Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00961-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00961-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00961-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00961-001
Accionantes : María Elsa Amaya Gutiérrez; Hermides, Yaqueline, Flor
Albenis, Manuel Alberto y Luis Albenio Cuchimba Amaya
Accionado : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Vinculados : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional,
Fiscalía General de la Nación y Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por
privación injusta de la libertad
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por María Elsa Amaya Gutiérrez; Hermides, Yaqueline, Flor Albenis,
Manuel Alberto y Luis Albenio Cuchimba Amaya contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, libertad e
igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. Los señores María Elsa Amaya Gutiérrez; Hermides, Yaqueline, Flor Albenis,
Manuel Alberto y Luis Albenio Cuchimba Amaya, quienes actúan en nombre propio,
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00961-00
Accionantes: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
interpusieron el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, libertad e igualdad, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C.
3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la sentencia del 11 de agosto de
2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
revocó la providencia de 15 de marzo de 2018, en la que el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas en la demanda de reparación directa promovida contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación
(expediente 18001-23-31-000-2010-00258-01), para negarlas. En su lugar, pidió
que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión, en la que se
«[v]alore de forma integral y no fragmentada el acervo probatorio relevante, incluido el alcance de
la preclusión penal […]».
1.3 Hechos2.
4. El 20 de septiembre de 2005, la Fiscalía Tercera (3ª) Especializada de la Unidad
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (UNDHDIH) le
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a la señora María Elsa
Amaya Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de rebelión; sin embargo,
mediante Resolución de 31 de mayo de 2006, la Fiscalía Cuarenta y Cinco (45)
Especializada de dicha unidad precluyó la investigación seguida en su contra por
aplicación del principio de in dubio pro reo.
5. Al considerar que la mencionada restricción de la libertad fue injusta, el 30 de
mayo de 2008 instauraron demanda de reparación directa contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación
(expediente 18001-23-31-000-2010-00258-01), con el propósito que se les
declarara administrativamente responsables de los agravios causados por la
aprehensión de la señora Amaya Gutiérrez y se ordenara la respectiva
compensación económica.
6. Del asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta
de Decisión que, el 15 de marzo de 2018 accedió parcialmente a las súplicas, al
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Accionantes: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
considerar que la privación de la libertad de la señora María Elsa Amaya Gutiérrez
devino en injusta, en razón a la posterior preclusión de la investigación, por lo que
declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Fiscalía General de la
Nación y la condenó al pago de perjuicios morales, aunque no en el monto
solicitado.
7. Dicha decisión fue revocada el 11 de agosto de 2025, en grado jurisdiccional de
consulta3, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al estimar
que «[…] el fundamento de la medida de aseguramiento cumplió con las exigencias previstas en
el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues se sustentó en [la] declaración juramentada [de Edwin
Robert Cardona, quien fuera ex comandante de las milicias de las FARC y que a la postre se
desempeñaba como Corregidor de Aguililla, lugar en el que la señora Amaya Gutiérrez se
desempeñaba como docente] que, como prueba directa, para ese momento procesal, permitía
inferir, preliminarmente, que [ella] podía ser autora del delito de rebelión».
8. Sobre la precedente situación, los actores aducen que la providencia objeto de
censura incurre en (i) defecto sustantivo, porque, «[…] resolvió el caso aplicando un
cambio de regla […] en materia de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
• pasando de un entendimiento objetivo o flexible de la antijuridicidad, a un modelo que exige una
carga reforzada de acreditación por parte de la víctima […]»; (ii) defecto fáctico, por
cuanto, «[…] n[o] exp[one] de qué manera el material probatorio disponible alcanzaba
efectivamente el umbral de gravedad y suficiencia exigido por la ley, [dado que,] equipara el
señalamiento testimonial que dio origen a la imputación con la satis facción del estándar de “por
lo menos dos indicios graves”, sin someter dicho material a un análisis […] cualificado, y sin
integrar este aspecto con el hecho determinante de que la propia Fiscalía precluyó posteriormente
la investigación por insuficiencia para sostener la responsabilidad penal »; y (iii) falta de
motivación, comoquiera que, «[…] no explica de forma clara, suficiente y
constitucionalmente controlable por qué, en el caso concreto, la [señora María Elsa Amaya
Gutiérrez] debía soportar como carga legítima la restricción de su libertad personal ».
