Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00926-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00926-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00926-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00926-001
Demandante : Dora de Jesús Avendaño Bertel
Demandado : Tribunal Administrativo del Cesar
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional, municipio de
Valledupar y Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Dora de Jesús Avendaño Bertel contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
3. La señora Dora de Jesús Avendaño Bertel, quien actúa a través de apoderada
judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Cesar.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00926-00
Demandante: Dora de Jesús Avendaño Bertel
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
4. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 6 de agosto de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia de 7
de mayo del mismo año, en la que el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar
negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Valledupar (expediente 20001-33-33-003-2024-00222-00/01). En su
lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión «[…]
con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera
concreta [su] situación particular […] a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria
y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico».
1.3 Hechos2.
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por
la accionante, se puede evidenciar que, el 5 de septiembre de 2024 instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el municipio de Valledupar (expediente 20001-33-33-
003-2024-00222-00/01), encaminada a obtener la anulación de oficio 2024-EE-
056766 del 27 de febrero de 2024, proferido por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, y VAL2024ER002552-VAL2024EE006087 del 17 de febrero
de 2024, proferido por el municipio de Valledupar; a través de los cuales se negó
«[…] en primer lugar, la inaplicación por ilegalidad del Decreto expedido en el año 2024 que fijó
la escala salarial del personal docente; y, en segundo lugar, la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades demandadas. En consecuencia, s olicitó se
ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas durante los últimos tres
(3) años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud de la
configuración del fenómeno prescriptivo, así como de las que se causen hacia el futuro».
6. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Tercero Administrativo de
Valledupar que, el 7 de mayo de 2025 negó las pretensiones, al estimar que «[e]l
incremento salarial pretendido por la señora Dora de Jesús, al estimar que el salario por ella
devengado es desigual con respecto al devengado por los escalafonados en el grado 2A, requería
por parte de esta que se acreditara que los docentes escalafonados en los grados 2C y 2A realizan
las mismas funciones y se les aplica el mismo marco jurídico de requisitos de cualificación para el
grado de escalafón y aun así perciben una remuneración distinta; supuestos que no se acreditaron
en el presente asunto, en tanto que quedó demostrado para cada grado se requieren unas
condiciones de estudios y experiencias distintas».
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Demandante: Dora de Jesús Avendaño Bertel
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
7. Inconforme con esa decisión, la accionante interpuso recurso de apelación,
desatado el 6 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el
sentido de confirmarla, con fundamento en que «[…] [d]esde este análisis, es posible
afirmar que no existe discriminación al aplicar incrementos salariales desiguales, pues si bien
desempeñan las mismas funciones, bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de
responsabilidad, la estructura del escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales
acorde con su formación académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen
con los requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba, desempeño o competencias
según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en el caso de estudio no se
evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón».
8. Sobre la precedente situación, la actora expone que la providencia objeto de
censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002» ; (ii) defecto fáctico, porque, «desestimó las pretensiones de la
demanda sobre la base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha
salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente ni respaldada en los decretos que
ordenaron los incrementos cuestionados, ya que dichos actos administrativos no aludieron en
forma alguna a tal situación […]»; y (iii) desconocimiento del precedente, al omitir «[…]
aplicar […] la sentencia C-1064 de 2001, que exige garantizar la igualdad sustancial en la fijación
de incrementos salariales».
II. TRÁMITE PROCESAL
9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 10
de febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar; y, (ii) dispuso vincular a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional, municipio de Valledupar y el Juzgado
Tercero Administrativo de Valledupar, en los términos del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Municipio de Valledupar -Secretaría de Educación3 requirió declarar
improcedente la acción del asunto, debido a que la acción de tutela no cumple con
el requisito de la relevancia constitucional dado que su pretensión busca «[…] reabrir
mediante la acción constitucional, un debate meramente legal, que ya había sido ampliamente
analizado y definido como corresponde por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa».
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2.1.2 Ministerio de Educación Nacional4 pidió que se declare improcedente la
acción constitucional y advierte su falta de legitimación en la causa por pasiva;
Argumenta que la controversia recae sobre una providencia judicial que no fue
proferida por el Ministerio de Educación y que la entidad no ha desplegado ninguna
acción u omisión que vulnere los derechos de la accionante. Adicionalmente, alega
que no se cumplen los requisitos excepcionales para que una tutela proceda contra
providencias judiciales y resalta una evidente ausencia de relevancia constitucional,
puesto que el debate planteado es de naturaleza estrictamente económica y legal,
excediendo la competencia del juez de tutela.
