RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00964-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00964-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00964-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, a través de la cual declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00964-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01
Accionante: Clara Isabel Díaz Mena
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia. Nulidad y restablecimiento del derecho. Requisito de
Inmediatez. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 26 de marzo de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción por incumplimiento del
requisito de inmediatez.

ANTECEDENTES

La señora Clara Isabel Díaz Mena, por medio de apoderado judicial, promovió
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera
vulnerados con la sentencia del 30 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, al que se le asignó el radicado 27001-33-33-001-2014-00698-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La señora Clara Isabel Díaz Mena narró que fue nombrada provisionalmente como
docente del municipio de Quibdó.

Que en el año 2014 la Secretaría de Educación de Quibdó inició un proceso de

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
revisión de hojas de vida para verificar el cumplimiento de los requisitos- de
Archivo Central.
quienes
se encontraban vinculados.

Que fue despedida por la administración municipal, pese a que esta tenía pleno
conocimiento de su condición como madre cabeza de familia porque en varias
oportunidades se le solicitó que explicara su situación.

Que el 6 de junio de 2014, el Juzgado Primero Penal Municipal de Quibdó accedió
a las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la accionante y ordenó su
reintegro, y el 1 de julio de 2014, la alcaldesa del municipio de Quibdó, mediante el
Decreto núm. 0254, efectuó su reintegro en cumplimiento de la orden judicial, para
que prestara sus servicios en la Institución Educativa Carrasquilla Industrial de
Quibdó.

Que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, en sentencia del 11 de julio
de 2014, resolvió la impugnación de la acción de tutela y decidió revocar la decisión
de primera instancia, por lo cual el 22 de julio de 2014, la alcaldesa del Municipio de
Quibdó, mediante el Decreto núm. 0283, dejó sin efectos «un acto administrativo
condición en cumplimiento de una orden judicial».

Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los
decretos 0178 del 21 de abril de 2014 y 0283 del 22 de junio de 2014, la cual
correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó,
autoridad que, el 5 de junio de 2017, dictó sentencia de primera instancia, en la que
accedió a las pretensiones y ordenó al Municipio de Quibdó su reintegro.

Que el 30 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó, revocó el
fallo de primera instancia, pero su apoderada judicial nunca le informó sobre esa
providencia, la cual tampoco le fue notificada por dicho Tribunal.

Que en septiembre de 2025, la accionante se enteró de la sentencia de segunda
instancia, por lo cual instauró la presente acción de tutela y queja disciplinaria contra
su apoderada ante la Comisión de Disciplina Judicial, por omitir su deber
profesional.

Considera que en la decisión judicial de segunda instancia se incurrió en los
siguientes defectos: i) sustantivo, porque desatendió y realizó una interpretación
equivocada del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en la medida que
es improcedente declarar la insubsistencia de un empleado provisional estando en
vigencia la Ley de Garantías, y modificar la nómina en campañas electorales; ii)
fáctico, por valoración arbitraria y omisión de los registros civiles de las hijas
menores y la declaración de dos personas que señalaron que era ella quien
sustentaba el hogar, pues su compañero permanente estaba desempleado; iii)
procedimental por exceso ritual manifiesto, pues impuso requisitos adicionales a los
señalados en la ley, por «la sujeción arbitraria y caprichosa del juez del
procedimiento»; y iv) violación directa a la Constitución.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia,
se deje sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
y «con plena vigencia, la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Quibdó, declarando la nulidad y restablecimiento del
derecho».

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 16 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela; se vinculó al Municipio de
Quibdó y al Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó, como terceros con interés en
el resultado del proceso; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Chocó manifestó que las actuaciones surtidas en
el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho fueron adelantadas conforme a
las normas procesales vigentes, y a los principios de legalidad, imparcialidad y
contradicción.

Afirmó que la sentencia de segunda instancia sí fue debidamente notificada, pues
se llevó a cabo conforme a lo ordenado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Señaló que la accionante pretendía que se revocara una sentencia debidamente
notificada, ejecutoriada y fundada en criterios jurídicos razonables; y que de
aceptarse la tutela se estará desnaturalizando el propósito de la acción,
desconociendo la cosa juzgada y vulnerando los principios de seguridad jurídica y
autonomía judicial.

Solicitó negar la protección pedida.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó adujo que su
actuación se desarrolló con la debida diligencia y en estricto acatamiento de las
formas propias del proceso, y con respeto por las garantías constitucionales y los
derechos fundamentales de las partes.

Solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, puesto que no se evidencia
vulneración de los derechos fundamentales invocados, y que las providencias
cuestionadas están debidamente motivadas y conformes al ordenamiento jurídico
vigente.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
El Municipio de Quibdó indicó que tanto en primera como en segunda instancia se
le notificaron las decisiones adoptadas a la apoderada de la parte demandante
mediante correo electrónico pero la actora únicamente cuestionó la notificación de
la sentencia de segunda instancia porque fue la desfavorable a sus pretensiones.
Por lo tanto, consideró que no es de recibo que se alegue una indebida notificación,
en aras de justificar la tardanza y revivir términos judiciales.

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito
de inmediatez.

SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de marzo de
2026, declaró improcedente la acción, por considerar que no se superaba el
requisito de inmediatez.

Sostuvo que la sentencia cuestionada del 30 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Chocó, fue notificada mediante correo electrónico el
15 de diciembre de 2023; y que, respecto de la parte demandante, se observó que
el envío se realizó al correo electrónico laciomalloreda@hotmail.com, el cual
coincide con el informado en la demanda «para efecto de notificación de la
apoderada de la parte actora, como su representada».

Así las cosas, consideró que la decisión se entendió notificada el 19 de diciembre
de 2023 conforme a lo establecido en el artículo 205 del CPACA, y que
transcurrieron 2 años, 1 mes y 20 días para interponer la acción de tutela, lapso que
supera el plazo razonable de seis meses.

Explicó que el requisito de inmediatez puede flexibilizarse ante ciertas
circunstancias que el accionante debe justificar, en el caso presente, la actora afirmó
que su apoderada nunca le informó sobre la sentencia de segunda instancia, y que
por tal motivo presentó una queja disciplinaria ante la Comisión de Disciplina
Judicial, añadió que no fue hasta septiembre del 2025 que tuvo conocimiento de la
sentencia.

Que, según el expediente del proceso ordinario, la accionante estuvo debidamente
representada por medio de su abogada, en virtud del poder otorgado, siendo deber
de la apoderada informarle sobre las actuaciones del proceso, por lo tanto,
consideró que la omisión no podía aceptarse para flexibilizar el término de
inmediatez.

Además, determinó que, si bien el hecho de ser madre cabeza de familia era un
argumento de especial consideración, lo cierto es que esa situación no estaba
acreditada.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
IMPUGNACIÓN - Archivo Central.

La accionante impugnó la sentencia, al considerar que sí se cumplía el requisito de
inmediatez, y que hubo una indebida valoración probatoria.

Reiteró los argumentos expresados en el escrito inicial, consistentes en que la
apoderada judicial no le informó de la sentencia de segunda instancia, y que no fue
sino hasta pasados casi dos años que conoció de la decisión, momento en el cual
decidió interponer una queja disciplinaria contra la abogada.

Manifestó que después de notificársele el proceso disciplinario a la abogada, esta
le rindió un informe «como una manera de exculparse» el 26 de marzo de 2026, el
cual «carece de verdad, pues manifiesta que, en noviembre del 2025, presento
recurso extraordinario de revisión, siendo esto falso» (sic).

Expuso que, según las sentencias T-217 de 2013 y T-573 de 2017 de la Corte
Constitucional, cuando el vencimiento del plazo de inmediatez obedece a
circunstancias ajenas a la voluntad del accionante, el juez constitucional debe
flexibilizar el requisito, y que en el caso presente existen tres elementos que
justifican la flexibilización: I) que se ocultó información por parte de la apoderada; II)
que la presentación de la queja disciplinaria demuestra la diligencia una vez se tuvo
conocimiento real del fallo; y III) la condición de madre cabeza de familia que
ostenta.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, por ende,
amparar sus derechos fundamentales vulnerados.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales - Archivo Central.

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-128/21,
se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.

(:..) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde definir si se encuentra cumplido el requisito de
inmediatez, que no se halló satisfecho en la sentencia recurrida, pues solo de ser
así, habría lugar a analizar las inconformidades expuestas por la accionante.

Al respecto, se advierte que dicha exigencia general ha sido establecida
jurisprudencialmente por la Corte Constitucional con el objetivo de que no se

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la
certidumbre de las decisiones de las autoridades judiciales.

Lo anterior teniendo en cuenta que, primero, una eventual determinación en sede
de tutela podría dejar sin efectos una decisión judicial y, segundo, está de por medio
la protección de un derecho fundamental, situaciones que exigen una actividad
pronta por parte de quien considera que se le ha transgredido o amenazado un
derecho con ocasión de la emisión de cierta providencia.

