Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00917-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00917-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00917-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00917-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
30 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00917-01
Demandante: Laura Marcela Herrera Trillos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00917-01
Demandante: LAURA MARCELA HERRERA TRILLOS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento
del derecho – requisitos generales de procedencia
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la demandante, contra la providencia
de 26 de febrero de 2026, dictada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado, que resolvió:
«1. Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el demandante por el
incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
2. Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3. Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de febrero de 2026, la señora Laura Marcela Herrera Trillos, mediante apoderado
judicial interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se deje sin efecto la sentencia de fecha 19 de junio 2025 emitida por la SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCION SEGUNDA – SUB SECCION A
siendo Magistrado ponente Jorge Iván Duque Gutiérrez, por violar flagrantemente los
derechos fundamentales de la igualdad y el debido proceso, invocados en la presente
acción.
SEGUNDO: Que se ordene a un despacho distinto pero con igual jurisdicción y
competencia para conocer la segunda instancia y dictar sentencia en derecho, y en
consecuencia,
TERCERO: Se ordene al despacho que conoció de la apelación, que proceda a emitir un
nuevo pronunciamiento basado en las motivaciones del juez de tutela imparta para
solucionar la apelación interpuesta por DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL antes ACCION SOCIAL, y se devuelva el expediente a la sub
sección accionada para el obedecimiento y cumplimiento del juez de tutela.»
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00917-01
Demandante: Laura Marcela Herrera Trillos
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Laura Marcela Herrera Trillos celebró contratos sucesivos de prestación de
servicios con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, desde el 18 de junio de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011.
El 18 de julio de 2013 la demandante solicitó al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y acreencias
laborales, correspondientes a la vinculación que tuvo con la entidad para lo cual, alegó
la existencia de una relación laboral.
Dicha solicitud fue resuelta de manera desfavorable por el DPS mediante oficio del 6
de agosto de 2013.
Debido a lo anterior, la señora Herrera Trillos ejerció demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con la finalidad de que se declarara la nulidad del referido
acto administrativo y, en consecuencia, se ordenara a la entidad demandada el
reconocimiento de la relación laboral y los emolumentos dejados de percibir, causados
durante el lapso indicado.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Cesar, que en sentencia 10 de junio de 2021, accedió a las
pretensiones de la demanda al considerar la demandante acreditó los elementos de
un contrato realidad. Además de que se probó la forma sucesiva en que se
suscribieron los contratos de prestación de servicios durante los periodos
transcurridos entre el 18 de junio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, lo que permitió
concluir que se trató de un trabajo continuo con vocación de permanencia.
La parte actora interpuso recurso de apelación y señaló que no se demostró el
elemento de la subordinación. Al respecto, cuestionó que ese elemento se tuvo
demostrado con base en unos testimonios que resultaron parcializados, sin embargo,
no obraban documentos que dieran cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se ejecutaron los contratos y tampoco valoró en conjunto las pruebas
con el interrogatorio de parte.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 19 de
junio de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones del medio de control. Sobre el particular explicó que no se aportaron
pruebas que demostraran una relación de subordinación, como órdenes directas,
permisos o asignación de recursos y, por ende, la demandante no logró desvirtuar que
la prestación de los servicios profesionales tuvo lugar solo para los fines establecidos
en cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes.
Dicha providencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 8 de julio de 2025.
3. Argumentos de la acción de tutela
La demandante expuso que en el caso objeto de estudio la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados con ocasión de la
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00917-01
Demandante: Laura Marcela Herrera Trillos
sentencia del 19 de junio de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.
Respecto al defecto factico indicó que no se valoró en debida forma las pruebas
documentales y testimoniales aportadas al proceso que tenían como finalidad
desenmascarar el contrato de prestación de servicios y demostraban la existencia de
la subordinación permanente durante todo el vínculo laboral.
De igual manera, afirmó que se incurrió en desconocimiento del precedente horizontal
contenido en unas sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las
cuales se demostró el trabajo subordinado con indicaciones de tiempo, modo,
cantidad, calidad y cumplimiento, al efecto citó como desconocidas la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda en el expediente con radicado
núm. 66001-23-33-000-2013-00144-01 y las T-104 de 2017; T-229 de 2016 y T-715
de 2014 proferidas por la Corte Constitucional.
