Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00966-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00966-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00966-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00966-00
Demandante: FELIPE ALBERTO LEDESMA VILLEGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Felipe Alberto Ledesma Villegas, actuando a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «de mérito y acceso a las
funciones públicas».
Dichas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
providencia del 16 de diciembre de 2025 dictada por la autoridad judicial accionada
que confirmó la sentencia del 30 de julio de 2025, proferida por el Juzgado Único
Administrativo del Circuito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con el radicado 88001-33-33-001-2023-00100-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Índice 001 de Samai. La tutela se radicó el 6 de febrero de 2026.
Demandante: Felipe Alberto Ledesma Villegas
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00966-00
[…]
2. DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia No. 102 de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés.
3. ORDENAR al Tribunal que dicte sentencia de reemplazo reconociendo la nulidad
de los actos que derogaron el nombramiento y ordene el restablecimiento del derecho
(posesión y pago de salarios dejados de percibir).2
1.3. Hechos
El señor Felipe Alberto Ledesma Villegas se postuló en la convocatoria adelantada
por la Comisión Nacional de Servicio Civil- CNSC, para proveer el cargo de
Técnico Operativo, Código 314, Grado 18, de la planta global de la Gobernación
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Proceso de selección, en el cual superó todas las etapas y ocupó el primer puesto
de la lista de elegibles expedida por la CNSC mediante Resolución No. 6581 del
10 de noviembre de 2021, razón por la que fue nombrado por Decreto No. 0431
del 27 de julio de 2022 en periodo de prueba por el gobernador del departamento
quien previamente había solicitado la exclusión del señor Ledesma Villegas de la
lista de legibles, bajo el argumento de que no contaba con los requisitos legales.
Tal solicitud se resolvió de forma negativa por la CNSC a través de la Resolución
5102 del 15 de junio de 2022 bajo el argumento de que la tarjeta de circulación y
residencia exigida era un requisito para tomar posesión y no para concursar.
No obstante, la entidad territorial exigió al actor que presentara la aludida tarjeta
de residencia expedida por la Oficina de Control de Circulación y Residencia
(OCCRE) para poder formalizar su posesión, pero esta le fue negada mediante
acto administrativo 1050 notificado el 29 de noviembre de 2022, una vez realizadas
las gestiones necesarias por el ciudadano. En consecuencia, la gobernación,
mediante el Decreto No. 0875 del 16 de diciembre de 2022, "derogó" el
nombramiento del actor.
Situaciones por las que el señor Felipe Alberto el día 6 de junio de 2023 formuló el
medio de control de nulidad y restablecimiento en el que pretendió que se
declarara la nulidad del Decreto 0875 del 16 de diciembre de 2022, así como del
acto administrativo 1050 del 29 de noviembre de 2022 que resolvió de forma
desfavorable la solicitud de residencia y, en dicho sentido, se ordenara a la
demandada dar aplicación al Decreto 0431 del 27 de julio de 2022 con el que se
realizó el nombramiento del demandante y, en consecuencia, realizara los trámites
necesarios para la concesión de la residencia junto con la respectiva orden de
pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir entre otros conceptos a
2 Transcripción literal del texto original, que puede contener errores.
2
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Demandante: Felipe Alberto Ledesma Villegas
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
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título de indemnización.
Proceso que correspondió en primera instancia bajo el radicado 88001-33-33-001-
2023-00100-00 al Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual profirió sentencia el 30 de julio de
2025 en la que declaró la caducidad de la acción respecto al acto administrativo
contenido en el Oficio 1050, notificado el 29 de noviembre de 2022, emanado del
director de la Oficina de Control de Circulación y Residencia-OCCRE y negó las
demás pretensiones de la demanda.
Para ello, el operador judicial centró el estudio de legalidad en los actos
administrativos demandados y descartó como objeto de discusión la participación
del actor en el proceso de selección convocado por la CNSC y el cumplimiento del
requisito para tomar posesión concerniente al examen del Creole del cual obtuvo
certificación favorable de la Secretaría de Educación Departamental -
Etnoeducación.
