Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00938-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00938-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00938-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00938-00
Demandante: Jhon Fredy Mosquera Córdoba
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Hacinamiento carcelario -
Concede amparo
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia, mediante la
cual, se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda en un proceso de
reparación directa por hacinamiento carcelario.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Jhon Fredy
Mosquera Córdoba en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 9 de febrero de 2026, Jhon Fredy Mosquera Córdoba, en nombre
propio, presentó una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
de Antioquia por la aparente vulneración de sus derechos fundamentales
a la dignidad humana, debido proceso, acceso a la administración de
justicia, verdad, justicia y reparación, con ocasión de la Sentencia de 30 de
septiembre de 20252, proferida por la autoridad judicial accionada en el
proceso de reparación directa No. 05001-33-33-002-2018-00142-02.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“E.1. TUTELAR los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, verdad, justicia y
reparación, conculcados al señor JHON FREDY MOSQUERA CÓRDOBA y
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 La cual fue notificada a través de mensaje de datos enviado el 30 de septiembre de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00938-00
Demandante: Jhon Fredy Mosquera Córdoba
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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como consecuencia de lo anterior se solicita adoptar las siguientes
determinaciones:
E.2. Dejar sin efecto, TOTALMENTE, la Providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia atrás reseñada.
E.3. Ordenar a los demandados que dentro de un término razonable,
profieran una nueva sentencia de segunda instancia que atienda las
directrices del Consejo de Estado relacionado con la reparación por el
daño ocasionado al demandante.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Jhon Fredy Mosquera Córdoba fue recluido en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario Bellavista de Medellín, del 12 de mayo de 2015 al
7 de febrero de 2017. Con posterioridad, le fue concedido el beneficio de
prisión domiciliaria.
5. 2) Desde el ingreso al establecimiento penitenciario, Jhon Fredy
Mosquera manifestó que evidenció que el centro de reclusión carecía de
espacio suficiente para los internos. Por esa razón afirmó que “tuvo que
dormir en los pasillos, junto con otro gran número de reclusos, debiendo
adquirir por su cuenta una colchoneta, habitando en medio de ratas,
chinches, cucarachas y otros animales”3. Además, indicó que no contó con
las condiciones mínimas de salud, alimentación, privacidad, educación y
recreación, situación que ocasionó graves afectaciones físicas y
psicológicas y vulneró sus derechos humanos4.
6. 3) Por lo anterior, el 4 de abril de 2018, Jhon Fredy Mosquera Córdoba,
mediante apoderado, interpuso una demanda, en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, con el fin de que se
declarara la responsabilidad de las demandadas y, en consecuencia, se les
condenara al pago de los perjuicios morales y “por afectación de sus
derechos constitucionales fundamentales”, con ocasión del hacinamiento,
los tratos crueles, inhumanos y degradantes que, consideró, sufrió durante su
reclusión y la ausencia de atención adecuada en salud, recreación y
resocialización.
3 Sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de reparación directa No. 05001-33-33-002-2018-
00142-00. Visible a índice 93 del aplicativo SAMAI del juzgado.
4 “en efecto, con el trato inhumano dispensado al demandante se violentaron sus derechos a la dignidad humana,
la alimentación adecuada, la salud, la intimidad, la sexualidad, el trabajo, la educación, la recreación y la
resocialización, pues ninguno de tales derechos ha podido materializarse bajo las condiciones miserables de
reclusión al que fue sometido, vulneraciones de “extrema gravedad” no solo por su valor en un Estado social de
derecho como el nuestro sino también por el cumulo de afectaciones causadas”. Trascripción tomada de la
demanda del proceso ordinario.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00938-00
Demandante: Jhon Fredy Mosquera Córdoba
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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7. 4) Mediante Sentencia de 28 de febrero de 2023, el Juzgado 2
Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda y declaró
probada la excepción de “inexistencia del daño antijuridico propuesta por
el INPEC y por la USPEC”. Como fundamento de la decisión, señaló que no
se probó que el demandante hubiera sufrido eventos de “tortura, trato cruel,
inhumano o degradantes”. Asimismo, concluyó que tampoco se acreditó
que el demandante hubiera permanecido privado de realizar actividades
recreativas, deportivas, de estudiar o que hubiera tenido que dormir en
condiciones indignas.
