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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00953-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00953-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00953-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Los señores Mario Antonio Ávila Bohórquez y Mario Steven Ávila
Bernal en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentaron demanda contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la
pensión gracia post mortem causada por la señora Erma Bernal Suárez.

1.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia de 19 de
diciembre de 2024, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y reconoció la pensión gracia post mortem causada por Erma

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Bernal Suárez a favor del señor Mario Antonio Ávila Bohórquez y de su hijo
Mario Steven Ávila Bernal.

1.3. Contra la decisión de primera instancia la UGPP presentó recurso de
apelación.

1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante decisión de 17 de julio de 2025, revocó la sentencia de primera
instancia, al considerar que “[…] si bien con anterioridad esta
Corporación reconoció la prestación en comento a docentes que por
causas ajenas no lograban cumplir con los requisitos exigidos, lo cierto
es que a partir de las sentencias dictadas por la Sala Plena de la Sección
Segunda por importancia jurídica el pasado 24 de mayo y 9 de julio de
2024, que tienen un carácter vinculante, no es posible acceder a ello
respecto a quien no cumple con todos los requisitos […]”, entre estos,
“[…] el de 50 años de edad, lo cual no ocurrió en el sub judice […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo por falta de aplicación del numeral 6 del artículo 4 de la Ley 114 de
1913 “[…] que si bien se exige el requisito de edad de 50 años, también se
contempla la siguiente excepción, “o que se halla en incapacidad por
enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento” […]”.

Al respecto mencionó que “[…] si bien la docente no alcanzó el requisito de
edad de 50 años exigido en la citada normativa, es indiscutible que satisfizo
plenamente el requisito de tiempo de servicio, lo que constituye el elemento
esencial para consolidar el derecho a la pensión de gracia […]”.

Manifestó que la autoridad accionada erró en la interpretación de la sentencia
de unificación de 24 de mayo de 2024, al considerar que “[…] inaplica en su
totalidad el análisis lo dicho por el alto tribunal en la sentencia en cita y a la
vez aplica de forma errónea los alcances de la misma, haciendo extensivas las

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condiciones allí impuestas a un caso que no guarda similitud y en el que se
estudian dos problemas jurídicos diferentes […]”.

Indicó que se desconoció lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ-029-
CE-S2 de 2022 en tanto “[…] esta sentencia se ocupó principalmente sobre
las normas aplicar para los beneficiarios de la sustitución de la pensión gracia,
dicho caso giró en torno al fallecimiento de una educadora que contaba con
48 años, quien dejó acreditado más de 28 años de servicios, circunstancia casi
idéntica a aquella que rodea el caso […]”.

Sostuvo que la autoridad accionada incurrió en violación directa de la
Constitución al aplicar de manera estricta el requisito de edad previsto en la
Ley 114 de 1913 para el reconocimiento de la pensión gracia, lo que “[…]
desconoce los principios superiores de protección al trabajo y a la seguridad
social, en detrimento de los derechos de sus beneficiarios […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Expediente No. 15001 23 33 000 2013
00723 01 (0446–2015) SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN SEGUNDA
DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente Dr.
Luis Eduardo Mesa Nieves al revocar la sentencia del 17 de julio de 2014
emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y negar las pretensiones
de la demanda encaminada al reconocimiento de la pensión de gracia
post mortem, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad frente a
la ley y la jurisprudencia, el debido proceso judicial, el régimen especial
de la pensión gracia post mortem, el acceso de la administración de
justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás que considere la
Honorable Corporación.

SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 17 de julio de
2025, notificada el 20 de agosto de 2025, con radicación No. 15001 23 33
000 2013 00723 01 (0446–2015) carece de efectos legales.

TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos
que considere prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación
accionada profiera nueva sentencia en la cual se realice una valoración
integral de las pruebas y de los precedentes jurisprudenciales
vigentes, especialmente en lo concerniente al requisito de la edad para
el reconocimiento de la pensión gracia post mortem, de manera que

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se garantice la efectividad de los derechos fundamentales vulnerados.

CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal
Corporativo considere necesarias para restablecer los derechos
fundamentales vulnerados con el fallo de segundo grado, objeto de la
controversia constitucional. […]”. [sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 16 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó al Tribunal Administrativo de Boyacá y a la UGPP, en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que los argumentos expuestos por la parte
accionante no evidencian una amenaza o vulneración de derechos
fundamentales derivada de la sentencia cuestionada.

2. La UGPP solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar
que los argumentos expuestos por los accionantes se limitan a manifestar su
inconformidad con lo estudiado y resuelto en la providencia proferida por la
autoridad accionada y, en consecuencia, afirmó que no le asiste legitimación
en la causa por pasiva.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la UGPP solicitó su desvinculación del presente trámite
de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la UGPP fungió como parte procesal
dentro del proceso objeto de estudio identificado con el radicado núm. 15001-
23-33-000-2013-00723-01, le asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se negará la solicitud de
desvinculación.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 15001-23-33-000-2013-00723-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
post mortem causada por la señora Erma Bernal Suárez al exigir de manera
estricta el requisito de edad previsto en la Ley 114 de 1913, argumentos que
implican la reapertura del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

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objeto de esta acción de tutela el cual fue decidido por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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