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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00961-01

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00961-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 24 de marzo de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General7. TERCERO: Por Secretaría, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00961-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

31 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 31 de agosto de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00961-01
Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico |Defecto
sustantivo | Falta de motivación – niega.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia proferida en grado jurisdiccional de
consulta por medio de la cual se revocó la decisión de acceder a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, negarlas, en un caso de reparación directa por privación injusta
de la libertad.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 24 de
marzo de 2026, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por la parte actora2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 10 de febrero de 2026, María Elsa Amaya Gutiérrez, Hermides,
Yaqueline, Flor Albenis, Manuel Alberto y Luis Albenio Cuchimba Amaya, por
intermedio de apoderado judicial, presentaron una acción de tutela contra
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, libertad e igualdad, con ocasión de
la Sentencia de 11 de agosto de 2025, proferida dentro del proceso de
reparación directa No. 18001-23-33-000-2010-00258-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,

libertad e igualdad invocados por los señores , María Elsa Amaya Gutiérrez, Hermides, Yaqueline, Flor Albenis,
Manuel Alberto y Luis Albenio Cuchimba Amaya, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00961-01
Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERO: AMPARAR nuestros derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, libertad personal, presunción de
inocencia e igualdad, los cuales fueron vulnerados con ocasión de la
providencia proferida en grado jurisdiccional de consulta dentro del proceso
del medio de control de reparación directa identificado con el radicado No.
1800123310002010002580, promovido por los suscritos accionantes.

SEGUNDO: Como consecuencia del amparo concedido, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el trámite
del grado jurisdiccional de consulta del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado No. 18001233100020100025801 (68330),
exclusivamente por los vicios constitucionales advertidos en esta acción de
tutela.

TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado (Sala accionada) que, profiera nueva
decisión, en la cual resuelva nuevamente el grado jurisdiccional de consulta,
corrigiendo los defectos constitucionales señalados en esta acción de tutela, y
en particular:
• Analice de manera expresa el impacto constitucional del cambio
jurisprudencial aplicado al caso
• Valore de forma integral y no fragmentada el acervo probatorio relevante,
incluido el alcance de la preclusión penal proferida a favor de la accionante
• Motive su decisión de manera clara, suficiente y reforzada, acorde con la
afectación al derecho fundamental a la libertad personal.
CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la efectividad del
amparo y garantía de mis derechos fundamentales invocados.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 15 de septiembre de 2005, María Elsa Amaya Gutiérrez fue
capturada por el Ejército Nacional, con ocasión de una investigación por el
delito de rebelión. El 20 de septiembre siguiente, la fiscalía le impuso medida
de aseguramiento de detención preventiva y el 28 de octubre del mismo
año dicha medida fue sustituida por detención domiciliaria. Esta última se
hizo efectiva el 10 de noviembre de 2005.

5. 2) La investigación continuó hasta que, el 31 de mayo de 2006, la
fiscalía resolvió precluir la investigación a favor de la señora Amaya
Gutiérrez, en aplicación del principio in dubio pro reo.

6. 3) Por estos hechos, en 2008, María Elsa Amaya Gutiérrez y su grupo
familiar presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación
directa, contra la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener indemnización por la
presunta privación injusta de su libertad. El proceso fue conocido en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Caquetá, bajo el radicado No.
18001-23-31-000-2010-00258-00.

7. 4) Mediante Sentencia de 15 de marzo de 2018, el tribunal accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que la

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00961-01
Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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privación de la libertad de la señora Amaya Gutiérrez había sido injusta y
condenó a la fiscalía al pago de perjuicios morales.

8. 5) Debido a que los accionantes desistieron del recurso de apelación
y el de la Fiscalía fue declarado desierto, el proceso fue remitido a esta
corporación para adelantar el grado jurisdiccional de consulta.

9. 6) Mediante Sentencia de 11 de agosto de 2025, la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera
instancia, al considerar que la medida de aseguramiento había sido
razonable, proporcional y necesaria frente a los fines que perseguía.

10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora señaló que la
autoridad judicial accionada incurrió en:

11. a) Defecto sustantivo porque aplicó una regla jurisprudencial
diferente a la estaba vigente cuando inició el proceso, que exigía a los
demandantes demostrar que la privación de la libertad fue injusta bajo
criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, pese a que la
demanda se presentó cuando solo era suficiente la absolución o preclusión
para entender configurada la antijuridicidad del daño. A juicio de los
accionantes, la aplicación de ese cambio jurisprudencial contenido en la
SU-072 de 2018, afectó su expectativa legítima y vulneró sus derechos al
debido proceso e igualdad.