8. Por el contrario, el juzgado consideró que existían pruebas suficientes
en el plenario que demostraban que el demandante recibió visitas y estudió
durante el tiempo de reclusión. En consecuencia, concluyó que no existía
prueba suficiente del daño subjetivo que permitiera acceder a las
pretensiones de la demanda, pues, pese a la existencia de un estado de
cosas inconstitucional en la cárcel Bellavista, el daño antijuridico debía ser
demostrado de forma cierta, personal y objetivamente determinable para
reconocer una indemnización en favor del demandante.
9. 5) Contra la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso
de apelación. Argumentó que la decisión de primera instancia desconoció
las pruebas que obraban en el expediente, toda vez que, a su juicio, sí se
encontraba demostrado que en la cárcel había hacinamiento5 y, en
consecuencia, sufrió un trato “cruel, inhumano y degradante” que vulneró
su dignidad humana y otros derechos fundamentales, durante el tiempo
que permaneció privado de la libertad. Además, manifestó que las pruebas
fotográficas, el informe rendido por la Procuraduría y la Sentencia T-388 de
2013, mediante la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en la
Cárcel Bellavista, demostraban la situación existente en el establecimiento
carcelario, de manera que resultaba contradictorio que el juez de primera
instancia reconociera la existencia de dicho estado y negara la
demostración del daño.
10. 6) Mediante Sentencia de 30 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia.
Señaló que, contrario a lo expuesto por el juez de primera instancia, el
material probatorio permitía concluir que el daño alegado por el
demandante se encontraba acreditado, pues los informes rendidos por las
entidades de control como la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín demostraban que en la
cárcel Bellavista existía hacinamiento, ausencia de condiciones mínimas de
infraestructura y deficientes condiciones de higiene.
5 Lo cual indicó que estaba demostrado, entre otras pruebas, a través de unos “exhortos” que había dirigido a la
cárcel Bellavista.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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11. No obstante, el tribunal consideró que no se probó que el
demandante hubiera sufrido eventos de “tortura, tratos crueles e
inhumanos”. Además, concluyó que, aunque el daño derivado de las
condiciones de reclusión se encontraba acreditado, este no resultaba
imputable a las demandadas, debido a que la Sentencia SU-122 de 2022
extendió la vigencia del estado de cosas inconstitucional hasta el 2028, al
tratarse de una crisis que no podía ser atribuida a una sola autoridad6 y en
ese medida dio varias órdenes estructurales a diferentes autoridades con el
fin de conjurar la crisis, de modo que no procedía una condena
indemnizatoria individual, por lo que confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
entidad accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente judicial.
13. Respecto del defecto sustantivo cuestionó que, si bien el tribunal
accionado reconoció la existencia del daño por hacinamiento, lo cierto fue
que se negó a repararlo bajo el argumento de la existencia de un Estado de
Cosas Inconstitucional (ECI) que impedía la imputación individual.
14. Además invocó la existencia de un defecto fáctico ante una
aparente indebida valoración probatoria por reconocer de manera expresa
la existencia del daño como producto de las condiciones indignas de
reclusión, hacinamiento, deficiencia sanitaria y afectación de la dignidad
humana, pero concluir que el daño no resultaba imputable al Estado con
fundamento en la Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional,
mediante la cual se mantuvo la vigencia del estado de cosas
inconstitucional hasta el 2028.
15. Por último, argumentó que la decisión cuestionada incurrió en un
desconocimiento del precedente judicial vertical y horizontal, toda vez que,
a su juicio, el tribunal interpretó el estado de cosa inconstitucional como una
“licencia” para eximir al Estado de la responsabilidad patrimonial por los
daños ocasionados a las personas privadas de la libertad. Por esa razón,
sostuvo que la tesis acogida por el tribunal desconoció el artículo 90 de la
Constitución y múltiples precedentes del Consejo de Estado7, la Corte
6 “En consecuencia, a pesar de que se advierte que existe un daño causado al grupo demandante, no es
procedente acceder a lo pretendido en tanto: (i) la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema
penitenciario y carcelario colombiano, formulada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1222 de 2022, se
encuentra vigente hasta el año 2028, lo que implica que las entidades involucradas aún se encuentran dentro del
término otorgado por el órgano constitucional para implementar las medidas estructurales ordenadas; y (ii) porque
la solución al fenómeno del hacinamiento no puede ser abordada desde una perspectiva de responsabilidad
individual, sino que exige una respuesta articulada, coordinada y sistémica de múltiples entidades del orden
nacional y territorial, que trasciende la esfera de competencia de este medio de control.” Trascripción de la
sentencia de segunda instancia del proceso ordinario.
