Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00950-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00950-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00950-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00950-00
Accionante: OSCAR DÍAZ PALLARES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Solicitud de información de
asignación de turnos para dictar sentencia de segunda instancia.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Oscar Díaz Pallares, quien actúa a través de apoderada
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Arauca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de febrero de 2026, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de su derecho fundamental de petición, supuestamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Solicitar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA – MAGISTRADA DRA
YENITZA MARIANA LOPEZ BLANCO, en el momento de la notificación de la presente
acción pública, que resuelva de fondo la petición sobre el respectivo turno asignado para
dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, por el cual se solicita la pensión de jubilación del señor OSCAR DIAZ
PALLARES”.
2. Hechos
El accionante relató que el 6 de febrero de 2023 presentó demanda contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con la pretensión que se declarara la nulidad de la Resolución no. FPSM-
458 del 21 de junio de 2021, mediante la cual se le negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación. Y a título de restablecimiento del derecho solicitó el
reconocimiento y pago de esa prestación económica, equivalente al 75% de los
salarios y primas especiales anteriores al cumplimiento del estatus jurídico y a partir
del 6 de mayo de 2021.
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Accionante: Oscar Díaz Pallares
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
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Circuito de Arauca , que mediante sentencia de 2 de septiembre de 2025, declaró
la nulidad de la Resolución no. FPSM-458 del 21 de junio de 2021, y a título de
restablecimiento del derecho se ordenó a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-, reconocer y
pagar al señor Oscar Díaz Pallares el estatus pensional a partir del 10 de abril de
2019. Igualmente, se dispuso que las mesadas pensionales debían pagarse desde
esa fecha, en cuantía equivalente al 75% del promedio del salario devengado
durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo los
factores salariales procedentes conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 33
de 1985.
Refirió que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación y que la segunda
instancia le correspondió al Tribunal Administrativo de Arauca (M.P. Yenitza
Mariana López Blanco).
De conformidad con lo anterior, sostuvo que el 19 de enero de 2026 presentó
solicitud en ejercicio del derecho fundamental de petición para que se le informara
el turno para fallo de la sentencia de segunda instancia, toda vez que era una
persona que ostentaba la calidad de sujeto de especial protección constitucional,
en razón a los graves quebrantos de salud que padece.
Finalmente, concluyó que a la fecha de presentación del escrito de tutela, el
Tribunal Administrativo de Arauca no había emitido respuesta a la solicitud
formulada el 19 de enero de 2026, lo cual ocasionaba una vulneración al derecho
fundamental de petición.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora afirmó que “se encuentra en un estado de manifiesta indefensión,
al ser una persona de la tercera edad, víctima del desplazamiento forzado, y
portador de una condición de salud especialmente delicada como lo es la
discapacidad visual derivada del glaucoma. A ello se suman múltiples patologías
crónicas —depresión, hipertensión arterial e hiperplasia prostática— que agravan
su situación y lo convierten en un sujeto de especial protección constitucional. Tales
circunstancias imponen al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA –
MAGISTRADA DRA YENITZA MARIANA LOPEZ BLANCO un deber reforzado de
garantía, diligencia y respeto irrestricto de sus derechos fundamentales,
particularmente el acceso pleno, oportuno y veraz a la administración de justicia”.
Manifestó que el Tribunal Administrativo de Arauca vulneró el artículo 23 de la
Constitución Política, al no responder pasados 15 días la petición presentada para
asignar turno y emitir sentencia de segunda instancia en el proceso no. 81001-33-
33-001-2023-00020-00, toda vez que el solicitante es víctima de desplazamiento
forzado y presenta discapacidad visual por glaucoma, junto con varias patologías
crónicas (depresión, hipertensión e hiperplasia prostática), lo que lo convierte en
sujeto de especial protección constitucional.
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Radicado no. 81001-33-33-001-2023-00020-00.
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Sostuvo que la conducta del Tribunal no era válida, por lo que lo obligaba a recurrir
a la acción de tutela para proteger el derecho fundamental de petición, el cual está
constitucionalmente garantizado.
Finalmente, precisó que no se exigía que el Tribunal Administrativo de Arauca
fallara a favor de lo solicitado, sino que cumpliera con su deber de diligencia,
otorgara un límite temporal a la espera de turno y considerara las condiciones
especiales de la parte al dictar la sentencia de segunda instancia.
4. Trámite procesal
Por auto de 13 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada -Tribunal
Administrativo de Arauca-. Asimismo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 26827 a 26829 de
17 de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
Respuesta del Tribunal Administrativo de Arauca
La magistrada sustanciadora rindió informe en el que precisó que mediante escrito
de 19 de febrero de 2026 se le brindó respuesta clara, precisa y congruente al
accionante en relación con su solicitud de información, la cual fue enviada al buzón
de correo electrónico indicado por el peticionario.