Estimó que, si bien los actos demandados, esto es, el que negó la solicitud de
residencia temporal y el que derogó el nombramiento en periodo de prueba fueron
expedidos por la misma entidad corresponden a decisiones independientes entre
sí y, en tal sentido, concluyó que el demandante no cumplió con el requisito
especial de residencia e idioma dispuestos en el Decreto 2762 de 1991
desarrollado en sentencia C-530 de 1993 y en la Ley 47 de 1193.
Inconforme con la decisión, el señor Felipe Alberto formuló recurso de apelación
que fue resulto por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina en sentencia del 16 de diciembre de 2025 que confirmó lo resuelto por el
juez de primera instancia.
Como sustento, señaló que, la derogatoria del nombramiento del demandante, así
este hubiese superado el concurso de méritos, no configuró los cargos de falsa
motivación ni desviación del poder, por cuanto la administración actuó en
cumplimiento de un deber legal.
Consideró que, en cuanto a la caducidad declarada, el término para ejercer el
medio de control contra el Oficio 1050 de 2022, que decidió de fondo y negó la
solicitud de residencia temporal finalizó en el 30 marzo de 2023, cuatro meses
siguientes a la fecha de la notificación del acto, la cual tuvo lugar el 29 de
noviembre de 2022,entre tanto la demanda había sido presentada el 9 de junio de
2023 y el requisito de procedibilidad cumplido el 20 de abril de 2023 no produjo
suspensión de términos por encontrarse ya vencidos.
Asimismo, en torno a la actuación de la Oficina de Control y Circulación señaló que
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estuvo motivada debido a que el acceso al empleo público por el sistema de
méritos debe armonizarse con el mandato de protección constitucional establecido
para el Archipiélago en el artículo 310 de la Carta Magna.
A juicio del Tribunal, la exigencia de la tarjeta OCCRE para un cargo de carrera
permanente no constituye un requisito ilegal sino una condición
constitucionalmente protegida en pro de los habitantes del Archipiélago.
El anterior proveído se notificó a las partes el 20 de enero de 2026.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora indicó que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental.
Como defecto fáctico señaló que, se omitió la valoración integral de la Resolución
5102 de 2022 de la CNSC, que había determinado la idoneidad del accionante
para el cargo y que había agotado el debate en tal sentido porque negó la solicitud
de exclusión presentada por la entidad territorial. Estimó que, con ello se le permitió
a la autoridad nominadora reabrir un debate de legalidad ya clausurado por la
autoridad competente.
A su vez, como defecto sustantivo, precisó que, se otorgó prevalencia a un acto
administrativo local de policía, como lo era el proferido por la OCCRE, sobre el
artículo 125 Superior y el precedente de la Corte Constitucional que es afín, como
la Sentencia C-077 de 2021.
En torno al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto aludió que, este se
originó tras declarar la «caducidad o firmeza de actos que no acusados (actos de
la OCCRE)» y estima que ello tuvo como finalidad convalidar la ilegalidad
manifiesta del decreto que derogó su nombramiento, sacrificando el derecho
sustancial al mérito.
Argumento que, también empleó como sustento del defecto sustantivo, tras
considerar que «al invocar una suerte de "caducidad indirecta" sobre actos no
acusados para validar la legalidad del acto demandado, el Tribunal desconoce que
la Nulidad y Restablecimiento del Derecho se dirige contra el acto que define la
situación jurídica particular (Art. 138 CPACA)».
Estimó, que la sentencia cuestionada fue incongruente frente a la pretensión de
nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto se limitó a realizar un control de
legalidad sobre el trámite de la OCCRE, omitiendo el análisis sobre la desviación
de poder de la Gobernación quien empleó como excusa para no dar cumplimiento
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a la lista de elegibles la falta de la mencionada tarjeta de residencia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 16 de febrero de 2026, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante3 y, como parte accionada,
al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.4
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina «juez de primera instancia»5 y a la
Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
«extremo pasivo proceso ordinario» 6.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina7
Reiteró los argumentos que sustentaron la decisión cuestionada, relativos al
Decreto 2762 de 1991 cuyo objeto consistió en limitar y regular los derechos de
circulación y residencia en el departamento del archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en procura de los fines expresados en el artículo 310
de la Constitución Política que contempló un régimen especial en materia
administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera
y de fomento económico para el departamento.