7 El accionante citó como precedente vertical desconoció los siguientes: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, Rad. 18001-23-33-000-2013-00216-01; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Rad. 76001-
12-33-000-2014-00793-01; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Rad. 05001-23-33-000-2018-00988-01.
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Constitucional8 y otros Tribunales Administrativos9 que, en casos similares,
reconocieron indemnizaciones por violaciones a la dignidad humana
derivadas del hacinamiento carcelario.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados10
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia11 indicó que la acción de tutela
resultaba improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional, ya que no existía una vulneración de derechos
fundamentales que se encontrara en discusión. Adicional a ello, señaló que
la decisión cuestionada se ajustó al marco constitucional y legal aplicable y
se adoptó bajo una valoración integral y razonada del acervo probatorio.
17. Además, manifestó que la providencia judicial cuestionada no
minimizó la situación carcelaria, sino que estableció una distinción clara
entre la demostración del daño y su imputación jurídica. Indicó que, aunque
el daño se acreditó, este no resultó imputable jurídicamente a las entidades
demandadas debido al carácter estructural, persistente y sistemático del
estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional.
18. El Juzgado 2 Administrativo de Medellín12 indicó que el trámite de
primera instancia se desarrolló conforme con la normatividad vigente y con
observancia de todos los términos y etapas procesales aplicables. Por esa
razón, solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela. Además, allegó
el enlace del expediente digital del proceso de reparación directa.
19. El Ministerio de Justicia y del Derecho13 señaló que la decisión del
tribunal se ajustó a derecho por cumplir con la ley y la jurisprudencia. Indicó
que, en el caso concreto, no se acreditó, a partir del material probatorio
obrante en el expediente, que el accionante hubiera sufrido aflicción o
malestar emocional. En consecuencia, no existía lugar a imponer condena
por daño moral contra las entidades demandadas y solicitó declarar
improcedente la acción de tutela.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-068 de 2023.
9 El accionante citó como precedente horizontal desconoció los siguientes: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Rad. 05001-23-31-000-2002-04829-00, 05001-33-33-024-2017-00506-02, 05001-33-33-031-2018-00339-01, 05001-23-33-
000-2018-00988-00, 05001-23-33-000-2018-00988-00,05001-33-33-034-2018-00349-01, 05001 33 33 025 2018 00046 01,
05001-33-33-002-2018-00292-01, 05001 33 33 032 2019 00078 02, 05001 33 33 005 2017 00593 01, 05001-33-33-022-2017-
00492-04, 05001 33 33 025 2019 00193 03, 05001 33 33 027 2018 00117 01, 05001 33 33 023 2017 00549 01, 05001 33 33
024 2018 00397 01, 05001-33-33-022-2017-00581-01; Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Rad. 76001-23-33-
006-2014-01271-00 y 76001-23-33-008-2014-00793-00.
10 Mediante Auto de 12 de febrero de 2026 el despacho ponente: (1) admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y (2) vinculó al Juzgado 2 Administrativo de Medellín, al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios como terceros
interesados.
11 Índice 19 del aplicativo SAMAI.
12 Índice 16 del aplicativo SAMAI.
13 Índice 14 del aplicativo SAMAI.
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20. El INPEC14 manifestó que carecía de legitimación pasiva en la causa,
toda vez que las pretensiones y derechos que aparentemente fueron
vulnerados no resultaban atribuibles a esa autoridad, pues la providencia
cuestionada correspondió a una actuación judicial. En consecuencia,
solicitó su desvinculación.