4. Trámite previo
El 11 de febrero de 2026, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante y a los magistrados
integrantes de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en calidad
de demandado, así como al Tribunal Administrativo del Cesar y al director o quien
haga sus veces del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como
terceros con interés.
5. Oposiciones
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A no se pronunció sobre los
hechos objeto de tutela.
6. Intervención de los terceros con interés
El Tribunal Administrativo del Cesar remitió el expediente digital del medio de
control objeto de debate, no obstante, guardó silencio respecto a los hechos objeto de
debate.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia por incumplimiento del requisito de
inmediatez, dado que, desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, esto
es, el 11 de julio de 2025, hasta la presentación de la acción de tutela, transcurrió un
plazo superior a seis meses.
7. Sentencia de primera instancia
El 26 de febrero de 2026, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia en la que declaró improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.
Explicó que la providencia objeto de debate fue proferida el 19 de junio de 2025 y
notificada el 8 de julio del mismo año; mientras que la acción de tutela se presentó el
9 de febrero de 2026. De modo que habían transcurrido 6 meses y 29 días después
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00917-01
Demandante: Laura Marcela Herrera Trillos
de haber conocido la decisión. lo que permite concluir la falta de urgencia y necesidad
de intervención del juez constitucional dado que se ejerció extemporáneamente.
De igual forma, recalcó que no se explicó ni justificó la presentación tardía de la acción,
pues la actora no alegó i) un motivo válido o situación personal que justificara su
inactividad; ii) no se apreció que se esté ante una vulneración a amenaza permanente;
iii) que el fundamento de la acción haya surgido después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos; o iv) ninguna otra circunstancia especial que permitiera
flexibilizar el término de inmediatez ni se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que ameritara la intervención del juez constitucional.
8. Impugnación
La demandante impugnó la decisión de primera instancia y manifestó que la
conclusión a la que arribó la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
no era correcta, porque el termino de inmediatez debía contabilizarse desde el
momento de la notificación y que su apoderada conoció de la decisión el 1 de agosto
de 2025, razón por la que a la fecha de presentación habían transcurrido tan solo 6
meses y 8 días. Además de que no era posible contabilizar la vacancia judicial dentro
del término de 6 meses.
Aclaró que en la decisión impugnada se aplicó el requisito de inmediatez de forma
excesivamente formalista, lo cual resulta contrario a la jurisprudencia constitucional
que ha reiterado que este requisito no puede convertirse en una barrera
desproporcionada para el acceso a la justicia constitucional. Asimismo, resaltó que en
su caso existe una vulneración continua de derechos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00917-01
Demandante: Laura Marcela Herrera Trillos
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela.
En ese sentido, procederá con la verificación de los requisitos generales de
procedencia, y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de fondo de los
defectos invocados.
En síntesis, la parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió
en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, dado que, a su juicio,
en el medio de control se demostró la existencia de los elementos de un contrato
realidad.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, por las mismas
razones.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
i) Del requisito general de inmediatez4.
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución. 4
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales
es de seis meses, contado a partir de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la naturaleza del
acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a
la tutela judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. En relación con
la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas oportunidades que debe existir un término razonable entre la
ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la demanda
(Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007), en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto
a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados. Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el
ejercicio de la acción de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales
derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha señalado que para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez,
deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar
una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados. 5
Calle 12 No.
7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00917-01
Demandante: Laura Marcela Herrera Trillos
En el escrito de tutela la inconformidad planteada por la actora se dirige contra lo
decidido en la sentencia del 19 de junio de 2025 que puso fin al proceso con radicado
2015-00061-02.
Sin embargo, tal como lo advirtió el juez de primera instancia, la Sala observa que en
esta oportunidad no se satisface el requisito general de procedencia de la inmediatez,
por las razones que se exponen a continuación:
En el presente asunto, la Sala observa que la providencia cuestionada fue proferida
el 19 de junio de 2025 y fue enviada por correo electrónico el 8 de julio de ese mismo
año, como consta en Samai:
Por ello, la providencia se entendería notificada el 11 de julio de 2025, por lo que el
plazo razonable para presentar la acción de tutela se extendió hasta el 13 de enero
de 20265. Sin embargo, solo fue presentada hasta el 9 de febrero de 2026, esto es,
luego de 6 meses y 29 días, término que supera el plazo razonable previsto en la
jurisprudencia de esta Corporación.