Por lo anterior, afirmó que se “ha satisfecho el derecho de petición del que se invoca
el amparo constitucional, por lo que ruego despachar desfavorablemente las
pretensiones de la acción de tutela”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Arauca vulneró
el derecho fundamental de petición del accionante, al no dar una respuesta a la
solicitud presentada el 19 de enero de 2026.
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De manera previa, atendiendo los argumentos del informe rendido por el Tribunal
Administrativo de Arauca, se verificará si en el presente caso se configura la
carencia actual de objeto por el acaecimiento de un hecho superado.
3. Solicitudes que se presentan ante autoridad judiciales en ejercicio del
derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política, establece que “toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
Respecto a las peticiones frente a autoridades judiciales, la jurisprudencia ha
establecido que cualquier persona tiene el derecho a presentar peticiones ante los
jueces de la República y a que estas sean resueltas, siempre y cuando el objeto de
la solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial adelanta2.
En efecto, la Corte Constitucional distingue entre peticiones judiciales y peticiones
administrativas. Las primeras son las que se refieren a “actuaciones estrictamente
judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para el efecto; y [las segundas son] aquellas que por ser ajenas al
contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la
autoridad judicial en su condición, bajo las normas generales del derecho de petición
que rigen la administración, esto es, el [Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo]”3.
Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia T-482 de 2024 sostuvo que
“las peticiones que se elevan a los jueces pueden corresponder a solicitudes judiciales o a
solicitudes administrativas, y estas últimas se rigen por la Ley 1755 de 2015. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha acudido a tres criterios para determinar si una
petición se rige por las normas procesales o por las prescripciones del derecho de petición,
a saber: (i) si el asunto está regulado por las normas procesales del respectivo código, (ii)
si la solicitud es formulada por las partes e intervinientes o por terceros ajenos al litigio y (iii)
si las solicitudes están conectadas con la litis o el ejercicio del derecho de defensa”.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-272 de 2006 explicó que la
solicitud relacionada con la información del proceso obedecía a un derecho de
petición, en ese caso analizó la solicitud de un investigado en la que solicitaba
información sobre unos procesos que se adelantaban en su contra, pues la misma
no se encontraba regulada en la norma procesal.
De igual manera, esa Corporación judicial acogió el anterior criterio en la sentencia
C-951 de 20144, que hizo el estudio de constitucionalidad al proyecto de ley
estatutaria que regula el derecho fundamental de petición, en la que agregó que “el
juez tendrá que responder la petición de una persona que no verse sobre materias
2
Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Esta regla ha sido reiterada en las sentencias T-192 de
2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis y T- 412 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
3
Corte Constitucional, sentencia T- 311 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
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del proceso sometido a su competencia”. En esa misma oportunidad se precisó que
“deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, así: “(i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo
de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su
condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración”.
Por esta razón, la Corte Constitucional precisó, en la sentencia T-172 de 20165, que
cuando los ciudadanos presenten una solicitud orientada a obtener la definición de
aspectos del proceso no es dado afirmar que los jueces vulneran el derecho de
petición. Por el contrario, “en tales casos, se puede invocar el derecho al debido
proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados
por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes
al trámite de un determinado proceso judicial” 6.
En consecuencia, se entiende que las peticiones judiciales son aquellas que
guardan una relación directa con el impulso del proceso, en tanto se enmarcan
dentro de las actuaciones propias del trámite jurisdiccional y se rigen por las reglas
del proceso. Por el contrario, aquellas solicitudes que no buscan activar el aparato
judicial, como las relacionadas con el turno o el desarchivo del expediente, deben
ser consideradas de naturaleza administrativa. Estas últimas no se tramitan
conforme a las disposiciones procesales propias del proceso judicial, sino que se
sujetan al régimen previsto en la Ley 1437 de 2011, particularmente en los artículos
14 y 32, los cuales establecen que la autoridad competente debe resolver de fondo
en un término máximo de quince (15) días hábiles.
En conclusión, en lo que hace relación con la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en razón de peticiones presentadas ante autoridades judiciales, es
necesario tener en consideración que (i) si se trata de solicitudes que versen sobre
asuntos relacionados con el proceso judicial que se adelanta en el despacho
peticionado, los derechos que pueden resultar vulnerados son el debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, mientras que (ii) cuando el objeto de la
solicitud no recaiga sobre dichos procesos, es posible alegar la afectación del
derecho de petición.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Oscar Díaz Pallares, quien actúa a través de apoderado judicial, considera
que el Tribunal Administrativo de Arauca vulneró el derecho fundamental de
petición, al no dar respuesta a la petición presentada el 19 de enero de 2026,
mediante la cual solicitó información acerca de los turnos para emitir la sentencia
de segunda instancia, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no. 81001-33-33-001-2023-00020-01.
De conformidad con las pruebas allegadas a este trámite constitucional se evidencia
que el 19 de enero de 2026, el accionante presentó solicitud en los siguientes
términos:
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M. P. Alberto Rojas Ríos.
6
Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5
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“1. Se informe por este medio el turno en el cual se encuentra el proceso para fallo de
sentencia.