21. La USPEC15 indicó que carecía de legitimación pasiva en la causa,
toda vez que sus actividades se encontraban limitadas al ejercicio de sus
funciones y competencias legales. En consecuencia, al no ser la autoridad
a quien se le atribuyó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados, solicitó ser desvinculada del proceso.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Identificación de derechos. 2.3.
Identificación de defectos. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. 2.5. Fijación de la controversia. 2.6. Verificación de defectos y/o afectación a
derechos fundamentales. 2.7. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
22. El INPEC y la USPEC solicitaron su desvinculación de la presente acción
de tutela, por considerar que no eran las autoridades a las que se les atribuía
la vulneración de derechos fundamentales. La Sala no desvinculará del
asunto a dichas autoridades comoquiera que comparecieron a la acción
de tutela como terceros con interés, en la medida en que conformaban el
extremo pasivo del medio de control de reparación directa que es objeto
de la acción de tutela, razón por la cual les podría asistir interés en lo que
aquí se decida.
2.2. Identificación de derechos
23. A pesar de que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos constitucionales, esta Sala detendrá su estudio
en los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
comoquiera que la aparente vulneración de las garantías constitucionales
se produjo con ocasión de una providencia judicial. Y en tal sentido, cobra
relevancia estudiar si en el marco del proceso fueron lesionadas estas
garantías.
2.3. Identificación de defectos
24. Si bien el accionante consideró que en el presente asunto se podía
configurar los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
14 Índice 15 del aplicativo SAMAI.
15 Índice 18 del aplicativo SAMAI.
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precedente, lo cierto es que los reparos planteados a través de esos
defectos giran en torno a un mismo cuestionamiento, esto es, una indebida
fundamentación de la sentencia enjuiciada por sostener que no había lugar
a imputar responsabilidad a las demandadas en virtud del estado de cosas
inconstitucional declarado mediante la Sentencia SU-122 de 2022 de la
Corte Constitucional.
25. Por lo anterior, los reparos anotados se estudiarán únicamente a través
de la posible configuración de un defecto sustantivo ante una indebida
fundamentación jurídica de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente porque no
existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la notificación
de la sentencia enjuiciada (2/10/2025)16 y la presentación de la acción de
amparo (9/2/2026). No se enjuició una sentencia de tutela, pues la
controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia proferida
en un medio de control de reparación directa, relacionado con un
hacinamiento carcelario. Se identificaron de manera clara, detallada y
comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. La
controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la aparente
afectación de los derechos al debido proceso y acceso a la administración
de justicia de la parte actora, con ocasión de una providencia judicial cuyo
debate gira en torno al reconocimiento de los perjuicios ocasionados en
virtud de los perjuicios ocasionados durante su privación de
libertad. Aunado a ello, no se advierte que se trate de una reiteración de los
argumentos del proceso ordinario, pues la negativa a imputar
responsabilidad a las demandadas con base en un estado de cosas
inconstitucional, solo fue planteado hasta la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.5. Fijación de la controversia
27. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en un defecto sustantivo, ante una indebida
fundamentación jurídica de la Sentencia proferida el 30 de septiembre de
2025, en la que se hizo referencia a que el daño no era imputable a las
demandadas en virtud de la declaratoria de un estado de cosas
inconstitucional respecto del hacinamiento carcelario.
16 La Sentencia fue notificada a través de mensaje de datos enviado el 30 de septiembre de 2025.
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2.6. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales
28. La Sala accederá a la solicitud de amparo presentada por Jhon Fredy
Mosquera Córdoba, por las razones que pasan a exponerse:
29. El Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de
reparación directa, confirmó la decisión de primera instancia, que había
negado las pretensiones de la demanda, con fundamento en la
imposibilidad de imputar el daño reclamado a los demandados: Ministerio
de Justicia y del derecho, INPEC y USPEC.
30. Para sustentar esa posición, la autoridad judicial se fundamentó en la
Sentencia SU-122 de la Corte Constitucional, en la cual se extendió el estado
de cosas inconstitucional que se había declarado mediante la Sentencia T-
388 de 2013, respecto del sistema penitenciario y carcelario, con ocasión de
la existencia de problemas relacionados con hacinamiento, infraestructura,
en materia de salud e higiene.
