Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00921-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00921-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00921-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00921 00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y Luis Fernando Castro Barajas
Accionado: Consejo de Estado – Sala Quinta Especial de Decisión – Sala
de Conjueces
Acción: Acción de Tutela
Tema: Tutela contra providencias judiciales
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir los
requisitos generales de falta de legitimación en la causa por
activa y relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Luis Alfredo Castro Barón,
quien manifiesta que actúa en nombre propio y en representación de su hijo Luis
Fernando Castro Barajas, en contra de la Sala de Conjueces de la Sala Quinta Especial
de Decisión del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Luis Alfredo Castro Barón, quien manifiesta que actúa en nombre propio y en
representación de su hijo Luis Fernando Castro Barajas, promovió acción de tutela en
contra de la precitada autoridad judicial, con ocasión de las actuaciones surtidas en el
proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado núm. 11001 03 15 000
2022 03093 00, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
A. PRETENSIONES PRINCIPALES
1. Que se AMPAREN los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, juez natural, defensa y prohibición de vías de hecho de
LUIS ALFREDO CASTRO BARÓN y LUIS FERNANDO CASTRO BARAJAS.
2. Que se DEJE SIN EFECTOS el archivo definitivo del expediente 3093 de 2022,
ordenado el 20 de enero de 2026, por configurarse múltiples vías de hecho
judicial.
3. Que se ORDENE LA REAPERTURA INMEDIATA del expediente 3093 de 2022
y la continuación regular del trámite.
4. Que se ORDENE TRAMITAR Y DECIDIR DE FONDO:
o la recusación presentada el 18 de junio de 2025;
o el recurso de súplica presentado el 1 de agosto de 2025;
o y los recursos de reposición y queja posteriores.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00921 00.
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Accionantes: Luis Alfredo Castro Barón y otro
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5. Que se ORDENE QUE EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO sea asumido por
un magistrado distinto, que no haya intervenido previamente ni se encuentre
objetivamente comprometido.
B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS O ALTERNATIVAS
6. Subsidiariamente, que se DECLARE LA NULIDAD CONSTITUCIONAL de las
actuaciones surtidas desde el 9 de abril de 2025, inclusive, por desconocimiento
del debido proceso y del derecho al juez imparcial.
7. Que se ORDENE EMITIR NUEVA DECISIÓN MOTIVADA sobre la procedencia
de los recursos interpuestos, garantizando contradicción y defensa.
8. Que se ORDENE AL CONSEJO DE ESTADO abstenerse de imponer
sanciones pecuniarias o disciplinarias al accionante sin motivación reforzada y
trámite previo, cuando este actúe como ciudadano. (Negrillas y mayúsculas
originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Señaló que el expediente identificado con el radicado núm. 2022 03093 002 fue archivado
definitivamente el 20 de enero de 2026, en el marco de una reclamación judicial
prolongada relacionada con presuntas omisiones estatales en la investigación de la
desaparición forzada del señor Abel de Jesús Barahona Castro, familiar de los
accionantes.
Indicó que dicha reclamación, según afirmó, ha sido objeto de múltiples dilaciones,
archivos y decisiones inhibitorias a lo largo de varios años.
Precisó que la presente acción de tutela no tiene por objeto el juzgamiento penal o
disciplinario de tales hechos, sino evitar que, mediante decisiones procesales que estima
arbitrarias, se consolide una denegación estructural del acceso a la justicia.
Manifestó que el 9 de abril de 2025 una Sala de Conjueces le comunicó la imposición de
una sanción pecuniaria equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la
cual, según sostuvo, fue impuesta varios años después de presentada una recusación y
sin que mediara motivación suficiente ni trámite previo de contradicción.
Anotó que el 19 de mayo de 2025 el precitado expediente fue asumido por el Magistrado
Wilson Ramos Girón, en calidad de ponente encargado, quien reanudó la actuación el 9
de junio de 2025. Al respecto, sostuvo que dicho funcionario integraba una sala distinta
a la competente para conocer del asunto.
Advirtió que el 18 de junio de 2025 presentó recusación contra el referido magistrado y
contra otros consejeros, sustentada en la existencia de un presunto interés directo.
Sostuvo que, mediante decisión del 21 de julio de 2025, el magistrado recusado resolvió
no dar trámite a la recusación al considerarla irrespetuosa, sin efectuar un análisis de
fondo.
2 Correspondiente al proceso de pérdida de investidura promovido por el señor Luis Alfredo Castro Barón
en contra del señor John Jairo Cárdenas Morán.
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Expuso que, posteriormente, el 1 de agosto de 2025 interpuso recurso de súplica contra
dicha decisión, el cual fue remitido por distintos canales institucionales.