2. Se tenga en cuenta la especial condición del accionante para efectos de una eventual
priorización del fallo, adjunto historia clínica y certificados que comprueban las
condiciones de salud y vida del demandante”.
Lo anterior, al considerar que el expediente había sido recibido por el Tribunal
Administrativo de Arauca el 14 de noviembre de 2025 y “a la fecha no se ha proferido
sentencia de segunda instancia”. Asimismo, informó que era una persona de la
tercera edad que padecía múltiples patologías que comprometían su estado de
salud y, adicionalmente, se encontraba registrado como persona en situación de
desplazamiento forzado.
Al respecto, el Tribunal Administrativo de Arauca mediante oficio no. OFD01TAA001
de 19 de febrero de 2026 dio respuesta a la solicitud formulada por el accionante,
en la que precisó:
“En atención a su escrito del 19 de enero de 2026, me permito informar que revisado el
expediente SAMAI del proceso de la referencia se observa que por reparto automático
el proceso fue asignado el 14 de noviembre de 2025 al Despacho 01 del Tribunal
Administrativo de Arauca, y fue remitido a este Despacho con informe secretarial el 28
de noviembre del mismo año, siendo admitido el recurso de apelación formulado contra
la sentencia de primera instancia mediante auto del 18 de febrero de 2026, del cual se
surtirá por Secretaría el trámite que para tal fin prevé el artículo 247 del CPACA, y
posteriormente ingresará nuevamente al Despacho para la asignación del respectivo
turno de sentencia, en el que se sigue la regla prevista en el artículo 18 de la Ley 446 de
1998, que establece:
«ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para
los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan
pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda
alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con
todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza
de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su
importancia jurídica y trascendencia social (…)».
En consecuencia, en el momento en que el proceso pase al Despacho para sentencia
se valorará si en el presente caso se dan las condiciones de prelación legal o sentencia
anticipada previstas por el ordenamiento jurídico para asignar el turno correspondiente,
lo que atendiendo a su solicitud le será informado, sin perjuicio de la consulta del
expediente que puede realizar en el Sistema SAMAI para conocer la etapa procesal en
la que se encuentra”.
Esa decisión fue notificada el 19 de febrero de 2026 a las 15:49 horas al correo
electrónico de la apoderada judicial del accionante: gerente.araucalpq@gmail.com
el cual fue suministrado para recibir notificaciones.
Así las cosas, la Sala constata que la solicitud formulada por el accionante tiene
naturaleza de petición judicial, en tanto fue presentada en el marco de un proceso
judicial en curso y se relaciona directamente con aspectos propios de su trámite,
como lo es la información sobre el turno para proferir sentencia y la eventual
priorización del asunto para proferir decisión definitiva teniendo en consideración
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las condiciones de salud y las circunstancias particulares del demandante. En
consecuencia, este tipo de requerimientos no se rige por las normas del derecho de
petición, sino por las garantías propias del debido proceso, que orientan la actuación
judicial.
Bajo ese entendido, la Sala no advierte vulneración alguna y actual del derecho
fundamental al debido proceso del accionante. En efecto, durante el trámite de la
presente acción de tutela el Tribunal Administrativo de Arauca informó que el
proceso fue asignado por reparto al Despacho 01 el 14 de noviembre de 2025, que
mediante auto de 18 de febrero de 2026 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia y que, una vez se surta el
trámite correspondiente en la Secretaría de la Corporación, el expediente ingresará
nuevamente al despacho para la asignación del respectivo turno para fallo.
Asimismo, la autoridad judicial precisó que “en el momento en que el proceso pase
al Despacho para sentencia se valorará si en el presente caso se dan las
condiciones de prelación legal o sentencia anticipada previstas por el ordenamiento
jurídico para asignar el turno correspondiente, lo que atendiendo a su solicitud le
será informado, sin perjuicio de la consulta del expediente que puede realizar en el
Sistema SAMAI para conocer la etapa procesal en la que se encuentra”.
En ese contexto, se observa que el Tribunal accionado brindó información sobre el
estado actual del proceso y explicó el momento procesal en el que se evaluará la
eventual prelación de turno solicitada por el actor, de conformidad con lo previsto
en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. En consecuencia, a juicio de la Sala
corresponde al despacho ponente, una vez el expediente ingrese al despacho para
dictar sentencia, valorar si se configuran o no las condiciones legales que permitan
alterar el orden de los turnos para fallo.
Por lo anterior, dado que el proceso se encuentra en Secretaría surtiendo el trámite
de notificación del auto admisorio del recurso de apelación y el traslado al ministerio
público y a las partes, no se evidencia una afectación del derecho fundamental al
debido proceso del accionante que amerite la intervención del juez constitucional.
En consecuencia, se negarán las pretensiones de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Oscar Díaz Pallares, quien actúa por conducto de apoderado judicial, por las
razones expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Accionante: Oscar Díaz Pallares
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, Remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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