2.1.3 Tribunal Administrativo del Cesar5 Solicitó que se nieguen las pretensiones
porque sus actuaciones judiciales se ciñen al contexto normativo y jurisprudencial
que fue expuesto en la providencia cuestionada.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
10. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción.
11. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Legitimación en la causa del Ministerio de Educación Nacional
12. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se
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Índice 14 del expediente judicial en Samai.
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dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
13. El Ministerio de Educación Nacional deprecó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
no es la llamada a cumplir las pretensiones de la accionante; al respecto, la Sala
advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de tercero con
interés, por ser la entidad demandada dentro del proceso contencioso en cuestión,
esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que, se
negará sus solicitudes.
3.4 Problema jurídico.
14. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 6
de agosto de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó
la providencia de 7 de mayo del mismo año, en la que el Juzgado Tercero
Administrativo de Valledupar negó las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la tutelante contra la Nación
• Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Valledupar (expediente 20001-
33-33-003-2024-00222-01) y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
15. La evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales
tuvo su génesis en la Sentencia C-543 de 1992, pronunciamiento en el cual, si bien
se estableció la inconstitucionalidad de su procedencia general, se admitió de
manera excepcional frente a actuaciones que vulneraran derechos fundamentales.
En vista de ello, la doctrina constitucional transitó desde la tesis de la «vía de hecho»
hacia la consolidación de causales genéricas de procedibilidad mediante la
Sentencia C-590 de 2005, armonizando así el control constitucional con el respeto
a la autonomía judicial y la seguridad jurídica.
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16. Así las cosas, esta figura se instituye como un mecanismo de carácter
excepcional, residual y subsidiario. Su finalidad no radica en suplantar al juez
natural en su ejercicio hermenéutico6, sino en garantizar que la función
jurisdiccional materialice los derechos fundamentales y resguarde la supremacía
de la Constitución7. Por consiguiente, para que el juez de amparo aborde el fondo
del asunto, es imperativo que se superen rigurosamente los siguientes requisitos
generales de procedencia: (i) relevancia constitucional de la controversia; (ii)
subsidiariedad, que se manifiesta en el agotamiento previo de todos los medios de
defensa ordinarios y extraordinarios; (iii) inmediatez, al interponerse en un término
razonable; (iv) configuración de una irregularidad procesal con efecto determinante
en el fallo; (v) identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados,
alegados previamente en la instancia ordinaria.; y (vi) que no se dirija contra
sentencias de tutela.
17. Una vez decantados dichos presupuestos, el examen exige demostrar la
configuración de, al menos, un defecto o causal especial de procedibilidad. Estos
yerros se materializan en8: (i) el defecto orgánico, por carencia absoluta de
competencia del funcionario que tomó la decisión; (ii) el defecto procedimental
absoluto, al actuar al margen del cauce procesal establecido o por un exceso ritual
manifiesto; (iii) el defecto fáctico, derivado de una valoración probatoria arbitraria,
omisiva o irrazonable; (iv) el defecto sustantivo, por la aplicación de normas
inexistentes, inconstitucionales o una interpretación manifiestamente errónea; (v)
el error inducido, cuando la autoridad es víctima de engaños que propician una
decisión injusta; (vi) la decisión sin motivación, ante la ausencia de fundamentos
fácticos y jurídicos; (vii) el desconocimiento del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente; y (viii) la violación directa de la Constitución, por
inobservancia de mandatos superiores expresos.
18. Finalmente, es menester destacar que el Consejo de Estado aceptó formalmente
la procedencia de la acción de tutela contra sus propias providencias y las de otras
corporaciones mediante la sentencia de unificación del 31 de julio de 2012 9. En
dicha oportunidad, la Corporación clarificó que el amparo resulta viable
exclusivamente como un control de constitucionalidad ante anomalías superlativas,
6
Corte Constitucional, sentencia SU 304 de 2024, M.P.: Vladimir Fernández Andrade.
7
Corte Constitucional, sentencia SU 169 de 2024, M.P.: Vladimir Fernández Andrade.
8
Corte Constitucional, Sentencia T 466 de 2022, M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
9
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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proscribiendo su uso como una tercera instancia para reabrir debates ordinarios
fenecidos.