Se advierte que el argumento de la impugnación se centró en que la providencia le
fue notificada el 1 de agosto de 2025, razón por la que considera que la solicitud de
amparo fue interpuesta en tiempo.
Al respecto, revisada la plataforma SAMAI, no se evidencia que la notificación se haya
surtido en la fecha indicada por la impugnante ni en otra posterior a la señalada
inicialmente, máxime si se tiene en cuenta que la accionante no aportó prueba de ello.
Ahora bien, esta Sala acoge el precedente constitucional, que permite flexibilizar en
ciertas circunstancias la aplicación del requisito general de inmediatez, el cual ha
identificado cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determinar,
5
Si se tiene en cuenta que el 11 de enero de 2026 es domingo y el lunes 12 es festivo, trasladando el vencimiento al primer día
hábil siguiente.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00917-01
Demandante: Laura Marcela Herrera Trillos
en cada caso, si se ha cumplido con el requisito 6, precisados en la sentencia SU-391
de 20167.
Como se indicó, para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha
cumplido el requisito de inmediatez, debe evaluarse si existe un motivo válido para la
inactividad del accionante, circunstancia que en el presente caso no ocurre.
La Sala no desconoce que el simple transcurso del tiempo no siempre permite concluir
que la acción de tutela fue presentada de manera extemporánea, toda vez que pueden
concurrir circunstancias especiales que no solo justifiquen la presentación fuera de un
término razonable, sino que evidencien que el hecho u omisión que vulnera los
derechos fundamentales es de carácter permanente, persiste en el tiempo y, por tanto,
configura una violación actual y continua.
De manera que, si la parte demandante estimó que la providencia objeto de debate
vulneró los derechos fundamentales invocados, lo propio era que presentara la acción
dentro de los seis meses siguientes a la notificación, pues dicho momento supone que
las partes tienen conocimiento de las decisiones judiciales y, al no hacerlo, se
desvirtuó la urgencia en la intervención del juez constitucional.
Si bien la demandante en el presente asunto alegó que en la contabilización del
término de inmediatez debía ser descontada la vacancia judicial porque en ese
término no podía interponer la tutela, lo cierto es que dicho argumento no es de recibo.
Aunque el término de 6 meses finalizó en medio de la vacancia judicial (lo que prorrogó
el plazo hasta el primer día hábil siguiente), una vez se reanudaron las labores la
demandante tampoco acudió a la interposición oportuna de la acción, sumado a que
no demostró ninguna condición que le hubiera imposibilitado acudir a este escenario
constitucional en tiempo.
Además, la señora Herrera Trillos señaló que la demora en la presentación de la
solicitud de amparo está justificada en la naturaleza continuada y permanente del
perjuicio. Sin embargo, la presente acción de tutela se dirige contra la sentencia de 19
de junio de 2025, de modo que la presunta vulneración a los derechos invocados se
materializó en el momento en que se notificó esa decisión.
Sumado a lo anterior es necesario destacar que la decisión que se cuestiona fue
proferida por el Consejo de Estado, punto en el cual es importante recordar que, en
los casos en que la tutela se dirige contra una decisión proferida por una Alta
Corporación, la Corte Constitucional8 ha establecido un requisito adicional de
6
“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos
esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se
produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para
analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició
hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza
de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la
vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación
de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación
contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha
señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos
de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela,
el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”.
7
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo
8
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00917-01
Demandante: Laura Marcela Herrera Trillos
procedencia, en el sentido que se constate la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional.
Como se anticipó, por más informal que sea la tutela y, aunque sus objetivos sean la
salvaguarda de derechos fundamentales, la interesada estaba en la obligación de
controvertir las razones de la sentencia que cuestiona por esta vía.
En suma, en el presente caso la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de la inmediatez y, en esa medida, se impone confirmar la
providencia impugnada que declaró improcedente la solicitud de amparo que ejerció
la señora Laura Marcela Herrera Trillos contra el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Tercera, Subsección B.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.