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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00945-00

Fecha
6 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00945-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo antes expuesto. SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados 12 Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-00945-00 Demandante: Myriam Cardona Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas por el señor Myriam Cardona Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00945-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00945-001
Demandante : Myriam Cardona Giraldo
Demandado : Tribunal Administrativo de Caldas
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional, departamento
de Caldas y Juzgado Sexto (6°) Administrativo de Manizales
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por Myriam Cardona Giraldo contra el Tribunal Administrativo de Caldas,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

3. La señora Myriam Cardona Giraldo, quien actúa a través de apoderada judicial,

interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Caldas.

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Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-00945-00
Demandante: Myriam Cardona Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

4. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 26 de septiembre de

2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Caldas confirmó la providencia
de 4 de junio del mismo año, en la que el Juzgado Sexto (6°) Administrativo de
Manizales negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional y el departamento de Caldas (expediente 17001-33-39-006-2024-00271-
00/01). En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva
decisión «[…] con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando
de manera concreta [su] situación particular […] a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico» .

1.3 Hechos2.

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

la accionante, se puede evidenciar que, el 16 de septiembre de 2024 instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el departamento de Caldas (expediente 17001-33-39-
006-2024-00271-00/01), encaminada a obtener la anulación de Nos. 2024-EE-
091362 del 22 de marzo del 2024 y el Acto Ficto y/o presunto Configurado el 13
de junio del 2024, proferidos por la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
el departamento de Caldas respectivamente; a través de los cuales se negó «[…]
en primer lugar, la inaplicación por ilegalidad del Decreto expedido en el año 2024 que fijó la
escala salarial del personal docente; y, en segundo lugar, la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades demandadas. En consecuencia, solicitó se
ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas durante los últimos tres
(3) años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud de la
configuración del fenómeno prescriptivo, así como de las que se causen hacia el futuro».

6. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Sexto (6°) Administrativo de

Manizales que, el 4 de junio de 2025 negó las pretensiones, al estimar que «[e]n
concordancia con lo anterior, se puede concluir que los incrementos anuales en los salarios del
personal docente, establecidos en el Decreto 1278 de 2002 se fundamentan en diversos factores
como el tiempo de servicio, la experiencia y el nivel educativo de cada profesor, estos aumentos no
son aplicados de manera arbitraria por el ejecutivo, sino que respetan los derechos laborales,
salariales y prestacionales de los educadores. […] [e]l Presidente de la República tiene atribuciones
extraordinarias basadas en la constitución y la Ley para emitir los decretos que la parte demandante
busca que sean anulados. En este sentido, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 111 de
la Ley 715 de 2001 y en el artículo 46 del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional tenía la

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

facultad de establecer condiciones salariales diferentes para los docentes de acuerdo con el nivel y
grado que posean en el escalafón docente. Es importante resaltar que tales normas no exigían que
el aumento salarial fuera igual para todos los grados del escalafón docente. En este contexto, no se
puede considerar como una discriminación el hecho de que el poder ejecutivo, liderado por el
presidente de la República, establezca variaciones en las condiciones salariales de los docentes
según su ubicación en el escalafón por grado y nivel».

7. Inconforme con esa decisión, la accionante interpuso recurso de apelación,
desatado el 26 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, en
el sentido de confirmarla, con fundamento en que «[e]n suma, del análisis conjunto de (i)
la no comparabilidad entre los grados 2B y 2ª en términos del juicio de igualdad; (ii) la competencia
legal del Ejecutivo para diferenciar incrementos por grado/nivel conforme a fines constitucionales
legítimos (profesionalización y dignificación del magisterio) y a la sostenibilidad fiscal; (iii) la
evidencia empírica de una calibración anual de la política en 2008-2009 con énfasis alternados que
no configuran una brecha acumulativa injustificada y una asignación constante a los grados
intermedios de un incremento promedio igual al IPC; y (iv) la inexistencia de prueba de reajustes
por debajo del IPC o de afectación del mínimo constitucional, la Sala concluye que no se configura
vulneración del principio de igualdad ni exceso en los límites legales de la discrecionalidad
administrativa».

