Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00942-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00942-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00942-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00942-00
Accionante: OSCAR DE JESÚS VÁSQUEZ MEJÍA
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: Relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y
del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 12 de febrero de 20252, se admitió la presente solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Óscar de Jesús Vásquez Mejía, actuando por medio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Decisión. Con la solicitud de amparo pretende que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de: i) la sentencia del 29 de noviembre de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Se precisa que se notificó como accionados al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión. A
su vez, se vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), al municipio de
Envigado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo
610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Óscar de Jesús Vásquez Mejía
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y restablecimiento del derecho3 promovida por el actor contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones) y, ii) el fallo del 29 de
mayo de 2025 dictado por la Sección Segunda. Subsección B del Consejo de
Estado, que confirmó la decisión de primera instancia.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Amparar los derechos fundamentales del accionante.
2. Dejar sin efectos, de manera parcial, las sentencias cuestionadas
únicamente respecto de la negativa al reconocimiento de la mesada
adicional.
3. Ordenar la expedición de una nueva decisión conforme al precedente
constitucional.
1.2. Hechos
4. El señor Vásquez Mejía nació el 11 de junio de 1949 y laboró como
funcionario público entre diciembre de 1978 y febrero del 2004. Su última
vinculación fue con el municipio de Envigado.
5. En cumplimiento de una orden dictada por el Tribunal Superior de
Medellín, en segunda instancia de un proceso ante la jurisdicción ordinaria
laboral, mediante Resolución 3257 del 12 de septiembre de 2006, dicha entidad
territorial reconoció la pensión de vejez del actor con inclusión de la mesada
adicional de junio y diciembre. Dicha pensión fue reconocida con fundamento en
la Ley 33 de 1985 y estuvo vigente hasta que el actor cumpliera 60 años, edad
en la que se adquiere el estatus pensional en virtud del Decreto 758 de 1990.
6. Una vez cumplidos los 60 años, el accionante solicitó ante el Instituto de
Seguros Sociales (hoy, Colpensiones) el reconocimiento de la pensión de vejez.
Mediante la Resolución 3210 del 17 de febrero de 2011, la autoridad reconoció
una pensión de vejez compartida en favor del actor, de conformidad con el
Decreto 758 de 1990. A su vez, estableció que por tratarse de una pensión
superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y adquirida a partir del
Acto Legislativo 01 del 2005, perdió el derecho a la mesada adicional de junio. El
derecho pensional sería efectivo desde el 11 de junio de 2009, fecha en la que el
actor cumplió la edad requerida para adquirir el estatus de pensionado, de
conformidad con este régimen.
7. El 22 de diciembre de 2016, el accionante solicitó a Colpensiones la
reliquidación de la pensión de vejez, junto con los intereses moratorios, el
reconocimiento de las mesadas adicionales de junio desde el 2009 y la
indexación de las sumas adeudadas. A través de la Resolución GNR 7296 del 12
de enero de 2017, la autoridad negó la petición, decisión que fue confirmada
3 Proceso identificado con el radicado 05001-23-33-000-2017-01877-00/01.
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mediante las resoluciones GNR 46172 del 13 de febrero de 2017 y DIR 1789 del
17 de marzo de 2017.
8. En virtud de lo anterior, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la finalidad de que se declarara la nulidad de
tales actos administrativos y se reliquidara su pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 33 de 1985, con inclusión del 75% de todos los factores
salariales causados y devengados durante el último año de servicios.
9. Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión negó las pretensiones de
la demanda. Señaló que Colpensiones aplicó el principio de favorabilidad al
reconocer en favor del actor la pensión de vejez de conformidad con el Decreto
758 de 1990 puesto que, en caso de realizarse la reliquidación de este
emolumento según lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, la mesada pensional del
demandante se vería disminuida. En relación con la mesada adicional de junio,
sostuvo que no se cumplieron con los requisitos para su reconocimiento, puesto
que el monto excedía los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, por
tanto, se supera el tope establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005 para el
efecto.
10. Inconforme con ello, el actor apeló la decisión. Sostuvo que el juez de
primera instancia desconoció que el derecho a la pensión del accionante se
causó antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, puesto que
su estatus pensional lo adquirió el 11 de junio de 2004, por lo que su mesada no
se regía por lo estipulado en dicha norma. Agregó que, en tal sentido, el
reconocimiento del beneficio pensional relativo a la mesada adicional de junio no
puede estar sujeto a la condición de que su mesada sea igual o inferior a tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
11. Mediante fallo del 29 de mayo de 20254, la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia. Consideró
que el señor Vázquez Mejía no tenía derecho al reconocimiento de la mesada
adicional de junio, denominada «mesada 14», porque no cumplía con el conjunto
de los requisitos establecidos en el parágrafo transitorio 6° Acto Legislativo 01 de
2005, a saber: i) haber adquirido el derecho a la pensión antes del 31 de julio de
2011 y, ii) que su mesada sea igual o inferior a 3 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
12. Al respecto, sostuvo que el actor no cumplió con el segundo de estos
requisitos. Puso de presente que, de conformidad con el material probatorio
obrante en el expediente, el actor adquirió su estatus pensional el 11 de junio de
2009, fecha en la que cumplió 60 años. Agregó que, sin embargo, la cuantía del
monto de su mesada era mayor a la establecida por la norma para adquirir el
beneficio pensional.