Trajo a colación distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional8 sobre el
derecho de residencia en el departamento archipiélago y señaló que, aunque en
este asunto se debate el reconocimiento del derecho del actor a laborar en el
territorio insular dada la negativa de la demandada en concederle tal residencia, lo
cierto es que, de acuerdo con los postulados jurisprudenciales citados, la decisión
3 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada al correo: jmejiaabogados@gmail.com,
felipesalbert@gmail.com.
4Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminadz@notificacionesrj.gov.co.
5Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada al correo:
jadmsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada al correo: notificacion@sanandres.gov.co.
7 Índice 012 y 013 de Samai.
8 Sentencia T-434/2023, Sentencia C-530/1993.
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resultó razonable para controlar la sobrepoblación que afecta las islas, proteger el
ecosistema y la diversidad cultural de las comunidades nativas.
Señaló que, el señor Ledesma Villegas conocía desde el inicio que no cumplía con
el requisito de residencia para el territorio insular, por no ser un servidor público
nacional que ejerza jurisdicción o autoridad política judicial, civil, administrativa o
militar y, en ese entendido, no podía ser beneficiado con la excepción ya indicada,
quedando sujeto a lo que resolviera la Oficina de Control de Circulación y
Residencia.
Consideró que, no hubo vulneración del derecho al mérito ni de las demás
garantías constitucionales invocadas, toda vez que «el Acuerdo No. CNSC-
20191000001636 de 2019, que rigió el proceso de selección en el que participó el
accionante, estableció con total claridad y antelación en su artículo 6º, numeral 7,
que para participar y, eventualmente, tomar posesión, era requisito indispensable
"contar con los requisitos de residencia permanente correspondientes, según
disposiciones de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, O.C.C.R.E»
Controvirtió la creencia del actor en cuanto a que los actos administrativos
expedidos por la OCCRE no eran de trámite sino definitivos y, por tanto, debieron
ser objeto de cuestionamiento judicial de manera oportuna. Advirtió que, los
reproches del actor con los que califica la actuación administrativa y judicial como
obstáculos formales, en realidad reflejan un desconocimiento del rango y la fuerza
de ley que tiene el Decreto 2762 de 1991 y la infravaloración que se quiere aplicara
a la norma.
Finalmente, remitió el enlace de acceso al expediente digital.
1.6.2. Las demás entidades vinculadas no realizaron pronunciamiento alguno,
pese a encontrarse debidamente notificadas.
II.CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Felipe Alberto Ledesma Villegas contra el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
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2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
vulneró las garantías invocadas por la parte actora, con ocasión de la
providencia del 16 de diciembre de 2025, que confirmó la declaración de
caducidad y la negativa de las pretensiones al interior del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
88001-33-33-001-2023-00100-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, (iii) las
generalidades del defecto alegado y (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su
procedencia.11
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202212 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
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[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal13
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional15.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal16”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales17”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-128 de 2021.
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[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal19.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso Concreto
La parte actora cuestionó la providencia del 16 de diciembre de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que
confirmó la sentencia del 30 de julio de 2025 proferida por el Juzgado Único
Administrativo del Circuito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
la cual declaró la caducidad frente a un acto administrativo demandado y negó las
demás pretensiones al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, identificado con el radicado 88001-33-33-001-2023-00100-00/01.
Lo anterior, ya que, a juicio del tutelante, se incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y procedimental por omitirse la valoración probatoria de la Resolución
5102 del 15 de junio de 2022 proferida por la CNSC con la que se negó la solicitud
de exclusión del actor en el listado de elegibles, así como por otorgar mayor
relevancia a otros actos administrativos locales, dándoles prevalencia sobre las
normas superiores que rigen el mérito en la carrera administrativa, y por declarar
la caducidad frente a un acto que no fue objeto de cuestionamiento en el medio de
control.