8. Sobre la precedente situación, la actora expone que la providencia objeto de

censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002» ; (ii) defecto fáctico, porque, «desestimó las pretensiones de la
demanda sobre la base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha
salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente ni respaldada en los decretos que
ordenaron los incrementos cuestionados, ya que dichos actos administrativos no aludieron en
forma alguna a tal situación […]»; y (iii) desconocimiento del precedente, al omitir «[…]
aplicar […] la sentencia C-1064 de 2001, que exige garantizar la igualdad sustancial en la fijación
de incrementos salariales».

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 11

de febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Caldas; y, (ii) dispuso vincular a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional, departamento de Caldas y el Juzgado
Sexto (6°) Administrativo de Manizales, en los términos del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.

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2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Departamento de Caldas - Secretaria de Educación3 La entidad territorial
se opuso a las pretensiones y solicitó declarar la improcedencia del amparo o,
subsidiariamente, su desvinculación. En vista de ello, sustentó esta petición en que
las sentencias dictadas por el Juzgado Administrativo y el Tribunal Administrativo
de Caldas resultaron coherentes con la legalidad vigente. Así las cosas, concluyó
que las decisiones atacadas no vulneraron los derechos de la parte actora.

2.1.2 Tribunal Administrativo de Caldas4 pidió declarar improcedente el
mecanismo de amparo. Así las cosas, el despacho argumentó que la accionante
M.C.G. pretendió utilizar esta jurisdicción como una tercera instancia para debatir
una controversia que la justicia ya resolvió en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En vista de ello, el Tribunal concluyó que la solicitud
atentó contra los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y juez natural.

2.1.3 Ministerio de Educación Nacional5 la entidad solicitó al juez declarar la
improcedencia de la acción y requirió su desvinculación del trámite. Así las cosas,
fundamentó su solicitud en una falta de legitimación en la causa por pasiva. En vista
de ello, precisó que la tutela resulta subsidiaria e improcedente frente a decisiones
judiciales legítimamente adoptadas por el juez natural de la causa.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

10. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

11. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento

3
Índice 12 del expediente judicial en Samai.
4
Índice 19 del expediente judicial en Samai.
5
Índice 20 del expediente judicial en Samai.
4

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y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Legitimación en la causa del Ministerio de Educación Nacional

12. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

13. El Ministerio de Educación Nacional deprecó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
no es la llamada a cumplir las pretensiones de la accionante; al respecto, la Sala
advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de tercero con
interés, por ser la entidad demandada dentro del proceso contencioso en cuestión,
esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que, se
negará sus solicitudes.

3.4 Problema jurídico.

14. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 26
de septiembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Caldas
confirmó la providencia de 4 de junio del mismo año, en la que el Juzgado Sexto
(6°) Administrativo de Manizales negó las pretensiones formuladas en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la tutelante contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas (expediente
17001-33-39-006-2024-00271-00/01) y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

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15. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 6 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado7, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

16. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

17. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de

6
Sentencia C-590 de 2005.
7
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6

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terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.6 Caso concreto

18. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia emitida en
segunda instancia; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 6
de octubre de 20258 y la solicitud de amparo se presentó el 11 de febrero siguiente,
es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.

19. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y fáctico,
comoquiera que, pese a que la actora alegó también el desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa relacionada con
el incremento salarial del escalafón docente, por lo que, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de
manera extensiva el escrito inicial9, resulta procedente analizar este trámite a partir

8
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 29 de septiembre de 2025,
motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 1 de octubre, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
9
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida

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de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.

3.6.1 Defecto sustantivo.

20. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

21. La jurisprudencia constitucional10 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 11.

22. En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley
1278 de 2002», avalando un trato discriminatorio y desigual entre categorías del

escalafón docente.

23. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

concluyó:

Ahora bien, la Sala advierte que el debate planteado por la parte recurrente descansa
en una comparación entre grados distintos del escalafón docente, hipótesis que no
habilita el juicio de igualdad material exigido por el artículo 13 de la Constitución, por
cuanto el parámetro de comparación no es válido.

es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
10
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
11
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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En efecto, cada grado del escalafón responde a requisitos diferenciados de formación
académica, ingreso, evaluación por competencias y progresión profesional conforme
se citó de los artículos 20 y 21 del Decreto Ley plurimencionado, de modo que la
equiparación salarial solo resulta predicable entre pares del mismo grado y nivel, mas
no entre grados diversos.

Como se explicaba en acápites anteriores, según la Corte Constitucional el principio “a
trabajo igual, salario igual” opera entre sujetos comparables con iguales funciones y
exigencias de cualificación. Y, la diversidad escalafonaria en el régimen docente
atiende a un objetivo de profesionalización y, por tanto, está justificado
constitucionalmente los tratamientos remunerativos diferenciados en el marco del
Decreto 1278 de 2002.

Así mismo, debe hacerse hincapié en que conforme la Ley 4ª de 1992, el gobierno
nacional tiene la competencia de realizar ajustes salariales diferenciados conforme al
grado y nivel acreditado en el escalafón docente, constituyendo una facultad
discrecional pero no arbitraria.

En este caso, más allá de lo argumentado en la demanda, no se aportan medios de
prueba adicionales que permitan inferir que los decretos anuales salariales docentes
cuya inaplicación por inconstitucionalidad se solicita, realmente sean incompatibles ni
con la constitución, en especial no se vislumbra una contradicción con el artículo 53, ni
tampoco con la Ley marco y los criterios en ella definidos.

La parte recurrente aduce que las entidades demandadas son las que debían aportar
los medios de prueba que sustentaran técnicamente la expedición de los decretos
cuestionados, sin embargo, quien tiene en realidad la carga de probar la
incompatibilidad constitucional y legal es la parte demandante.

En este horizonte, que el Ejecutivo aplique porcentajes de incremento diferenciados
por grados y niveles no implica, por sí solo, desconocimiento del derecho a la igualdad,
siempre que ese diseño responda a fines constitucionales relevantes como lo son la
profesionalización y dignificación de la carrera docente, así como las restricciones
fiscales propias del sector.

En este caso, en la tabla esbozada en el capítulo de hechos probados de los años 2007
a 2010, se desprende que 2008 pasó de un esquema inicialmente uniforme de
incremento o ajuste anual salarial (Decreto 624 de 29 de febrero de 2008) a un
esquema diferenciado (Decreto 714 de 6 de marzo de 2008, complementado por el
Decreto 1407 de 2008), y que en 2009 (Decreto 702 de 6 de marzo de 2009, modificado
por el Decreto 1238 de 13 de abril de 2009) se mantuvo la diferenciación con un énfasis
inverso respecto del año anterior.

Ello se refleja con claridad en el cuadro, así, para 2A, el incremento 2008 fue del
14,11% y el de 2009 del 15,61%; mientras que para 2B, el incremento 2008 fue del
5,69% y el de 2009 del 7,67%.

Esta trayectoria revela una política de calibración y recomposición relativa entre
escalafones y subgrados, que en 2008 privilegió a los más especializados y en 2009
operó en sentido contrario, y a los grados intermedios les asignó un incremento
promedio igual al IPC, lo que desvirtúa la tesis de una brecha estructural acumulativa
generada por un trato constante y unidireccional a favor de un único subgrupo.

A su vez, para 2010 se observa la fijación de incrementos homogéneos (Decretos 1367
y 2940 de 2010), lo que confirma la contingencia y modulación anual de la política
salarial, propia del margen de configuración que la Ley 4ª de 1992 confiere al Ejecutivo.

Tampoco se demostró en el proceso que los reajustes controvertidos hubiesen
desconocido los mínimos constitucionales. Consta en el cuadro la referencia al IPC
(5,69% para 2007; 7,67% para 2008; 2% para 2009; 3,17% para 2010), sin que la parte
actora hubiere acreditado que, en los años objeto de controversia, los incrementos
aplicados fueran inferiores a dicho indicador o que se hubiera comprometido el
estándar de remuneración mínima, vital y móvil.

