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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00967-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00967-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 26 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00967-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00967-01
Accionante: John Alfredy Reyes Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 26 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 10 de febrero del año en curso, John Alfredy Reyes Muñoz instauró demanda

de tutela con el fin de que se dejara sin efectos el auto del 9 de febrero de 2026, por
medio del cual el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la solicitud de amparo de
pobreza1 formulada por el actor, previo a la radicación formal de una eventual
demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación.

2. El Tribunal consideró que no se encontraban acreditados los presupuestos exigidos

para la procedencia del amparo de pobreza. Lo anterior, por cuanto el solicitante se
limitó a manifestar bajo la gravedad de juramento que carecía de medios económicos
suficientes para sufragar los gastos del proceso, pero no aportó ningún elemento de
juicio que diera cuenta de sus afirmaciones.

3. El accionante sostuvo que la autoridad enjuiciada vulneró sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y
tutela judicial efectiva, al incurrir en los siguientes defectos: (i) fáctico, por no valorar
de forma integral su situación de vulnerabilidad; (ii) sustantivo, al desconocer su
condición de sujeto de especial protección constitucional; y, (iii) procedimental, por
imponer una carga probatoria desproporcionada.

1 Tramitada bajo el radicado número 15001-23-33-000-2025-00338-00.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00967-01
Accionante: John Alfredy Reyes Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. Señaló que presenta una discapacidad psicosocial, se encuentra inscrito en el

Registro Único de Víctimas y está clasificado en el Sisbén, circunstancias que, a su
juicio, evidencian su precariedad económica. Agregó que en la actualidad no cuenta
con un empleo estable, pues su condición de salud limita significativamente su
capacidad laboral y depende de ayudas institucionales.

5. Adujo que la decisión adoptada por la autoridad accionada constituye una barrera

absoluta para su acceso a la administración de justicia, que le ocasiona un perjuicio
irremediable. Ello, toda vez que le impide material y efectivamente ejercer su derecho
de acción, circunstancia que se agrava con el paso del tiempo, si se considera que
se encuentra en un estado de indefensión y sin recursos económicos.

B. Sentencia de primera instancia

6. Mediante providencia del 26 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de

Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, tras estimar que no cumple
el requisito general de relevancia constitucional, dada su falta de carga
argumentativa. Señaló que el actor no presentó ningún argumento dirigido a
evidenciar la configuración de los yerros endilgados a la providencia acusada.

7. Indicóque el certificado expedido por el Ministerio de Salud, aportado con la
demanda de tutela para acreditar la situación de discapacidad alegada por el
accionante, no fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial accionada. Precisó
que la solicitud de amparo de pobreza no estuvo acompañada de elementos
probatorios.

8. Consideró que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara

la intervención del juez de tutela. Lo anterior, en la medida en que no se allegaron
elementos de juicio que respaldaran las afirmaciones relacionadas con la condición
de víctima del conflicto armado y su inclusión en el Sisbén. Además, mencionó que
el certificado anexo al escrito de tutela fue expedido hace más de dos años y no se
acompañó de algún soporte médico que permitiera evidenciar la persistencia de la
condición de discapacidad alegada.

9. Por último, resaltó que el actor cuenta con la posibilidad de presentar una nueva

solicitud de amparo de pobreza en la que se alleguen medios probatorios orientados
a demostrar su situación actual, a fin de que el juez de conocimiento proceda a su
valoración.

C. Impugnación

10. La parte actora alegó que el juez de primera instancia aplicó de forma excesiva y

restrictiva el presupuesto de relevancia constitucional, al desconocer que la
discusión propuesta involucra directamente el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, pues la negativa de amparo de pobreza le impide ejercer
de manera efectiva el derecho de acción.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00967-01
Accionante: John Alfredy Reyes Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11. Afirmó que el a quo exigió una carga argumentativa excesiva, en desmedro de la

naturaleza de la acción de tutela, que se caracteriza por su informalidad y la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

12. Sostuvo que el juez de primera instancia debió realizar una interpretación más

amplia de la demanda. Manifestó que en el escrito de tutela expuso los hechos
relevantes, identificó los derechos presuntamente vulnerados y señaló los defectos
endilgados a la autoridad accionada, por lo que existían elementos suficientes para
adelantar un estudio sobre el fondo del asunto.