12. b) Defecto fáctico, por haber otorgado valor determinante a criterios
formales como la legalidad de la medida de aseguramiento o el
cumplimiento de los términos legales de detención y haberle restado valor
probatorio a la preclusión de la investigación y a la debilidad del material
probatorio que sustentó inicialmente la medida.

13. c) Falta de motivación porque la sentencia cuestionada no explicó
de manera suficiente por qué la accionante debía soportar la privación de
su libertad, pese a que el proceso terminó a su favor. Lo anterior, en la
medida en que no tuvo en cuenta el impacto del cambio jurisprudencial
aplicado ni la valoración integral del material probatorio que llevó a la
preclusión de la investigación.

1.2. Sentencia de primera instancia3 e impugnación

3
Mediante Auto de 11 de febrero de 2026, el despacho sustanciador de primera instancia resolvió (1) admitir la
acción de tutela presentada por María Elsa Amaya Gutiérrez, Hermides, Yaqueline, Flor Albenis, Manuel Alberto y
Luis Albenio Cuchimba Amaya contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado; (2) vincular
a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al Tribunal
Administrativo de Caquetá como terceros con interés en el asunto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00961-01
Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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14. En Sentencia de 24 de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, tras establecer
que no se configuraron los defectos alegados. En primer lugar, limitó el
análisis a los defectos sustantivo y fáctico, al considerar que los argumentos
que sustentaban la falta de motivación se dirigían a cuestionar la valoración
normativa y probatoria. Luego, estudió la decisión enjuiciada y concluyó
que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado aplicó la
jurisprudencia vigente sobre privación injusta de la libertad, lo cual no
resultaba arbitrario ni caprichoso porque no desconocía el ordenamiento
jurídico.

15. Asimismo, sostuvo que no se configuró defecto fáctico alguno porque
se valoró integralmente el material probatorio y los reparos de la parte
actora manifestaban su inconformidad o desacuerdo con la valoración
realizada por el juez natural, circunstancia que no habilitaba la intervención
del juez de tutela.

16. La parte actora presentó escrito de impugnación contra la
mencionada providencia y reiteró los argumentos expuestos en su escrito de
tutela. A su juicio, el juez de tutela de primera instancia no resolvió el
problema jurídico planteado porque no se trataba de una simple
inconformidad con la interpretación jurídica o la valoración de las pruebas
sino de cuestionar la aplicación de un cambio jurisprudencial restrictivo que
vulneraba la confianza legítima, la seguridad jurídica y el debido proceso
de quienes presentaron una demanda bajo una línea jurisprudencial
distinta. En relación con el análisis efectuado sobre el defecto fáctico,
señaló que lo cuestionado en la tutela era la razonabilidad de la valoración.

17. Por último, reprochó que se hubiera desatendido los argumentos
expuestos relativos a la falta de motivación porque la decisión cuestionada
debió dar razones claras, completas y consistentes sobre por qué la
accionante debía soportar la privación de su libertad.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos y/o afectación a derechos
fundamentales 2.4. Conclusión

2.1. Fijación de la controversia

18. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un
defecto fáctico, sustantivo y/o falta de motivación al proferir la Sentencia
de 11 de agosto de 2025 que, en grado jurisdiccional de consulta, revocó la

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00961-01
Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa, por considerar que la medida de aseguramiento de
detención preventiva impuesta en contra de la accionante fue legal. En
consecuencia, se confirmará, modificará o revocará la decisión de primera
instancia.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

19. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente porque (1) no
existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados; (2) existió un plazo razonable entre la
notificación de la providencia enjuiciada (18/9/2026)4 y la presentación de
la acción de amparo (10/2/2026); (3) María Elsa Amaya Gutiérrez, Hermides,
Yaqueline, Flor Albenis, Manuel Alberto y Luis Albenio Cuchimba Amaya son
los titulares de los derechos invocados como violados, comoquiera que
fueron demandantes en el proceso de reparación directa, por lo cual tienen
legitimación activa en la causa. De igual manera, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado tiene legitimación pasiva en la
causa, porque de este se predica la vulneración, como autoridad que
profirió la providencia judicial que aquí se cuestiona; (4) no se enjuició una
sentencia de tutela, pues la controversia se relaciona con una sentencia
que revocó la decisión de primera instancia que declaró la responsabilidad
de la entidad demandada para, en su lugar, negar las pretensiones de una
demanda de reparación directa; (5) se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos; y (6) la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación del debido proceso de la parte actora, con ocasión de
una sentencia que revocó la decisión de primera instancia que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las
negó. Aunado a ello, no se advierte que se trate de una reiteración de los
argumentos del proceso ordinario.

