercial, que estaba diseñado para las empresas prestadoras
frente a errores en la medición del consumo o tarifas del servicio y agregó que
la no sujeción pasiva a una contribución no era un error de facturación sino la
inexistencia de una obligación tributaria.

En ese orden de ideas, explicó que al no existir una norma especial en el
Estatuto Tributario que fijara un término de prescripción para la devolución de
esa contribución específica, la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado determinaba que ante la ausencia de término especial la acción
para reclamar el pago de lo no debido de origen tributario se regía por el
término de la acción ejecutiva de 5 años previsto en el artículo 2536 del Código
Civil razón por la que existía una indebida interpretación de la norma que traía
como consecuencia la imposibilidad de recuperar lo pagado durante los 5 años
anteriores a la solicitud.

3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Concretamente se refirió a la inobservancia del precedente horizontal ya que
sostuvo que la misma Sala de decisión estudió un caso con identidad fáctica y
sobre la misma contribución, resuelto en providencia del 25 de noviembre de
2025 (expediente 2022-00296) en la que se ordenó la devolución de lo pagado
por 5 años contados a partir de la fecha de la solicitud.

Precisó que la magistrada ponente de esa providencia, fue quien presentó
aclaración de voto frente a la sentencia del 13 de febrero de 2025 que se
cuestiona en esta oportunidad.

3.3. Defecto fáctico. Que fundamentó en una falta de congruencia de la sentencia
ya que en la demanda inicial se había pedido que se ordenara la devolución
de lo pagado por concepto de lo no debido pero que la sentencia había
ordenado tal devolución únicamente por el lapso de 5 meses, lo que iba en
contra incluso de lo resuelto al haber reconocido la sentencia que no era sujeto
pasivo del tributo pero pese a ello desconocer el pago de unas sumas que
quedaron sin justa causa en el patrimonio de la empresa demandada al estar

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probado que los pagos se habían hecho durante los años 2022, 2023, 2024 y
2025.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 11 de febrero de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la
acción de tutela interpuesta por el Edificio Plaza de Mercado Satélite del Sur
PH contra el Tribunal Administrativo de Santander a quien consideró parte
demandada; (ii) ordenó la notificación de las partes; (iii) como terceros con
interés a la Electrificadora de Santander SA. ESP, a la Nación, Ministerio de
Minas y Energía y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(autoridades que actuaron en calidad de demandadas en el proceso); a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, vinculados al
proceso y al Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga autoridad
judicial que emitió la sentencia de primera instancia en el medio de control.

4.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga por conducto de la
titular del despacho, manifestó que en primera instancia conoció del proceso
ordinario y emitió sentencia que negó las pretensiones de la demanda, la que
fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Santander. Por tal razón, las pretensiones de la tutela se dirigían contra dicha
autoridad judicial y no se alegaba la presunta vulneración de derechos
fundamentales en cabeza del juzgado por lo que pidió ser desvinculado de la
presente acción.

4.3. La Electrificadora de Santander SA. ESP por conducto de apoderado se
pronunció e indicó que de acuerdo con lo pretendido en la acción de tutela no
se anunciaba la trasgresión de derechos fundamentales por parte de la
empresa.

Indicó que el 23 de agosto de 2025 la parte actora radicó solicitud de
cumplimiento de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander y que se procedió a registrar en el sistema de
información con el que cuentan sobre la exención de la contribución de la
cuenta de la propiedad horizontal que se vio reflejada a partir de la facturación
del mes de septiembre de 2025 y, manifestó que se procedió a hacer un ajuste
total por $11.887.787 por concepto de contribución activa pagada de las
facturas expedidas dentro de los últimos 5 meses anteriores a la reclamación
hecha por la propiedad horizontal.

Señaló que posteriormente el 25 de septiembre de 2025 la parte actora
presentó petición a la empresa con el fin de que se ajustara el cobro de
contribución activa de las facturas emitidas en los meses de abril a agosto de
2025 a lo que se dio respuesta mediante decisión empresarial del 16 de
octubre de 2025 en el que se le explicó que el predio estaba registrado como
de uso comercial y que a partir de allí se fijaban las contribuciones.