13. Aseveró que su condición de sujeto de especial protección constitucional imponía

al juez de tutela aplicar un enfoque diferencial, flexibilizar las cargas probatorias y
priorizar la protección de los derechos fundamentales invocados.

14. Agregó que el a quo erró al considerar que la acción constitucional no podía

emplearse para aportar pruebas que no fueron allegadas previamente al trámite de
amparo de pobreza. Señaló que la tutela constituye un mecanismo autónomo de
protección de derechos fundamentales y el juez constitucional cuenta con facultades
oficiosas.

15. Finalmente, insistió en que la decisión acusada le ocasiona un perjuicio
irremediable a su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
tanto le impide la posibilidad de acudir al aparato judicial.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

16. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

17. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo deviene improcedente por carecer de relevancia constitucional, debido a
que no cumple con la carga argumentativa exigida para controvertir una providencia
judicial.

18. Sibien es cierto que la informalidad constituye una de las características
esenciales de la acción de tutela, cuyo fundamento estriba precisamente en la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, su
naturaleza no exonera al promotor del mecanismo de amparo de acreditar el
cumplimiento de los presupuestos mínimos de procedibilidad definidos por la

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00967-01
Accionante: John Alfredy Reyes Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

jurisprudencia constitucional, incluso cuando quien invoca el amparo de sus
derechos ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional.

19. Aunque dicha condición impone a las autoridades el deber de adoptar medidas

orientadas a garantizar su acceso efectivo a la administración de justicia y, en
determinados supuestos, flexibilizar ciertas cargas procesales, no supone per se la
inaplicación de los presupuestos mínimos que habilitan la procedencia del
mecanismo de amparo, en especial cuando se trata de controvertir una providencia
judicial.

20. El requisito de relevancia constitucional como presupuesto de procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales impone a la parte actora desplegar
una carga argumentativa, seria, coherente y suficiente que revele la existencia de
un vicio en la providencia acusada que amerite protección constitucional.

21. La satisfacción de esta carga argumentativa no responde a una exigencia
formalista ni desproporcionada. Por el contrario, se trata de un presupuesto
indispensable para evitar que la acción de tutela se utilice como una instancia
adicional al proceso ordinario, preservar la seguridad jurídica y la garantía de la
independencia y autonomía de los jueces de conocimiento. De ahí que corresponda
al accionante exponer, con un mínimo de suficiencia argumentativa, las razones por
las cuales la decisión acusada comporta una verdadera afectación de derechos
fundamentales.

22. Por ende, no basta con identificar los derechos fundamentales que se estiman

vulnerados con ocasión de la providencia objeto de reproche, ni con la simple
enunciación de los defectos atribuidos a dicha decisión para dar por cumplido el
presupuesto de relevancia constitucional. El accionante debe presentar argumentos
suficientes para demostrar la configuración de tales yerros, lo que se echa de menos
en esta oportunidad.

23. Para fundamentar los vicios endilgados a la providencia acusada, el actor alegó

que la autoridad judicial omitió valorar de forma integral su situación de
vulnerabilidad, desconoció su condición de sujeto de especial protección
constitucional y le impuso una carga probatoria desproporcionada al momento de
resolver la solicitud de amparo de pobreza.