4 Notificado mediante correo electrónico el 11 de agosto de 2025.
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1.3. Sustento de la vulneración
13. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes
argumentos.
14. Afirmó que se incurrió en defecto sustantivo «al aplicar retroactivamente
el Acto Legislativo 01 de 2005», a pesar de haber reconocido que el accionante
adquirió su estatus pensional el 11 de junio de 2004, esto es, con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha reforma constitucional.
15. Argumentó que la sentencia de segunda instancia «desconoce que la
Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada que la fecha
determinante es la adquisición del estatus pensional, no el monto de la mesada».
Agregó que, al condicionar el derecho a la mesada adicional al valor de la
pensión, se desconoce dicho precedente constitucional obligatorio. Para dicho
fin, referenció las siguientes sentencias:
• Sentencia C-258 de 2013: aseguró que la Corte Constitucional en esta
providencia sostuvo que el Acto Legislativo 01 de 2005 no puede afectar
situaciones jurídicas consolidadas ni derechos adquiridos en materia
pensional, pues ello vulnera los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima y progresividad en materia de derechos sociales.
• Sentencia SU-230 de 2015: sostuvo que, según el Alto Tribunal, en dicho
fallo se reiteró que el elemento determinante para definir la aplicación de
un régimen pensional es el momento en que se adquiere el estatus de
pensionado y no la fecha de reconocimiento administrativo.
1.4. Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia pidió que se declare la
improcedencia de la acción, al evidenciar que no se cumplió con el requisito de
relevancia constitucional. A su juicio, las autoridades judiciales accionadas no
incurrieron en ninguna arbitrariedad y las sentencias proferidas en el proceso se
dictaron de conformidad con las normas y la jurisprudencia aplicables. Sostuvo
que la acción de tutela no puede usarse como una instancia adicional al trámite
ordinario y que, en todo caso, no se incurrió en ninguno de los defectos alegados.
17. El Municipio de Envigado también solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, al considerar que lo pretendido por el actor es reabrir
un debate jurídico ya zanjado en el proceso y, con ello, usar la tutela como una
tercera instancia. Agregó que no se acreditó la configuración de ninguno de los
defectos formulados en el escrito de tutela. Finalmente, señaló que el Consejo
de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, aplicó la jurisprudencia que regía el caso en concreto y, por tanto,
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el juez de tutela no puede sustituir al juez natural.
18. Colpensiones manifestó que la tutela es improcedente, dado que el actor
contó con los mecanismos y recursos para su respectiva defensa en el proceso,
motivo por el cual la acción de tutela no puede ser usada como una instancia
adicional. Añadió que no se acreditó la vulneración de ningún derecho
fundamental en el trámite adelantado ante la jurisdicción, aunado a que la
entidad actuó conforme a derecho.
19. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B solicitó que se
desestimara el amparo invocado por el señor Vásquez Mejía y, como sustento
de su petición, reiteró las consideraciones que fundamentaron la sentencia
cuestionada por el actor.
II. CONSIDERACIONES
20. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
la parte actora. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el
requisito general de relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
21. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial.
22. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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23. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.
24. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
25. La Sala advierte que el señor Óscar de Jesús Vásquez Mejía está
legitimada en la causa por activa, en la medida en que fue el demandante en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. A su vez, se evidencia que la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión están legitimados en la
causa por pasiva al haber proferido las providencias controvertidas en este
proceso. Sin embargo, se advierte que el estudio se centrará exclusivamente en
el fallo de segunda instancia, debido a que fue el que puso fin al trámite.
26. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
27. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto que: (i) la parte actora
reiteró argumentos que fueron formulados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y (ii) no se cumple con la carga argumentativa
exigida en clave de derechos fundamentales.
28. En primer lugar, el actor señaló que la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo «al aplicar retroactivamente
el Acto Legislativo 01 de 2005», a pesar de haber reconocido que el accionante
adquirió su estatus pensional el 11 de junio de 2004, esto es, con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha reforma constitucional. Al respecto, la Sala evidencia
que esto corresponde a un cargo que expuso en los mismos términos el actor
mediante la apelación que presentó contra el fallo del Tribunal Administrativo de
Antioquia proferido el proceso objeto de este mecanismo de amparo.