II. TRÁMITE PROCESAL
9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 11
de febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; y, (ii)
dispuso vincular a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional,
3
Toda vez que, la parte accionante desistió del recurso formulado y el de la Fiscalía General de la Nación fue declarado
desierto por el a quo, debido a la inasistencia de su apoderado judicial a la audiencia de conciliación, mediante auto del 16
de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Caquetá ordenó remitir las diligencias al Consejo de Estado para adelantar
el grado jurisdiccional de consulta, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 184 del C.C.A.11, pues, la condena impuesta a la
Fiscalía General de la Nación, excedió la suma de 300 SMMLV.
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Fiscalía General de la Nación y al Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta
de Decisión, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
10. 2.1.1 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional4 solicitó
negar el amparo deprecado, puesto que, «[…] el Consejo de Estado realiz[ó] un estudio
juicio[so] tanto de las pruebas que fueron allegadas en debida forma al expediente como de las
normas aplicables al presente caso, […] que motivaron la decisión adoptada por ambas instancias»,
por lo que, no se evidencia la vulneración alegada por el extremo activo.
11. 2.1.2 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C5 explicó que «[…]
los argumentos expuestos por los accionantes no satisfacen los requisitos de la relevancia
constitucional […], de modo que lo que se pretende en el presente caso es utilizar la acción de
amparo constitucional como una tercera instancia».
12. 2.1.3 La Fiscalía General de la Nación6 deprecó su desvinculación del presente
trámite constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que, «[…] la actuación y/o omisión cuestionada no está directamente relacionada con e[se] ente
instructor […] [y] supera su competencia».
13. 2.1.4 El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción.
15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
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Índice 00012 de Samai.
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Índice 00013 de Samai.
6
Índice 00015 de Samai.
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fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Legitimación en la causa por pasiva.
16. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha
considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
17. La Fiscalía General de la Nación, en el escrito de intervención solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto «[…] la
actuación y/o omisión cuestionada no está directamente relacionada con e[se] ente instructor […]
[y] supera su competencia».
18. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en
calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.
3.4 Problema jurídico.
19. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 11
de agosto de 2025, mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C revocó la providencia de 15 de marzo de 2018, en la que el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa promovida por los
tutelantes contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y
Fiscalía General de la Nación (expediente 18001-23-31-000-2010-00258-01), para
negarlas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, libertad e igualdad
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invocadas en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
20. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
21. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
22. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
23. Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
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término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
24. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
25. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
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26. Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que,
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos9.
3.6 Caso concreto.
27. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de los
actores, en una indebida valoración normativa y probatoria relacionada con la
privación injusta de la libertad de la señora María Elsa Amaya Gutiérrez, lo cual, de
comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, libertad e igualdad; (ii)
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en
cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 26 de septiembre de
202510 y la solicitud de amparo se presentó el 10 de febrero de 2026, es decir,
dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
28. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y fáctico,
7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
10
Notificada por edicto electrónico el 22 de septiembre de 2025.
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pues, pese a que los accionantes alegaron también falta de motivación, su
inconformidad se contrae a la supuesta indebida valoración normativa y probatoria
que conllevó a la imprecisión de la autoridad accionada relacionada con que la
medida de aseguramiento que se le impuso a la señora Amaya Gutiérrez era legal,
lo cual será objeto de estudio en las mencionadas causales, por lo que, en virtud
del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela debe interpretar de
manera extensiva el escrito inicial11, resulta procedente analizar este trámite a la
luz de aquellas.
3.7 Defecto sustantivo.
29. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
30. La jurisprudencia constitucional12 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 13.
3.8 Defecto fáctico.
31. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
11
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
12
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
13
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »14.
32. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra15.
