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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00971-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00971-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00971-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00971-00
Accionante: GLORIA ESPERANZA ECHEVERRI RÍOS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal Administrativo de
Caldas.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Gloria Esperanza Echeverri Ríos solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias 29 de septiembre de 2023 y 17 de octubre
de 2025, proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales y
el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con número de radicación núm. 17001-3333-004-
2021-00188-00/02

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que en calidad de propietaria de la casa 7 del conjunto Multifamiliar
Santorini, presentó la demanda de protección de los derechos e intereses colectivos
núm. 17001-3333-004-2021-00188-00/02 contra el Municipio de Manizales, el
Curador Primero Urbano de Manizales, el conjunto Multifamiliar Santorini Etapas I y
II, y el señor Germán Ariel López Gartner, con el fin de que declarara la nulidad de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00971-00
Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

Resolución núm. 19-1-0274-LC de 8 de agosto de 2019, a través de la cual se expidió
una licencia de ampliación y modificación a favor de la casa núm. 8 del conjunto
residencial.

2.2. Informóque el proceso le fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Manizales, autoridad que, mediante sentencia de 29 de septiembre de
2023 negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Indicó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante
sentencia de 17 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Caldas confirmó la
providencia de primera instancia.

2.4. Manifestó que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró
sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido
proceso, al incurrir en los defectos sustantivo y fáctico y en desconocimiento del
precedente judicial.

2.5. Expuso que las autoridades incurrieron en un defecto sustantivo “[…] como
consecuencia del desconocimiento de normas de rango legal o infralegal, por su
absoluta inadvertencia, y por su aplicación indebida. El juez debe verificar la legalidad
de los actos administrativos (licencias) cuando se alega la violación de derechos
colectivos, incluso si no fue solicitado específicamente en la demanda […]”.

2.6. Refirió respecto al defecto fáctico que “[…] ante la ausencia de valoración de la
normatividad jurídica aplicable al tema central objeto imputado como causa de
vulneración a los derechos colectivos: Un licenciamiento contrario a la ley; los jueces
accionados empiezan a buscar diferentes variantes de problemas y daños causados
a la accionante, más No analizan si el acto atacado está o no legalmente otorgado, y
si la construcción así autorizada se acoge a la normatividad legal aplicable, conforme
al mandato de la Ley […]”.

2.7. Adujo que “[…] [s]e incurrió en defecto fáctico de valoración probatoria para deducir
las conclusiones toda vez que a su vez, por defecto sustantivo, se aparta de analizar
la normatividad vigente y desconoce los principios del POT, que llevan a tener en
cuenta que en el desarrollo de los proyectos urbanísticos, se debe proteger el
desarrollo sostenible, el mismo que desaparece con la interpretación ilógica de los
jueces, quien ni siquiera llegaron hasta allá, para poder darse cuenta que La
moralidad administrativa entra en juego, cuando quien debe otorgar los permisos de
construcción se aparta de ellos […]”

2.8. Comentó que la jurisprudencia colombiana “[…] ha consolidado una línea clara
sobre el uso de la acción popular para anular o suspender licencias urbanísticas que
vulneran el ordenamiento jurídico […]”, para lo cual refirió los radicados de los
procesos 25000232400020110032901 y 11001333101720080026601 conocidos por

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Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

el Consejo de Estado y la sentencia SU-069 de 2018 a través de la cual “[…] La Corte
unificó que, ante licencias ilegales, la acción popular es el medio principal […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Que con la acción constitucional, se amparen los derechos fundamentales
“el Derecho al acceso de la Administración de Justicia, Violación al Debido
proceso, derecho de igualdad entre otros, y la protección constitucional de los
derechos colectivos vulnerados con la incurrencia en defectos sustantivo y
fáctico de valoración de hecho realizada por los juzgadores; y los que por su
Honorable despacho, se consideren vulnerados.