Afirmó que el 11 de agosto de 2025 el despacho indicó que dicho recurso no existía,
negando su trámite.
Señaló que el 6 de noviembre de 2025 la consejera de Estado Claudia Rodríguez
Velásquez decidió no tramitar los memoriales presentados, al considerar que no
contaban con radicación formal. No obstante, indicó que el 26 de noviembre de 2025 la
misma funcionaria reconoció que el escrito sí había sido presentado por múltiples
canales, pero, pese a ello, declaró improcedentes los recursos y dispuso el archivo
definitivo del expediente, decisión que se materializó el 20 de enero de 2026.
Adujo, que las actuaciones descritas configuraron diversas vías de hecho, en particular
por defecto procedimental, al considerar que se suprimieron recursos legalmente
procedentes; por defecto sustantivo, al estimar que se impuso una sanción sin motivación
suficiente ni proporcionalidad; por defecto orgánico, al señalar que decisiones sobre
recusaciones habrían sido adoptadas por el funcionario recusado; y por desconocimiento
del precedente constitucional.
De igual forma, en relación con el requisito de inmediatez, declaró que la acción de tutela
se presentó en un término razonable, teniendo en cuenta que el acto que considera lesivo
de sus derechos fundamentales es el archivo definitivo del expediente que se produjo el
20 de enero de 2026, y que la vulneración alegada es de carácter actual y continuado,
en la medida en que el expediente permanece cerrado y los recursos interpuestos no han
sido resueltos de fondo.
Por último, arguyó que no cuenta con otro medio judicial eficaz para obtener la reapertura
del expediente ni la protección de sus derechos fundamentales, por lo que la acción de
tutela resulta procedente como mecanismo principal.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 9 de febrero de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, mediante auto de 12 de febrero de 20264, se requirió al señor Luis Alfredo
Castro Barón para que precisara la calidad en la que actúa respecto del señor Luis
Fernando Castro Barajas, toda vez que el escrito fue suscrito únicamente por el primero,
pese a que se solicitó la protección de los derechos fundamentales de ambos.
3.2. Mediante escrito radicado el 19 de febrero de 20265 el señor Luis Alfredo Castro
Barón indicó que la acción de tutela también fue presentada en nombre de su hijo, Luis
Fernando Castro Barajas, respecto de quien actúa como representante en virtud de poder
general otorgado mediante escritura pública y acuerdo de apoyos, dada su condición de
3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00921 00.
4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00921 00.
5 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00921 00.
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discapacidad. Asimismo, señaló que suscribió el escrito inicial en dicha calidad y ratificó
que su hijo actúa como accionante en la presente tutela.
3.3. En providencia del 26 de febrero de 20266 el despacho admitió la acción de tutela,
negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar7 al Consejo de Estado – Sala
Quinta Especial de Decisión – Sala de Conjueces, en calidad de autoridad judicial
accionada.
De igual forma, se requirió al Consejo de Estado – Sala Quinta Especial de Decisión –
Sala de Conjueces para que allegaran copia digital o el hipervínculo de consulta del
expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 11001 03 15
000 2022 03093 00/01.
3.4. La Consejera de Estado Claudia Rodríguez Velásquez8 rindió informe en el que
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales.
Sostuvo que la parte actora no identificó una providencia concreta ni expuso una
argumentación suficiente para demostrar los defectos alegados, y que las decisiones
cuestionadas obedecen a la falta de actuación oportuna dentro del proceso.
Agregó que, al tratarse de decisiones proferidas por el Consejo de Estado, no se acredita
una anomalía de especial entidad que justifique la intervención del juez constitucional.
3.5. El accionante allegó memorial en el que informó un hecho sobreviniente9 consistente
en la expedición de un auto del 23 de febrero de 2026, notificado el 24 del mismo mes,
dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 11001 31 03 005 1999
00125 01, adelantado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias de Bogotá, por el cual se aprobó la liquidación del crédito.
Al respecto, Indicó lo siguiente:
Este hecho resulta relevante para el análisis de la presente acción constitucional,
en la medida en que dicho proceso ejecutivo se encuentra relacionado con los
bienes vinculados al conflicto patrimonial surgido con posterioridad a la
desaparición del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro en noviembre de 1996.
Debe señalarse igualmente que los hechos relacionados con la desaparición del
mencionado sacerdote continúan siendo objeto de investigación por parte de la
Fiscalía General de la Nación, particularmente ante la Fiscalía 27 de Derechos
Humanos.
Por lo anterior, respetuosamente solicito al despacho tener en cuenta este hecho
sobreviniente dentro del análisis del caso.