24. De la revisión del acervo probatorio, se constató que las circunstancias de
vulnerabilidad que el accionante alega en sede de tutela no fueron puestas en
conocimiento de la autoridad judicial accionada ni constituyeron el fundamento de la
solicitud de amparo de pobreza. El interesado se limitó a afirmar que carecía de
recursos económicos para asumir los gastos derivados de un eventual proceso
judicial. No informó que se encontraba inscrito en el Sisbén, que presentaba una
condición de discapacidad o que ostentaba la calidad de víctima del conflicto
armado. Tampoco aportó elementos de convicción dirigidos a acreditar alguna de
tales circunstancias.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00967-01
Accionante: John Alfredy Reyes Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

25. La decisión adoptada por el Tribunal obedeció precisamente a la ausencia de

prueba sobre la situación económica alegada. En el auto cuestionado se explicó
que, si bien el inciso segundo del artículo 152 del Código General del Proceso prevé
que el solicitante debe afirmar bajo juramento que carece de capacidad económica
para sufragar los gastos del proceso, dicha manifestación no resulta suficiente por
sí sola para obtener el reconocimiento del beneficio, conforme lo ha precisado la
jurisprudencia constitucional.

26. Resaltó
que, en aras de evitar el uso indiscriminado de dicha figura, el Alto
Tribunal Constitucional ha puntualizado que el amparo de pobreza no puede
concederse de manera automática a partir de la sola afirmación del interesado, sino
que exige la acreditación de circunstancias relacionadas con la situación
socioeconómica del solicitante que permitan establecer su procedencia.

27. Al descender al estudio del caso concreto, el Tribunal encontró que el tutelante

no aportó elemento probatorio alguno que evidenciara la insuficiencia de recursos
económicos alegada, lo que condujo a la negativa de la solicitud.

28. Bajo ese escenario, no resulta admisible pretender atribuir a la autoridad
accionada la omisión de valorar circunstancias que nunca fueron puestas a su
consideración ni respaldadas mediante algún elemento de convicción. La
configuración de un defecto fáctico por omisión probatoria supone que el juez
hubiese pasado por alto o dejado de apreciar pruebas oportunamente allegadas
dentro de la actuación respectiva. Sin embargo, ello no ocurrió en el presente
asunto, lo que, de entrada, descarta la existencia de una deficiencia de tipo
probatorio con fundamento en la omisión censurada.

29.
La Corte Constitucional2 ha precisado que cuando se pretende acudir al juez de
tutela para controvertir una providencia judicial, no solo debe demostrarse la
vulneración de derechos que se alega, sino que también los planteamientos que
sirven de sustento a la solicitud de amparo deben haber sido puestos a
consideración del juez natural de la causa o, en su defecto, que no fue posible
hacerlo por razones ajenas a la voluntad del accionante, circunstancias que no
fueron acreditadas en el caso bajo estudio.

30. Del contenido de la providencia acusada tampoco se desprende la imposición de

una carga probatoria desproporcionada. El Tribunal enjuiciado se limitó a exigir la
acreditación mínima de las circunstancias económicas que sustentaban la solicitud
de amparo de pobreza. No impuso al interesado una carga imposible de satisfacer
ni le exigió pruebas ajenas a sus posibilidades. Por el contrario, la decisión se
fundamentó en los criterios desarrollados tanto por la jurisprudencia constitucional
como la contencioso-administrativa para evitar que dicha institución se convierta en
un mecanismo de reconocimiento automático carente de soporte. En consecuencia,

2 En sentencia T-186 de 2015.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00967-01
Accionante: John Alfredy Reyes Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

no se observa que la providencia acusada haya sido producto de un actuar arbitrario
o irracional susceptible de comprometer derechos fundamentales.

31. La alegada configuración de un perjuicio irremediable tampoco resulta suficiente

para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de amparo, comoquiera
que el mismo se sustenta en la supuesta imposibilidad material de acceder a la
administración de justicia derivada de la negativa del amparo de pobreza.

32. La decisión cuestionada no clausuró de manera definitiva el acceso del
accionante a la jurisdicción ni le impuso una barrera insuperable para el ejercicio de
sus derechos, pues nada obsta para que presente una nueva solicitud de amparo
de pobreza acompañada de los elementos probatorios dirigidos a acreditar las
circunstancias económicas y de vulnerabilidad que ahora invoca en sede de tutela.

33. Por lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la sentencia del 26 de marzo

de 2026 proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación.

34. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 26 de marzo de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE3
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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