Como consecuencia de lo anterior, no se desconozca la primacía de la
Constitución como norma de normas. Por lo tanto, en este caso en particular,
se reparen por el juez constitucional las vías de hecho en las cuales han
incurrido los accionados realizando una valoración razonada de los medios
probatorios dejados de estimar y previamente con la obligación de verificar la
legalidad de las licencias (urbanísticas, ambientales, etc.) que amenacen o
vulneren derechos colectivos, pudiendo realizar un control de legalidad estricto,
incluso más allá de lo pedido (ultra petita), para proteger el interés público y el
uso del suelo conforme a la ley, sin que se abstenga, bajo el pretexto de que
No les es posible anular la Licencia atacada cuando en su calidad de garantes
constitucionales, advertida la ilegalidad de la misma, No puede soslayar los
derechos de los colectivos, cuando se advierte la existencia de otras medidas
de protección a utilizar, como la suspensión de los efectos de la licencia, la
restitución del espacio ocupado con el licenciamiento obtenido, en áreas
prohibidas por la ley; o el restablecimiento de las cosas a su estado anterior,
entre otros. […]”. [Cursiva y negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de febrero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros
con interés directo en el resultado del proceso al Municipio de Manizales, al Curador
Primero Urbano de Manizales, a la propiedad horizontal Multifamiliar Santorini
Etapas I y II, a la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas y a los
señores Germán Ariel López Gartner y Enrique Arbeláez Mutis.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. ElTribunal Administrativo de Caldas solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela, en razón a que la accionante pretende reabrir el debate
jurídico ya agotado en una providencia judicial, convirtiendo la acción de amparo
en una tercera instancia.

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Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

5.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales solicitó negar
las pretensiones de la acción de amparo, toda vez que en las providencias
acusadas se realizó una valoración completa, razonada y coherente del acervo
probatorio, dentro de los parámetros de autonomía judicial y sana crítica.

5.3. La Corporación Autónoma Regional de Caldas solicitó declarar improcedente
el mecanismo de amparo, toda vez que la accionante pretende reabrir un debate
probatorio ya resuelto en el proceso ordinario “[…] lo cual desnaturaliza la tutela y
la convierte en una tercera instancia […]”.

5.4. El Curador Primero Urbano de Manizales señaló que la presente acción de
tutela resulta improcedente, toda vez que la accionante pretende una tercera
instancia.

5.5. El
señor Germán Ariel López Gartner solicitó declarar improcedente el
mecanismo constitucional, por cuanto del escrito de tutela se evidencia que la
accionante pretende reabrir el debate probatorio como si fuera una tercera
instancia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a
las providencias de 29 de septiembre de 2023 y 17 de octubre de 2025, proferidas
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si
la providencia de 17 de octubre de 2025, proferida en segunda instancia por el

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector

Justicia y del Derecho”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00971-00
Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

Tribunal, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00971-00
Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. La señora Gloria Esperanza Echeverri Ríos solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias 29 de septiembre de 2023 y 17 de octubre
de 2025, proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales y

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00971-00
Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con número de radicación núm. 17001-3333-004-
2021-00188-00/02

18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

19. El requisito
de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el
asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y
no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido
económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

21. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so

11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00971-00
Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

22. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un

16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

23. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que las autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso,
por haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo y fáctico y
desconocimiento del precedente judicial.

26. Expuso que las autoridades incurrieron en un defecto sustantivo “[…] como
consecuencia del desconocimiento de normas de rango legal o infralegal, por su
absoluta inadvertencia, y por su aplicación indebida. El juez debe verificar la legalidad
de los actos administrativos (licencias) cuando se alega la violación de derechos
colectivos, incluso si no fue solicitado específicamente en la demanda […]”.

27. Refirió respecto al defecto fáctico que “[…] ante la ausencia de valoración de la
normatividad jurídica aplicable al tema central objeto imputado como causa de
vulneración a los derechos colectivos: Un licenciamiento contrario a la ley; los jueces
accionados empiezan a buscar diferentes variantes de problemas y daños causados
a la accionante, más No analizan si el acto atacado está o no legalmente otorgado, y
si la construcción así autorizada se acoge a la normatividad legal aplicable, conforme
al mandato de la Ley […]”.