2.3. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales

20. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó el
amparo solicitado, al no encontrar configurado los defectos alegados.

21. 1) En relación con el defecto sustantivo, según la parte actora, la
autoridad judicial accionada incurrió en ese defecto al haber resuelto el
asunto con fundamento en un cambio jurisprudencial que, en su criterio,
desconoció la confianza legítima que tenía respecto de la línea

4 Notificada mediante edicto electrónico.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00961-01
Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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jurisprudencial aplicable al momento de presentar la demanda de
reparación directa en 2008.

22. Al respecto, se advierte que, si bien la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que la modificación de un precedente podría tener incidencia
en las garantías procesales de las partes cuando se demuestra que su
actuación estuvo determinada por la línea jurisprudencial vigente al
momento de presentar la demanda5, esa circunstancia no se acreditó en el
presente asunto. En efecto, la parte actora se limitó a afirmar que el cambio
jurisprudencial alteró la carga probatoria y la estrategia de defensa
diseñada al momento de presentar la demanda; sin embargo, no demostró
que sus pretensiones y demás actuaciones procesales se fundamentaran
sobre una regla jurisprudencial específica. Por el contrario, de la revisión de
la demanda de reparación directa no se advierte que esta se hubiera
sustentado sobre línea jurisprudencial alguna, pues solo citó las normas que
consideraba aplicables al caso.

23. En virtud de lo anterior, el hecho de que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado hubiera resuelto el asunto con fundamento
en la Sentencia SU-072 de 2018 y en la jurisprudencia vigente en materia de
privación injusta de la libertad, no configura una vulneración a derecho
fundamental alguno, pues las reglas allí fijadas eran de aplicación general
e inmediata.

24. Además, debe resaltarse que la demanda de reparación directa fue
presentada en 2008, esto es, con anterioridad a la Sentencia de Unificación
de 17 de octubre de 20136, por medio de la cual la Sección Tercera
consolidó la tesis de responsabilidad objetiva para determinados eventos de
privación de la libertad, entre ellos, la absolución por aplicación del principio
in dubio pro reo. En consecuencia, no resulta razonable afirmar que la
actuación procesal de los demandantes se fundamentaba sobre la
confianza en una regla jurisprudencial unificada que posteriormente hubiera
sido modificada.

25. 2) Sobre la configuración de un defecto fáctico, se observa que la
parte actora lo sustentó en que la autoridad judicial accionada le dio valor
determinante a criterios formales como la legalidad de la medida de
aseguramiento o el cumplimiento de los términos legales de detención y le
restó valor probatorio a la preclusión de la investigación y a la debilidad del
material probatorio que sustentó inicialmente la medida.

26. Una vez revisada la decisión cuestionada, se advierte que la
autoridad accionada, luego de hacer unas consideraciones generales

5 Corte Constitucional, Sentencia SU-406 de 2016.
6 Radicado No.1996-07459-01 (23.354).

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00961-01
Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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sobre la responsabilidad del Estado y del régimen aplicable en privaciones
injustas de la libertad, analizó la legalidad de la captura y de la medida de
aseguramiento y sobre esta última concluyó que fue razonable,
proporcional y necesaria con fundamento en lo siguiente (se trascribe):

“Bajo el anterior contexto, se observa que la medida de aseguramiento impuesta el
20 de septiembre de 2005 por la Fiscalía 3ª Especializada de la UNDHDIH cumplió
con el requisito previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues decretó la
detención preventiva de la libertad de María Elsa Amaya Gutiérrez con fundamento
en una prueba directa que daba cuenta, de forma preliminar, que podía ser autora
del delito de rebelión.
(…)
De conformidad con lo anterior, se observa que la medida cautelar privativa de la
libertad, satisfizo los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, esto
es, existir “[…] por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las
pruebas legalmente producidas dentro del proceso”, más aún porque el testimonio
de Edwin Robert Cardona era una prueba directa que permitió superar las
exigencias previstas en el artículo referido, para poder imponer una medida de
aseguramiento de detención preventiva en contra de María Elsa Amaya Gutiérrez.
(…)
En este punto, se destaca que la Fiscalía estimó que la procesada no desvirtuó los
señalamientos realizados por Edwin Robert Cardona, contrario sensu, sus dichos en
la diligencia de indagatoria evidenciaron una serie de contradicciones, en tanto,
María Elsa Amaya Gutiérrez omitió hacer referencia a Rosmira Cuchimba Amaya,
quien fuera hija suya, señalada también de pertenecer a las FARC. Además, cuando
se le interrogó a la sindicada por aquella, reconoció que era su hija y afirmó no saber
nada de ella hace quince años, no obstante, dicha afirmación contrasta con la
información que compartió el testigo Robert Cardona.
(…)
Precisamente, en la resolución referida, la Fiscalía señaló que: “No es un indicio,
estamos ante el testimonio de una persona que formó parte de la organización
subversiva por varios años, es un testigo de excepción, toda vez que fue integrante
activo de la agrupación subversiva de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia
FARC, lo cual lo hace apto e idóneo para reconocer a otros integrantes de ésta, ya
como combatientes o como milicianos”.