6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00921 00.
7 Esta orden se cumplió el 4 de marzo de 2026. Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00921 00.
8 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00921 00.
9 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00921 00.
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3.5. Mediante escrito radicado el 14 de abril de 202610, la Consejera de Estado Nubia
Margoth Peña Garzón manifestó encontrarse impedida para conocer y decidir la presente
acción de tutela, al señalar que, en su condición de integrante de la Sala Especial de
Decisión núm. 5 del Consejo de Estado, conoció y participó del proceso de pérdida de
investidura identificado con el radicado núm. 2022 03093 00, objeto de reproche en la
presente solicitud de amparo.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
4.2.1. El señor Luis Alfredo Castro Barón presentó, el 7 de junio de 2022, solicitud de
pérdida de investidura en contra del entonces representante a la Cámara por el
departamento del Cauca (2018-2022), Jhon Jairo Cárdenas Morán.
4.2.2. Mediante auto del 10 de junio de 2022, el despacho sustanciador inadmitió la
solicitud y concedió el término de 10 días para que se subsanara los yerros advertidos.
4.2.3. Dentro de dicho término, el actor formuló recusación contra todos los magistrados
del Consejo de Estado, lo que dio lugar a la intervención de conjueces para su resolución.
4.2.4. La Sala de Conjueces, mediante auto del 15 de junio de 2023, declaró infundada
la recusación y le impuso al solicitante una multa equivalente a 5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Posteriormente, el actor solicitó la aclaración de dicha providencia,
la cual fue negada mediante auto del 22 de julio de 2024, notificado el 9 de abril de 2025.
10 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00921 00.
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15 Lo que se desprende del expediente de pérdida de investidura identificado con radicado núm. 11001 03
15 000 2022 03093 00/01. Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00921 00.
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4.2.5. En auto del 9 de junio de 2025, el despacho ponente dispuso la reanudación del
término para subsanar la solicitud de pérdida de investidura y concedió al actor 6 días
para tal efecto.
4.2.6. El 18 de junio de 2025, el señor Castro Barón presentó nueva recusación contra
los magistrados del Consejo de Estado. No obstante, mediante auto del 21 de julio de
2025, la Sala Quinta Especial de Decisión resolvió no tramitarla por irrespetuosa y, en la
misma providencia, rechazó la solicitud de pérdida de investidura por no haber sido
subsanada conforme a lo requerido.
4.2.7. Contra la anterior decisión, el actor presentó un escrito con el que pretendía
interponer recurso; sin embargo, mediante auto del 11 de agosto de 2025 no se le dio
trámite, al no cumplir con los requisitos exigidos, y se declaró precluida la oportunidad
para interponer recurso contra la decisión de 21 de julio de 2025.
4.2.8. Posteriormente, el señor Castro Barón allegó varios memoriales, entre ellos un
recurso de reposición y en subsidio queja contra el auto del 11 de agosto de 2025, un
escrito contentivo de recurso de súplica contra la decisión de 21 de julio de 2025 y
soportes de envío de dichos escritos.
4.2.9. Mediante auto del 6 de noviembre de 2025, el despacho decidió no tramitar los
memoriales presentados y ordenó el archivo del expediente, al considerar que con ellos
se pretendía reabrir oportunidades procesales ya precluidas.
4.2.10. El actor presentó nuevo escrito denominado recurso de reposición y en subsidio
apelación contra dicha decisión; no obstante, mediante auto del 26 de noviembre de 2025
se rechazaron por improcedentes los recursos interpuestos y se ordenó el archivo
definitivo del expediente.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
La Consejera de Estado de la Sección Primera, Nubia Margoth Peña Garzón, a través de
escrito radicado el 14 de abril de 2026, manifestó encontrarse incursa en la causal de
impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
norma aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, con
fundamento en lo siguiente:
[…] me permito manifestarle que me declaro impedida para intervenir en la acción
de tutela de la referencia, por cuanto como integrante de la Sala Especial de
Decisión núm. 5 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, conocí del
proceso de pérdida de investidura identificado con el número único de radicación
2022-03093-00, dentro del cual se profirió, entre otras, la providencia de 21 de
julio de 2025, que rechazó el medio de control objeto de la presente solicitud de
amparo, por lo que considero que me encuentro incursa en la causal de
impedimento prevista en el artículo 56, numeral 6, del CPP […].
Al respecto, se advierte que el numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 200416, dispone
lo siguiente:
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
16Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770
de 2004).
6
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(…)
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o
hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad (sic)
o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.
(Negrillas fuera del texto).