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00971-00
Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

28. Adujo que “[…] [s]e incurrió en defecto fáctico de valoración probatoria para deducir
las conclusiones toda vez que a su vez, por defecto sustantivo, se aparta de analizar
la normatividad vigente y desconoce los principios del POT, que llevan a tener en
cuenta que en el desarrollo de los proyectos urbanísticos , se debe proteger el
desarrollo sostenible, el mismo que desaparece con la interpretación ilógica de los
jueces, quien ni siquiera llegaron hasta allá, para poder darse cuenta que La
moralidad administrativa entra en juego, cuando quien debe otorgar los permisos de
construcción se aparta de ellos […]”

29. Comentó que la jurisprudencia colombiana “[…] ha consolidado una línea clara
sobre el uso de la acción popular para anular o suspender licencias urbanísticas que
vulneran el ordenamiento jurídico […]”, para lo cual refirió los radicados de los
procesos 25000232400020110032901 y 11001333101720080026601 conocidos por
el Consejo de Estado y la sentencia SU-069 de 2018 a través de la cual “[…] La Corte
unificó que, ante licencias ilegales, la acción popular es el medio principal […]”.

30. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

31. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

32. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no existe
un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que
considera que se afectaron, sino que se reiteran los argumentos expuestos en la
demanda y el recurso de apelación.

33. En el caso sub examine se considera que la parte accionante no está exponiendo
que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que
el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que la
decisión adoptada en la sentencia de segunda instancia confirmó el fallo de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

34. Eneste punto, la Sala estima pertinente traer a colación lo decidido en la
providencia de 17 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de

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Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

Caldas, para evidenciar que lo pretendido es convertir esta acción en una tercera
instancia:

“[…] En ese orden de ideas, y de una valoración conjunta del material
probatorio emerge que si bien pueden existir elementos que demuestran una
afectación de la accionante y la modificación de zonas verdes, la prueba no es
concluyente respecto de la vulneración real, directa y efectiva de derechos
colectivos.

Las obras ejecutadas en la Casa 8 cuentan con licencia urbanística, fueron
avaladas por la asamblea de copropietarios y cumplen con los requisitos
técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente. Los informes técnicos
y ambientales descartan algún riesgo para la comunidad, y la controversia se
circunscribe a intereses particulares entre copropietarios.

No se acredita la existencia de daño contingente, peligro, amenaza o agravio
colectivo que justifique la intervención del juez popular. La afectación alegada
corresponde a la privacidad, visual y calidad de vida de la accionante, lo que
constituye un interés subjetivo.

La utilización de la acción popular para revisar la legalidad de la licencia
urbanística, obtener la restitución de zonas verdes y la demolición de obras,
excede el ámbito de protección de derechos colectivos y constituye un uso
indebido del medio de control. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha
reiterado que el juez popular no tiene competencia para anular actos
administrativos particulares, ni para ordenar indemnizaciones concretas, y que
la acción popular no puede ser utilizada para suplir la inactividad en los
procesos ordinarios.

Para que proceda la acción popular debe tratarse de vulneraciones o amenazas
a derechos o intereses colectivos, y no de reclamaciones que versen sobre
derechos privados entre particulares, los cuales deben ventilarse por las vías
ordinarias del derecho civil y del contencioso administrativo de manera
oportuna, sin pretender emplear los mecanismos constitucionales para evadir
o eludir los términos para el ejercicio oportuno de las acciones. En este caso
es claro que la acción popular no es el mecanismo adecuado para dirimir
conflictos entre copropietarios de propiedad horizontal sobre asuntos
patrimoniales o contractuales entre ellos, pues tales controversias carecen del
elemento colectivo exigido por la norma constitucional.

Ahora, con relación a los cargos principales planteados por la parte apelante el
Tribunal pasa a considerar:

i) Frente al cargo relativo a que la sentencia de primera instancia desestimó
la acción popular al considerar que la controversia corresponde a derechos
subjetivos, cuando en realidad se vulneran derechos colectivos como la
moralidad administrativa, el ambiente sano y la seguridad pública.