Respecto a lo alegado por la parte actora, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso, por
lo que este mecanismo se torna improcedente al no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
En primer lugar, de lo acontecido en el proceso ordinario se advierte que, el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina confirmó la
sentencia del a quo que declaró la caducidad respecto al acto administrativo
contenido en el Oficio 1050 de 2022 -que negó la residencia temporal del
accionante- y negó las demás pretensiones incoadas dentro del medio de control
iniciado por el actor.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ibid.
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Lo anterior, al considerar que, el Decreto 0875 de 2022 que derogó el
nombramiento del actor en el cargo para el cual este concursó y tuvo derecho al
mérito por ser el primero en la lista de elegibles, no estuvo viciado de falsa
motivación ni desviación de poder como lo alegó el demandante, al tratarse la
exigencia del requisito discutido de un presupuesto constitucionalmente permitido
y regulado tanto el Decreto 2762 de 1991 como en el Acuerdo No. CNSC-
20191000001636 de 2019 que rigió el proceso de selección en el que participó el
accionante.
Análisis que surtió el operador judicial a la luz de los cargos que fueron objeto de
cuestionamiento por el apelante único en su escrito de alzada y que se centraron
exclusivamente en la falsa motivación del Decreto 0875 de 2022, así como la
indebida interpretación del artículo 7 del Decreto 2762 de 1991.
En ese sentido, advierte la Sala que, las inconformidades que alega el tutelante en
esta sede y que comprendieron el debate central de los cargos expuestos en el
medio de control, fueron objeto de pronunciamiento por el fallador de segunda
instancia dentro del proceso ordinario, indistintamente a que este hubiese
concluido que los actos administrativos demandados se ajustaron al ordenamiento
jurídico.
Se pone de presente que los motivos de inconformidad expuestos en el líbelo
introductorio, más allá de evidenciar una vulneración de los derechos
fundamentales invocados, están encaminados a reabrir el debate zanjado por el
juez natural frente a la legalidad del Decreto 875 de 2022 y del Oficio 1050 de 2022
que, en últimas, se resumen en determinar si era o no legal y jurídicamente
permitido exigirle al señor Felipe Alberto contar con un permiso o tarjeta de
residencia en el territorio insular para tomar posesión del cargo en el cual quedó
en la lista de elegibles y de allí la suerte de las demás pretensiones, convirtiendo
este mecanismo constitucional como una instancia adicional.
Obsérvese que los defectos endilgados a la providencia cuestionada y que se
resumen en una presunta falta de valoración de la Resolución 5102 de 2022, así
como a una indebida interpretación de las normas constitucionales y su desarrollo
jurisprudencial en torno al mérito de la carrera administrativa, de la que, reclama
el actor mayor preponderancia sobre las disposiciones demandadas que le
hicieron exigible un requisito para la posesión al cargo de Técnico Operativo de la
planta global de la entidad territorial, corresponden a los argumentos que dieron
origen al proceso ordinario y que, como lo abordó el ad quem, no tuvieron la
suficiente fuerza para concluir que se configuraban los cargos atribuidos a los
actos administrativos demandados, atendiendo al estudio que en dicha instancia
se surtió.
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Demandante: Felipe Alberto Ledesma Villegas
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00966-00
Es preciso mencionar que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana crítica
y las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de
estos. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan
las autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos, no es
viable su reproche en este escenario constitucional.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de
peso que justifiquen la intromisión del juez de tutela, cuando, además, no se
evidencia, prima facie, la vulneración de los derechos fundamentales por parte de
la autoridad judicial.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate planteado por la parte actora busca mutar el amparo constitucional en
una instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso,
conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Felipe Alberto Ledesma Villegas, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Demandante: Felipe Alberto Ledesma Villegas
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00966-00
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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