9 Sentencia SU-215 de 2022.
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29. En efecto, tal como fue puesto de presente en los antecedentes del
presente fallo, mediante su recurso de alzada, el actor manifestó que el juez de
primera instancia desconoció que su estatus pensional se adquirió antes de la
entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que su mesada pensional
no se regía por lo estipulado en dicha norma. Agregó que, en tal sentido, el
reconocimiento de la mesada 14 no podía estar sujeto a la condición de que su
monto pensional sea igual o inferior a tres salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
30. Ante la evidente reiteración de argumentos presentados en el trámite del
medio de control objeto del mecanismo de amparo, no hay lugar a duda de que
el actor pretende usar la acción de tutela como una instancia adicional, con la
finalidad de reabrir un debate normativo y eminentemente legal, el cual ya fue
zanjado por los jueces naturales de la causa. En efecto, al ser razones
sustentadas ante la autoridad judicial que conoció del recurso de apelación
elevado por el señor Vásquez Mejía, esto corresponde a un asunto estudiado y
decidido en el trámite ordinario.
31. Al respecto, es pertinente poner de presente que la Sección Segunda,
Subsección B consideró que el accionante no tenía derecho al reconocimiento de
la mesada adicional de junio, denominada «mesada 14», al no cumplir con los
requisitos establecidos en el parágrafo transitorio 6° Acto Legislativo 01 de 2005.
Esto, al encontrar acreditado que el actor adquirió su estatus pensional el 11 de
junio de 2009, fecha en la que cumplió 60 años
32. En relación con lo anterior, sostuvo que el actor no cumplió con el segundo
de estos requisitos. Puso de presente que, de conformidad con el material
probatorio obrante en el expediente, en tal fecha el actor adquirió su estatus
pensional, según lo establecido por el régimen del Decreto 758 de 1990, aplicable
a su caso. Agregó que, sin embargo, la cuantía del monto de su mesada era
mayor a la establecida por la norma para adquirir el beneficio pensional.
33. En tal sentido, lo relacionado con el presunto desconocimiento de la
sentencia C-528 de 2013 corre la misma suerte. El actor aseguró que, mediante
dicha sentencia de constitucionalidad, la Corte estableció que el Acto Legislativo
01 de 2005 no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas ni derechos
adquiridos en materia pensional. Sin embargo, esto corresponde a un asunto
normativo ya zanjado por los jueces del proceso adelantado ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, por los motivos expuestos con antelación. En
efecto, el órgano de cierre en la materia expuso los motivos por los cuales la
situación fáctica del actor se regía por lo preceptuado en el Acto Legislativo 01
de 2005 y, a su vez, señaló las razones por las cuales no cumplía con los
requisitos para acceder al beneficio de la mesada 14.
34. Finalmente, los reproches que sustentan el caro por desconocimiento del
precedente de la Sentencia SU-230 de 2015 carecen de la carga argumentativa
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requerida. Esta exigencia no se acreditó, puesto que el actor se limitó a
referenciar dicha sentencia de la Corte Constitucional, sin identificar alguna regla
o subregla de derecho aplicable a su caso y que hubiera sido desconocida por la
Subsección demandada, en consideración a las particularidades del caso
concreto. A su vez, tampoco se expuso mínimamente en qué sentido los asuntos
tratados en tal providencia guardan similitud fáctica con el litigio objeto de esta
acción, con lo que no cumplió con la carga mínima requerida para que exista un
pronunciamiento de fondo por parte de la sala.
35. Sobre el cargo por desconocimiento del precedente es preciso resaltar que
esta Sección ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir
con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii)
la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción
dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión
final que adopte el fallador de instancia. Los anteriores criterios no fueron
desarrollados por la parte demandante, por lo que no se satisface el deber de
una carga mínima que permita superar la relevancia constitucional.
36. Los defectos formulados no cuentan con la relevancia constitucional que
permitan al juez de tutela llevar a cabo un estudio de fondo del litigio propuesto,
dado que lo pretendido es que se efectúe un análisis de corrección sobre el
ejercicio hermenéutico del operador judicial. En tal medida, la formulación de este
litigio se sustenta en una inconformidad con la decisión del órgano de cierre en
la materia, finalidad para la cual no fue prevista la acción de tutela contra
providencias judiciales.
37. A su vez, se pone de presente que la Corte Constitucional ha
reiterado10 que, respecto de las acciones de tutela contra providencias dictadas
por altas cortes –como lo es el Consejo de Estado–, las razones presentadas
deben cumplir con una carga argumentativa transversal, elemento que se
concreta en un estudio más restrictivo y riguroso de los requisitos generales de
procedencia, en especial, el de relevancia constitucional. Esto tiene justificación
en que tales corporaciones cumplen un rol especial en el sistema judicial, en la
medida en que son los órganos de cierre de las respectivas jurisdicciones. Por
tal motivo, la intervención del juez de tutela se justifica exclusivamente cuando la
providencia judicial cuestionada sea abiertamente incompatible con el alcance y
límite dado por la Corte Constitucional a los derechos fundamentales, o cuando
se genere una anomalía en el sistema judicial de tal envergadura que posibilite
la procedencia excepcional del mecanismo de amparo.
38. Finalmente, se enfatiza en que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el señor Óscar de Jesús Vásquez Mejía.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
9
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