Consideró que la tutela era improcedente y que no le asistía legitimación en la
causa por pasiva, por lo que pidió ser desvinculada de la presente acción.

4.4. El Ministerio de Minas y Energía a través de apoderado judicial presentó
informe de oposición en el que manifestó, de una parte, que no existía
actuación alguna por parte del ministerio que vulnerara derechos
fundamentales a la parte actora y que su participación había sido como parte
demandada en el proceso ordinario; y, de otra parte, advirtió que no se cumplía
con el requisito de la inmediatez al haber transcurrido un (1) año desde la
providencia del tribunal emitida en el mes de febrero de 2025.

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Agregó que la solicitud de aclaración de la sentencia que se tramitó en el mes
de agosto de 2025 no reabría ni modificaba de ninguna forma el debate
probatorio ni las decisiones ni era una decisión que potencialmente modificara
el fondo del asunto por lo que consideró que el conteo para efectos del
requisito de inmediatez para que procediera la presente acción constitucional
debía contarse de febrero de 2025.

4.5. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de
apoderado se pronunció e indicó no haber tenido injerencia alguna en la
decisión del 13 de febrero de 2025 que se cuestionaba a través de la presente
acción por lo que advirtió una falta de legitimación en la causa por pasiva y
pidió ser desvinculado de la presente acción.

4.6. El Tribunal Administrativo de Santander, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y el Ministerio. Público, fueron notificados de la existencia
de la presente acción, sin embargo, no se pronunciaron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,3 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia judicial objeto
de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Aspecto previo

El Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, la Electrificadora de Santander
SA. ESP y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pidieron ser
desvinculadas de la presente acción por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.

Según lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela, las mencionadas
entidades fueron vinculadas al trámite constitucional en calidad de terceros con
interés al haber hecho parte del extremo pasivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se emitió la providencia que se controvierte
y, en el caso del juzgado, su vinculación como tercero con interés obedeció al hecho
de ser la autoridad judicial que profirió la sentencia de primera instancia.

De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19917, a las mencionadas entidades y a la autoridad judicial que emitió la
sentencia de primera instancia en el proceso ordinario les asiste interés legítimo en
el resultado del presente trámite constitucional, dada su calidad de sujeto procesal
y de juez de primer grado en el proceso objeto de análisis, y por tal motivo deben
permanecer vinculadas a éste en la calidad de terceros que les fue reconocida en
el auto admisorio de la tutela.

4. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial deberá
verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y de estar
acreditados, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia del 13 de
febrero de 2025 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 68001-33-
33-003-2022-00176-00/01 el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los
defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente jurisprudencial y fáctico,
en los términos propuestos por la parte actora.

5. Verificación del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial

La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, dado que: (i) versa sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión a la emisión del fallo de segunda instancia y
de la providencia por la que se resolvió sobre la aclaración de sentencia; (ii) el actor
agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y frente a los cargos
presentados por los accionantes no proceden los recursos extraordinarios; (iii)
cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro de los
6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada pues la última
decisión emitida en segunda instancia fue la providencia del 6 de agosto de 2025,
notificada el 11 de agosto de 2025 y la presente acción de tutela fue interpuesta el
6 de febrero de 2026 por lo que se encuentra dentro del lapso entendido como
razonable; (iv) se identificaron razonablemente los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados; (v) no se trata de una tutela contra sentencia

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Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o
el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

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de tutela y, (vi) el caso comporta relevancia constitucional en la medida que la
decisión de cierre accedió a las pretensiones de la demanda ordinaria pero en
relación con el restablecimiento del derecho existe una inconformidad que de no ser
atendida a través de este mecanismo constitucional en los términos propuestos por
la parte actora lleva consigo la afectación de derechos fundamentales, razón por la
que la Sala considera pertinente analizar el caso conforme los cargos propuestos.

6. Noción del defecto sustantivo y su configuración en el caso concreto.

6.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.

Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la
jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación
inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso,
sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.