En ese sentido, se observa que, en el presente asunto, la parte accionante invoca la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión de las decisiones adoptadas dentro del proceso
de pérdida de investidura identificado con el radicado núm. 11001 03 15 000 2022 03093
00, relacionadas con la inadmisión de la solicitud, el trámite de las recusaciones
presentadas, la reanudación del proceso, el rechazo de la demanda por falta de
subsanación, la improcedencia de los recursos interpuestos y, finalmente, el archivo del
expediente.
Conforme lo anterior, la Sala advierte que, revisado el expediente en cuestión, la
providencia que rechazó la pérdida de investidura por no subsanación a lo requerido fue
suscrita por la consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón como integrante de la
sala especial de decisión hoy accionada.
Por lo tanto, se encuentra configurada la causal de impedimento prevista en el numeral
6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, citado, razón por la cual la Sala declarará fundado
el impedimento y separará del conocimiento del presente asunto a la doctora Peña
Garzón.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
4.4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa del señor Luis Alfredo
Castro Barón.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela, de modo que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio
del demandante y no de otra persona17.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que «[…] toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]».
[Negrilla fuera de texto].
Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 199118 establece lo siguiente:
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
17 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
7
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actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando
tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. [Negrillas fuera del
texto].
Por su parte, la Corte constitucional, en sentencia T-292 de 202119, al citar la sentencia
T-531 de 2002, indicó lo siguiente:
(…) el apoderamiento judicial es una subespecie de la representación, que “(i)
[consiste en] un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) Se
concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido
poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) el
poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un
determinado proceso no se entiende conferido para la promoción de procesos
diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el
proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional (…). (Se destaca).
Adicionalmente, en esa misma oportunidad, anotó lo siguiente20:
[…] 32. La Corte también ha advertido que el ejercicio de la representación judicial
en sede tutela requiere de un mandato específico, bien sea que se encuentre
consignado en un acto de apoderamiento especial y concreto o en un poder de
carácter general. Al respecto, ha señalado que “la falta de poder especial para
adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando
tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la
acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos
casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por
activa”. Ahora bien, aunque los apoderados judiciales en sede tutela tienen el
deber de acreditar tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela, en ejercicio
de sus facultades, adopte medidas tendientes a subsanar irregularidades
formales, con el fin de no comprometer la protección de los derechos
fundamentales invocados.
33. En resumen, el apoderamiento judicial en sede de tutela debe observar las
siguientes reglas: (i) el poder debe constar por escrito y éste se presume auténtico,
(ii) el mandato puede constar en un acto de apoderamiento especial o en uno de
carácter general, (iii) quien pretenda ejercer la acción de tutela mediante
apoderado judicial debe conferir facultades expresas para el ejercicio de esta
acción constitucional y (iv) el destinatario del acto de apoderamiento debe ser un
abogado con tarjeta profesional vigente […]. (Se destaca).
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que el señor Luis Alfredo Castro Barón
manifestó actuar en nombre propio y en representación de su hijo Luis Fernando Castro
Barajas, para lo cual allegó poder general otorgado mediante escritura pública, así como
un acuerdo conciliatorio de apoyo suscrito entre ambos, en el que se relacionó de manera
expresa los procesos en los cuales el señor Castro Barón actuaría como persona de
apoyo del señor Castro Barajas, entre los cuales no se encuentra la presente acción de
tutela.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-292 del 30 de agosto de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
20 Ibidem.
8
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Adicionalmente, revisado el contenido del referido poder, se observa que este no contiene
una habilitación expresa para promover la presente acción de tutela, como lo exige la
jurisprudencia constitucional, en la medida en que el apoderamiento en sede de tutela
debe ser específico frente al ejercicio de esta acción constitucional, aun cuando se trate
de un poder de carácter general.
En ese sentido, si bien el señor Castro Barón acredita una relación de representación
respecto de su hijo, lo cierto es que no se demuestra que cuente con facultades expresas
para interponer la acción de tutela en su nombre dentro del presente asunto, lo cual
resulta exigible conforme a los criterios fijados por la Corte Constitucional en la materia.
Ahora, si bien en el memorial radicado el 19 de febrero de 2026, el señor Castro Barón
explicó que el poder general y el acuerdo formal de apoyo suscrito con su hijo obedece a
la discapacidad del señor Castro Barajas, lo cierto es que el señor Castro Barón no indicó
en la solicitud de amparo que actuaba como agente oficioso de su hijo, lo cual lo hubiese
legitimado para interponer la tutela en su nombre.
Por consiguiente, la Sala concluye que el señor Luis Alfredo Castro Barón carece de
legitimación en la causa por activa para actuar en representación de su hijo Luis Fernando
Castro Barajas dentro de la presente acción de tutela, por lo que, en este aspecto, la
solicitud de amparo resulta improcedente.
