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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00929-01

Fecha
19 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00929-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, conforme a la motivación. SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de 13 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por el señor Carlos Andrés Díaz Hernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación y remitir copia. QUINTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00929-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00929-011
Demandante : Carlos Andrés Díaz Hernández
Demandado : Tribunal Administrativo del Cesar
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
departamento del Cesar y Juzgado Tercero (3°)
Administrativo de Valledupar
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra el fallo de
13 de marzo de 2026, emitido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. El señor Carlos Andrés Díaz Hernández, quien actúa a través de apoderada

judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00929-01
Accionante: Carlos Andrés Díaz Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tribunal Administrativo del Cesar.

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 6 de agosto de 2025,

mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia de 3
de junio del mismo año, en la que el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el
departamento de Cesar (expediente 20001-33-33-003-2024-00233-01). En su
lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir un nuevo fallo «[…] con
una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta
[su] situación particular […] a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los
hechos debidamente probados […]».

1.3 Hechos2.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

el accionante, se puede evidenciar que, el 26 de agosto de 2024 instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
y el departamento de Cesar (expediente 20001-33-33-003-2024-00233-01),
encaminada a obtener la inaplicación por ilegalidad del Decreto Nacional 284 de
2024 y la anulación de los oficios 2024-EE-067776 del 4 de marzo de 2024 y
CES2024ER010903- CES2024EE005564 del 16 de marzo del mismo año, a
través de los cuales se le negó «[…] el derecho a la diferencia en el incremento salarial que
fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2011 para el grado en el escalafón
3AM, con ocasión que fue realizado un incremento del 11.3%, por medio del Decreto Nacional
1027 de 2011, proferido por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del
escalafón 2A, fue del 5.7% para su salario en el año 2011, así mismo, en cuanto le negó a mi
poderdante el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera
indiscriminada y desigual en el año 2008 ».

5. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de

Valledupar que, el 3 de junio de 2024 negó las pretensiones, al estimar que «[l]a
identidad del cargo no se erige en una asignación caprichosa de la administración, sino que ello se
encuentra directamente relacionado con las responsabilidades encargadas; Así pues, los grados de
escalafón 2A y 2B, no se encuentran en un plano de igualdad frente al grado de escalafón 3AM,

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.

2

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Accionante: Carlos Andrés Díaz Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

debido a que los grados son disimiles, por lo que no se vulnera el derecho a la igualdad, pues existe
un criterio objetivo para un trato distinto».

6. Inconforme con esa decisión interpuso recurso de apelación, desatado el 6 de

agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de
confirmarla, con fundamento en que «[…] no se configura una vulneración al principio de “a
trabajo igual, salario igual”, toda vez que los docentes ubicados en los grados 2A y 3AM y 2A y 2B
del escalafón docente no se encuentran en condiciones equivalentes. Como se ha expuesto, el
acceso a cada uno de estos grados exige requisitos distintos en cuanto a formación y evaluación,
lo que justifica un tratamiento salarial diferenciado. Por lo tanto, los cargos formulados por el
apelante serán desestimados».

7. Sobre la precedente situación, el tutelante expone que la providencia objeto de

censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, incurrió en
desconocimientos de los principios constitucionales y legales establecidos para esta importante
tarea»; (ii) defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna que demostrara la

existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] ».

1.4 Contestaciones de la acción.

8. El Tribunal Administrativo del Cesar3 manifestó que, los once (11) despachos

administrativos del circuito de Valledupar y los seis (6) despachos del Tribunal
Administrativo han mantenido una línea uniforme en la decisión de los procesos
relacionados con el incremento salarial por concepto de escalafón docente
desestimando las pretensiones de las demandas presentadas, conforme al marco
legal y constitucional vigente.

9. La Nación - Ministerio de Educación Nacional4 deprecó su desvinculación del

presente trámite constitucional, al carecer de legitimación en la causa por pasiva.

10. El departamento del Cesar guardó silencio en la oportunidad prevista para el

efecto.

1.5 Providencia impugnada5.

11. Mediante sentencia de 13 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al

3
Índice 00012 de Samai.
4
Índice 00011 de Samai.
5
Índice 00016 de Samai.