3.9 Análisis del caso concreto.
33. En el asunto sub examine, la parte demandante aduce que la providencia
cuestionada incurrió en defecto sustantivo, porque, «[…] resolvió el caso aplicando un
cambio de regla […] en materia de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
• pasando de un entendimiento objetivo o flexible de la antijuridicidad, a un modelo que exige una
carga reforzada de acreditación por parte de la víctima […]»
34. Asimismo, en defecto fáctico, comoquiera que, «[…] n[o] exp[uso] de qué manera el
material probatorio disponible alcanzaba efectivamente el umbral de gravedad y suficiencia
exigido por la ley, [dado que,] equipara el señalamiento testimonial que dio origen a la imputación
con la satisfacción del estándar de “por lo menos dos indicios graves”, sin someter dicho material
a un análisis […] cualificado, y sin integrar este aspecto con el hecho determinante de que la
propia Fiscalía precluyó posteriormente la investigación por insuficiencia para sostener la
responsabilidad penal».
35. No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite
constitucional, debe advertirse que el artículo 9016 de la Constitución Política se
constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es
su «cláusula general»17, toda vez que prevé los elementos que deben concurrir para
que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que
la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
16
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
17
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10
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servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una
relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.
36. En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en
acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una
persona que no debe resistirlo.
37. Ahora bien, el artículo 6518 de la Ley 270 de 199619 establece tres (3) hechos
generadores de responsabilidad patrimonial del Estado provenientes de cuestiones
judiciales, a saber: (i) error judicial, (ii) privación injusta de la libertad y (iii)
defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia.
38. Por su parte, en el artículo 68 de la referida ley se consignó que, «[q]uien haya sido
privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios »; no
obstante, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 199620, analizó su
constitucionalidad y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad,
no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía
examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si
existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.
39. Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 201821, a
través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo estableció un régimen de
responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por
lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada,
razonable y proporcionada22.
40. A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 23, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de
casos; sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela 24, por lo
18
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».
19
«Estatutaria de la administración de justicia».
20
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
21
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas, exps: T-
6.304.188 y T-6.390.556.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2023, expediente 25000-23-26-000-2010-
00642-01 (58.473), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 15
de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
24
Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).
11
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que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo25, este
último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de
manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, en la que se
sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la
actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, sin
que resultara viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.
41. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de la
libertad de María Elsa Amaya Gutiérrez, derivada de la medida de aseguramiento
impuesta por parte de la Fiscalía 3ª Especializada de la UNDHDIH, la cual es calificada
como injusta por los demandantes.
Ahora bien, el artículo 355 de la Ley 600 de 2000 señala que “La imposición de la
medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado
al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la
continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir
o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la
actividad probatoria”.
A su turno, el artículo 356 ibídem prevé que “solamente se tendrá como medida de
aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando
aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las
pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.
Igualmente, el artículo 357 ejusdem dispone que la medida de aseguramiento es
procedente, entre otros, cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo
sea o exceda de cuatro (4) años.
[…]
Según lo expuesto, el fundamento de la medida de aseguramiento cumplió con las
exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues se sustentó en una
declaración juramentada que, como prueba directa, para ese momento procesal,
permitía inferir, preliminarmente, que María Elsa Amaya Gutiérrez podía ser autora del
delito de rebelión. En efecto, la medida precautelativa se sustentó en la declaración
juramentada de Edwin Robert Cardona, quien fuera ex comandante de las milicias de
las FARC y que a la postre se desempeñaba como Corregidor de Aguililla, lugar en el
que la señora Amaya Gutiérrez se desempeñaba como docente.
Así las cosas, se advierte que en contra de María Elsa Amaya Gutiérrez existía una
declaración jurada que la sindicaba de ser autora del delito de rebelión. Precisamente,
de acuerdo con lo expuesto en la Resolución del 20 de septiembre de 2005, en el
plenario obraba la declaración jurada de Edwin Robert Cardona, quien afirmó que
María Elsa Amaya Gutiérrez “era miliciana de la misma organización, que la señora
realiza labores de inteligencia en Florencia; que permanece en el instituto de educación
frente al almacén YEP de esa ciudad; que fue profesora en la Aguililla”.