Sin perjuicio de lo anterior, no sobra advertir que la presente acción de tutela se promueve
en contra de las decisiones adoptadas en el proceso de pérdida de investidura núm. 2022
03093 00, en el cual el señor Castro Barajas no hizo parte.
4.4.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló lo siguiente:
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el primer
y el segundo criterio que la compone, esto es, (i) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales;
y (ii) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad
4.3.2.1. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
explicó que este primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe
involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental (…)”.
En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que se promueva
contra una providencia judicial debe proponer un debate sobre el contenido, alcance o
goce de un derecho fundamental, pues sólo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que, quien interpone
una acción de tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada
lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel”.
El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias, consistente en que, para
superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos
fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente
la existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que compone a la relevancia constitucional,
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la parte interesada en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera la sentencia atacada
está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que
exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para
afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el
núcleo esencial del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional como:
[…] el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a
los particulares”21 y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho
que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro
derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo
cual se le quita su esencia fundamental […]22.
Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la parte accionante
invocó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión de las decisiones adoptadas dentro del proceso
de pérdida de investidura identificado con el radicado núm. 11001 03 15 000 2022 03093
00, relacionadas con la inadmisión de la solicitud, el trámite de las recusaciones
presentadas, la reanudación del proceso, el rechazo de la demanda por falta de
subsanación, la improcedencia de los recursos interpuestos y, finalmente, el archivo del
expediente.
En ese sentido, más allá de la inconformidad manifestada por la parte actora frente a
dichas decisiones, lo cierto es que la solicitud de amparo no cumple con la carga de
explicar de qué manera tales actuaciones comprometen la dimensión constitucional de
los derechos fundamentales invocados, pues se limita a cuestionar la forma en que fueron
resueltas las actuaciones procesales, sin identificar concretamente cuál garantía del
núcleo esencial de dichos derechos resultó afectada.
Ahora bien, tampoco se advierte, prima facie, que las decisiones adoptadas dentro del
proceso de pérdida de investidura involucren una restricción desproporcionada de los
derechos fundamentales alegados, sino que, por el contrario, se enmarcan en el ejercicio
de las competencias propias de la autoridad judicial dentro del trámite del proceso. Por
consiguiente, la controversia planteada corresponde a un desacuerdo con el desarrollo y
las decisiones adoptadas en sede judicial, lo cual no reviste relevancia constitucional, en
la medida en que no se evidencia una afectación real al núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados, ni se supera el ámbito de la mera legalidad.
Por lo anotado, la Sala considera que el requisito general de relevancia constitucional no
se cumple frente a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, toda vez que, revisadas las actuaciones surtidas dentro del
proceso de pérdida de investidura, no se evidencia que los cuestionamientos formulados
por la parte actora trasciendan el ámbito de la mera legalidad, ni que se haya estructurado
21 Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
22 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
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un cargo concreto dirigido a demostrar la afectación del núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados.
En efecto, las decisiones cuestionadas se enmarcan en el trámite propio del proceso y
responden a la aplicación de las reglas procesales correspondientes, particularmente en
lo relacionado con la preclusión de las oportunidades procesales y el archivo del
expediente.
Tampoco se evidencia afectación al derecho al juez natural, en la medida en que las
actuaciones fueron adelantadas por las autoridades judiciales competentes conforme a
las reglas de asignación y funcionamiento previstas en el ordenamiento jurídico, sin que
se advierta intervención de autoridad distinta o carente de competencia.
En ese contexto, los reparos de la parte accionante evidencian una inconformidad con el
sentido de las decisiones adoptadas, mas no la configuración de una vulneración de
rango constitucional.
Adicionalmente, frente a la inconformidad del accionante por la sanción impuesta en el
trámite del proceso objeto de reproche, la Sala advierte que dicha situación implica una
discusión de contenido económico que no implica la afectación de derecho fundamental
alguno.
Por último, frente al memorial allegado por el accionante en el que informa sobre un
“hecho sobreviniente” y que solicita sea tenido en cuenta, la Sala no se pronunciará al
respecto, comoquiera que dicha situación corresponde a una providencia dictada en un
proceso ejecutivo el cual no es objeto de reproche en la presente solicitud de amparo.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la Consejera de
Estado Nubia Margoth Peña Garzón, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
del señor Luis Alfredo Castro Barón para promover la presente acción de tutela en
nombre de su hijo Luis Fernando Castro Barajas, conforme lo expuesto en precedencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionantes: Luis Alfredo Castro Barón y otro
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QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de
abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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