Así las cosas, se evidencia que la Fiscalía General de la Nación no ocasionó un daño
antijurídico a la procesada, pues no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico y garantizó sus derechos, de conformidad con lo estipulado en el artículo
356 de la Ley 600 de 2000. Finamente, se advierte que la medida de aseguramiento
impuesta en su contra estuvo debidamente fundamentada en una prueba que
daba cuenta, de forma preliminar, que la señora Amaya Gutiérrez podía ser autora
del delito por el cual era investigada.

Por otro lado, también se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con
los requisitos previstos en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, puesto que el delito
por el cual se investigaba a María Elsa Amaya Gutiérrez tenía prevista una pena de
prisión que excedía de cuatro (4) años. De hecho, el delito por el que se investigaba
a la procesada era el de rebelión, que según el artículo 467 de la Ley 599 de 2000
tenía una pena de prisión mínima de seis (6) años.

Igualmente, la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable, tal y
como se desprende de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido
a la gravedad del delito por el cual estaba siendo investigada la aquí demandante,
que no solo permitía sino aconsejaba la medida restrictiva de la libertad. En otras
palabras, se evidencia que el daño alegado encuentra amparo legal por haberse
derivado de una actuación de la Administración ajustada a derecho y porque la
medida de aseguramiento se dictó con fundamento en el material probatorio
mínimo que exigía la ley para la adopción de tal medida, frente a la cual la parte
demandante no puede pretender indemnización de perjuicios.”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00961-01
Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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27. A partir de lo anterior, la Sala considera que la valoración probatoria
que llevó a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
concluir que la medida de aseguramiento fue razonable, proporcionada y
necesaria, no fue sesgada, caprichosa o arbitraria. Por el contrario, la
autoridad judicial expuso, de manera expresa, los elementos de convicción
que estimó relevantes para llegar a esa conclusión, en particular la
declaración del señor Edwin Cardona, las circunstancias analizadas por la
Fiscalía al momento de resolver la situación jurídica de la procesada y las
razones por las cuales consideró satisfechos los requisitos previstos en los
artículos 356 y 357 de la Ley 600 de 2000. En consecuencia, no se advierte
que la autoridad hubiera incurrido en una omisión o indebida valoración
probatoria que configurara el defecto fáctico alegado.

28. 3) Finalmente, tampoco se configura el defecto por falta de
motivación. La parte actora sostuvo que la providencia cuestionada no
explicó por qué la señora Amaya Gutiérrez estaba en el deber jurídico de
soportar la privación de su libertad pese a que la investigación penal terminó
con preclusión. Sin embargo, de la lectura integral de la decisión, se observa
que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sí ofreció
respuesta expresa a ese cuestionamiento, pues concluyó que la captura y
la medida de aseguramiento se ajustaron a los requisitos previstos en la Ley
600 de 2000 y que la restricción de la libertad estuvo sustentada en
elementos probatorios suficientes para la etapa procesal correspondiente.
En consecuencia, consideró que el daño antijurídico alegado no era
indemnizable, pues fue producido por una actuación estatal ajustada a
derecho. Aunque la parte actora no compartió esa conclusión, lo cierto es
que la providencia sí expuso las razones por las cuales estimó que la señora
Amaya Gutiérrez debía soportar la restricción de su libertad, por lo cual no
se encuentra configurada una falta de motivación.

2.4. Conclusión

29. Dado que la parte actora no acreditó la configuración de los defectos
alegados de los cuales se pudiera derivar una vulneración a sus derechos
fundamentales, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
negó el amparo solicitado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00961-01
Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 24 de marzo de 2026, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el
amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General7.

TERCERO: Por Secretaría, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

7 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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