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Accionante: Carlos Andrés Díaz Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

considerar que no satisface el presupuesto de la relevancia constitucional,
comoquiera que, al revisar las premisas expuestas en el escrito de amparo, es que
el señor Díaz Hernández pretende revivir el debate suscitado en el proceso de
origen, sobre la ocurrencia de una presunta irregularidad en el incremento
porcentual de la asignación salarial decretado para los grados 2A y 2B del escalafón
docente en los años 2008 y 2009; debate que ya se surtió en el proceso ordinario
y que, como se expondrá a continuación, se resolvió de manera razonable por los
jueces naturales de la causa».

1.6 La impugnación6

12. Inconforme con esa determinación, la demandante la impugnó, para lo cual,

reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial.

III. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

13. En virtud de los artículos 327 del Decreto ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201910 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

14. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

6
Índice 00018 de Samai.
7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
10
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

4

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2.3 Legitimación en la causa por pasiva

15. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha

considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

16. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en el escrito de intervención

solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto no profirió la providencia cuestionada.

17. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en

calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

2.4 Problema jurídico

18. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 6
de agosto de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó
la providencia de 3 de junio del mismo año, en la que el Juzgado Tercero (3°)
Administrativo de Valledupar negó las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra la Nación
• Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el departamento del Cesar (expediente 20001-33-33-003-2024-00233-
01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva
invocadas en la solicitud de amparo.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

19. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional11 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado12, es posible acudir

11 Sentencia C-590 de 2005.
12 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth

García González.

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Accionante: Carlos Andrés Díaz Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

20. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

21. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00929-01
Accionante: Carlos Andrés Díaz Hernández
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de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

2.6 Caso concreto.

22. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del actor,
en una indebida aplicación normativa y valoración probatoria relacionada con la
fijación de incrementos salariales en el escalafón docente, lo cual, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 2 de agosto de 202513 y la solicitud de amparo se
presentó el 9 de febrero de febrero de 2026, es decir, dentro de los seis meses; y
(v) el fallo acusado no es de tutela.

23. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico, comoquiera que, pese a que el actor alegó también desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa y valoración
probatoria relacionada con el incremento salarial del escalafón docente, por lo que,
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial14, resulta procedente

13
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría general del Tribunal Administrativo del Cesar.
14
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».

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analizar este trámite a partir de las aludidas causales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.

2.7.1 Defecto sustantivo.

24. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

25. La jurisprudencia constitucional15 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 16.

2.7.2 Defecto fáctico.

26. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »17.

27. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en

15
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
16
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

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los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra18.

2.8 Análisis del caso concreto.

28. En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y
legales aplicables al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución
Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002, avalando un trato
discriminatorio y desigual entre categorías del escalafón docente. De igual forma,
como defecto fáctico aseguro que, «[…] no se allegó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] ».

29. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

concluyó:

Conforme a lo expuesto, la asignación básica de los docentes y directivos docentes del
sector oficial, regulados por el Decreto-ley 1278 de 2002, se establece anualmente en
una suma fija. Por tanto, el aumento salarial no se calcula aplicando un porcentaje
sobre el valor del año anterior, sino que se fija directamente mediante decreto.

En este contexto, la Sala no comparte la tesis del apelante, quien sostuvo que los
incrementos desiguales en el año 2011 afectaron negativamente su base salarial, e
incluso la misma reflexión aplica para vigencias anteriores. Dado que el valor de la
asignación no se determina por incrementos porcentuales acumulativos, sino por
montos fijos establecidos anualmente, por lo que no se configura la afectación alegada.

[…]

En consecuencia, el Gobierno Nacional puede fijar incrementos diferenciados, siempre
que se basen en criterios técnicos, objetivos y dentro del marco de la ley. La
Constitución y la Ley 4ª de 1992 otorgan al Ejecutivo un margen de configuración
normativa que permite establecer reglas especiales para distintos grupos de servidores
públicos, sin que ello implique una vulneración del principio de igualdad, siempre que
dichas reglas respondan a diferencias verificables y razonables.

Por tanto, no es acertado afirmar, como lo alegó el recurrente, que el Gobierno Nacional
está impedido para fijar incrementos salariales diferenciados entre los distintos grados
y niveles del escalafón docente. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 2, literal h), otorga al
Ejecutivo una amplia potestad de configuración normativa, la cual debe ejercerse
conforme a criterios de política macroeconómica y fiscal.