La Sala determina que del análisis probatorio previamente realizado es claro
que la afectación alegada corresponde principalmente a la accionante y, en
menor medida, a la comunidad de copropietarios. La expedición de la licencia
urbanística, aunque cuestionada, fue avalada por la asamblea y cumple con los
requisitos formales. Los informes oficiales descartan riesgo ambiental o de
desastres, y la controversia se circunscribe a la legalidad de la intervención
sobre zonas verdes de uso exclusivo, lo cual es una controversia particular de

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Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

la propiedad horizontal. Y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional ha reiterado que la acción popular no procede para la protección
de intereses subjetivos ni para la revisión de actos administrativos particulares,
salvo que se acredite una afectación colectiva real y directa, lo que no se
acredita en el caso.

ii) Sobre el cargo relativo a que la expedición de la licencia en contravención
de la ley vulnera la moralidad administrativa y la confianza legítima de la
comunidad en el actuar de las autoridades públicas.

En este proceso, la prueba documental y técnica no acreditan la existencia de
irregularidades graves en el trámite de la licencia, más allá de las objeciones
de la accionante. Las autoridades competentes actuaron conforme a la
normativa vigente, y las denuncias penales por falsedad documental fueron
archivadas. La moralidad administrativa exige la demostración de una
actuación irregular, dolosa o contraria a la ley, lo que no se acredita en el
expediente.

iii) Sobre el cargo relacionado con que la intervención sobre zonas verdes y
el talud afecta el ambiente sano y la seguridad de la comunidad.

Se observó en líneas anteriores que los informes técnicos de la Unidad de
Gestión del Riesgo y Corpocaldas concluyen que la zona intervenida fue
reclasificada de riesgo medio/alto a riesgo bajo, tras la ejecución de obras de
mitigación, que no se evidencian procesos de inestabilidad, agrietamientos ni
peligro para la comunidad. Y aunque la prueba pericial advierte la desaparición
de zonas verdes, no acredita daño ambiental colectivo.

iv) Sobre la supuesta deficiencia de la valoración probatoria realizada por el
juzgado, señalando que se omitió el análisis integral de la zona afectada y las
recomendaciones técnicas de la Procuraduría y Corpocaldas.

Este Tribunal en la presente providencia ha procedido a valorar integralmente
el acervo probatorio, incluyendo los documentos, informes y conceptos
técnicos y testimoniales, de lo cual se infiere que si bien se recomienda el
mantenimiento periódico del talud y la ejecución de obras de prevención, no se
acredita vulneración colectiva ni riesgo para la comunidad, también es cierto
que, la controversia corresponde a intereses particulares entre copropietarios,
para los cuales existen mecanismos ordinarios. De lo anterior se deriva la
improcedencia de la acción popular en casos como el presente, donde la
controversia gira, fundamentalmente, en torno a derechos patrimoniales o
privados entre copropietarios o frente a la administración de la copropiedad, sin
que medie afectación significativa a derechos o intereses colectivos conforme
al alcance constitucional. En tales eventos, corresponde al actor acudir por la
vía civil, la contencioso-administrativa o la policiva administrativa de control
urbano.

Por lo tanto, en el caso concreto, al no demostrar el demandante la
concurrencia de un interés colectivo afectado, ni riesgo o vulneración de
derechos colectivos, y al tratarse de controversia estrictamente relacionada con
el cumplimiento o ilegalidad de una licencia urbanística u obligaciones
asociadas como las de mitigación de riesgos exigidas en el estudio aprobado,
corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que negó por
improcedente la acción popular […]” [Negrilla del texto y subrayado fuera del
texto].

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Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

35. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la decisión
proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso de protección de los
derechos e intereses colectivos.

36. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana
crítica.

37. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. En esta
oportunidad lo perseguido por la accionante es controvertir el análisis probatorio
efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una desnaturalización
de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una instancia adicional.

38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19.

39. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.

40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibid.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00971-00
Accionante: Gloria Esperanza Echeverri Ríos

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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