6.2. De acuerdo con las pretensiones de la acción de tutela, la parte actora pide
que se dejen sin efectos parcialmente la sentencia del 13 de febrero de 2025
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander y,
la providencia del 6 de agosto de 2025 por la que esa autoridad judicial negó
la solicitud de aclaración de la sentencia únicamente con los términos en que
se analizó y se ordenó el restablecimiento del derecho.

En contexto, el Tribunal Administrativo de Santander en la decisión de cierre y
que resolvió no aclarar en providencia posterior, accedió a las pretensiones de
la demanda presentada por el Edificio Plaza de Mercado Satélite del Sur PH y
declaró la nulidad de los actos administrativos que en su momento le negaron
la solicitud de no ser tenido como sujeto pasivo de la contribución de energía
eléctrica establecida en las leyes 142 y 143 de 1994 dada la condición de
propiedad horizontal de la parte demandante, hoy accionante, atendiendo a
una serie de criterios especificados en las normas que regulan el tema.

Sin embargo, al momento de hacerse el análisis con respecto al
restablecimiento del derecho, la sentencia del 13 de febrero de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander y que se cuestiona a través de la
presente acción, sostuvo lo siguiente:
«2. Restablecimiento del Derecho.
La Sala declarará la nulidad de los actos administrativos contenidos en los siguientes actos
administrativos: (i) oficio No. 20220330002800 del 18/01/2022; (ii) respuesta con radicado
20220330005076 del 28/01/2022 y (iii) Oficio No. SSPD- 20228400567225 del 3 de junio de
2022, mediante los cuales las aquí demandadas negaron la solicitud de no sujeción pasiva al
impuesto de Energía Eléctrica de que trata el artículo 89 de la Ley 142 de 1994 y, a título de
restablecimiento del derecho, declarará el cese del pago correspondiente al tributo por
contribución de energía eléctrica a cargo del EDIFICIO PLAZA DE MERCADO SATÉLITE SUR
PH.
Ahora bien, sobre la devolución de las sumas canceladas por el EDIFICIO PLAZA DE
MERCADO SATÉLITE SUR PH por concepto del tributo de contribución de solidaridad de
energía eléctrica, resulta necesario precisar que el artículo 89.6 de la Ley 142 de 1994, señala
que:

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“(...) Los recursos que aquí se asignan a los "fondos de solidaridad y redistribución de ingresos" son
públicos. Por lo tanto, quienes hagan los recaudos estarán sujetos a las normas sobre declaración y
sanciones que se aplican a los retenedores en el Decreto 624 de 1989 y en las normas concordantes o
que lo sustituyan; pero deberán hacer devoluciones en el momento en que el usuario les demuestre
que tiene derecho a ellas. La obligación de los retenedores que hagan el cobro del factor o factores se
extinguirá y cobrará en la forma prevista para las obligaciones que regulan las normas aludidas, en lo
que sean compatibles con esta ley y con la naturaleza de los cobros respectivos; y las moras se
sancionarán como las moras de quienes están sujetos a las obligaciones que regulan tales normas (...)”.
De igual forma se observa que el parágrafo 2° del artículo 7 del Decreto 3087 de 1997, que
remite al artículo 154 de la Ley 142 de 1994, señala que “en ningún caso proceden
reclamaciones contra factura que tuviese más de cinco (5) meses de haber sido expedidas
por las empresas de servicios públicos.
Por consiguiente, sólo procede la devolución de los valores pagados por concepto de la
contribución de solidaridad, ello respecto de las facturas expedidas dentro de los últimos 5
meses anteriores a la reclamación objeto de análisis en esta oportunidad, esto es, del 28 de
diciembre de 2021. Dicha devolución se encuentra a cargo de la demandada
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 89.6 de la Ley 142 de 1994.
La suma reconocida será ajustada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente fórmula:
R = Rh x INDICE FINAL
INDICE INICIAL
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que son las
sumas de dinero canceladas por la parte demandante, por el valor que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor [fecha de la sentencia que ponga fin al proceso],
certificado por el DANE para la fecha de ejecutoria de la sentencia, por el índice inicial [fecha
en que el contribuyente hizo el pago], certificado por la misma entidad».