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Demandante: Myriam Cardona Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

Este dato, junto con la ausencia de prueba de afectación real y actual del poder
adquisitivo del salario de la parte actora por debajo de los umbrales constitucionales,
robustece la conclusión de que las decisiones gubernamentales se mantuvieron dentro
de los límites de razonabilidad que impone el ordenamiento.

24. De lo expuesto se colige que, de conformidad con el Tribunal, la parte actora

partió de un parámetro de comparación inválido al equiparar grados distintos del
escalafón docente12, por lo que explicó que el principio de igualdad salarial solo es
aplicable entre pares del mismo grado y nivel, ya que cada uno exige distintos
requisitos de formación académica, ingreso y evaluación, además, la decisión
resalta que la parte demandante no cumplió con la carga de probar la
inconstitucionalidad de los decretos, ni demostró que los incrementos salariales
diferenciados vulneraran el estándar de remuneración mínima, vital y móvil o que
hubieran sido inferiores al Índice de Precios al Consumidor de los años
cuestionados.

25. Contrario a lo indicado por la tutelante, el Tribunal aplicó un análisis razonado

del Decreto Ley 1278 de 2002 para sustentar su fallo al estudiar la normativa,
específicamente los artículos 20 y 21 del mencionado decreto, el accionado
argumentó que la diversidad en el escalafón docente responde a un objetivo
legítimo de profesionalización, por ello concluyó que el tratamiento diferenciado
aplicado por el Gobierno Nacional está justificado constitucionalmente, pues
reconoce las distintas exigencias de cualificación y progresión profesional de cada
grado, operando dentro del margen de configuración discrecional, mas no arbitrario,
que otorga la ley para dignificar la carrera docente.

26. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio

fijado por esta subsección en un asunto de miliares contornos13, según el cual, «[…]
El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional propio del juicio
de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al
desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente.
Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de
un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia
constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la
aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos». (Énfasis propio).

12
2B frente a 2A.
13
Expediente 25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-00945-00
Demandante: Myriam Cardona Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

27. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo de Caldas ya había resuelto

con suficiente motivación la inconformidad planteada por la tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de 4 de junio de 2025, en el que el Juzgado
Sexto (6°) Administrativo de Manizales negó las pretensiones formuladas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas (expediente 17001-
33-39-006-2024-00271-00/01), la cual reiteró en esta acción de tutela (para lo cual
invocó las causales de defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del
precedente), lo que denota que su intención, más allá de manifestar la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.

28. En consecuencia, no se configuró el defecto sustantivo alegado por el
accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente
fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las pruebas y
postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

3.5.2 Defecto fáctico.

29. Sea lo primero anotar, que una providencia judicial se encuentra viciada por el

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »14.

30. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra15.

31. La docente Luz Nelly Sánchez Atehortua reprochó que el Tribunal Administrativo

de Caldas omitió exigir y valorar pruebas que justificaran el incremento salarial

14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Demandante: Myriam Cardona Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

desigual en los siguientes términos: «el Tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria respecto del debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba
alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha
decisión administrativa, resulta imperativo cuestionar qué aspectos válidos y
concretos incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el
expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto»

32. Frente al defecto fáctico, la Sala denegará el amparo por considerar que la
demandante no enunció ningún medio de convicción que el juez colegiado debiera
haber examinado para demostrar que la actora no tenía derecho a la nivelación
salarial pretendida, ello es así, porque el Tribunal Administrativo no requirió analizar
material probatorio para sustentar su providencia, debido a que resolvió un estricto
punto de derecho frente a la aplicación de los decretos salariales.

33. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

IV. DECISIÓN

34. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora

no acreditó que la providencia de 26 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, hubiere incurrido en defecto sustantivo. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo.

35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional, de conformidad con lo antes expuesto.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados

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Demandante: Myriam Cardona Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

por el señor Myriam Cardona Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13

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