[…]
De conformidad con lo anterior, se observa que la medida cautelar privativa de la
libertad, satisfizo los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, esto
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de
2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.
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es, existir “[…] por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las
pruebas legalmente producidas dentro del proceso”, más aún porque el testimonio de
Edwin Robert Cardona era una prueba directa 26 que permitió superar las exigencias
previstas en el artículo referido […], para poder imponer una medida de aseguramiento
de detención preventiva […] en contra de María Elsa Amaya Gutiérrez […].
[…]
Por otro lado, también se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con los
requisitos previstos en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, puesto que el delito por
el cual se investigaba a María Elsa Amaya Gutiérrez tenía prevista una pena de prisión
que excedía de cuatro (4) años. De hecho, el delito por el que se investigaba a la
procesada era el de rebelión, que según el artículo 467 de la Ley 599 de 2000 tenía
una pena de prisión mínima de seis (6) años.
[…]
En efecto, la medida resultaba: i) necesaria, dado que existía el mérito probatorio
suficiente27 para decretar la medida preventiva conforme al ordenamiento procesal
penal vigente al momento de su imposición, determinación con la cual también se
garantizó la presencia de María Elsa Amaya Gutiérrez en el proceso penal que se
seguía en su contra; ii) proporcional, por cuanto el delito por el cual se investigaba a la
indiciada era el de rebelión, que implicaba una pena privativa de la libertad de seis (6)
años de prisión; y iii) razonable, de cara a la gravedad de la conducta.
42. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que no había
lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso de
reparación directa con radicado 18001-23-31-000-2010-00258-01, toda vez que, se
justificaba la medida de aseguramiento que se le impuso a la señora María Elsa
Amaya Gutiérrez, pues, de los elementos de convicción adosados al mencionado
expediente contencioso-administrativo, se infería que ella pudo cometer el delito
por el que fue investigada, tal como la declaración juramentada de Edwin Robert
Cardona, ex comandante de las milicias de las FARC, quien la señaló de pertenecer
a esa organización y realizar labores de inteligencia en Florencia. Además, porque
el delito de rebelión por el cual se le investigó tenía prevista una pena de prisión
que excedía de cuatro (4) años.
43. Cabe anotar que la norma que regía para la época en que ocurrieron los hechos
que conllevaron a que se le impusiera medida de aseguramiento a la señora Amaya
26
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de enero de 2017, rad. 40120: “Ahora bien, el
estándar de conocimiento requerido para la condena (certeza - racional-) debe considerarse frente al hecho jurídicamente
relevante que se integra al tema de prueba (el origen directo o indirecto de los bienes en alguna de las actividades ilícitas
descritas en la norma), que puede lograrse con “prueba directa” o con “prueba indiciaria”, según se anotó en párrafos
precedentes […] Por eso, a falta de prueba directa o, a lo sumo, inferencial o indirecta, pero razonable, no exclusivamente
contingente, sino necesaria, de que los bienes provienen de la comisión antecedente de alguno de los delitos expresamente
señalados en la ley, no podría entenderse acreditada la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad del acusado
sino que habría que dar paso al reconocimiento de la duda probatoria, dada la garantía sustancial de todo ciudadano a la
presunción de inocencia”.
27
La declaración juramentada de un exintegrante de las FARC que la señalaba directamente de pertenecer a dicho grupo
armado al margen de la ley.
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Gutiérrez, era la Ley 600 de 200028, en la que, en sus artículos 35529, 35630 y 35731
se señalaban como funciones de la Fiscalía General de la Nación, las de investigar
las conductas que revistieran las características de delito y adoptar las medidas de
aseguramiento que correspondieran para garantizar la comparecencia de los
presuntos infractores de la ley penal, siempre y cuando obraran al menos dos
indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente recaudadas
y el delito investigado tuviera contemplada una pena de prisión igual o superior a 4
años, presupuestos que, como se indicó en precedencia, se cumplieron.