3.6 Caso concreto.
19. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia emitida en
segunda instancia; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 20
de agosto de 202510 y la solicitud de amparo se presentó el 9 de febrero siguiente,
es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
20. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y fáctico,
comoquiera que, pese a que la actora alegó también el desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa relacionada con
el incremento salarial del escalafón docente, por lo que, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de
manera extensiva el escrito inicial11, resulta procedente analizar este trámite a partir
de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.
3.6.1 Defecto sustantivo.
21. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
10
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 12 de agosto de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 15 siguiente, conforme al artículo 205 (numeral 2)
del CPACA.
11
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
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las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
22. La jurisprudencia constitucional12 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 13.
23. En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley
1278 de 2002», avalando un trato discriminatorio y desigual entre categorías del
escalafón docente.
24. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
Acorde con la jurisprudencia trascrita, es posible concluir que, si bien es necesario
aumentar los salarios de los servidores públicos cada año con el fin de contrarrestar el
efecto de la inflación, el incremento entre unos y otros puede ser diferente teniendo en
cuenta políticas macroeconómicas y fiscales del país.
En este contexto, sería erróneo afirmar, conforme manifestó el recurrente, que el
Gobierno Nacional está imposibilitado para fijar valores en los que se aumente la
asignación salarial diferente entre los escalafones y niveles salariales de los docentes,
en otras palabras, que el aumento salarial debe ser igual para todos los docentes cada
año, lo indicado por el apelante pierde sustento, toda vez que el Gobierno Nacional
cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar los valores de
incremento salarial cada año y los mismos deben obedecer a razones de política
macroeconómica y fiscal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2°, literal “h” de la
Ley 4ª de 1992
Además, teniendo en cuenta que la naturaleza de las leyes marco consiste no solo en
establecer unas limitantes para disponer sobre determinadas materias, sino que, dada
la complejidad de algunas de ellas y tendencia al cambio, corresponde al Gobierno
12
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
13
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
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Nacional reglamentarlas cada cierto tiempo de acuerdo con la realidad del país, como
es el caso de las asignaciones salariales de los servidores públicos. Pretender que los
aumentos salariales no dependen de la situación socioeconómica del país sería, por
un lado, abstraerse de la realidad, por cuanto las condiciones económicas son mutables
por diferentes factores, algunos de ellos intempestivos, y por otro, desconocer la
potestad de configuración normativa que ha sido reconocida al ejecutivo por la
Constitución Nacional.
Así las cosas, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las asignaciones
salariales de la población docente oficial de específica para cada grado y nivel salarial
para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo consagrado por las normas que
rigen la materia y con base en la amplia potestad de configuración normativa que fue
otorgada por la misma Constitución Política
En consonancia con lo anterior, respecto al cargo referente a la falta de motivación en
los actos administrativos demandados sobre la disparidad en el porcentaje de aumento
salarial a pagar, es necesario aclarar que los decretos que establecen la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional de los docentes son un acto
administrativo de carácter general, en ese sentido, no requieren ser justificados con el
mismo detalle que un acto particular y concreto, respecto de las modificaciones que
pueda realizar siempre y cuando se ciña a los lineamientos de la Ley marco, pues la
motivación se entiende implícita en la amplia facultad de configuración normativa que
fue conferida al Gobierno Nacional por el legislador para la materia.
Del mismo modo, se tiene que la estructura del escalafón docente se encuentra
conformada por 3 grados (1, 2 y 3) en el que serán ubicados con base a su formación
académica y 4 niveles salariales en los que se inscribirán o ascenderán una vez
superado la evaluación del periodo de prueba o las evaluaciones de desempeño y
competencias, conforme fue dispuesto en el artículo 2029 y siguientes del Decreto 1278
de 2002.
Ahora bien, para el año 2008 fue expedido en el mes de febrero el Decreto 624, que
fijó la asignación básica mensual para los docentes del grado 2 distinguiendo solo por
grado de escalafón y nivel salarial, no obstante, por medio del Decreto 714 de marzo
del mismo año, se modificó el decreto anterior en el sentido que se fijó para los
docentes del grado 2 en sus distintos niveles una asignación diferente para quienes
tuviesen título de especialización y quienes no, beneficiando a quienes tuvieran mejor
nivel de formación profesional, lo cual se encuentra conforme con los objetivos y
criterios de la Ley 4ª de 1992
En el caso concreto se evidencia que, la parte actora está inconforme con el aumento
del salario fijado al nivel y grado que le corresponde (2C), con respecto al de otra
categoría del escalafón (2A), pero por ello no puede predicarse la igualdad, porque el
comparativo muestra que no lo son, acorde con la estructura de la población docente,
dejando infundado el argumento de desigualdad alegado por la parte activa.