6.3. De acuerdo con lo manifestado por la parte actora, se incurrió en un defecto
sustantivo por aplicación indebida de la norma pues en su criterio, el artículo
154 de la Ley 142 de 1994 no resultaba aplicable al caso, ya que la devolución
de la contribución de solidaridad era un asunto de restitución de un tributo ante
el pago de lo no debido y no un tema de facturación de servicios públicos,
análisis que para la Sala es acertado.

Así bien, conforme lo indicó la propiedad horizontal se está en presencia de
una devolución de sumas pagadas por la contribución especial en el sector de
energía eléctrica, sin que hubiera lugar a ello, conforme las consideraciones
que tuvo el juez natural para llegar a esa conclusión y no frente a un
procedimiento ante la empresa prestadora del servicio público, en este caso
de energía eléctrica para un eventual reintegro, lo que sí haría procedente la
aplicación del citado artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

En ese escenario, de lo que se trató fue del restablecimiento del derecho
producto de la declaratoria de nulidad de unos actos administrativos que en
consecuencia, dieron lugar a que se ordenara, entre otras, la devolución de
las sumas que fueron pagadas por lo no debido respecto de obligaciones de
tipo tributario previa solicitud, lo que conlleva a la aplicación de otras normas
conforme lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, concretamente
y frente al plazo de devolución lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2277
de 20128 que indica que corresponde al término de prescripción de la acción
ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil, esto es 5 años
siguientes al pago de lo no debido.

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Artículo 11. Término para solicitar la devolución por pagos en exceso. Las solicitudes devolución y/o compensación
por pagos en exceso, deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el
artículo 2536 del Código Civil.
Para el trámite de estas solicitudes, en los aspectos no regulados especialmente, se aplicará el mismo procedimiento
establecido para la devolución de los saldos a favor liquidados en las declaraciones tributarias. En todo caso, el término
para resolver la solicitud, será el establecido en el artículo 855 del Estatuto Tributario.

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6.4. Al respecto esta Sección9 ha indicado lo siguiente:
«En torno a la devolución de las sumas pagas por la contribuciones especial en el sector de
energía eléctrica, el artículo 6.° del Decreto 847 de 2001, al reglamentar el artículo 89.6 de la
Ley 142 de 1994, previó que las entidades que «recauden contribuciones de solidaridad,
deberán hacer devoluciones a los usuarios de sumas cobradas por tal concepto, cuando éstos
demuestren que tienen derecho a ello, según la ley, utilizando para ello el mecanismo que
para tal fin prevé el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y harán los débitos correspondientes».
A su vez, el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 regula los recursos que proceden contra las
«decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato», como los actos
«de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación», y advierte que «en
ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses
de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos». Si bien, ese es el
procedimiento que debe seguirse para solicitar el reintegro de la contribución especial a la
empresa prestadora del servicio público, la Sala no comparte el planteamiento de la
demandada según el cual solo puede solicitarse la restitución del pago indebido de ese tributo
discutiendo las facturas dentro de los cinco meses siguientes a su expedición; puesto que
como lo ha aclarado la Sección10 , en los casos de devolución de los pagos de lo no debido
no se requiere discutir o modificar la determinación del tributo correspondiente (como sería la
corrección de la autoliquidación del impuesto en los casos que el contribuyente tiene el deber
formal de declararlo), sino que el reintegro procede, siempre que la petición se haga dentro
del plazo correspondiente.
En lo que respecta a la devolución de los pagos de lo no debido por concepto de obligaciones
de contenido tributario, el artículo 10 del Decreto 2277 de 2012, previó que procede la
devolución de los pagos indebidos por concepto de obligaciones tributarias, cuando se
presente la correspondiente solicitud de devolución dentro del plazo establecido en el artículo
11, el cual corresponde al «término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el
artículo 2536 del Código Civil», es decir, cinco años siguientes al pago de lo no debido 11.
Considerando lo expuesto, como en el sub iudice no se discute una devolución de la
contribución especial por la determinación de la obligación efectuada por la entidad prestadora
del servicio de energía eléctrica, conforme a lo previsto en el artículo 154 de la Ley 142 de
1994, sino porque la demandante no realizó el hecho generador para los periodos de la litis,
concluye la Sala que, contrariamente a lo afirmado por la demandada, el término con el que
contaba la actora para pedir el reintegro del pago indebido era de cinco años siguientes al
pago, de conformidad con lo reglado en el artículo 2536 del CC. No prospera el cargo de
apelación».