31. De manera puntual la autoridad judicial sostuvo lo siguiente (se
trascribe):
“a pesar de que se advierte que existe un daño causado al grupo
demandante, no es procedente acceder a lo pretendido en tanto: (i) la
declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario
y carcelario colombiano, formulada por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-1222 de 2022, se encuentra vigente hasta el año 2028, lo que
implica que las entidades involucradas aún se encuentran dentro del término
otorgado por el órgano constitucional para implementar las medidas
estructurales ordenadas; y (ii) porque la solución al fenómeno del
hacinamiento no puede ser abordada desde una perspectiva de
responsabilidad individual, sino que exige una respuesta articulada,
coordinada y sistémica de múltiples entidades del orden nacional y territorial,
que trasciende la esfera de competencia de este medio de control.”
32. Se advierte que tiene razón el tribunal en que mediante la Sentencia
SU-122 de 2022 se extendió la declaratoria de estado de cosas
inconstitucional que se había dispuesto en la Sentencia T-388 de 2013, pese
a ello, la Sala considera que ese no era un argumento que permitiera negar
la imputación jurídica respecto de las autoridades que, eventualmente,
debían responder por los daños padecidos por el hacinamiento y las
condiciones de infraestructura e higiene, alegados por el señor Mosquera
Córdoba.
33. En este punto, es necesario aclarar que el estado de cosas
inconstitucional, es la figura que se da en aquellas situaciones en que (1) se
presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas
personas y (2) la causa de esa vulneración obedece a factores estructurales.
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34. En consecuencia, la Corte Constitucional en ese tipo de casos en los
que ha evidenciado que existe una violación masiva de derechos
fundamentales ha procedido a declarar el estado de cosas inconstitucional
con el objeto de ordenar a las distintas autoridades, con relación en esa
trasgresión de derechos, que adelanten acciones tendientes a conjurar ese
estado con un alcance material y temporal acorde con la magnitud de la
violación, para proteger a todas las personas afectadas.
35. Entre las medidas que ha adoptado la Corte Constitucional en este
tipo de eventos, están la de diseñar y poner en marcha políticas públicas,
planes y programas que permitan la garantía de derechos fundamentales;
la apropiación de recursos para la efectividad de esos derechos; la reforma
del marco jurídico que presente falencias que hayan conllevado a ese
estado de cosas inconstitucional; y la realización de trámites administrativos,
presupuestales y de contratación que fueran necesarias para la superación
de ese estado.
36. En el caso particular del sistema penitenciario y carcelario, la Corte se
vio en la necesidad de declarar un estado de cosas inconstitucional debido
a que encontró que existía una vulneración masiva de derechos respecto
de las personas privadas de la libertad, entre otros, por temas relacionados
con hacinamiento, adecuación y puesta en práctica de programas de
resocialización, la prestación de los servicios de salud y de agua potable, la
prevención de enfermedades al interior de los penales, la adecuación de
espacios salubres e higiénicos de alimentación, la satisfacción de
necesidades básicas y la garantía de seguridad y vigilancia.
37. En consecuencia, a través de Sentencias de la Corte Constitucional,
como la T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022, se decretó y extendió
el estado de cosas inconstitucional respecto de la personas privadas de la
libertad dentro del sistema penitenciario y carcelario Colombiano, con el fin
de dar órdenes de carácter estructural a autoridades como el Gobierno
Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Justicia
y del Derecho, al INPEC, a autoridades territoriales que tenían bajo su
jurisdicción inspecciones, estaciones, subestaciones de Policía, URIS y
centros similares, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Superior de la
Judicatura, para así conjurar la vulneración masiva de derechos existentes.
38. En el caso puesto en consideración de la Sala, el Tribunal
Administrativo de Antioquia concluyó que no era viable estudiar la
responsabilidad individual de las autoridades demandadas, toda vez que el
daño que se le había ocasionado al señor Mosquera Córdoba obedecía a
esa vulneración masiva de derechos de las personas privadas de la libertad
y que no era imputable a una sola autoridad, sino que debía ser atendida
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por varias autoridades por tratarse de un problema estructural, en virtud de
la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.