Desde este análisis, es posible afirmar que no existe discriminación al aplicar
incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones,
bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del
escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación
académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen con los
requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba, desempeño o
competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en
el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de
escalafón.
25. De lo expuesto se colige que, de conformidad con el Tribunal, la parte actora
partió de un parámetro de comparación inválido al equiparar grados distintos del
escalafón docente14, por lo que explicó que el principio de igualdad salarial solo es
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2C frente a 2A.
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Demandante: Dora de Jesús Avendaño Bertel
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
aplicable entre pares del mismo grado y nivel, ya que cada uno exige distintos
requisitos de formación académica, ingreso y evaluación, además, la decisión
resalta que la parte demandante no cumplió con la carga de probar la
inconstitucionalidad de los decretos, ni demostró que los incrementos salariales
diferenciados vulneraran el estándar de remuneración mínima, vital y móvil o que
hubieran sido inferiores al Índice de Precios al Consumidor de los años
cuestionados.
26. Contrario a lo indicado por la tutelante, el Tribunal aplicó un análisis razonado
del Decreto Ley 1278 de 2002 para sustentar su fallo al estudiar la normativa,
específicamente los artículos 20 y 21 del mencionado decreto, el accionado
argumentó que la diversidad en el escalafón docente responde a un objetivo
legítimo de profesionalización, por ello concluyó que el tratamiento diferenciado
aplicado por el Gobierno Nacional está justificado constitucionalmente, pues
reconoce las distintas exigencias de cualificación y progresión profesional de cada
grado, operando dentro del margen de configuración discrecional, mas no arbitrario,
que otorga la ley para dignificar la carrera docente.
27. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio
fijado por esta subsección en un asunto de miliares contornos15, según el cual, «[…]
El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional propio del juicio
de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al
desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente.
Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de
un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia
constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la
aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos». (Énfasis propio).
28. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Cesar ya había resuelto
con suficiente motivación la inconformidad planteada por la tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de 7 de mayo de 2025, en el que el Juzgado
Tercero Administrativo de Valledupar negó las pretensiones formuladas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación -
15
Expediente 25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00926-00
Demandante: Dora de Jesús Avendaño Bertel
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Valledupar (expediente 20001-
33-33-003-2024-00222-00/01), la cual reiteró en esta acción de tutela (para lo cual
invocó las causales de defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del
precedente), lo que denota que su intención, más allá de manifestar la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.
29. En consecuencia, no se configuró el defecto sustantivo alegado por el
accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente
fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las pruebas y
postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.
3.5.2 Defecto fáctico.
30. Sea lo primero anotar, que una providencia judicial se encuentra viciada por el
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »16.
31. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra17.
32. La docente Luz Nelly Sánchez Atehortua reprochó que el Tribunal Administrativo
del Cesar omitió exigir y valorar pruebas que justificaran el incremento salarial
desigual en los siguientes términos: «el Tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria respecto del debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba
alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha
decisión administrativa, resulta imperativo cuestionar qué aspectos válidos y
concretos incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00926-00
Demandante: Dora de Jesús Avendaño Bertel
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto»
33. Frente al defecto fáctico, la Sala denegará el amparo por considerar que la
demandante no enunció ningún medio de convicción que el juez colegiado debiera
haber examinado para demostrar que la actora no tenía derecho a la nivelación
salarial pretendida, ello es así, porque el Tribunal Administrativo no requirió analizar
material probatorio para sustentar su providencia, debido a que resolvió un estricto
punto de derecho frente a la aplicación de los decretos salariales.
34. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
IV. DECISIÓN
35. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora
no acreditó que la providencia de 6 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, hubiere incurrido en defecto sustantivo. Por tal motivo, se
negará la solicitud de amparo.
36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional y el Municipio de Valledupar, de conformidad con lo antes expuesto.
SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados
por el señor Dora de Jesús Avendaño Bertel, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00926-00
Demandante: Dora de Jesús Avendaño Bertel
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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