Del anterior análisis se advierte que en caso de devolución de pagos de lo no
debido en los que no se requiere discutir o modificar la determinación del
tributo correspondiente como queda dicho, el reintegro resulta procedente en
esos términos, de manera que el contexto en el que se debió evaluar el caso
en sede ordinaria debió ser acorde con las normas aplicables a este tipo de
asuntos y al alcance e interpretación que la jurisprudencia en materia tributaria
ha dado a casos como el que correspondió definir al Tribunal accionado.

6.5. En consecuencia, verificadas las normas y la jurisprudencia de la Sección
Cuarta de esta Corporación, concluye la Sala que la decisión cuestionada a
través de la presente acción sí incurrió en el defecto sustantivo propuesto,
pues se dio aplicación indebida de la norma realmente aplicable al caso, lo que
trae consigo la vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad de la propiedad
horizontal, lo que hace procedente la intervención del juez de tutela a fin de
garantizar la protección efectiva de los mencionados derechos, sin que sea
necesario referirse a los demás defectos propuestos pues estos derivan de un
mismo punto central que se discute en el escrito de tutela y que tiene que ver

9
Sentencia del 27 de abril de 2023, expediente 25000-23-37-000-2015-01731-02 (26638) con ponencia del magistrado
Wilson Ramos Girón.
10
Sentencias del 12 de diciembre de 2014 (exp. 20000, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia); del 23 de febrero de 2017
(exp. 21314, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto); del 08 de febrero de 2018 (exp. 21803, CP. Milton Chaves García); del
10 de mayo de 2018 (exp. 23248, CP. ibidem); del 04 de octubre de 2018 (exp. 21292, CP. Stella Jeannette Carvajal
Basto); del 19 de febrero de 2020 (exp. 23356, CP. Julio Roberto Piza) y del 27 mayo de 2021 (exp. 24879, CP. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello).
11
Sentencias del 26 de julio de 2017 (exp. 20757, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), reiterada en sentencia de 04 de
octubre de 2018 (exp. 21292, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 03 de julio de 2020 (exp. 24181, CP: Milton
Chaves García).

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con la indebida aplicación de la norma para la solución de la controversia
propuesta.

7. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concederá el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia del Edificio Plaza de Mercado Satélite del Sur PH, para lo cual, se dejarán
sin efectos: (i) la sentencia del 13 de febrero de 2025, y (ii) la providencia del 6 de
agosto de 2025 por la que se negó la solicitud de aclaración, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Santander.

En consecuencia, se le ordenará a la autoridad judicial accionada que, en un término
de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la presente decisión,
profiera una sentencia de reemplazo en la que sean tenidas en cuenta las
consideraciones hechas en la presente providencia, específicamente frente al
restablecimiento del derecho en el medio de control con radicado 68001-33-33-003-
2022-00176-00.

En la sentencia de remplazo deberán examinarse, además de los periodos
correspondientes a los 5 meses mencionados en la decisión cuestionada, los demás
periodos comprendidos en el término de 5 años que, como se indicó, corresponden
al plazo de prescripción de la acción ejecutiva previsto en el artículo 2536 del Código
Civil, esto es, 5 años siguientes al pago de lo no debido.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, la
Electrificadora de Santander SA ESP y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

2. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia del Edificio Plaza de Mercado Satélite
del Sur PH, conforme a las consideraciones hechas en la parte motiva.

3. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del 13
de febrero de 2025 y la providencia del 6 de agosto de 2025 por la que se
negó la solicitud de aclaración de la sentencia, y ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Santander que, en un término de veinte (20) días contados
a partir de la notificación de la presente decisión, profiera una sentencia de
reemplazo en la que sean tenidas en cuenta las consideraciones hechas en la
presente providencia.

4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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