[…]

El apelante también hizo alusión a la vulneración del principio de igualdad y del principio
de “a trabajo igual, salario igual”. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reiterado que
la igualdad protegida por la Constitución es de carácter material, no formal. En la
Sentencia C-1064 de 2001, se precisó que:

18
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

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“El aumento salarial no tiene que ser idéntico para todos. La igualdad matemática
es contraria al principio según el cual los iguales deben ser tratados igual y los
diferentes, diferente. [...] La brecha salarial entre servidores públicos justifica
incrementos diferenciados, siempre que se basen en criterios objetivos y
razonables.” […].

[…]

Por ello, considera la Sala, que no se configura una práctica discriminatoria por el hecho
de aplicar incrementos salariales diferenciados, siempre que estos respondan a
criterios verificables como la formación académica y el nivel alcanzado en el escalafón.
La igualdad sustancial permite este tipo de distinciones, en tanto no sean arbitrarias ni
desproporcionadas.

En consecuencia, no se configura una vulneración al principio de “a trabajo igual,
salario igual”, toda vez que los docentes ubicados en los grados 2A y 3AM y 2A y 2B
del escalafón docente no se encuentran en condiciones equivalentes. Como se ha
expuesto, el acceso a cada uno de estos grados exige requisitos distintos en cuanto a
formación y evaluación, lo que justifica un tratamiento salarial diferenciado. Por lo tanto,
los cargos formulados por el apelante serán desestimados.

30. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por el tutelante, la autoridad

demandada sí aplicó en debida forma el Decreto 1278 de 2002, distinto es que
concluyera que, precisamente, uno de sus principales objetivos era establecer un
escalafón docente cuya clasificación atendiera diversos criterios como el nivel de
responsabilidad, desempeño, competencias, formación académica y experiencia,
para así determinar un salario diferencial de los educadores, sin que ello implicara
un trato discriminatorio o desigual.

31. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio

fijado por esta Corporación en un asunto de miliares contornos19, según el cual:

«el Consejo de Estado ha señalado que el trato diferenciado es constitucionalmente admisible
cuando:

· Existen diferencias fácticas entre los sujetos comparados;
· El trato desigual persigue una finalidad legítima;
· Dicha finalidad es razonable y proporcional;
· El trato desigual guarda coherencia interna con la situación diferenciada».

32. Ahora bien, para la Sala, no corresponde a la realidad el argumento del tutelante

con el que explicó el supuesto defecto fáctico en el que, a su juicio, incurrió la
providencia reprochada, relacionado con que no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la distinción salarial
alegada, pues, la autoridad accionada, además de todo lo mencionado en
precedencia, advirtió que, «[…] La estructura del escalafón docente, conforme al artículo 20

19
Consejo de estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00929-01
Accionante: Carlos Andrés Díaz Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

del Decreto 1278 de 2002, contempla tres grados (1, 2 y 3), definidos por el nivel de formación, y
cuatro niveles salariales (A, B, C y D), a los que se accede mediante evaluaciones de desempeño
y competencias»; y dado que «el acceso a cada uno de estos grados exige requisitos distintos
en cuanto a formación y evaluación, lo que justifica un tratamiento salarial diferenciado.».

33. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Cesar ya había resuelto

con suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de 3 de junio de 2025, en el que el Juzgado
Tercero (3°) Administrativo de Valledupar negó las pretensiones formuladas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el departamento de Cesar (expediente 20001-33-33-003-2024-00233-
01), la cual reiteró en esta acción de tutela (para lo cual invocó las causales de
defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente), lo que
denota que su intención, más allá de manifestar la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una
instancia adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses.

34. En consecuencia, no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico alegados

por el accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las
pruebas y postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

35. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

IV. DECISIÓN

36. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor

no acreditó que la providencia de 6 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, hubiere incurrido en defectos sustantivo y fáctico. Por tal
motivo, se revocará la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, para, en su lugar, negar el amparo deprecado.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00929-01
Accionante: Carlos Andrés Díaz Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, conforme a la motivación.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de 13 de marzo de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia
y tutela judicial efectiva invocados por el señor Carlos Andrés Díaz Hernández, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección A
de esta Corporación y remitir copia.

QUINTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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