44. Con base en lo anterior, la autoridad accionada en la sentencia objeto de
reproche concluyó que, la actuación de la fiscalía al imponer la medida de
aseguramiento no fue arbitraria, sino que, por el contrario, «[…] resultaba: i) necesaria,
dado que existía el mérito probatorio suficiente 32 para decretar[la] […] conforme al ordenamiento
procesal penal vigente al momento de su imposición […]; ii) proporcional, por cuanto el delito por el
cual se investigaba a la indiciada era el de rebelión, que implicaba una pena privativa de la libertad
de seis (6) años de prisión; y iii) razonable, de cara a la gravedad de la conducta ».
45. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de
una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, toda vez que sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario y a la normativa penal vigente para la
época en que se instauró la demanda, por lo que no se incurre en los defectos
sustantivo y fáctico alegados.
46. Por otra parte, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía la actora, no
involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de
sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia,
28
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal».
29
«[…] La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso,
la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que
emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad
probatoria».
30
«[…] Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.
Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente
producidas dentro del proceso.
No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en
cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad».
31
«[…] La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años.
[…]».
32
La declaración juramentada de un exintegrante de las FARC que la señalaba directamente de pertenecer a dicho grupo
armado al margen de la ley.
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utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente,
así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de
manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el
asunto materia de controversia.
47. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional33 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e
independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto.
48. Finalmente, se aclara que, como se expuso en la sentencia objeto de reproche,
el hecho que en las diligencias penales no reposaran elementos materiales
probatorios que dieran certeza de que la accionante cometió la conducta delictiva
que se le endilgó (por lo que no se desvirtuó su presunción de inocencia), no
significa que se debiera acceder a las pretensiones del medio de control de
reparación directa con radicado 18001-23-31-000-2010-00258-01, toda vez que la
naturaleza del proceso penal dista de la del contencioso administrativo, lo que
habilita que en este se puedan analizar pruebas obrantes en aquel de manera
diferente, por cuanto ello no tiene incidencia en el derecho punitivo, tal como lo
indicó el Consejo de Estado34, al precisar:
La premisa de apertura a este análisis viene marcada por el reconocimiento a la
intangibilidad de la presunción de inocencia que fue blindada en el escenario de la
33
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34
Sección tercera, subsección B, sentencia de 14 de diciembre de 2016, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 17001-
23-31-000-2008-00305-01.
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investigación penal, y que, ni puede ser controvertida ni alcanzada por las valoraciones
que aquí se hagan. Esa hermeticidad, a su vez, facilita el ejercicio de interpretación que
le corresponde al juez de lo contencioso y le permite asumir una exploración axiológica
amplia, pues en últimas, nada de lo que aquí se diga tiene por objeto abatir la decisión
penal. De esta forma, las valoraciones de la Sala son por completo autónomas e
independientes y se reservan a los fines y efectos de esta jurisdicción.
[…] No obstante, al quedar la presunción de inocencia excluida del objeto que
corresponde a esta jurisdicción, no puede asumirse inoponible a otros principios, que
dentro del sistema jurídico –visto como un todo- cobran protagonismo.
Como se trata de principios que –ab initio- están hechos de la misma molécula jurídica
y, por ende, del mismo peso, cada jurisdicción, conforme a las reglas que la gobiernen,
debe valorar aquellos cuya relevancia sea inobjetable a los fines y propósitos que a
cada una corresponde.
[…]
Más aún, el estándar de valoración de dichos principios, impone a la Sala el deber de
realizar dentro del marco normativo correspondiente, una estimación propia del material
probatorio, conforme a los fines y presupuestos autónomos.
49. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
IV. DECISIÓN
50. La Sala considera que en el presente asunto la actora no acreditó que la
providencia de 11 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, hubiere incurrido en defectos sustantivo y fáctico. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo.
51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación, conforme a la motivación.
SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, libertad e igualdad invocados por los señores
María Elsa Amaya Gutiérrez; Hermides, Yaqueline, Flor Albenis, Manuel Alberto y
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Luis Albenio Cuchimba Amaya, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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