39. En virtud de lo expuesto, para la Sala sí se configuró el
defecto sustantivo, pues, si bien es cierto que la Corte Constitucional
declaró y extendió el estado de cosas inconstitucional respecto del sistema
penitenciario y carcelario, lo cierto es que el estudio de responsabilidad a
realizarse por parte del juez de lo contencioso administrativo no podía
supeditarse a lo decidido por la Corte Constitucional en una decisión que
pretendía conjurar una crisis relacionada con la vulneración masiva de
derechos fundamentales.
40. En ese entendido, la Corte Constitucional con la declaratoria del
estado de cosas inconstitucional buscó adoptar medidas con el fin de
controlar y brindar soluciones a una problemática relacionada con
derechos fundamentales de forma generalizada. Por su parte, el juez de lo
contencioso administrativo, a través del medio de control de reparación
directa, es el encargado de establecer, de forma particular, la existencia de
un daño antijurídico ocasionado por una autoridad pública y/o agentes del
Estado, y el posible resarcimiento de los perjuicios derivados de este, en
consonancia con lo dispuesto por el artículo 9017 de la Constitución y el
artículo 14018 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA.
41. Se debe destacar que en el medio de control de reparación directa
presentado por la parte actora se le atribuyó responsabilidad al Ministerio
de Justicia y del Derecho, INPEC y USPEC, de forma puntual, por el daño
ocasionado por temas relacionados con hacinamiento carcelario, ausencia
de condiciones mínimas de infraestructura y deficientes condiciones de
higiene.
42. Lo anterior implica que, más allá de la existencia de un estado de
cosas inconstitucional, el juez del medio de control de reparación directa
debía verificar si, para el caso puntual del señor Mosquera Córdoba, el daño
reclamado era atribuible a las autoridades demandadas y, posteriormente,
si había lugar a conceder los perjuicios que fueron reclamados.
43. Pese a ello, el estudio de responsabilidad no se encausó en ese
sentido, sino que el tribunal se limitó a indicar que el daño no podía
17 “ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (…)”
18 “ARTÍCULO 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho,
una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00938-00
Demandante: Jhon Fredy Mosquera Córdoba
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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imputarse a las autoridades demandadas porque con la declaratoria del
estado de cosas inconstitucional se había determinado que existía una falla
estructural y que para superar la crisis era necesaria la participación de
distintas autoridades.
44. En atención a lo expuesto, la Sala considera que sí se configuró el
defecto sustantivo alegado, pues como se ha indicado a lo largo de esta
providencia, el estudio de responsabilidad por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia no podía depender de lo establecido en la
Sentencia SU-122 de 2022, sino que debía fundarse en determinar, si para el
caso particular del demandante, existía mérito para establecer que la
responsabilidad que se derivaba del hacinamiento, condiciones de
infraestructura e higiene, recaía en las autoridades demandadas, y
posteriormente, si había lugar al pago de los perjuicios reclamados.
45. Dado que el estudio de responsabilidad no se ajustó a lo establecido
en los artículos 90 de la Constitución ni 140 de la Ley 1437 de 2011, para la
Sala se configuró el defecto alegado. En esa medida, se ordenará al tribunal
accionado que rehaga la actuación, con el fin de que atienda lo expresado
en esta providencia.
2.7. Conclusión
46. Tras encontrar configurado el defecto sustantivo alegado, se
accederá a la solicitud de amparo y, en consecuencia, se dejará sin efectos
la providencia enjuiciada, para que, en su lugar, se profiera la decisión que
en derecho corresponda, en consideración a lo aquí expuesto.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de Jhon Fredy Mosquera Córdoba
ante la configuración de un defecto sustantivo, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 30 de septiembre
de 2025, en el expediente del medio de control de reparación directa Rad.
05001-33-33-002-2018-00142-02, por el Tribunal Administrativo de Antioquia y,
en consecuencia, ORDENAR a esa autoridad judicial que, en un término de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00938-00
Demandante: Jhon Fredy Mosquera Córdoba
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva
decisión, en la cual atienda a lo expresado en la presente providencia.
TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por El
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, por los motivos dados.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19.
QUINTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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