En este orden de ideas, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un
término de caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado.
Así, esta corporación ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida para controvertir decisiones judiciales, seis meses contados
desde la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia 7.

No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada asunto, a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así las
cosas, el juez constitucional debe examinar si 1) existe un motivo válido para la
inactividad; 2) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; 3) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío
y la vulneración alegada; 4) el fundamento de la acción surge después de ocurrida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado
de la instauración; 5) la vulneración es permanente en el tiempo y 6) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante 8.

Esclarecidas las generalidades de esta exigencia, la Subsección advierte que la
providencia del 30 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó fue notificada mediante mensaje de datos enviado el 15 de diciembre de
2023 y adquirió ejecutoria el 22 del mismo mes y año, por lo cual la accionante tenía
hasta el 22 de junio de 2024 para instaurar la acción de tutela; sin embargo, radicó
este mecanismo el 10 de febrero de 2026, esto es, transcurridos más de 6 meses
desde que quedó ejecutoriada la decisión controvertida en esta sede, lo que
evidencia el incumplimiento del requisito de inmediatez.

Para justificar la mora en la instauración de la tutela, la accionante afirmó que la
sentencia de segunda instancia le fue notificada a su apoderada, pero que esta
nunca le informó de la decisión, y que el Tribunal Administrativo del Chocó tampoco
le notificó directamente la providencia, de allí que hubiera interpuesto queja ante la
Comisión de Disciplina Judicial.

Pues bien, de las pruebas obrantes en el expediente, se observa i) correo

7 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de

Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
electrónico del 16 de enero de 2026 en el que se adjunta archivo - Archivo Central.
«Queja
Disciplinaria.pdf»; y ii) correo electrónico del 23 de enero de 2026, en el que se
comunica auto mediante el cual se da apertura del proceso disciplinario en contra
de la doctora Ladys Xiomara Lloreda Lloreda, y se fija como fecha para audiencia
de pruebas el día 5 de marzo de 2026.

Igualmente, en el memorial de impugnación, la accionante allegó documento en el
que supuestamente la abogada Lloreda dio cuenta de las actuaciones procesales
que se realizaron en primera y segunda instancia del proceso ordinario, y en el que
manifestó que «(…) la magistrada, según su criterio, dicta sentencia de segunda
instancia, en la que revoca la sentencia de primera instancia, la cual le informe a
través de su esposo (…)»; sin embargo, no se encuentra suscrito por la profesional
del derecho ni consta su remisión a la actora por un medio que permita tener certeza
de quien emitió dicho documento.

Además, se evidencia que el 28 de noviembre de 2025 la abogada interpuso recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia de segunda instancia, el cual
fue remitido al Consejo de Estado el 20 de marzo de 2026 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Quibdó, para su estudio.

De lo anterior se concluye, primero, que, si bien los correos muestran que se
instauró una queja disciplinaria, no se acreditó que esté relacionada con los hechos
alegados por la accionante, puesto que no se anexó copia de esta; segundo, que
según las actuaciones en SAMAI, la abogada Lloreda sigue actuando como
apoderada de la accionante; y tercero, que no existe certidumbre sobre el emisor
del documento allegado en segunda instancia y que daría cuenta de que la decisión
no le fue notificada directamente.

Ahora bien, si en gracia de discusión, se consideraran probadas las circunstancias
referidas, lo cierto es que la accionante afirmó que tuvo conocimiento del fallo en
septiembre de 2025, pero solo hasta el 10 de febrero de 2026 radicó la presente
acción de tutela, es decir, cinco meses después, sin exponer alguna razón para
explicar por qué no acudió de forma célere, teniendo presente que lo aquí discutido
es una providencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada en el año 2023 y que la
presunta afectación de derechos fundamentales exige la actuación diligente e
inmediata de quien los considera vulnerados, lo que no ocurrió en el asunto.

Sumado a lo expuesto, no se observa que la actora diera cuenta de su condición de
madre cabeza de familia ni tampoco se encuentra que dicha situación por sí sola
diera lugar a flexibilizar el requisito incumplido, teniendo en cuenta los argumentos
previamente planteados.

En todo caso, además de las consideraciones previas, se advierte que se encuentra
en trámite el recurso extraordinario de revisión, lo que también daría cuenta del
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00964-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia del 26 de marzo de 2026 Central.
proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, a través de la cual declaró improcedente la
acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.